El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó una reforma que establece nuevos mecanismos para el cálculo de los aportes económicos que las notarías entregan al Estado.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria 45, realizada este 16 de abril del 2026.

Con esta reforma, el cálculo de los aportes se realizará en función de los ingresos reales de cada notaría, con el objetivo de aplicar un esquema más técnico y ajustado a la realidad del servicio notarial.

La medida permite, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Los cambios buscan garantizar la continuidad del servicio notarial a nivel nacional y asegurar la aplicación de los principios de progresividad y proporcionalidad.

La propuesta fue analizada previamente en mesas técnicas de trabajo entre el Consejo de la Judicatura y la Federación Ecuatoriana de Notarios, como parte del proceso de construcción de este mecanismo.

Las áreas técnicas del CJ implementarán la resolución en el Sistema Informático Notarial en un plazo máximo de 30 días.

La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el marco del debate de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), analizó propuestas relacionadas con sanciones por infracciones de tránsito y extorsión en contratos públicos, así como en el uso de recursos del Estado.

 Sin embargo, en materia de tránsito, la comisión recibió a la asambleísta Josebeth Jaramillo, autora de la iniciativa, quien explicó el alcance de la reforma penal. Recordó lo establecido en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución, que consagra el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, ya sean administrativas o penales.

Por lo que, Jaramillo indicó que la reducción de puntos en la licencia de conducir se aplique únicamente al tipo o categoría con la que se cometió la infracción. Así, si una persona está habilitada para conducir distintos vehículos, la sanción se aplicaría exclusivamente a la categoría correspondiente y no de manera general, como ocurre actualmente. Para ello, propuso reformas tanto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como al COIP.

En cambio, la comisión escucho al experto en compras públicas, Paúl Vázquez, quien presentó observaciones sobre la tipificación y sanción del delito de extorsión en contratos públicos y en el manejo de recursos estatales.

 Mientras tanto, en el artículo 185.2 del COIP establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años para estos casos. Al respecto, Vázquez sostiene que el sujeto activo podría ser el proveedor, oferente o adjudicatario dentro de un proceso de contratación pública. No obstante, advirtió que, dada la amplitud de esta definición, es necesario precisar que la aplicación de la norma se delimite a situaciones en las que exista adjudicación o se haya iniciado la fase contractual.

Finalmente, la comisión resolvió unificar la propuesta presentada por la asambleísta Jaramillo con el Proyecto de Reforma Integral al COIP.

El Consejo Nacional Electoral actualizó el reglamento y el manual que orientan la organización de los debates electorales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027. Estos instrumentos establecen los lineamientos técnicos y metodológicos para la realización de 45 debates correspondientes a dignidades locales: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías, que se desarrollarán del 12 al 26 de noviembre de 2026, conforme al calendario electoral.

La metodología contempla que cada encuentro se estructure en cuatro ejes temáticos definidos por el Comité Nacional de Debates Electorales. En el primer y cuarto eje, las preguntas serán formuladas por las candidatas y candidatos, con el propósito de que aborden y debatan problemáticas propias de su realidad y de su cercanía con los distintos territorios. En el segundo y tercer eje, las interrogantes serán planteadas por el Comité Nacional de Debates, garantizando un tratamiento técnico de asuntos de interés público.

Con esta actualización, el CNE fortalece los espacios de deliberación democrática y promueve que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de quienes aspiran a dirigir las provincias y cantones del país. Las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027 se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

El compromiso del Gobierno del presidente Daniel Noboa con el desarrollo de Santa Elena se refleja con obras que mejoran la calidad de vida de la población. Para vías, alcantarillado y regeneración urbana, mientras que la inversión en toda la provincia suma un total de 53 millones de dólares.

Según, el Jefe de Estado el proyecto de pavimentación asfáltica y obras complementarias en las parroquias José Luis Tamayo y Vicente Rocafuerte con un financiamiento gubernamental de 3,2 millones de dólares canalizada a través del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Los trabajos contemplan la construcción de calles, aceras, bordillos, entre otros.

En cambio, en la parroquia José Luis Tamayo, la obra se ejecuta en los barrios 9 de Octubre, Centenario y 6 de Junio, esto beneficiará a 39.942 habitantes. Esta obra registra un avance físico del 100 % en 4,36 kilómetros de vías intervenidas.

Además, en la parroquia Vicente Rocafuerte, los trabajos se desarrollan en la ciudadela Hipódromo Costa Azul, donde se intervienen 3,82 kilómetros de vías. El proyecto beneficia directamente a 41.687 habitantes y alcanza un avance del 90 %.

“Lo hicimos pensando en su futuro, en darles lo que siempre han merecido: una vida digna. Con esta obra queremos que sus familias tengan la tranquilidad de que tienen un Gobierno que los respalda, que no están solos”, dijo el Primer Mandatario.

Finalmente, el presidente Noboa entregó más de 9.000 becas para jóvenes, cerca de 10 millones de dólares en créditos para emprendedores y la ejecución del Paso Lateral Salinas.

La Revolución Ciudadana informó a la ciudadanía el inicio de una nueva etapa institucional orientada al fortalecimiento de su estructura organizativa, la optimización de sus procesos internos y la consolidación de su presencia en los distintos territorios del país. Este proceso se enmarca en las resoluciones adoptadas por la Convención Nacional del 2026 y ejecutadas por el Buró Nacional, entre las disposiciones el inicio de la reestructuración organizativa a nivel nacional, incluyendo la renovación de directivas provinciales y de las circunscripciones del exterior, así como la implementación de mecanismos que garanticen una transición ordenada, participativa y transparente.

Por lo que, ha expedido un reglamento específico que regula el proceso de democracia interna para la elección de nuevas directivas, estableciendo principios fundamentales como legalidad, participación universal, paridad, transparencia, seguridad jurídica y debido proceso, asegurando así un ejercicio democrático interno sólido y legítimo.

La organización política reitera que el proceso en curso responde a una planificación institucional y no a escenarios de crisis interna. Por el contrario, la coyuntura nacional evidencia desafíos estructurales en ámbitos como la seguridad, salud, educación y la gestión de fronteras, que requieren atención prioritaria en el Ecuador.