La universidad Técnica Particular de Loja, presentó la Unidad Técnica y Tecnológica la nueva oferta académica que entrará en vigencia a partir de abril – agosto 2022, inspiradas en la transformación digital, de corta duración y rápida inserción laboral.

Además, la UTPL-TEC, aprobada por el Consejo de Educación Superior, tiene la misión basada en tres ejes inclusión y profesionalismo, transformación digital y desarrollo productivo.

Para el director de la Unidad UTPL – TEC, Jorge Luis Jaramillo apostarle a la formación de profesionales en las carreras técnicas y tecnológicas es darle un gran aporte al sector laboral y en corto tiempo. “Con las nuevas ofertas académicas los estudiantes podrán optar por carreras en solo 2 años, brindar la oportunidad al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes en el país.

Las carreras de UTPL-TEC, son: Comunicación Estratégica y Marketing Digital y Transformación Digital de Empresas, con título de tercer nivel.

Así mismo, la universidad Técnica Particular de Loja aspira que en el 2022 aprobar alrededor de 16 carreras adicionales en turismo digital, procesos y servicios mineros, análisis de datos, gestión cultural, impresión 3D y gestión para la construcción, explicó Jaramillo.

Por su parte, el secretario de la SENESCYT, Alejandro Rivadeneira indicó que una de las estrategias del Gobierno Nacional son las alianzas públicas privadas, uniendo lazos entre la academia, Estado y el sector productivo.

Finalmente, Rivadeneira sostuvo que “es importante que la UPTL camine a las carreras técnicas y tecnológicas como respuesta concreta al anhelo del sector productivo a ese cambio para transformar en un frente de acción, de generación, desarrollo de un nuevo esquema productivo del Ecuador”, precisó.

El Gobierno Nacional trabaja para que las políticas de inclusión social y económica protejan a los grupos más vulnerables del país.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) incorporó, a partir del 1 de diciembre de 2021, a 85.962 nuevos beneficiarios en situación de pobreza y pobreza extrema, al sistema de bonos y pensiones que entrega.

La inclusión de los nuevos beneficiarios es parte del objetivo Gobierno por construir un Ecuador de bienestar para todos los ciudadanos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2021- 2025, a través de políticas que busquen disminuir la pobreza y proteger a los grupos prioritarios y vulnerables.

Según, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal indicó que había que hacer una valoración sobre la inversión que hace el Estado ecuatoriano y llegar con el “abrazo social” del Gobierno Nacional a la gente que más lo necesita. De un total de 1’463.646 millones de personas que recibirán los bonos y pensiones del MIES.

Además, Bernal señaló que “Una de las disposiciones del presidente Lasso fue la actualización de los datos del Registro Social. Lo hemos trabajo de manera técnica para que podamos identificar claramente quienes tienen que ingresar a la protección del Estado”.

Así mismo, el MIES lleva adelante un proceso ordenado de incorporación a personas a la protección social será mes a mes y de manera progresiva, hasta llegar a un total de 263.561 nuevos beneficiarios hasta abril de 2022, fortaleciendo la primera etapa de actualización del Registro Social.

Por su parte, la directora Diana Apraes aseguró que la actualización que está realizando la Unidad del Registro Social responde a un ajuste en la metodología de identificación de las condiciones de vida de los ecuatorianos. “Con este ajuste logramos clasificar de mejor manera a la población que se encuentra en niveles de pobreza y pobreza extrema.

Esto nos permitirá identificar a potenciales beneficiarios de estas transferencias económicas, que no se estaban identificando correctamente”, sostuvo.

El Gobierno Nacional, a través del MIES, trabaja en la reestructuración y el fortalecimiento del sistema de protección social integral con el objetivo de alcanzar transferencias monetarias a quienes más lo necesitan, de acuerdo a la información que consta en la base de datos del Registro Social, unidad responsable del levantamiento de información a escala nacional. Con ello, el Gobierno aspira proteger cada vez a más familias vulnerables y cubrir sus necesidades básicas.

Finalmente, para el pago seguro de los bonos y pensiones, a través de la acreditación de los valores en cuentas de ahorros o básicas, el MIES trabaja en un proceso de acompañamiento para la generación de capacidades en el manejo digital a los usuarios de estas transferencias económicas de forma mensual.

La ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, informó que este miércoles 1 de diciembre, iniciará la aplicación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 a personas mayores de 18 años que tienen las dosis y cumplieron 6 meses de la segunda dosis.

Además, a partir de diciembre se dará a conocer un cronograma mensual, dijo la ministra.

Para garantizar la protección inmunitaria de la población general frente a la COVID-19, reducir la mortalidad, enfermedad grave y con base en evidencia científica se aplicará una dosis de AstraZeneca como refuerzo en Ecuador.

En cambio, las personas mayores de 12 años con inmunosupresión recibirán una dosis de refuerzo de acuerdo al esquema homólogo; es decir, con la misma vacuna que recibieron anteriormente (Pfizer/Sinovac/AstraZeneca).

También, el intervalo de aplicación de la dosis adicional será 6 meses después de la última dosis recibida y con la presentación del certificado médico del especialista, el cual debe contener la condición del paciente.

La vacunación de refuerzo se realizará en los Centros de Salud y Vacunación habilitados.

El proceso incluye a quienes recibieron el esquema completo con vacunas disponibles en Ecuador y para quienes recibieron vacunas de tipo no disponible en el país (se inocularon en el exterior). “La familia es lo más importante y por eso todos deben vacunarse.

Mientras tanto, las personas que por cualquier motivo no se hayan colocado la primera o segunda dosis, especialmente niños entre 5 y 17 años y jóvenes de 18 a 24 años; o quienes deban recibir el refuerzo una vez que hayan cumplido un intervalo de 6 meses luego de aplicarse la segunda dosis, deben acudir a cualquier centro de vacunación para recibir sus dosis”, insistió la ministra de Salud.

Por lo que, la vacuna es gratuita, si estamos preocupados por la variante ÓMICRON, la forma de mejorar nuestra respuesta inmune al virus es con la vacuna de refuerzo para evitar el contagio, expresó Garzón.

Finalmente, la  ministra de Salud Pública, Ximena Garzón explicó que se debe mantener el uso correcto de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico. Algunos datos evidencian un mayor número de casos reportados en lugares donde hay menor cobertura de vacunación contra la COVID-19. Por ejemplo, en provincias como: Napo, Pichincha, al 30 de noviembre 2021 Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Se han realizado 296.410 muestras en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), precisó.

Mediante un comunicado la Presidencia de la República informó que el presidente Guillermo Lasso envió la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenible Fiscal tras la pandemia COVID-19, para la publicación en el registro oficial, una vez que se cumplió el plazo y la Asamblea Nacional no resolvió y quedo en el limbo.

Además, el Ejecutivo sostiene que “la decisión procede bajo el sistema democrático del país, al ser una Ley con el carácter de urgente en materia económica han transcurrido los 30 días que establece la Constitución de la República para su tratamiento y la Asamblea certificó que ninguna de las mociones consideradas para tratar el documento tuvo los votos, por lo que el proyecto de Ley entra en vigencia por el ministerio de la Ley y por mandato de la Constitución”.

Finalmente, asegura el Gobierno que la normativa cuenta con principios de progresividad, justicia y protección a los más vulnerables. El Ecuador puede mirar al futuro con optimismo, la construcción de un nueve camino hacia la reactivación del país y la generación del empleo. 

El Gobierno Nacional trabaja para mejorar el sistema de seguridad social en el país, con estrategias y lineamientos que reformen la estructura en beneficio de los afiliados.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para analizar la situación de la entidad.

Para el director general del IESS, Nelson García el Mandatario permitió exponer los aspectos necesarios para la debida funcionalidad de la institución.

También, analizaron la parte económica y operativa de la seguridad social del país.

Además, establecieron una mesa de diálogo para llegar acuerdos.

Mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que existen distintas reformas y cambios que se tratan al interior del Gobierno y los representantes del IESS para buscar soluciones a mediano plazo para el bien de los ecuatorianos.

Finalmente, el trabajo entre autoridades del Seguro Social y el Gobierno Nacional, se realizarán de manera permanente, con miras a encontrar las mejores alternativas para fortalecer y proteger los recursos de los afiliados y jubilados del IESS.

