De acuerdo a la resolución 065 del Pleno de la Asamblea Nacional, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez respondió sobre la fiscalización del manejo de los sindicatos, especialmente del que dirige la señora Rosa Argudo en el Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca. Esto por solicitud de los asambleístas del Azuay referente a un presunto abuso cometido por el Sindicato de Trabajadores del IESS.

Según, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez los aportes al sindicato por ser un rubro voluntario entre privados, el ministerio no es competente para intervenir en el mencionado tema, por lo que sugirió, de considerarlo pertinente, se tomen las acciones legales a nivel jurisdiccional.

Además, Núñez dijo que en relación a la reelección en la dirigencia, dentro de las sanciones se encuentra la expulsión impuesta por la Junta Ejecutiva Nacional y que al existir un problema de magnitud y gravedad, a más de conocimiento público, la sanción de un dirigente sindical se dará de conformidad al estatuto correspondiente.

Así mismo, la ministra de Trabajo informó que ha solicitado a la Fiscalía realice las investigaciones de oficio, a la Contraloría General del Estado inicie un examen especial para determinar responsabilidades.

Por su parte, Leonardo Berrezueta sostuvo que los fondos son materia de cuotas sindicales establecidas en la Ley de Financiamiento de Centrales Sindicales que son plenamente auditables.

Para el asambleísta Adrián Castro el Ministerio de Trabajo debe colaborar en el seguimiento de las cuotas, histórico de ingresos, traslado, ascensos y demás movimientos de personal de los familiares de los dirigentes sindicales y contrataciones que se haga a futuro. Uno de los tipos penales es el tráfico de influencias, el Ministerio de Trabajo debe colaborar, porque se trata de una directiva que está por décadas dentro del manejo sindical del IESS. Otro elemento de investigación es el giro de un cheque de cinco mil dólares desde el sindicato, firmado, aprobado y a favor de la misma persona, Rosa Argudo, explicó.

Mientras tanto, la legisladora Sofía Sánchez aseguró que es urgente la actuación de la Ministra de Trabajo en este tema; una reforma al Código Laboral para que se suspendan las relaciones indefinidas que tienen los dirigentes sindicales que quieran eternizarse en el poder.

Finalmente, el asambleísta John Polanco presentó su respaldo al trabajo de Ivonne Núñez, Ministra de Trabajo al ejecutar acciones como pedir la intervención de forma oportuna, eficiente y ágil sobre los contratos colectivos en el Ecuador.

La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos fue publicada en el Cuarto Suplemento N.° 610 del Registro Oficial de este lunes 29 de julio de 2024, tras cumplirse los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, la Ley tiene 94 artículos, el objetivo instaurar la organización institucional y establecer procedimientos de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos, sus delitos precedentes, el delito de la financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Así mismo, la normativa crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva denominado (CONCLAFT), como un cuerpo colegiado encargado de liderar las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de activos.

En cambio, las disposiciones sobre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la lista de sujetos obligados en la prevención del delito, reportes a la UAFE, coordinación interinstitucional, Unidades Complementarias de Antilavado, entre otras.

Por su parte, el Presidente de la República deberá emitir el Reglamento General a la Ley en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia.

De igual forma, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en noventa días contados a partir de la publicación de la Ley en el Registro Oficial, debe implementar la accesibilidad en línea del Formulario de Registro Aduanero, debe contener una sección para que todo viajero que ingrese o salga del país cumpla con lo dispuesto en la Ley.

Mientras tanto, en el plazo máximo de 120 días contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el Consejo de la Judicatura debe desarrollar un sistema de prevención de riesgos en materia de lavado de activos y sus delitos precedentes.

Finalmente, en el plazo máximo de un año, las entidades públicas que tengan la obligación legal, crearan una Unidad Complementaria Antilavado.

En atención a la disposición del Pleno de la Asamblea del 27 de junio del 2024 y a la moción presentada por el asambleísta Jaime Guevara, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, aprobó el informe no vinculante del proceso de fiscalización referente a los prestadores externos de servicios de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por otro lado, los asambleístas rechazaron la inasistencia de los miembros del directorio del IESS y demás autoridades convocadas para dar cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, respecto a la problemática con Solca, dializadoras y prestadores de salud externa.

