Este domingo, 17 de noviembre 2024, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas, de acuerdo a la solicitud de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien es proponente de esta iniciativa que busca cumplir con la necesidad educativa de los jóvenes santodomingueños.

El informe será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional, para ser tramitado y aprobado por el Pleno, esto el próximo 21 de noviembre del 2024, como prometió Viviana Veloz.

La Universidad se crea como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios y disposiciones establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, resalta el informe.

Serán fuentes de financiamiento de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas, aquellos determinados en la LOES y los provenientes de proyectos o programas de inversión generados para su implementación y aquellos que se generen por autogestión.

Según, el informe favorable del Consejo de Educación Superior, la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas, iniciará sus actividades académicas con las carreras: Agronegocios; Emprendimiento e innovación social; Alimentos y Medicina Veterinaria. Posteriormente, podrá ampliar su oferta académica conforme las disposiciones establecidas en la LOES.

Finalmente, el proyecto de Ley recibió observaciones técnicas de los diferentes actores involucrados en la materia, unifica la propuesta presentada, el 6 de octubre del 2024, por los asambleístas Viviana Veloz y Geovanny Benítez, así como la del Ejecutivo que fue remitida posteriormente.

Este 16 de noviembre, el Gobierno Nacional movilizó de manera inmediata a ministerios y entidades para asistir a la población afectada por los incendios forestales en las provincias de Loja y Azuay. Convocó de manera extraordinaria al Gabinete Sectorial de lo Social, que se desarrolló en el ECU 911 de la ciudad de Loja.

Esta reunión tuvo como objetivo articular acciones interinstitucionales para brindar una respuesta integral a la emergencia, enfocándose en la protección de la población, el control de los incendios y la mitigación de sus impactos en el territorio. Para ello, articularon esfuerzos con el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones. Tras culminar la sesión extraordinaria, las autoridades del Gabinete Social se movilizaron hasta las zonas afectadas en diferentes puntos para conocer las necesidades de las comunidades.

Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que están realizando investigaciones para esclarecer las causas de los incendios, ante indicios de que varios habrían sido provocados intencionalmente.

“Estamos en territorio cumpliendo la disposición del presidente Daniel Noboa, a fin de brindar todo el contingente gubernamental necesario para enfrentar estas emergencias y atender a la ciudadanía de manera oportuna e inmediata”, dijo la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira.

Según, informó la SNGRE, los incendios afectan a 16 cantones de Loja. Actualmente se reportan incendios activos en Chuquiribamba, Fierro Urco, Zamora Huaico Alto y Paltas (Landapo), con más de 4.000 hectáreas afectadas en total. El más relevante es el incendio en Saraguro (Selva Alegre), que fue liquidado el 15 de noviembre y el de San Pedro de Vilcabamba, con una afectación de más de 3.100 hectáreas consumidas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus.

En cambio, en Azuay al momento se registran un total de ocho incendios forestales activos y dos controlados en los cantones: Cuenca, San Fernando, Chordeleg, Santa Isabel, Sevilla de Oro, Sigsig y Nabón.

Entre la gestión, ayuda social y apoyo internacional en las dos provincias afectadas, como parte de estas acciones de respuesta, la SNGR en articulación con cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas y gobiernos locales, está el monitoreo y respuesta. En Loja, San Pedro de Vilcabamba, se instaló un Puesto de Mando Unificado, mientras que helicópteros y brigadistas trabajan en sofocar los incendios activos, voluntarios y comuneros han sido pieza fundamental en apoyar las labores de control. Mientras que en Azuay las FF.AA. y FAE trabajan con tres helicópteros en los incendios forestales de Chaucha, Llaviuco (El Cajas) y Baños en Cuenca, en horas de la mañana, el Gobierno Nacional entregó equipamiento a los bomberos, que consiste en batefuegos, mochilas forestales y un bambi bucket, con esto se fortalece el trabajo de la institución bomberil para el combate de los incendios forestales.

Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) habilitó un centro de acopio en las oficinas de su Coordinación Zonal 7, ubicada en las calles Lauro Guerrero y Venezuela, de la ciudad de Loja. En este lugar se cuenta con bebidas hidratantes, mascarillas, alimentos no perecibles y 71 kits de ropa ya preparados, en caso de que la emergencia lo amerite.

Por su parte, el Ministerio de Educación activó el Plan de Continuidad Educativa en modalidad no presencial para 15 instituciones educativas del cantón Loja, vigentes hasta el 19 de noviembre.

