El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, lideró la sesión de trabajo que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, cumplió en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad de la Zonal 8, uno de los lugares afectados por las acciones violentas ocurridas en febrero pasado.

Además, Martínez estuvo acompañado por la Comandante General de Policía, Tannya Varela, los ministros y representantes de Educación, Inclusión Económica y Social, Salud, Trabajo, Deportes, Cultura, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, entre otros, para observar las condiciones de las instalaciones, cómo viven las Personas Privadas de Libertad (PPL), y constatar esa realidad compleja que existe dentro de los centros de rehabilitación.

También, debemos diseñar una política que permita una verdadera rehabilitación de los PPL, y tener la colaboración de otros estamentos, como la justicia, por ejemplo, que lleve a quienes han cumplido determinado porcentaje de la sentencia acogerse a la prelibertad, con lo que se evitaría el hacinamiento, señaló.

El Secretario de Estado se refirió que, tras los sucesos violentos ocurridos en febrero pasado, en los centros de rehabilitación, se están ejecutando medidas inmediatas, como las requisas permanentes y el fortalecimiento de las seguridades, tanto en el área interna como en el perímetro externo, donde opera la Policía Nacional. “Presentaremos un plan claro, que podrá ser implementado por el nuevo Gobierno”, precisó.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó que se hizo público el compromiso del ministerio de Salud, para vacunar a todos los agentes de control penitenciario con el que cuenta el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), ya que ellos entran y salen de los centros de rehabilitación social y están en constante riesgo de contagio del virus de la COVID_19.

La Comisión de Biodiversidad, en modalidad virtual, sesionó este miércoles 14 de abril, trató varios temas, entre ellos, el costo del cilindro de gas de uso doméstico en territorio amazónico, para lo cual contó con la presencia del ministro de Recursos Naturales no Renovables, del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y varios representantes ciudadanía.

Por su lado, René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, indicó que se mantiene congelado el precio de gas de uso doméstico, porque es de consumo de todos los ecuatorianos, la diferencia en costos puede darse cuando un ciudadano compra en los depósitos (1,60 dólares) o cuando le van a dejar a su casa (mayor costo).

En cambio Santiago Aguilar, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, explicó las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Actualmente es la institución encargada de regular, controlar y fiscalizar las operaciones en la industria hidrocarburífera.

Así mismo, José Franco Magallanes, director técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, señaló que hay nueve comercializadoras a nivel nacional y sobre ellas se ejerce el control permanente para que haya gas de uso doméstico en todo el país, con un valor de 1,60 de dólares.

La Ley rige a las comercializadoras existen sanciones, en el caso que no se respeten los valores establecidos para la venta del gas de uso doméstico, aseguró el director de la ARCH.

De igual forma, insistió que continuamente realizan controles en Sucumbíos, en relación al control del estado de los cilindros, envasado, peso, despacho, control de la venta al consumidor final en depósitos minoristas, por un valor de 1.60 dólares los 15 Kg.

El asambleísta Juan Cárdenas solicitó al ministro una respuesta concreta sobre los hechos denunciados en torno a la especulación y precio de gas licuado de petróleo en el catón Lagio Agrio, provincia de Sucumbíos.

Mientras tanto, el presidente de la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, Alberto Zambrano enfatizó que en Orellana, en los depósitos, se expende el cilindro a 2 dólares y en los carros de entrega a domicilio se vende hasta en 4 dólares, por lo que, exigió se realice un control más rigurosos.

El asambleísta por la provincia de Sucumbíos por Sociedad Patriótica, Fredy Alarcón aseguró que este problema que es a nivel nacional, es un secreto a voces y el Gobierno Nacional lo conoce pero se hace el ciego, en lugar de vender de manera directa a los distribuidores, establece la intermediación a empresas privadas extranjeras. ¿Quién hace el estudio para determinar el margen de ganancia de los cilindros de gas de uso doméstico?, preguntó el parlamentario.

Para Marco Mocha, en representación de los distribuidores de la provincia de Sucumbíos, aseveró que tienen limitaciones en esa jurisdicción, como por ejemplo cupo restringido y distancias más grandes, entre 150 kilómetros, en promedio, para abastecer de gas licuado, lo cual hace que el costo se incremente a 3,50 dólares el cilindro.

