La Asamblea Nacional posesionó a Hans Ehmig Dillon como superintendente de Competencia Económica. La autoridad desempeñará sus funciones por cinco años, de conformidad con el artículo 205 de la Constitución de la República y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

También, LA Asamblea Nacional posesionó a José Merino Abad como tercer consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de los artículos 120 de la Constitución de la República y 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según, la norma constitucional, el CNE se integrará por cinco consejeras o consejeros principales, que ejercerán sus funciones por seis años y se renovará parcialmente cada tres años. Así mismo, existirán cinco consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 956, con 87 votos a favor rechazó y condenó enérgicamente la sentencia dentro de la causa 17283-2024-01215 de la Acción de Protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, porque considera ha sido emitida violando la Constitución de la República, interfiriendo flagrantemente en la independencia de funciones del Estado y en contra de lo que dispone la Corte Constitucional en la sentencia del 25 de octubre del 2023, que tiene carácter de definitivo y vinculante conforme lo establecido la Carta Magna.

Por lo que, los legisladores autorizaron al presidente de la Asamblea Nacional para que presente todos los recursos procedentes, dentro de la ilegal e inconstitucional acción de protección presentada por la legisladora Inés Alarcón, sin perjuicio de la nulidad he inconstitucionalidad.

Además, el legislativo esperará el pronunciamiento y decidirá la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda.

Así mismo, el Pleno de la Asamblea Nacional, autorizó al presidente que sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, a través de la Coordinación Jurídica presente ante el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado las denuncias correspondientes contra el Juez que sustanció y emitió la sentencia y las personas relacionadas con la acción.

También, dispuso al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa para que inicien los procedimientos administrativos respectivos en contra de los asambleístas Inés Alarcón y Xavier Jurado, sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Finalmente, la resolución ratificó lo actuado por el Secretario General de la Asamblea Nacional, quién rechazo la sentencia del juez de primera instancia. Leonardo Berrezueta recordó que la comisión de Fiscalización en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, archivó las solicitudes de juicio político en contra de los exministros Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo.

Del 2 al 8 de septiembre, la Asamblea Nacional retoma sus actividades, a través del Pleno, las comisiones y grupos interparlamentarios. Los legisladores sesionarán el martes, a partir de las 10h00; cumplirán una agenda de nueve puntos, que incluye la posesión de dos vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; las superintendencias de Economía Popular y Solidaria y de Competencia Económica, entre otros.

En cambio, las comisiones permanentes y ocasionales continuarán con el trámite de proyectos de Ley, en diversas materias, la recepción de comparecencias de autoridades de Estado y organismos de control, como escuchar a representantes de varias organizaciones sociales, colectivos, expertos y académicos, quienes expondrán sus puntos de vista en torno a los cuerpos jurídicos que se estudian en el Legislativo.

Este 3 de septiembre 2024, a las 10h00, se instalará la sesión 956, en la que se posesionará a Eduardo Loor Franco y Óscar Ayerve Rosas como vocales suplentes del CPCCS, de conformidad con el oficio remitido por la Secretaría General del organismo. Posesión de Christina Ivonne Murillo Navarrete, como superintendente de Economía Popular y Solidaria; y a Hans Willi Ehmig Dillon, como superintendente de Competencia Económico, autoridades que fueron nombrados por el CPCCS.

Además, la Asamblea Nacional posesionará a José Merino Abad como tercer vocal suplente del Consejo Nacional Electoral.

Así mismo, los asambleístas designarán a la delegada de la Función Legislativa en reemplazo de Gabriela Caicedo Espinosa, como consecuencia de su imposibilidad de aceptar su designación para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del Proceso de Renovación Parcial del CNE.

También, el legislativo designará a dos personas nombradas por la Función Legislativa, de fuera de su seno, para conformar la Comisión calificadora, para la renovación parcial de las juezas y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, de conformidad con el oficio remitido por Alí Lozada, presidente de la CC.

Mientras tanto, el segundo debate el texto unificado del proyecto de reformas al Código del Ambiente. La comisión de Biodiversidad considera necesaria la actualización de esta normativa para alinearse con los compromisos internacionales y asegurar una gestión ambiental eficaz. La propuesta compuesta por 37 artículos, cuatro Disposiciones Generales; siete Transitorias; una reformatoria a la Ley Orgánica de para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un solo uso y una Disposición Final.

