La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa DE LA Asamblea Nacional, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones del Ecuador, que beneficiará directa e indirectamente a más de 300 mil familias que mantienen deudas con la banca pública y privada del país.

Según, el proyecto de Ley propone prestaciones de seguro de desempleo para que quienes registren un anuncio de salida porque perdieron su trabajo entre noviembre – diciembre de 2024 y enero – febrero de 2025; podrán acceder al seguro de desempleo en un plazo de 10 días, proceso que normalmente toma mucho tiempo más. Se incluye una disposición por la cual mientras subsista la emergencia eléctrica no se permitirá el incremento en los cánones de arrendamiento.

También, se facultará al Servicio de Rentas Internas permita financiar el pago de las obligaciones en mora hasta el 31 de diciembre de 2024. Igualmente, acogiendo el criterio de varios asambleístas, el proyecto abre la posibilidad de un nuevo refinanciamiento de los créditos hipotecarios que se mantienen con el BIESS que hayan sido ya reestructurados y que estén en mora.

Además, determina medidas de alivio financiero en el caso de los créditos educativos para personas con discapacidad o enfermedades catastróficas.

Igualmente, el informe prevé el cruce de cuentas de las deudas que mantienen los gobiernos autónomos descentralizados con el Banco del Estado, para aliviar las finanzas de los gobiernos locales, las maquinarias y demás insumos incautados en operativos en contra de la minería ilegal serán utilizadas para atender las necesidades de vialidad e infraestructura del país, en lugar de que sean destruidas.

Para Valentina Centeno, presidenta de la comisión de Desarrollo económico, el informe recoge las observaciones de las diferentes bancadas en el primer debate y con posterioridad a este, es decir, con el propósito de dar herramientas para que la ciudadanía supere la crisis producida por la emergencia eléctrica.

Finalmente, entre las propuestas recogidas consta la disposición para dar solución a los deudores de la banca cerrada. El informe será remitido a la Presidenta de la Asamblea Nacional para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

En el proceso de transición del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. al Estado ecuatoriano concluyó con éxito este 30 de noviembre del 2024. El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con otras entidades públicas, liderarán la gestión estratégica de los activos y recursos hidrocarburíferos de esta empresa por un período de seis meses.

“Este es un traspaso ordenado y transparente que fortalece la soberanía energética y garantiza la continuidad de una operación eficiente, un servicio público de transporte de hidrocarburos sin costo adicional, respeto a los derechos laborales y contratos con terceros», el viceministro de Hidrocarburos, Guilhermo Ferreira Oliveira informó durante la sesión del Comité de Transición.

De esta forma, el país asume una infraestructura clave para la economía nacional, abriendo oportunidades para mejorar la capacidad de transporte del crudo y fortalecer la matriz energética del país.

La comisión de Desarrollo Económico sigue el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo, por lo que, el Ministerio de Finanzas, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y Banco del BIESS presentaron sus posiciones.

Según, el delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, Daniel Jaramillo el eje central es la pronta habilitación del seguro de desempleo. El proyecto de Ley busca formalizar prácticas actuales del ministerio, como las transferencias monetarias y prepararse para futuras contingencias, como las crisis energéticas dijo.

Además, la importancia de incluir condonaciones para personas con discapacidad y regular créditos educativos para mejorar la equidad social y fiscal, explicó el delegado.

En cambio, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres propone un segundo período de remisión del 100 % de intereses, costos y gastos administrativos, por un tiempo de 240 días, el objetivo que los administrados que se encuentran coactivados paguen únicamente el capital, aquello en consideración al éxito de la primera remisión del 2024, señaló.

Para el delegado del SRI, Luis Veintimilla las medidas transitorias, como el crédito tributario del 25 % del impuesto a la renta para los pequeños y grandes empleadores que mantengan en la nómina o no hayan desvinculado a sus trabajadores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

Así mismo, consideró que se busca aliviar las cargas fiscales, incentivar la formalización laboral y alcanzar una recaudación estimada de 19 millones de dólares referente a la deuda por impuestos.

Mientras tanto, consideran la remisión de deudas menores que no superen un salario básico unificado, con el fin de redirigir recursos a áreas prioritarias.

Finalmente, el gerente general del BIESS, Juan Carlos Soria indicó su preocupación sobre las medidas de alivio financiero propuestas que podría afectar el flujo financiero del banco. Si bien la medida beneficiaría a sectores vulnerables, comprometería la capacidad del BIESS para otorgar nuevos créditos hipotecarios. Por lo que, solicitó una revisión exhaustiva de esta propuesta para garantizar tanto la sostenibilidad financiera del banco como el apoyo a los más necesitados.