Finalmente, en Azuay activó el componente de salud del Plan Nacional de Respuesta para la Reducción de Riesgos de Desastres EDUC-EC, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) suspendió las actividades presenciales en la ciudad de Loja como medida preventiva frente a la emergencia. El Ministerio de Salud Pública movilizó a brigadas médicas hasta los sectores afectados por los flagelos. En Cuenca están activos ocho equipos de atención integral en Salud, dos unidades móviles y una ambulancia para brindar atención inmediata a las personas afectadas. En apoyo a las labores de extinción, el Gobierno peruano envió dos helicópteros equipados con sistemas de agua bambi buckets.

La comisión Técnica que da Seguimiento a la Creación de las Cuatro Universidades Estatales Amazónicas sesionó para conocer los avances de varias entidades públicas competentes en la consecución de este objetivo, planteado en la disposición transitoria décima de la Ley Amazónica.

Según, Roberto Larrea, delegado de la SENESCYT, “tanto la Procuraduría como el Banco Central ha remitido sus criterios, el pasado 28 de octubre y 13 de noviembre, sobre la creación de universidades en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y la asignación de los porcentajes de los fondos asignados para cada una”.

Mientras tanto, Isabel Enríquez, de la Secretaría Técnica Especial Amazónica, aseguró que se han levantado criterios técnicos para verificar el número de beneficiarios de la creación de estas Instituciones de Educación Superior, que asciende a cerca de 200 mil jóvenes.

Para Andrea Sánchez, delegada de la Secretaría Nacional de Planificación, la creación de estas cuatro IES requiere de planes estratégicos, ofertas de carreras, estudios financieros y económicos que, en algunos casos, no han continuado por falta de asignación presupuestaria, dijo.

En cambio, John Arroyo, del Banco Central del Ecuador, sostuvo que la asignación presupuestaria de 20.7 millones de dólares para la creación de las universidades se efectivizará una vez que se encuentren aprobados los proyectos de inversión.

Sin embargo, aproximadamente 1 millón 900 mil dólares se encuentran ya asignados en las cuentas creadas para cada una de las universidades.

Finalmente, el preside la comisión Celestino Wisum y los legisladores de las provincias amazónicas exigieron a las autoridades garantizar la operación de las universidades en el plazo máximo de 18 meses, establecido desde la entrada en vigencia de la más reciente reforma a la Ley Amazónica, de enero de 2024.

Del 14 al 15 de noviembre 2024, el Ecuador acogió la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Cuenca. La cumbre convocó a autoridades de alto nivel, entre ellas el Rey Felipe de España y al mandatario de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

La XXIX Cumbre Iberoamericana representa una oportunidad excepcional para posicionar al Ecuador en el escenario internacional como un país soberano, emprendedor y comprometido con el crecimiento económico.

Por su parte, el presidente de la República, Daniel Noboa inauguró la xxix Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, se refirió a las alarmantes tasas de desempleo juvenil que convierten a los jóvenes en un blanco fácil para el crimen organizado: “¿Cómo no preocuparnos por ofrecer un futuro prometedor a nuestra juventud para asegurarles un futuro mejor? Por ello, debemos promover políticas que fomenten inversiones públicas y privadas, destinar recursos a la educación, para forjar un mejor porvenir de la juventud”, dijo.

Priorizar el apoyo a las juventudes iberoamericanas mediante la generación de empleo y la formación profesional: “nos permitirá abrir caminos hacia un crecimiento económico equitativo”, manifestó el Mandatario. Esta meta se podrá alcanzar con el compromiso del sector empresarial, por lo que, en el marco del XV Encuentro Empresarial Iberoamericano, se aprobó el “Compromiso por la Empleabilidad”.

Ecuador en el 2024 asumió la Presidencia Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana junto a la Secretaría General del organismo y las naciones iberoamericanas, bajo el lema “Inclusión, Innovación y Sostenibilidad”. Se organizaron conferencias, foros y reuniones que abordaron propuestas innovadoras para combatir el crimen organizado transnacional, enfrentar el cambio climático, promover la inclusión laboral de los jóvenes, mejorar el acceso a la educación, y fortalecer la conectividad, aseguró Noboa.

Para el Jefe de Estado ecuatoriano, impulsar políticas que permitan la creación de plazas de trabajo para los jóvenes es un propósito que debe unir a la comunidad iberoamericana: «Juntos somos más fuertes y solo con esfuerzos coordinados podremos convertir nuestras diferencias en fortalezas, generando un espacio en el que todos los ciudadanos de Iberoamérica tengan acceso a las mismas oportunidades, sin discriminación”, insistió.

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, sostuvo que la XXIX Cumbre Iberoamericana en Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad: “Esta ciudad, fundada hace cuatro siglos, repleta de balcones y adoquines, iglesias y plazas, mercados y callejones son el fiel testimonio del sincretismo y diversidad que caracteriza e identifica a Iberoamérica”. El mundo enfrenta desafíos que deben ser abordados en conjunto, como comunidad, en defensa de la seguridad y la democracia.

La comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional inició este viernes 15 de noviembre 2024, el análisis del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, calificado como urgente en materia económica.

Las primeras autoridades en comparecer para sustentar el proyecto, respecto a la iniciativa del Ejecutivo, fue el delegado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Daniel Domínguez y del Servicio de Rentas Internas, Mauricio Coronado.

Para Daniel Domínguez de la UAFE, las dinámicas de trabajo de los patios de vehículos usados pueden eventualmente prestarse para el lavado de activos, varios casos adquieren un vehículo con una carta de venta en blanco, porque los intermediarios no necesariamente son los beneficiarios finales.  Por lo que, uno de los propósitos es la formalización de los patios de vehículos.

Además, hay la necesidad de dotar de autonomía independencia a la UAFE, fortalecer la coordinación interinstitucional y la transformación de los equipos deportivos en sociedades anónimas.

Así mismo, las inquietudes de la legisladora María Mercedes Erbs fue respecto a la tasa o impuesto en la transferencia de vehículos que permitirá identificar si son o no provenientes de fondos lícitos.

Por su parte, el asambleísta Cristhian Vega sostuvo que con la propuesta se grava un impuesto a este sector.  

En cambio, el representante de la UAFE insistió que en la compra de un vehículo de un patio existe una carta de consignación en blanco, por lo tanto, no existe control. “Este sector representa el triple de las transacciones que se dan entre las concesionarias de vehículos nuevos versus las concesionarias de vehículos usados, en el 2022 y 2023”.

Mientras tanto, Mauricio Coronado explicó que el mecanismo de transferencia de vehículos usados y la obligación tributaria, sobre la base de un catastro vehicular.  “Es una tarifa que no puede superar el 5 %; esta contribución existe desde 1998, no es nueva”.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango anunció la conformación de una mesa técnica, para la que comprometió la presencia de los delgados de las instituciones.

La comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, recibió al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; la subsecretaria de Gestión de Riesgos, Andrea Hermenegildo y al delegado de la Defensoría del Pueblo, Manuel Solano, para explicar la situación de la provincia de Chimborazo y las acciones emprendidas para la atención de la emergencia que afronta este sector.

Según, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque aseguró que la red vial estatal de Chimborazo, como en el caso de la E35, está en buen estado, si bien se mantienen algunos tramos con algunas deficiencias que se están corrigiendo, con lo cual las vías se encuentran habilitadas en un 70 %.

Además, Luque indicó que prioridad atender las vías arteriales que sufren problemas, como la ruta Babanera-Pallatanga-Cumandá-Bucay-Guayaquil, al indicar que el plan de mantenimiento vial para Chimborazo supera los 800 mil dólares.

En cambio, la representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos dijo que las áreas de trabajo no solo están en la atención humanitaria, los temas relacionados con la evaluación de la vulnerabilidad o los mapas de riesgos que presentan las zonas afectas.

Por lo que, se han invertido 255 mil dólares para levantar una proyección de geofísica y geológica en Alausí, cerca de 100 mil dólares en atención humanitaria a las familias afectadas en Cumandá, Penipe y Alausí. Se ha hecho un trabajo conjunto con los ministerios de Inclusión Económica y Social; de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó.

Para, Manuel Solano de la Defensoría del Pueblo, desde el momento que ocurrieron las tragedias en los cantones iniciamos una investigación defensorial y se solicitó a las autoridades locales que informen sobre las acciones de mitigación y atención a los afectados. Hemos avanzado en este estudio y en los próximos días tendremos los resultados del mismo, expresó.  

Mientras tanto, el alcalde de Penipe, Darwin Freire presentó los hechos ocurridos en este cantón, las decisiones que adoptó el gobierno autónomo y las acciones tomadas para mitigar los daños causados por esta emergencia. El gobierno municipal actuó con apego a la Ley, para mantener los servicios públicos y activar la ayuda humanitaria para las familias damnificadas, con el apoyo de autoridades provinciales y nacionales, buscando generar soluciones de manera conjunta.

También, la comisión escuchó a Nicolás Endara, de la Asociación de Productores de Ciclo Corto (maíz, soya), pidió que el Ministerio de Agricultura explique la situación de estos productos; que haga un inventario de estos cultivos, para planificar la entrega de licencias de importación que se requieran.

Finalmente, Francis Abad del sector lechero, sostuvo que luego haber obtenido una Ley tan anhelada, lamentablemente, el Reglamento desnaturalizó el objetivo de la norma, lo cual afectó a los intereses de los productores, sobre todo en respecto de la fijación del precio de sustentación del producto. Planteó una Ley Interpretativa del artículo 24 de esta normativa, para aclarar su alcance.