El Estado ecuatoriano dio un paso importante para el fortalecimiento de su institucionalidad mediante la presentación e implementación de la “Procuraduría del Futuro”, moderno modelo de gestión impulsado por la Procuraduría General del Estado, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que la iniciativa, busca  precautelará los recursos de la nación por concepto de arbitrajes judiciales.

Además, el Mandatario dijo que este programa se alinea con la prioridad del Gobierno Nacional en fortalecer la institucionalidad del Estado y capacitar a los funcionarios para servir mejor a la ciudadanía y felicitó al procurador, Íñigo Salvador.

Los objetivos del proyecto son: reducir la conflictividad judicial del Estado, capacitar permanentemente al personal jurídico de la PGE y entidades estatales incluidas los gobiernos locales y crear una plataforma tecnológica que apoye los procesos que llegan a la institución.

Así mismo, el presidente de la República, Guillermo Lasso manifestó que en la Procuraduría General del Estado, reposan 102.450 procesos nacionales y 34 internacionales activos, sin contar una resolución, a lo largo del tiempo y los que se libran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que representa más de 57.000 millones de dólares en demandas. “Si reducimos el 10% de procesos, evitaríamos pagar 5.700 millones de dólares, un monto mucho menor que nuestro actual déficit fiscal. Recursos que podrían ser direccionados a salud, educación, empleo y seguridad.

Por otro lado, el Jefe de Estado, expresó su respaldo al procurador Íñigo Salvador, a su criterio es vital respetar los periodos de las autoridades, “independientemente de nuestras visiones”.

Por su parte, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador aseguró que el propósito es presentar un proyecto que nace de la necesidad de evitar que Ecuador malgaste sus recursos en costosos litigios.

Esto tomando como base el ciclo de defensa jurídica que lleva adelante la PGE, cuyos eslabones son: prevención, solución amistosa, representación en juicio y recuperación es indispensable una modernización de la gestión que tenga como base la prevención de conflictos.

Según, la propuesta creará un Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado dirigido por la Procuraduría General del Estado. El cuerpo de procuradores que actuará con enfoque preventivo, énfasis a los procesos antes de que lleguen a instancias judiciales con el objeto de disminuir la conflictividad judicial, reducir el riesgo fiscal y pasivos contingentes estatales, e incrementar progresivamente la seguridad jurídica y cultura de paz para los ciudadanos”.

El Banco Interamericano de Desarrollo, financiará el Proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría. Con un préstamo de 5.000 millones de dólares que servirán para ejecutar este proceso que inició en el 2019 y terminará en el 2023.

“Creemos estar en capacidad de crear un impacto en las finanzas del Estado ecuatoriano en procesos de defensa jurídica”, resaltó Salvador.

La implementación del nuevo modelo de gestión, con un sólido enfoque preventivo y previendo una reducción de al menos 1% de casos, permitirá un ahorro aproximado al país de 570 millones de dólares al año.

“Desde el 1 de diciembre inicia la fase de prueba y ajustes del nuevo modelo de gestión y a fin de mes lo aprobaremos definitivamente, así como cada uno de sus instrumentos.

En cambio, el 1 de enero 2022 comenzará su implementación”, explicó el funcionario, al tiempo que convocó al compromiso de todas las autoridades de las instituciones estatales para garantizar el éxito de este programa.

Mientras tanto, Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), insistió que el organismo ve con agrado que Ecuador actúe con una visión de desarrollo sostenible con miras al 2025, aspecto que se basa en pilares fundamentales como: creación y facilitación de posibilidades de inversión; combate al cambio climático y fortalecimiento de la institucionalidad para tener sostenibilidad fiscal.

Finalmente, Hoz sostuvo que el BID acompañará el programa de la Procuraduría General del Estado. “Estos temas son importantes de cara a la transparencia al ciudadano e inversores. Tenemos plena confianza en las posibilidades de crecimiento y de atención de los sectores más vulnerables. Seguiremos con todo nuestro empeño en transmitir la capacidad de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, seguridad jurídica y del Estado de Derecho”, precisó.

El segundo debate del proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal será este miércoles. El proyecto de Ley calificado de urgente en materia económica, busca generar recursos para equilibrar la caja fiscal, tras los efectos de la pandemia por la Covid-19.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, con siete votos a favor, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Desarrollo Económico y Sostenibilidad. Un voto negativo y una abstención.

