El Pleno del Consejo de la Judicatura, solicitó la renuncia a los directores provinciales administrativos y disciplinarios a nivel nacional. Esta decisión es para verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos orientados a fortalecer la gestión institucional.

Además, evaluaran integralmente el desempeño de los funcionarios y se verificará, con criterios técnicos, si se han cumplido las metas, funciones y compromisos asumidos en el ejercicio fiscal 2025, como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Esta medida constituye una acción encaminada al reordenamiento y consolidación institucional.

Así mismo, garantizará que, en los casos que existan análisis de riesgo y medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para los directores provinciales, estas se mantendrán y coordinarán conforme a los informes técnicos y protocolos correspondientes, asegurando el respeto a los derechos de los funcionarios involucrados.

La institución reafirma su compromiso con una gestión pública responsable, transparente y orientada a resultados.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al procedimiento de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dijo que el deber y responsabilidad de las entidades del Estado con la ciudadanía. “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la Ley y transparencia”.

Con 5 votos a favor, el CAL aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien solicitó la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante relativo al cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra del Titular del Consejo de la Judicatura, la Unidad Técnica Legislativa (UTL), deberá presentar en 3 días el informe.

El CAL, por unanimidad, acogió la moción presentada por la legisladora Sade Fritschi para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos ante el pedido de enjuiciamiento político contra los consejeros del CPCCS.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana en el desempeño fundamental de resguardar la soberanía territorial, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, el Gobierno Nacional para enfrentar de manera decidida y frontal, este miércoles 7 de enero 2026, entregó el avión BOEING 737-500 a la institución con el objetivo de potenciar y fortalecer sus capacidades estratégicas, tácticas y humanitarias en beneficio del Ecuador.

Según, la Mandataria, María José Pinto la entrega responde al objetivo macro del Gobierno de priorizar la seguridad como política de Estado, equipamiento, coordinación institucional y respaldo permanente a quienes están en primera línea.

“La seguridad no admite improvisaciones; requiere liderazgo y acciones concretas. Por eso, esta entrega es una muestra clara del compromiso del presidente de la República, Daniel Noboa, con la protección del país, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y con el cuidado de todos los ecuatorianos”, dijo Pinto.

El BOEING 737-500 es una aeronave de transporte con mejor tecnología en cabina y más capacidad de carga y pasajeros. Este instrumento reviste un aporte fundamental para la operatividad de la FAE tanto en control y defensa del territorio, misiones humanitarias con intervenciones más rápidas, oportunas y precisas.

Por su parte, el comandante General de la FAE, Mauricio Salazar indicó que esta incorporación se traduce en fortalecimiento de las capacidades estratégicas de la institución militar y reafirma el compromiso del Estado con la defensa, integración y desarrollo del Ecuador.

“Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al Gobierno Nacional por esta entrega que demuestra respaldo a las Fuerzas Armadas, demostrando una misión de Estado que invierte en seguridad, integración y desarrollo”, aseguró el Comandante.

Finalmente, el mensaje del Gobierno Nacional con la entrega es “seguir trabajando para fortalecer la seguridad, proteger a nuestra gente y construir un Ecuador más seguro, justo y con futuro. Solo así tendremos el país que todos soñamos”, precisó la Presidenta encargada Pinto.

La comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, con seis votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma a varias leyes para garantizar el derecho a la protección prioritaria de la mujer en el período de maternidad, el objetivo tutelar de forma efectiva la protección jurídica de las mujeres embarazadas como grupo prioritario y evitar la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El proyecto busca reformar el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico de la Función Judicial, para incorporar una garantía explícita que proteja la salud física y emocional de la madre en el posparto, independientemente de la supervivencia del recién nacido.

Para la vicepresidenta de la comisión del Derecho al Trabajo, Paola Jaramillo, esta propuesta pone énfasis en la garantía de derechos de las mujeres en período de maternidad en todos los casos, existen casos en los cuales los patronos solo reconocen este derecho en caso del hijo nacido vivo y no cuando ocurren circunstancias que inciden en la muerte del bebé, hecho que deja secuelas físicas y psicológicas que deben ser atendidas de manera prioritaria.

Además, el proyecto determina que, si se produce el fallecimiento de la niña o el niño dentro del período de la licencia por maternidad concedida, la trabajadora continuará haciendo uso de dicha licencia por el tiempo que le reste, con excepción del tiempo correspondiente a la lactancia.