Además, la comisión resolvió solicitar a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial al contrato administrativo N.° IESS-PG-2023-0010-C respecto al servicio de auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud de atenciones médicas brindadas por los prestadores externos, a los afiliados y beneficiarios del IESS a nivel nacional, por régimen especial con un presupuesto referencial aprobado de 5.396.122,81 dólares más IVA y un plazo de hasta 730 días calendario o hasta que se agoten los recursos asignados al presupuesto, celebrado entre el IESS y Espe Innovativa.

En cambio, el Ministro de Salud en treinta días deberá adecuar la normativa secundaria a los preceptos establecidos en la Ley y en las Normas de Control Interno de la CGE, sobre el proceso técnico para validar la facturación relacionada con el pago.

De igual manera, la comisión resolvió disponer a la Superintendencia de Bancos ejercer las atribuciones contempladas en la Ley de Seguridad Social, así como las facultades de supervisión y vigilancia del proceso de pago a los prestadores externos de salud.

Mientras tanto, los asambleístas consideran que se debe oficiar al Presidente de la República, para solicitar la remoción del cargo al presidente del directorio del IESS, Eduardo Peña Hurtado, por la negligencia en la búsqueda de soluciones técnicas o alternativas de pago a los prestadores de servicios externos de salud.

Finalmente, dispuso que el Ministro de Economía y Finanzas en el marco de sus atribuciones cumpla con lo dispuesto en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de dar prioridad a la salud.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el viernes, 26 de julio 2024, recibió los argumentos de cargo y defensa, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político propuesta por la asambleísta Jhajaira Urresta, contra de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, por incumplimiento de funciones.

Según, la asambleísta Jhajaira Urresta, indicó tres causales de incumplimiento de funciones, en la irrupción armada en la Embajada de México, el pasado 5 de abril; la negativa a entregar el salvoconducto a Jorge Glas, una vez recibió el asilo diplomático del Gobierno mexicano y el impasse diplomático con Rusia por el ofrecimiento de venta de material bélico de ese país como “chatarra” a Estados Unidos de Norteamérica.

En cambio, en los testimonios recibidos por expertos en derecho internacional, embajadores y especialistas en movilidad humana dejaron en claro que la ministra  Gabriela Sommerfeld ha incumplido sus funciones y ha demostrado desconocimiento del derecho internacional e improvisación en el manejo de la política exterior. La asambleísta Urresta sugirió que las decisiones de la ministra tienen relación con intereses personales y familiares, dijo.

Además, el 5 de abril generó graves consecuencias para los migrantes en la frontera mexicana, que no tienen a quién recurrir para que defiendan sus derechos como ciudadanos en movilidad humana, una acción que ha sido rechazada por todas las naciones del mundo, la defensa del país ante organismos internacionales por la irrupción en la Embajada le costará al Ecuador más de cinco millones de dólares, recursos que pudieron ser destinados a la seguridad y salud, explicó Urresta.

Para la ministra de Relaciones Internacionales, Gabriela Sommerfeld, México incumplió más de 10 artículos del derecho internacional, al negarse a entregar a un ciudadano requerido por la justicia por delitos comunes, al haber vulnerado el principio que prohíbe la injerencia en asuntos internos del país. “Ecuador ha actuado con buena fe en su relación diplomática con México, la actitud del Gobierno de México no solo fue una falta de respeto al Gobierno ecuatoriano, sino una falta de respeto a nuestra democracia y al derecho a elegir libremente”, sostuvo.  

Todo inició en diciembre del 2023, cuando Jorge Glas, faltando a la medida de presentarse ante la autoridad competente, ingresó a la Embajada de México en calidad de huésped, condición que no consta en ningún instrumento internacional relacionado con el derecho de asilo. El Gobierno solicitó en reiteradas ocasiones poder ingresar a la embajada para detener a Glas, conforme la orden judicial, sin que se haya tenido respuesta.

Por lo que, la irrupción en la Embajada respondió al interés nacional de luchar contra la impunidad y la corrupción. Mediante sentencia, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que la detención de Jorge Glas fue legal, legítima y no arbitraria. He defendido y seguiré defendiendo los intereses, la soberanía y la integridad territorial del Ecuador, aseguró.

Mientras tanto, la proponente del juicio político representa la defensa del Estado Mexicano, en contra del Ecuador, expone los mismos argumentos que presentó ese país en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Finalmente, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld solicitó el archivo de la solicitud de juicio político porque no se ha demostrado ninguna causal de incumplimiento de funciones. Una vez finalizada la etapa de pruebas dentro del proceso, de acuerdo con el inciso primero del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir del domingo 28 de julio, la comisión tiene cinco días para emitir el informe motivado para recomendar al Pleno de la Asamblea el archivo del trámite o el juicio político.