Así mismo, revisaron las observaciones realizadas para introducir cambios al texto final, en materia como: el impuesto a la renta, exenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para determinar artículos de higiene; papel bond y periódico; gremios de profesionales; el impuesto a la herencia; impuesto a la renta sobre compra venta de inmuebles.

Para el presidente de la comisión, Daniel Noboa, el proyecto de ley abre una esperanza para las finanzas públicas, frente a una compleja situación económica.

Sin embargo, Noboa consideró que es necesario trabajar de inmediato en el proyecto de inversiones, que generará mayor alivió al país, para una verdadera reactivación y crear empleo..

Finalmente, las universidades sean consideradas en la devolución del IVA; residencia fiscal de personas naturales; caducidad de la facultad de determinación por parte del SRI y derechos arancelarios por concepto de flete.

El Gobierno Nacional establece espacios de diálogo que permitan trazar acciones a favor del sector agro productivo del país.

La tarde de este lunes el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con los representantes de empresas importadoras de insumos agrícolas, el objetivo evaluar posibles rutas y decisiones conjuntas para mantener los precios de estos productos y evitar alzas en los precios de producción de este sector.

Además, que factores internacionales como el precio del petróleo o el costo del transporte vía marítima han provocado un incremento en este tipo de insumos.

Por ello, el Jefe de Estado ejecuta reuniones que permitan atender la problemática de manera integral. “Tenemos un desafío importante. Ustedes conocen lo que implica el incremento de los precios de los fertilizantes para la producción agrícola, dijo.

La reunión tuvo como propósito revisar en conjunto el tema, es importante articular acciones coordinadas que permitan precautelar el bienestar de los agricultores del país, en especial esta preocupación del sector.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA), Gustavo Wray, indicó que están comprometidos en la reactivación del sector, por lo que, trabajaran de manera articulada con el Gobierno Nacional, para mitigar el impacto de esta situación al país, especialmente a los pequeños agricultores. “Los insumos ayudan a la producción de alimentos para consumo y exportación por lo que este es un tema muy importante”, explicó.

En cambio, Francisco Barriga, de FERTISA, aseguró que en muchos años el sector no tuvo atención por el Gobierno, calificó de positivo la iniciativa gubernamental de establecer estas reuniones. “Es importante que las autoridades del país, los gremios de la producción y las empresas que participamos en este proceso tengamos este tipo de diálogos abiertos y francos para llegar a una solución”.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, reiteró que ya se han establecido algunas reuniones con este sector para trazar posibles acciones principalmente en cuanto a los precios y escasez de fertilizantes.

Finalmente, el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, manifestó que posibles medidas que se revisarán están la búsqueda de nuevas fórmulas, paquetes más cómodos, alternativas empresariales en este mercado para que se reduzcan costos de producción e importación, entre otros.

La sesión del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI), en el marco del Foro ‘Ecuador Open for Business 2021’, se aprobaron cinco solicitudes de contratos de inversión que suman un compromiso a invertir de USD 506’437,012.16 y de generará 285 nuevas plazas de empleo en el Ecuador, cifra que sumada a los 1.608 millones de dólares aprobados desde enero de 2021, arroja un monto superior a 2.114 millones de dólares y una proyección de 5.864 nuevos empleos.

Las empresas, cuyos contratos de inversión fueron aprobados por el CEPAI, están vinculadas a los sectores industrial, de la construcción, petrolero y logísticos de comercio exterior, que permitirá impulsar a la cadena productiva relacionada a dichos rubros en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha y Guayas.

Las compañías podrán aprovechar las ventajas de este instrumento jurídico que brinda a los inversores estímulos tributarios y estabilidad jurídica, consideradas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y la normativa complementaria que rige en el país, con la finalidad de impulsar la promoción y atracción de inversiones.

El sector industrial, prevé la construcción de una fábrica para la producción y comercialización de hielo en escamas, la ampliación de la capacidad de producción en la elaboración de polvo detergente.

Otro contrato que aportará positivamente a la eficiencia y seguridad del terminal portuario de Esmeraldas contempla, la rehabilitación y ampliación a 4 carriles del corredor vial Santo Domingo – Buena Fe.