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte restante del período de licencia que le hubiese correspondido a la madre si no hubiese fallecido.

La presidenta de la República encargada, María José Pinto, entregó este 6 de enero 2026  a la Policía Nacional el equipamiento estratégico destinado al fortalecimiento operativo, investigativo y logístico de la institución. La dotación incluyó 264 motocicletas, 2.404 radios de comunicación, un sistema informático especializado para investigación balística e indumentaria como cascos y guantes. Estos insumos contribuirán a mejorar la atención, protección y respuesta frente a las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

Según, la Presidenta (e) esta dotación responde a la necesidad de potenciar las capacidades de respuesta policial en el territorio. “La seguridad es una prioridad nacional porque es la base sobre la que se construye el desarrollo, se fortalece la inversión y se garantiza la tranquilidad de las familias ecuatorianas”, dijo.

Para el ministro del Interior, John Reimberg, las motocicletas se enmarcan en un plan de adquisición de un nuevo parque automotor para la Policía Nacional. Las nuevas motocicletas serán distribuidas en “los distritos priorizados con altos índices de criminalidad, donde el Estado debe estar más presente que nunca”, aseguró.

En cambio, las 2.404 radios son marca Motorola, modelo APXN30, y cumplen con los estándares técnicos de voz y datos del Sistema de Radiocomunicación de la Red Nacional Troncalizada de misión crítica. Estos equipos permitirán una interacción más eficiente entre los efectivos policiales, facilitando su accionar e intervención oportuna.

También, el sistema IBIS (Integrated Ballistics Identification System), una plataforma de referencia internacional que moderniza la identificación balística en el país. Esta herramienta permite comparar evidencias balísticas y vincular hechos delictivos en los que se haya utilizado una misma arma de fuego, lo que orienta de forma más precisa las investigaciones policiales.

Además, aporta insumos técnicos de alto valor probatorio y respalda procesos penales ante Fiscalía y las autoridades judiciales.

Finalmente, este equipamiento tiene un objetivo claro: respaldar el trabajo policial con capacidades reales, fortalecer la acción del Estado en territorio y avanzar con determinación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, sostuvo el ministro Reimberg.

La comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, para modernizar y transparentar el sistema deportivo del Ecuador.

La propuesta de Ley unificó 25 iniciativas legislativas que establece reglas claras para los dirigentes deportivos, quienes deberán ser mayores de edad, no tener sentencias ni antecedentes por violencia o discriminación, ser elegidos democráticamente y contar con un perfil profesional o experiencia acorde.

Además, podrán postularse personas con cargos de elección popular. Durante el período comprendido entre mayo y diciembre del 2025, la comisión trabajo en proyectos concernientes a la diabetes, cáncer, reproducción humana asistida, procedimientos eutanásicos y eficiencia en el sistema de salud.

Así mismo, entregó tres proyectos de Ley para ser discutidos en el Pleno. Dos informes para segundo debate: Reformatoria a la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes y Reformatoria de Eficiencia e Integridad en el Sistema de Salud Pública. En primer debate sobre el Derecho a la Reproducción Humana Asistida en el Ecuador, que unifica varias propuestas de Ley.

También, para la elaboración del informe para segundo debate se encuentra el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control del Cáncer en el Ecuador unificado con el Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Detección y Atención del Cáncer Cérvico Uterino.

Mientras tanto, otros temas tratados por los miembros de la comisión son cuatro proyectos de Ley relacionados con los procedimientos eutanásicos, que serán unificados por unidad de materia: Proyecto de Ley Orgánica que Regula los Procedimientos Eutanásicos, Proyecto de Ley Orgánica de Autonomía del Paciente, Proyecto de Ley Orgánica que Regula la Eutanasia como Garantía del Derecho a la Dignidad y la Autonomía de la Vida y el Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos y Voluntades Anticipadas.

Finalmente, desde el 17 de junio del 2025 mantiene en curso la fiscalización al sistema de salud pública nacional, así como a la Red de Instituciones de Salud Pública. El 13 de agosto de 2025, inició un proceso de fiscalización a la Red Pública Integral de Salud para evaluar la atención médica, la provisión de medicamentos y los servicios complementarios.