Con 9 votos a favor la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, aprobó 45 disposiciones reformatorias al Código Civil, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA).

Además, las disposiciones establecen reglas claras sobre el ejercicio de derechos civiles, asegurando que los adquiridos bajo Leyes anteriores no sean afectados por legislaciones posteriores, excepto cuando se trate de nuevas obligaciones o modificaciones que beneficien a la persona.

Así mismo, redefine el articulado sobre niñez y adolescencia, clasificando a las personas menores de 12 años como niños o niñas y de 12 a menos de 18 años como adolescentes. El ejercicio de sus derechos debe regirse por el principio de autonomía progresiva.

Por lo que, reconoce y protege la diversidad de familias, basándose en la igualdad de derechos y oportunidades. La filiación, paternidad y maternidad se definen en función de vínculos matrimoniales, uniones de hecho, reconocimiento voluntario y procedimientos judiciales, garantizando los derechos de los hijos nacidos mediante reproducción asistida conforme a la legislación vigente.

También, los derechos de los progenitores e hijos serán correlativos y equitativos, con la garantía de igualdad de derechos sin importar la forma en que se establezca la filiación. Los hermanos son clasificados como carnales, medios hermanos o afines.

Sin embargo, regula los deberes y derechos de los progenitores afines, conforme a la legislación de niñas, niños y adolescentes, otorgando el derecho de uso y habitación al cónyuge que tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de 18 años, o mayores de 18 hasta 24 años que estudien, con la garantía de protección en casos de custodia compartida.

De igual forma, establece la imprescriptibilidad de las acciones para declarar la paternidad o maternidad, con lo que se garantiza el derecho de toda persona a conocer su identidad y relaciones familiares.

Mientras tanto, realizaran ajustes y clarificaciones en otros artículos relacionados con la patria potestad, representación legal, régimen de protección económica y la participación en procedimientos judiciales.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa destacó los aportes en las mesas técnicas, el equipo asesor y la UNICEF, por su dedicación y compromiso con la acción legislativa.

Una pena reducida de quince meses de prisión deberá cumplir Mayra Salazar tras ser sentenciada en el caso Metástasis, por el delito de delincuencia organizada. La ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas obtuvo una rebaja sustancial de la pena porque se acogió a un procedimiento abreviado y por concretar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado.

Este miércoles 24 de julio 2024, se realizó la audiencia de procedimiento abreviado, en la Corte Nacional de Justicia, en la ciudad de Quito. La procesada aceptó su participación como colaboradora de la estructura criminal liderada por Leandro Norero, que creó el narcotraficante en mayo de 2022, luego de ser detenido junto a varios familiares por un caso de lavado de activos.

Además, en la audiencia la Fiscal General, Diana Salazar solicitó cuarenta meses de prisión para la procesada.

Sin embargo, la Fiscal pidió que la sentencia sea finalmente de quince meses por la información que Salazar proporcionó dentro de la cooperación eficaz y ser determinante para investigar el crimen.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Manuel Cabrera emitió la sentencia por el delito de delincuencia organizada. Y deberá pagar una reparación integral al Estado de 17.340 dólares, por pedido de la Procuraduría General del Estado-

Este miércoles 24 de julio 2024, la Asamblea Nacional le rindió homenaje a la ciudad de Guayaquil, por los 489 años de fundación. La sesión solemne se desarrolló en el Auditorio Principal de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y contó con la presencia de autoridades civiles, militares, policiales, así como representantes de la Iglesia, delegaciones consulares y la sociedad civil.

Para Susana Merino, docente de la Unidad Educativa Bilingüe del Colegio Americano de Guayaquil, en el proceso de fundación de Guayaquil, han sido testigos de grandes transformaciones a lo largo de su historia, fundada en las riberas del río Guayas, generó un importante desarrollo económico y comercial al interior del país y el exterior, constituyendo a un importante núcleo cultural del litoral ecuatoriano. “Guayaquil está de pie por cada uno de nosotros”, dijo.

Además, la Asamblea entregó reconocimientos y condecoraciones a varias instituciones y personalidades que han prestado servicios relevantes a la ciudad de Guayaquil y al país, en diferentes ámbitos como la educación, organización social, arte y cultura.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle sostuvo que es un día que llena de emociones, no solo se conmemora el aniversario de fundación de la ciudad, sino el empuje y la tenacidad de sus hombres y mujeres.