Finalmente, las cifras alcanzadas confirman que Ecuador está abierto a los negocios como pilar de una reactivación económica sólida y sostenible, basada en alianzas a largo plazo, con un gobierno que gestiona una serie de iniciativas orientadas a mejorar el clima de inversiones, a través de la facilitación comercial y productiva, simplificando los trámites e impulsando una amplia agenda de competitividad.

Este viernes 19 de noviembre se materializaron los primeros resultados del “ECUADOR OPEN FOR BUSINESS 2021”de este importante espacio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó dos decretos ejecutivos enfocados a impulsar la atracción de las inversiones y alianzas público privadas.

Además, varias empresas suscribieron compromisos de inversión con el país por un total de cerca de 470 millones de dólares, que generarán más de 2.000 empleos. Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 258, el Jefe de Estado dispuso la creación del Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones (SNAFI) y la Ventanilla Única De Inversiones (VUI), con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la política pública de promoción y atracción de inversiones nacionales y extranjeras, para impulsar la simplificación, facilitación y optimización de los procesos de inversión.

Por su parte, la viceministra de Exportaciones e Inversiones, Lorena Konanz, indicó que este proyecto consolida al Ecuador como un país líder regional en la atracción de capitales: “algunos de los beneficios que ofrece el VUI es que al gestionarse toda la tramitología en un mismo sitio se mejora la logística, se logra transparencia en los procesos, ahorro de tiempo y costo, mayor certidumbre jurídica y atención permanente”.

El ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca es el ente encargado del sistema y de la ventanilla, será el responsable de emitir las directrices sobre los mecanismos para su implementación.

Así mismo, coordinará, con las instituciones competentes, las acciones para lograr una mayor simplificación y reducción de los procedimientos y documentos relacionados con el desarrollo de las inversiones.

Este proceso contará con el apoyo, acompañamiento y supervisión del ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en el levantamiento de las estructuras tecnológicas para el desarrollo de la ventanilla y con la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República para el desarrollo normativo que amerite esta iniciativa.

El presidente Lasso aseguró que el propósito de esta ventanilla es optimizar la tramitología al emprender inversiones. “Una de las principales funciones como presidente es actuar como facilitador y estoy aquí para luchar contra procesos burocráticos y facilitar la inversión local e internacional”, dijo.

Mientras tanto, el Decreto Ejecutivo N.° 259, el Primer Mandatario crea la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada como una entidad de derecho público, adscrita a la presidencia , con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía administrativa y financiera, cuyo objetivo es coordinar y articular acciones interinstitucionales para atraer, facilitar, concretar y mantener las inversiones privadas, asociadas a la generación de infraestructura y prestación de servicios públicos a través de las distintas modalidades de gestión delegada.

Entre las principales funciones y atribuciones de esta entidad son: coordinar la ejecución de las políticas relacionadas con las inversiones realizadas a través de gestión delegada incluidas las asociaciones público privadas, tomando en consideración a las experiencias previas del país, para el efecto podrá tomar en cuenta las mejores prácticas internacionales; gestionar y contratar el apoyo y asistencia técnica de organismos internacionales; entre otras.

El Jefe de Estado, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado; el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, suscribieron compromisos de inversión con importantes empresas. La compañía Solgod Ecuador S.A., un contrato de inversión por un plazo de 10 años para un proyecto minero de oro y cobre, ejecutará las actividades de exploración dentro de la concesión minera Cascabel y se desarrollará en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura. El monto de inversión asciende a 430 millones de dólares.

Otro, la compañía Lumina – Odin Mining del Ecuador S.A. firmó un contrato de inversión por un plazo de seis años, consiste en llevar a cabo la ejecución de la primera etapa de actividades de exploración minera de oro y cobre, dentro de un área conformada por cuatro concesiones denominadas: Cangrejos, Cangrejos 20, Canarias y Cacique. El proyecto se desarrollará en el cantón Santa Rosa provincia, de El Oro, el monto de inversión asciende a 35,62 millones de dólares.

Finalmente, el presidente Lasso “agradezco a los inversionistas por su confianza en Ecuador, los felicito y les deseo muchos éxitos”, expresó.