La Comisión de Régimen Económico, tiene previsto reunirse éste viernes 9 de abril, a las 09h30, el objetivo iniciar la construcción del informe para primer debate del Proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.

Luego de escuchar a 21 representantes de los sectores público, privado, académico, a los expertos en materia económica, al Gobierno Central sobre el proyecto económico urgente, quienes plantearon sus observaciones, la comisión debe entregar el informe para primer debate hasta el 10 de abril.

Esté miércoles los comisionados receptaron las observaciones de los economistas, César Robalino y Marco Flores, con lo cual concluyó la participación sobre el proyecto.

Por su parte, César Robalino dijo que la Comisión de Régimen Económico tiene una tarea importante en torno al sostenimiento del sistema monetario y financiero del país, por ello, pidió elaborar el informe para primer debate con algunas reformas para mejorar los textos planteados por el Ejecutivo.

Además, insistió que el proyecto es vital para la economía y el futuro del país, garantizar la autonomía administrativa, financiera y operativa de la dolarizazción y moderniza las normas financieras y de regulación con estándares internacionales.

Así mismo, Robalino dijo que prohíbe al Banco Central financiar el déficit fiscal, otorgar préstamos o comprar bonos del Gobierno Central, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o de las empresa estatales.

Es inadmisible que el Banco Central se convierta en accionista de la Corporación Financiera Nacional y resaltó que el proyecto permite aumentar las reservas líquidas del Banco Central.

No comparto la idea de crear una Junta Monetaria y otra de Regulación Financiera, porque puede generar conflictos en las resoluciones que tome, volver a los cuatro sistemas de balance es un acierto, el proyecto no privatiza al Banco Central, precisó.

De su lado, Marco Flores, aseguró que el país está a la espera de acciones en beneficio de las familias ecuatorianas, por ello, la comisión legislativa no debe perder de vista la situación de la economía nacional, es la primera vez que hay una crisis económica y sanitaria, por lo que es necesario trabajar en defensa de la economía y la salud de los ecuatorianos.

Flores, advirtió que el proyecto viola los artículos 261 y 303 de la Constitución de la República, los cuales establecen la ejecución de la política financiera que le corresponde al Estado, el proyecto propone una Junta con cinco personas del sector privado, sin tomar en cuenta al representante del Ministerio de Finanzas, lo que es absurdo, expresó.

Finalmente, la dolarización no depende de la reserva internacional, desde el punto de vista técnico depende de la balanza de pagos, de la cantidad de dinero que existe en la economía y del crecimiento económico, la dolarización no se define con una ley sino con el crecimiento económico que permita reducir la pobreza y generar oportunidades de progreso para los ecuatorianos, insistió.

Manifestó que no es lógico que se cierre el financiamiento para el sector público, pero se abra para el sector privado. Ecuador requiere reactivar la economía a través del impulso al consumo para sostener las compras y las ventas de las empresas, producir crecimiento económico y generar empleo, la forma de hacerlo es establecer un programa económico que garantice equidad para ofrecer a las familias oportunidad de progreso.

Esté martes 6 de abril la comisión de Régimen Económico recepto las observaciones al Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, desde Asobanca y la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario en apoyo a la propuesta del Ejecutivo.

Mientras tanto, desde la óptica de varios economistas creen que el proyecto de Ley propuesto por el Gobierno Nacional generaría inseguridad jurídica en el país.

Según, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, señaló que es importante aprobar el proyecto económico urgente y la decisión de restablecer el sistema de los cuatro balances del Banco Central del Ecuador (BCE) con reglas de respaldo, entendiendo que esta institución no concede créditos porque es un banco de reserva y custodio de la liquidez y de los depósitos del sector privado, es decir, no es comercial, ni público, ni del gobierno.

Además, dijo que las reformas establecen un período para llegar a la cobertura del 100 % de los pasivos, determinando el período en el que se va a subsanar la cobertura de los balances, esto es para el 2026, el primer sistema y para el 2035 el resto de sistemas del balance del Banco, no existe dolarización viable sin banca fuerte, sólida y si el BCE no juega su rol de custodio de la liquidez, precisó.

Así mismo, indicó que los mitos alrededor del proyecto de ley son falsos o corresponden a interpretaciones erradas, algunos ejemplos son pensar que se va a privatizar el Banco Central, que podrá dar créditos a la banca pero no al gobierno, que se elimina la regulación de tasas y comisiones, se facilita la salida de divisas del país, que la banca se va a tomar el directorio del Banco Central, o que esta normativa nos regresa a la misma situación de la crisis de 1999.

Por lo que, Prado insistió que la Asociación de Bancos del Ecuador no quiere que desaparezca el Banco Central, la propuesta del Ejecutivo es bueno para identificar hacia dónde queremos caminar, seguridad de los depositantes y atraer capitales internacionales.

De su lado, Edgar Penaherrera, presidente de la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario, expresó que el BCE no debe ser prestamista de recursos para el sector público o del privado, es una entidad encargada de salvaguardar las reservas para casos de crisis, o necesidad de robustecer a la institución.

De acuerdo a sus observaciones los temas relacionados al plazo para la capitalización de las entidades, propuso incluir en el proyecto la reducción del cupo de crédito al segundo grado de consanguinidad y al primero de afinidad, en consideración a las realidades locales y cobertura de las cooperativas.

De ahí que, Peñaherra concluyó que el proyecto urgente busca garantizar los dineros de los depositantes, aportar al fortalecimiento de las Instituciones Financieras Internacionales y el dinero que no es de los bancos, de las cooperativas ni de las mutualistas, es de los depositantes.

Mientras tanto, Pablo Dávalos, explicó los problemas que generaría la propuesta del Ejecutivo, existe confusión respecto de lo que significa el encaje bancario y los depósitos del público, sobre las reservas internacionales no cumplen ninguna función macro-económica, porque la economía del país es dolarizada.

La creación de una Junta de Regulación de Política Monetaria por fuera de la institucionalidad vigente, contraviene la Constitución de la República en los artículos 303 y 261, numeral 5, el proyecto no puede aprobarse porque generaría inseguridad jurídica, dependencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), riesgo de crisis sistémica, riesgos de desdolarización, corporativismo en la política financiera y monetaria y neutralización de la política monetaria, asevero.

Mientras tanto, Walter Spurrier, subrayó la importancia de la autonomía del Banco Central, la institución es parte del Ejecutivo, hay que poner cierta distancia entre el manejo financiero y político, el manejo monetario, insistió que debe haber funcionarios que velen por la estabilidad económica, que no haya exceso de la inflación, la liquidez de la economía sea la adecuada a fin de que no haya un crecimiento desmedido, ni falta de liquidez.

Por su parte, Pedro Páez, manifestó que a través del proyecto de Ley urgente económico pretenden hacer reformas constitucionales, lo cual es inconstitucional, la propuesta tiene un trasfondo con disposiciones del Fondo Monetario Internacional, el título es engañoso, si se pretende fortalecer la dolarización, los pocos recursos deberían quedarse en el país.

Finalmente, Páez advirtió que la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero crearía las condiciones para fortalecer el monopolio de la banca privada, la autorregulación del Banco Central es inconstitucional.