Con el respaldo de asociaciones, fundaciones y la sociedad civil, con 114 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, que busca establecer un marco normativo para reconocer y brindar una adecuada atención activa e integral a las personas y sus familias que padecen una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, de síntomas múltiples, intensos y cambiantes.

Según, la presidenta de la Asamblea Nacional, esta Ley va a brindar y garantizar una atención integral a las personas y que les va a permitir vivir con dignidad en cualquier etapa de su enfermedad. “Esta atención, sin duda va a proporcionar, desde el diagnóstico de una enfermedad avanzada o incurable, adaptándose a las necesidades tanto del paciente como de su familia”, dijo.

Además, el proyecto de Ley será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Para el asambleísta Humberto Tapia, indicó que esta Ley rescata el derecho a la salud y la vida; garantiza el acceso integral de los pacientes a servicios de cuidados paliativos en todas sus modalidades, incluyendo el ámbito público y privado. Asegura el acompañamiento y soporte a las familias de los pacientes, mediante la implementación efectiva del Sistema Nacional de Cuidados Paliativos.

También, define a los cuidados paliativos como la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa y en especial quienes están cerca del final de la vida.

En cambio, crea el subsistema de capacitación en Cuidados Paliativos que estará disponible a los profesionales de la salud que tengan una especialización de cuarto nivel en cuidados paliativos para segundo y tercer nivel de atención; establece el voluntariado en cuidados paliativos como agentes sociales del Sistema.

Por lo que, “esto es un derecho humano, nadie debe enfrentar el dolor sin un acompañamiento», manifestó Viviana Araujo, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, tras revelar cifras como que en el Ecuador hay 79 mil personas que sufren severamente y necesitan cuidados paliativos, de ellas cinco mil son niños.

Mientras tanto, Pablo Proaño, coordinador general de la Organización Dignidad y Derecho, señaló que es la primera vez que el país contará con una Ley, para construir un mejor país pensando en los más vulnerables. “Las personas con enfermedades catastróficas o crónicas no deben ser ciudadanos de segunda clase, sino que accedan a servicios médicos y cuidados”.

Finalmente, Sandra Cevallos, directora médica Hospice San Camilos destacó que en la atención centrada en la persona y en su entorno de una enfermedad que requiere cuidados paliativos.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, previo al informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación de las rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por industrialización de petróleo en las provincias de Esmeraldas y Santa Elena, recibió las observaciones de los actores locales de los GAD locales.

Según, el presidente del GAD Parroquial de San José de Ancón, Samuel Rendón planteó que en el proyecto de Ley se incorpore la “extracción de petróleo”, con la finalidad de ser beneficiarios de la distribución de los recursos, porque actualmente su parroquia apenas recibe 179 mil dólares anuales, monto ínfimo que no permite responder a las necesidades de la población.

Para el alcalde del cantón La Libertad, Francisco Eugenio Tamariz esta es la oportunidad de hacer justicia con un sector relegado del país. Planteó que exista equidad en la distribución de los recursos considerando las necesidades básicas insatisfechas. Precisó el alto grado de contaminación que genera esta actividad, por lo que propuso que el 50 % de los recursos se asigne a los municipios, el 30 % a las prefecturas y el 20 % para las parroquias.

También, la comisión de Gobiernos Autónomos conoció, debatió y resolvió el informe borrador del proceso de fiscalización respecto al cumplimiento de lo que dispuso la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, relacionado al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y al Fondo Común en los años fiscales 2019-2020-2021-2022 y 2023.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, calificó la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, propuesta por los asambleístas Ana Galarza, Jaime Moreno y Vicente Taiano, por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis energética que afronta el país y que obligó a aplicar racionamientos de energía a nivel nacional.

Por lo que, la secretaría de la comisión notificará a la exfuncionaria para que, en el plazo de 15 días, presente la contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes, así como a los asambleístas proponentes del juicio político para que, en el mismo plazo presenten las pruebas que sustenten sus acusaciones, de conformidad con lo que establece el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, la comisión de Fiscalización verificó que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en la LOFL, es decir que la solicitud cuente con el respaldo de, al menos, una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en el formulario correspondiente en el que se declare que las firmas son verídicas y que corresponda a sus titulares y que contenga el anuncio de la prueba que presentará, acompañada de la prueba documental de que se disponga en ese momento.

Finalmente, los proponentes del juicio, el incumplimiento de funciones se configura con la aplicación de los apagones o racionamientos de energía, pese a que hubo alertas sobre la crítica situación del abastecimiento de energía y que la exministra Andrea Arrobo no hizo nada para mitigar o superar el problema del sector eléctrico.

La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales en el que recomienda su archivo, porque generaría un impacto fiscal.

La decisión de la Comisión se sustenta que la pensión asistencial que pretende implementar para los héroes y heroínas no cuenta con un estudio técnico actuarial para acreditar la viabilidad, la sostenibilidad y el impacto financiero de la normativa propuesta, lo que contraviene a lo dispuesto por la Corte Constitucional, en la sentencia N.° 83-16-IN/21, que señala que la reforma de pensiones prestacionales, que involucre al ISSFA deberá contar con estudios actualizados.