Finalmente, Kronfle insistió que el compromiso es con el Ecuador y Guayaquil. Es primordial enfocarnos en el bienestar de nuestro pueblo, en ocho meses de gestión se han aprobado 25 leyes que son fundamentales para el desarrollo del país, en materias como: económicas, educación, salud y seguridad. “La Asamblea no tiene enemigos, tiene aliados; y nuestro mejor aliado es y será siempre el pueblo ecuatoriano”.

Este martes 23 de julio 2024, la Asamblea Nacional realizó el primer debate del informe del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), de la comisión de Gobiernos Autónomos, que unificó 16 iniciativas relacionadas a la materia.

El proyecto de reforma tiene 20 artículos que tratan temas sobre la regularización de asentamientos humanos, la seguridad ciudadana y procedimientos legislativos de los distintos niveles de Gobierno con capacidad de expedir, modificar o derogar ordenanzas.

Según, la presidenta de la comisión de Gobierno Autónomos, Victoria Desintonio indicó que, “varias propuestas existieron sobre las competencias de los GAD, respecto a la prevención de violencia contras las mujeres, mejoramiento de condiciones para los trabajadores informales, entre otras.

Además, Desintonio destacó que la comisión analizó ampliamente las reformas a las atribuciones de los distintos niveles de gobierno, en seguridad ciudadana y su potestad de elaborar un plan descentralizado, adaptado a la realidad de inseguridad de cada territorio, con programas, proyectos, presupuesto, metodología de seguimiento y evaluación, para garantizar su sostenibilidad, explicó.

También, “actualiza las facultades normativas que tienen los GAD para crear, modificar o derogar ordenanzas, delimitando los requisitos para su elaboración, estableciendo los tipos de votación y la posibilidad de retirar un proyecto, todo lo cual permitirá un proceso ordenado y participativo”.

Mientras tanto, los legisladores Franklin Samaniego, Fabiola Sanmartín, Carlos Rodríguez y Jaime Guevara coincidieron que la reforma permitirá a los GAD trabajar con mayor énfasis en mejorar las realidades de sus territorios y al gobierno central, atacar las causas estructurales de la inseguridad, pobreza y la desigualdad.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle dispuso que el proyecto de reforma regrese a la comisión de Gobiernos Autónomos, para que las observaciones sean analizadas y elaboré el informe para segundo debate.

El presidente de la República, Daniel Noboa, este lunes 22 de julio de 2024, entregó la garantía soberana a la Prefectura del Guayas, para un préstamo de 50 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para obras y el progreso del Guayas. “Facilitará la construcción de un país más justo y equitativo”, dijo.

La Prefectura del Guayas recibirá de la CAF 50 millones de dólares, a 15 años plazo, para financiar el programa integral de desarrollo social y productivo de la provincia. Esto permitirá incrementar la productividad con la implementación de sistemas de riego y drenaje, mejorar las condiciones de conectividad vial para reducir brechas y fortalecerá el acceso equitativo a una vivienda digna asequible para la población de bajos ingresos.

Las mezquinas rivalidades políticas durante años le negaron la oportunidad de progreso al Guayas. El gobierno “representa lo que se debe hacer; dando la cara y trabajando por el Ecuador. Haciendo que resplandezca un nuevo mañana para el país”, con la ejecución de obras de riego, drenaje, vialidad y vivienda para la provincia, expresó el Mandatario.

Por su parte, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, sostuvo que trabajaron técnicamente para adquirir el financiamiento de la CAF: “Guayas tiene gente que se levanta todos los días creyendo que es posible un mejor país”.

La colaboración del gobierno provincial del Guayas se traduce en generación de empleo, inclusión social, desarrollo productivo, agropecuario y turístico. Por lo que, el presidente Noboa aseguró que no se puede esperar más tiempo y es hora de cumplir con las obras que la ciudadanía necesita.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional trabaja por ordenar las finanzas del país, atendiendo obligaciones que administraciones anteriores dejaron con atrasos, deudas en pagos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD): “Con este esfuerzo ganamos todos y así   forjamos un nuevo futuro, más fructífero y seguro para las nuevas generaciones”.

Finalmente, el Gobierno entregó garantías soberanas en Manabí, Pichincha, cantones de Guayaquil y Portoviejo. Para el Jefe de Estado estas acciones “permiten transformar al Ecuador en un país de desarrollo, con esperanzas de cambio”, precisó.