Parael primer debate del proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos de la República, el informe de la comisión de Gobiernos Autónomos, considera que es necesaria y conveniente para el país. La iniciativa pretende fijar de manera técnica y precisa los límites territoriales de las provincias y cantones del país, el objetivo es superar las dificultades de orden práctico existentes en los distintos cuerpos normativos de creación y delimitación de las distintas circunscripciones territoriales que conforman el Ecuador.

Finalmente, la comisión de Fiscalización y Control Político retomará la sustanciación del juicio político unificado en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, la comisión del Derecho a la Salud y Deporte conocerá los proyectos de Ley Orgánica de Garantías de Derechos en Emergencia Sanitaria y Estados de Excepción; Ley para el Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud; la comisión de Justicia y Estructura del Estado continuará con el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del proyecto de Desconcentración Efectiva del Estado. Y la comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad continuarán con el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades.

La Asamblea Nacional a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana recibió a varias autoridades internacionales que llegaron al Parlamento para desarrollar actividades junto a asambleístas y representantes de la sociedad civil.  La politóloga Sigrid Bazán, congresista de la República de Perú, Andrés Cancimance López y Juan Carlos Lozada, de la Cámara de Representantes de Colombia, quienes conocieron la historia y la función que ejerce la primera Función del Estado Ecuatoriano. Participaron las asambleístas ecuatorianas Jahiren Noriega y Cecilia Baltazar.

En cambio, la socialización de los proyectos en territorio, la Coordinación de Participación Ciudadana compartió la información de 11 leyes en los temas: Erradicación de la Violencia contra la Mujer; Ley de Reparación a Víctimas; Salud Mental; Derecho al Cuidado Humano; Comunas y otros Actores Sociales; Trabajador Autónomo y Comerciante Minorista; Planificación Integral Amazónica; entre otras.

La socializaron proyectos de Ley que abordan temáticas como la prevención del uso y consumo de drogas en niños y adolescentes, lactancia materna, salud sexual, emprendimiento e innovación, erradicación de la malnutrición, juventudes, empleo joven, territorios ancestrales, reactivación del agro y la pesca.

Bajo el lema “¡Vamos juntos por la vacunación en las fronteras!”, Ecuador inició la Semana Andina de Vacunación, en su frontera norte. El objetivo de la jornada es cerrar las brechas de inmunización priorizando a niños, niñas, adolescentes, embarazadas y adultos mayores.

El lanzamiento de la iniciativa regional se desarrolla de forma similar en las fronteras de Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela para promover la equidad y el acceso a las vacunas para toda la población, destacando la vacunación como una herramienta de solidaridad y bienestar transfronterizo.

La jornada de vacunación se desarrolló en el Centro de Salud 1 del distrito San Pedro de Huaca-Tulcán, provincia del Carchi con 82.000 dosis de pentavalente estimadas y el resto de vacunas que integran el esquema regular en el país. Cristina Jácome, directora Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública; Evelyn Benavides, directora distrital, representantes del programa de inmunizaciones, personas en situación de movilidad y ciudadanía del cantón participaron en la actividad.

Según, Evelyn Benavides, la jornada de salud pública busca mejorar las coberturas de vacunación en las zonas fronterizas donde existen brechas con énfasis en niños, niñas, adolescentes, gestantes y adultos mayores, dijo.

Mientras tanto, la Semana Andina de Vacunación en Fronteras busca combatir la difteria, sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades. Las primeras, que se creían erradicadas en muchos países, están reapareciendo en todo el mundo, poniendo en peligro las vidas de los niños, niñas y las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, es necesario considerar el impacto que tuvo la pandemia por la COVID-19 en los programas de vacunación, la desinformación y los rumores, sobre la efectividad de los biológicos, lo que ha dejado sin las vacunas esenciales a niños, niñas y población vulnerable, precisaron.

La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, tramitó seis juicios políticos e investigó presuntos actos de corrupción en el manejo del sector eléctrico; de los casos Metástasis, Purga, León de Troya, Poder Policial; la concesión del Puerto de Manta; traspaso del Oleoducto para Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano; las presuntas irregularidades en el proceso de selección del Defensor Público, entre otros.

El control político de la comisión de Fiscalización inició con el juicio a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, por retirar el Bono de Desarrollo Humano a más de un centenar de beneficiarios en condición de vulnerabilidad, el proceso sustentado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde. Luego, tramitó el juicio contra Fausto Murillo y José Morillo, expresidente y exvocal del Consejo de la Judicatura, por arrogación de funciones, tráfico de influencias y por incumplir la homologación salarial a los funcionarios judiciales, Carlos Vera Mora asambleísta del Partido Social Cristiano le interpeló. Bernal, Morillo y Murillo fueron censurados y Fausto Murillo fue destituido de su cargo.