Por su parte, Narcisa Velasco, del Comité de Usuarios del cantón Lago Agrio, expresó que el incremento del precio del cilindro de gas licuado trasciende desde hace años. A pesar que está escrito en la ley, se irrespeta el derecho de los ciudadanos a contar con un buen servicio y el precio justo. En el 2020 se acordó el costo en bodega de 1.60 dólares, 3 dólares en lo urbano y 3.50 dólares en lo rural, en los dos últimos casos el servicio debería ser puerta a puerta, lo cual no se cumple.

El presidente de la Federación de Barrios de Lago Agrio, Jorge Elizalde, denunció que los distribuidores, sin razón elevaron en 0.50 centavos el costo de entrega en el domicilio, aduciendo que es por la pandemia COVID-19.

Con relación a las denuncias el viceministro de Recursos Naturales no Renovables, Rubén Espín, señaló que la ARCH se encarga de realizar los controles respectivos. El incremento a 3 o 3.50 dólares es un costo que se genera a nivel nacional, tomando en cuenta, muchas veces, las distancias que tienen que recorrer los distribuidores.

Sin embargo, hay que entender el esfuerzo que hace el Estado para subsidiar el gas. Consideró dijo que no es fácil solucionar los problemas sobre distribución del gas que se dan en todo el país, tanto por distancias, cuanto por servicio, al formular un llamado a los distribuidores para que recapaciten en torno a las condiciones en las cuales se cobra el suministro de gas.

Luego de las inquietudes emitidas por los legisladores, el director técnico de la ARCH indicó que debido a las denuncias de alteración de precios en los bodegas de gas, inmediatamente fortalecerá los controles en Sucumbíos, con el objeto de establecer las sanciones correspondientes y si es necesario, clausurarlas, precisó, se puede incrementar los depósitos de gas licuado siempre y cuando cumplan los requisitos.

Finalmente, el asambleísta Fredy Alarcón propuso al representante de la ARCH y al Viceministro de Recursos Naturales no Renovables, se firme una acta de compromiso en territorio para mantener los precios del gas, de acuerdo a la Ley. Como testigos de honor participaría en esta firma, la Comisión de Biodiversidad, junto con los representantes de los barrios, moradores y distribuidores de gas. Las partes estuvieron de acuerdo, por lo que se establecerían las coordinaciones necesarias, con el objeto se firme la acta de compromiso.

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La Asamblea Nacional con el juramento posesionó, a Xavier Muñoz y Narda Solanda Goyes, como vocal titular y suplente del Consejo de la Judicatura, respectivamente, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República.

Luego de su posesión, Alberto Muñoz indicó su compromiso con los ecuatorianos para mejorar y modernizar el sistema de justicia en beneficio de todos.

Por su parte, Solanda Goyes señaló que es respetuosa del orden constitucional y legal y en ese sentido tiene claro el rol de la suplencia.

Además, se comprometió en la dirección de acceso a los servicios de justicia en el Consejo de la Judicatura a seguir trabajando y sirviendo a las organizaciones de mujeres, los movimientos indígenas y a todos quienes requieran los servicios de justicia.

En la resolución enviada a la Asamblea Nacional informó que el pasado 7 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a las autoridades, como parte de un concurso de méritos de la terna enviada por el Presidente de la República.

Para su designación fue necesario valorar la experiencia profesional y los planes de trabajo propuestos por los dos aspirantes.

Finalmente, Solanda Goyes es doctora en Jurisprudencia, actualmente se encuentra laborando en el Consejo de la Judicatura como directora de acceso a los servicios de Justicia.

La madrugada de éste miércoles 14 de abril, tras acoger la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el juez nacional Felipe Córdova dictó orden de prisión preventiva contra Pablo C., contralor general del Estado (s), y su hermano Esteban C.; José A., ex-secretario general de la Presidencia de la República y su hermano Luis A.; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L. por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Mientras tanto, la procesada Natalia C. dictaron medidas sustitutivas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico; y para Elsie C., se ordenó que se gire la boleta de libertad.

Además, el juez dispuso la inmovilización de las cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar bienes.