Así mismo, no hay las fuentes de financiamiento para el otorgamiento de pensiones y beneficios a los héroes y heroínas.

También, puede determinar con precisión la población objeto del beneficio, ya que la reforma otorga prestaciones, no únicamente a excombatientes, sino a sus familiares.

La propuesta de Ley pretendía que los excombatientes que consten en el libro parte de guerra y órdenes generales en calidad de exconscriptos, reservistas y el personal militar que no terminó su carrera profesional sean beneficiarios de una pensión básica unificada mensual y no tendrán restricciones para acceder a trabajar en relación de dependencia y acceder a las prestaciones establecidas en la Ley de Seguridad Social, con previa calificación de la situación de vulnerabilidad realizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, calificó a trámite ocho proyectos de Ley, entre ellos la propuesta de la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz y el asambleísta Geovanny Benítez, para crear la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas, que será analizado por la comisión de Educación y Cultura.

Mientras tanto, que el proyecto para la jubilación especial de los trabajadores y extrabajadores de la industria del cemento estará en la comisión del Derecho al Trabajo para su respectivo estudio.

La Comisión de Justicia tramitará una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para conformar la comisión Permanente de Derechos de las Mujeres y Género y dos reformas al Código Orgánico Integral Penal, para proteger el ambiente y combatir el abigeato.

El proyecto de Ley del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria será debatido por la comisión de Seguridad; la comisión de Desarrollo Económico estudiará un proyecto de Ley de Economía Naranja y la comisión de la Niñez, una iniciativa de Ley de aprovechamiento digital e inteligencia artificial para niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el CAL resolvió devolver el proyecto de enmienda al artículo 113 de la Constitución de la República del Ecuador, iniciativa de la exasambleísta Dallyana Passailaigue, puesto que carece del escrito que sugiere el procedimiento por seguir y las razones de derecho que justifiquen el mismo.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz se reunió con los equipos técnicos de las Comisiones Legislativas, el objetivo conocer el estado de los proyectos de Ley que se tramitan en cada mesa legislativa a efecto de agilizar su tratamiento.

Según, Viviana Veloz, es para subsanar errores y avanzar en el tratamiento de los proyectos que se encuentran represados de períodos anteriores, incrementar la producción legislativa y definir la hoja de ruta para el corto periodo.

Además, Veloz conoció el proceso de los informes para primer y segundo debate de cada una de las comisiones permanentes y Ocasionales; así como los proyectos normativos de periodos anteriores; los remitidos desde el Consejo de Administración Legislativa y el avance del Plan de Trabajo 2023-2025.

Entre el trabajo de las comisiones como Justicia y Estructura del Estado tramita 280 proyectos; las reformas al Código de la Democracia; la Ley Orgánica de la Función Legislativa (37 propuestas unificadas); Código Orgánico Integral Penal (42 proyectos unificados); en temas de Arbitraje Internacional (35 proyectos de Ley); reformas al Código Civil; Ley Orgánica de Extinción de Dominio; Código Orgánico General de Procesos; Ley Notarial, entre otros.

Mientras tanto, el equipo técnico de la comisión de Desarrollo Económico informó sobre el tratamiento de los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo y aprobados por el Pleno de la Asamblea.

También, resaltó el avance sobre los proyectos de Ley de Comercialización de la Pitahaya; reformas a la Ley de Turismo; la Ley de Transporte Terrestre y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Sin embargo, la comisión de Fiscalización explicó el trámite de los procesos de juicios políticos sustanciados en contra de varios funcionarios de Estado. Actualmente, en el proceso la fase de sustanciación del pedido de juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Finalmente, la comisión del Derecho al Trabajo tramitó 151 proyectos, leyes aprobadas en materia de seguridad social. Han efectuado las unificaciones de proyectos; reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público, y los procesos de fiscalización al IESS y BIESS.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz se reunió en Guayaquil, con los representantes de la Corporación de Cooperaciones Productivas Agropecuarios del Litoral (CONCARPLAT), para encaminar un proyecto de Ley en beneficio de los agricultores, a través de mesas técnicas territoriales que se iniciarán en los próximos días.

Además, Veloz indicó que la Comisión de Soberanía Alimentaria avanza en la discusión del proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca, en el que se podrá incorporar los temas planteados por varios sectores.

Mientras tanto, las delegaciones de agricultores del cantón Jipijapa, Santa Ana y Paján, mostraron su preocupación por la promoción agrícola pecuaria, por lo que plantearon que la Asamblea Nacional viabilice un trabajo coordinado para la elaboración del proyecto de Ley de beneficio a la clase trabajadora del campo.

Finalmente, Enrique Menéndez, vicepresidente de la CONCARPLAT, expresó que se impulse un proyecto de Ley que contemple la capacitación y asistencia técnica; agua de riego y consumo animal; regularización y protección de suelos agrícolas; rescate de semillas tradicionales; protección de la producción agrícola y garantía de mercado; liberación de aranceles para insumos agropecuarios en la importación para pequeños y medianos productores; líneas de crédito con una tasa preferencia a largo plazo y producción de semillas de maíz.