Otro, fue el proceso contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, propuesto por Nicole Saca, por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis eléctrica, conocía las alertas sobre posibles efectos del estiaje que podrían llevar a un racionamiento de energía y no tomó acciones.

Así mismo, la comisión de Fiscalización tramitó el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, presentado por Carlos Vera Mora, por la grave inseguridad en el país. Los dos exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso fueron censurados.

En cambio, el juicio político presentado por Jorge Peñafiel contra Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura, por las irregularidades el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, la prórroga de otros magistrados y las decisiones arbitrarias de la mayoría integrada por los tres miembros del CJ. La comisión recomendó el juicio solo para Muñoz, no obstante, el Pleno resolvió que se continúe con el juicio contra Terán y Barreno. Solo Muñoz fue censurado.

Por otro lado, debido al retiro de firmas de respaldo por varios asambleístas, la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, archivó las solicitudes de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Pablo Arosemena, exministro de Economía, propuestas por las asambleístas Patricia Núñez; María Fernanda Araujo; e, Inés Alarcón.

El juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, propuesto por la asambleísta Jhajaira Urresta, por incumplimiento de funciones en la incursión policial en la Embajada de México en Quito y la captura del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. No hubo votos para aprobar el informe, en consecuencia, el Pleno conoció los informes de posiciones de los miembros de la Comisión y archivó el proceso.

También, la comisión unificó y calificó el juicio político propuesto por Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la incursión en la Embajada de México del pasado 5 de abril, la falta de acción en seguridad, la ausencia de implementación del Plan Fénix, el aumento de muertes en el país y la falta de resultados efectivos. Luego del receso, continuará con la fase de actuación de pruebas de cargo y de descargo.

Mientras tanto, la comisión de Fiscalización desarrolló procesos de fiscalización a la crisis del sector eléctrico, para establecer responsabilidades, del anterior y actual Gobierno. Uno de los informes responsabiliza políticamente a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, así como a los exministros de Energía, Fernando Saltos Alvite y de Finanzas, Pablo Arosemena, por sus acciones u omisiones en este ámbito. El expediente fue remitido al contralor General del Estado, Xavier Torres, el objetivo es establecer las posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales. Las denuncias del teniente de Policía Rodney Orlando Rengel, uno de los agentes que investigó el denominado caso “León de Troya”, quién habría descubierto presuntos vínculos de la mafia albanesa con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. El caso “La Purga”, la Fiscalía General del Estado desarrolló una serie de allanamientos, principalmente en Guayas, como resultado la detención de varios jueces y ex servidores del Consejo de la Judicatura, entre otros involucrados en presuntos actos de corrupción, analizó los casos Metástasis, León de Troya y Poder Policial.

De igual manera, la comisión analizó el proceso de transferencia y entrega del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano, una vez que se han cumplido los 20 años del plazo para la construcción y operación de esta importante infraestructura, establecidos en el respectivo contrato.

Finalmente, el presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica del Norte (EMELNORTE), Robinson Mejía, explicó que desde el inicio de sus funciones no ha habido desvinculación de servidores, solo se han dado por concluidos los contratos temporales que cumplieron el plazo para el cual fueron suscritos. Investigó el contrato de concesión celebrado entre la Terminal Portuaria de Manta y la empresa chilena Agencias Universales (AGUNSA), Johanna Verdezoto, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se refirió a las denuncias que presuntamente podrían en entredicho la transparencia del proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Esto como parte del trabajo en territorio, escuchó a los diversos sectores productivos y sociales de Galápagos, quienes expusieron los problemas que afronta la Región Insular.

El Ministerio de Salud Pública presentó el Manual “Buenas Prácticas en la Atención Integral de Salud a personas de las diversas sexo-genéricas (LGBTIQ+)”, que reciben atención específica y oportuna en el Sistema Nacional de Salud.

Este manual, construido en el marco de los derechos humanos vigentes en Ecuador, está enfocado a sensibilizar a los profesionales y personal de la salud para brindar una mejor atención a esta población, dentro de las acciones y procedimientos de abordaje efectivo y eficiente.

Según, la directora Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión del MSP, Soledad Cuacés esta herramienta es el resultado del trabajo interinstitucional, con organizaciones sociales y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para obtener información de primera mano para la atención integral en salud, expresó.  

La normativa es un esfuerzo interinstitucional e intersectorial, destacó Christian Landeta, subsecretario de Diversidades del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. “Caminamos para erradicar el estigma y la discriminación en los servicios de salud, garantizando el acceso a una salud integral e inclusiva, en línea con los mandatos constitucionales”.