Más de seis horas duró la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en la que la Fiscal General del Estado formuló cargos contra las nueve personas, sobre la base de dieciséis elementos de convicción recabados durante un año y medio de investigación, los cuales hacen presumir su participación como autores directos en el mencionado delito.

Así mismo, entre estos constan versiones, oficios, informes periciales, decretos ejecutivos y dos asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos (EUA).

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar indicó que en junio de 2019, José Raúl de la T. y Roberto B. fueron detenidos por autoridades de EUA, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, la Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias aplicando técnicas especiales, a través de las que se evidencia que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.

Por lo que, esta organización cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.

De está forma la Fiscalía General del Estado, procesó a los detenidos, según lo determina el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de delincuencia organizada.

Finalmente, la instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.

La Asamblea Nacional, inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, con la lectura del informe y la ponencia del presidente de la Comisión de Régimen Económico, luego fue suspendida por el Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo y convocada la continuación para este miércoles, 14 de abril, a las 15h00.

El presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero, expresó que es fundamental que el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, con el carácter de urgente en materia económica, sea debatido por los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional, por tratarse de una Ley tan amplia y compleja.

Además, Romero señaló que los aportes de cada uno de los legisladores va enriquecer el debate y otorgará insumos de juicio para que la comisión legislativa pueda modificar el proyecto urgente, en función de los grandes acuerdos que se alcancen por el país.

Así mismo, Romero indicó que la Comisión analizó si es necesario tener una junta o dos, o el mejor mecanismo para elegir a sus representantes y las competencias que deberían tener.

En cuanto a la restauración de los cuatro sistemas del balance general del Banco Central del Ecuador, sostuvo que permitirá evidenciar claramente la cobertura de los depósitos custodiados con los activos líquidos de la institución, lo cual dará la transparencia que necesita las finanzas públicas del país.

Pero un punto que llamó a confusión fue el rol que juegan la reserva internacional, el fondo de liquidez y el seguro de depósitos, estos dos últimos administrados por la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE).

También, Romero aclaró que la reserva internacional y el fondo de liquidez cubren los requerimientos de fondos de las entidades financieras que se encuentran operativas, ante el retiro de sus depósitos por parte de los clientes, si los fondos depositados por el sistema financiero en el BCE no fueran suficientes, las entidades financieras deben acudir al Fondo de Liquidez que actúa como único prestamista de última instancia dado que en dolarización ese rol ya no lo puede tener el BCE.

En cambio, el seguro de depósitos se activa única y exclusivamente cuando una entidad financiera entra en proceso de liquidación y cubre un monto máximo de los depósitos de los clientes de las entidades financieras (32 000 dólares).

Con relación a la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, expresó que la Comisión hizo énfasis en la importancia de que se reconozca su función social en el sistema financiero y por tanto el impacto que puede provocar cualquier decisión que se adopte con el proyecto de Ley, la mayor parte de aportes se inclinan para que exista una regulación diferenciada, acorde a la realidad del sector, sobre todo que apunte a cuidar la estabilidad y consecuentemente, el dinero de los ciudadanos que confían sus recursos a estas entidades.

El proyecto urgente está orientado a reorganizar y mejorar la estructura del Banco Central, fortaleciendo la dolarización y el sistema financiero, fortalecer la reserva internacional del BCE para cuidar los recursos de la institución y los depósitos de los ecuatorianos, evitando su uso para gasto del sector público de cualquier Gobierno, alcanzar la independencia del BCE, reestructurando la forma de designación de sus autoridades para que sea más técnica y menos política.

Se debe reforzar el control y la supervisión del sistema financiero nacional, proteger con estándares internacionales los depósitos de las personas, mediante reformas a la Ley de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados y la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito sea diferenciada acorde a la realidad del sector.

Finalmente, el presidente de la comisión de Régimen Económico, Franco Romero aseguró que la reforma en materia de regulación del sistema monetario y financiero contiene cuatro secciones: Sección I: 106 artículos de reformas al Libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero; Sección II: nueve disposiciones reformatorias (dentro de estas, siete corresponden a reformas a la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999); Sección III: seis disposiciones transitorias; y, Sección IV: una disposición derogatoria.