En cambio, la presentación del manual lo realizó María Hinojosa, especialista de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión. Los retos, desafíos, acciones y procedimientos para un abordaje efectivo y eficiente de la salud para personas de las diversidades sexo-genéricas, en el marco de los derechos humanos, sostuvo.

Para Eduardo Herdoiza, viceministro de Gobernanza de la Salud, el trabajo continúa en nuevas políticas públicas, encaminadas a garantizar los derechos a la salud a favor de la ciudadanía. “Junto a las instituciones estamos enfocados en dar un salto significativo hacia el derecho y la libertad, reconociendo a cada persona como un individuo y sujeto de derechos, independientemente de cualquier característica o circunstancia”, explicó.

Mientras tanto, el MSP registró en la Plataforma de Registro de Atención en Salud y Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias-RDACAA, 16.350.775 atenciones en salud con la variable sexo-genérica en el 2023 y 9.375. 968 atenciones en salud en el primer semestre del 2024.

Finalmente, han ejecutado 4.062 actividades de capacitación y sensibilización para la atención integral en salud de las poblaciones diversas en el primer semestre de este año, puntualizó.  

La comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, ha trabajado en la revisión y aprobación de varios proyectos de Ley y reformas a norma enfocadas en la protección integral de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador.

Además, la comisión analizó el proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA). El proceso a recibido las observaciones de expertos de UNICEF y otras instituciones alineada con los principios de protección integral y derechos humanos.

Así mismo, aprobó reformas significativas en varios artículos del COPINNA. Entre ellos, cambios en el derecho al acceso a los servicios de salud y atención prioritaria en emergencias, derechos en relaciones familiares, la organización del Sistema Descentralizado Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, y medidas específicas para la justicia juvenil.

El primer debate del proyecto de Ley de Primera Infancia, participarondiversas autoridades, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar un desarrollo integral y la protección de los derechos de los niños desde la concepción hasta antes de cumplir los seis (6) años de edad, destacando la importancia de los primeros 1.000 días de vida en el desarrollo cognitivo, emocional y social de una persona.

La comisión de la Niñez ha realizado convocatorias y comparecencias de trabajo con autoridades para abordar temas cruciales como la seguridad ciudadana y las políticas de atención a la infancia, reforzando el compromiso del organismo con la protección de la niñez. La plataforma virtual Participa 2.0, un proyecto piloto que permite la participación ciudadana mediante la recepción de comentarios y observaciones sobre los proyectos de Ley y temas tratados por este organismo legislativo.

También, la comisión inició el tratamiento de las reformas legales para la prevención del uso y consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes, el propósito de fortalecer las políticas públicas en este ámbito. Seguimiento a la Resolución 028 del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para mejorar las condiciones y el tratamiento de los adolescentes en el sistema de justicia juvenil.

De igual forma, la comisión revisó la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024, subrayando la necesidad de una asignación adecuada de recursos para la implementación efectiva de políticas públicas en favor de la niñez y adolescencia.  La unificación de varios proyectos relacionados con la protección de menores, consolidando un marco normativo y coherente para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Mientras tanto, fortalecieron los mecanismos de protección y prevención contra el reclutamiento de menores por grupos delictivos, mediante un seguimiento de las acciones de diversas instituciones públicas.

Finalmente, la comisión de la Niñez continuó con el análisis de la situación de las 86 casas de acogida del país y evaluó las condiciones para los adolescentes infractores que alcanzan la mayoría de edad, buscando soluciones que eviten su reclutamiento por la delincuencia organizada, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador y continuará trabajando en la creación y aprobación de normas que garanticen un futuro seguro y prometedor para la infancia y juventud del país.

Este martes 27 de agosto 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa realizó un recorrido y observo el avance del “Plan de obras para la prevención y mitigación de inundaciones en el cantón Chone”, de la provincia de Manabí. Esto en coordinación Gobierno y la Prefectura para solucionar los problemas causados por las intensas lluvias en este cantón.

Además, el Gobierno Nacional destinará más de 11.2 millones de dólares como anticipo, a través de una gestión responsable y estratégica de los fondos fiscales, hasta el momento se han asignado 4.7 millones de dólares para el Plan, indicó el Presidente Noboa.

La obra contempla la intervención en tres puntos: el río Garrapata, río Chone y el canal de encauzamiento de este último afluente, lo que mejorará el sistema de drenaje y la recuperación de las secciones hidráulicas, mediante la limpieza, desazolve, reconformación de taludes y protección de muros.

En cambio, en el río Garrapata las obras iniciaron el 15 de junio del 2024, hasta la fecha presentan un avance del 58.13 %; a una intervención de 8.9 kilómetros y se prevé su culminación en noviembre del 2024. Los trabajos en el canal de encauzamiento del río Chone iniciaron el 5 de julio y estarán listos en noviembre, al momento se registra un avance del 46%, cubriendo 2.5 kilómetros del canal. Las obras en el río Chone están previstos iniciar en octubre del 2024.

Por su parte, la ministra del Ambiente Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi, expresó que es importante abordar de manera integral la prevención de inundaciones en Chone, una región que ha sufrido históricamente grandes pérdidas por este motivo.

Por lo que, las obras mejorarán las condiciones de vida de 94.249 habitantes de Chone y generan alrededor de 190 plazas de empleo. “Asignar recursos para la provincia no solo es un compromiso financiero, es un compromiso de vida con ustedes. Es un compromiso de que nunca más van a sufrir por agua, ni van a ser víctimas del alto costo de los tanqueros”, aseguró el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Mientras tanto, el Gobierno donó 442.000 pastillas de cloración a los GAD de Chone, Jama, Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Sucre y San Vicente, así el agua que llega a sus hogares sea limpia y segura. “Esto es vital, sobre todo para atacar a uno de nuestros grandes enemigos: La desnutrición cónica infantil”, contribuyendo a la reducción de los índices de enfermedades transmitidas por agua contaminada, como diarrea, cólera e infecciones gastrointestinales, manifestó el Mandatario.

Finalmente, el Gobierno Nacional no solo busca mitigar los impactos inmediatos de las inundaciones y mejorar el acceso al agua potable segura, a precautelar el bienestar general de las comunidades más vulnerables de Manabí, puntualizó.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, durante los 9 meses de gestión, destaca el tratamiento de las reformas al Código de la Democracia; Código Orgánico Integral Penal (COIP); Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, consta la aprobación del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado Ecuatoriano en Materia de Derechos Humanos; el informe de Evaluación de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el tratamiento del proyecto de Ley que reforma a varias leyes para la Desconcentración Efectiva del Estado.

La reforma al Código de la Democracia busca prevenir la violencia política contra las mujeres y asegurar proporcionalidad entre las infracciones electorales y las sanciones. Para ello, crea procedimientos que garanticen una respuesta ágil y oportuna por parte del Estado, ante casos de violencia contra las mujeres en la política, asegura el pleno ejercicio de sus derechos y prevenir vulneraciones de los mismos, prevé que al menos el 50 % de los fondos públicos, dispuestos en este Código, sean destinados exclusivamente a la formación y capacitación de nuevos líderes, mientras que el porcentaje restante podrá destinarse a publicaciones, investigaciones, así como para el funcionamiento de las organizaciones políticas.

En cambio, la comisión de Justicia aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que agrupó 43 iniciativas legislativas presentadas por las diversas bancadas y que apoyan la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Trató más de 50 temas, participaron más de 30 representantes de las organizaciones públicas, privadas, sociedad civil y academia aportando en el análisis y construcción del proyecto. Entre los temas de la reforma están eliminar los beneficios penitenciarios, inclusión de delitos en el catálogo de imprescriptibles, modificación de 24 tipos penales, incremento de penas y tipifica el femicidio.

Las reformas al Código de la Función Judicial se refieren al principio de publicidad, reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, competencia de las Salas de las Cortes Provinciales, competencia de los jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y archivo nacional notarial, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 21 de mayo del 2024 y remitida al Ejecutivo, quien la objetó totalmente.

Así mismo, la reforma que unifica 23 proyectos, tiene como objetivo actualizar los procedimientos parlamentarios en materia legislativa, fiscalización y control político, en el ánimo de contribuir al cumplimiento del fortalecimiento de la eficacia y eficiencia de la gestión del Parlamento. Establece que el incumplimiento de los deberes éticos, previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, implique sanciones luego del debido proceso, busca subsanar inconsistencias que existen en el texto vigente, como contradicciones referentes a los plazos para la presentación de mociones con cambios en el orden del día.

Mientras tanto, el informe respecto al proceso de verificación sobre el cumplimiento del Proceso de Evaluación de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la comisión concluyó que solo 18 instituciones han cumplido la transversalización del enfoque de género de manera parcial; en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia de la República el incumplimiento ha sido total.

Finalmente, la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, realizó el análisis de los informes anuales de labores del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y de la Procuraduría General del Estado, información presentada en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.