El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró oficialmente la segunda fase del programa, “Jóvenes en Acción”. En esta edición, cerca de 80.000 jóvenes desde octubre se han incorporado a diferentes áreas de los ministerios de Infraestructura y Transporte; Educación, Deporte y Cultura; Salud Pública y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El programa es una oportunidad real para que los jóvenes conozcan de cerca cómo funciona el servicio público, las instituciones públicas y el país, así aporten con ideas y talento a la transformación que construye el Ecuador: “Nuestro gobierno está enfocado en darle a ustedes, los jóvenes, las mejores oportunidades para su desarrollo; porque este país sabe que su energía, optimismo y ganas pueden hacer grandes cosas”, dijo el Jefe de Estado.

Cada persona inscrita en el programa “Jóvenes en Acción” recibe 400 dólares durante tres meses, incentivo que no solo reconoce el compromiso de los jóvenes con la nación, es una forma de promover el empleo joven.

“Creemos en ustedes, porque somos como ustedes por eso estamos una vez más aquí, cumpliendo ese compromiso que nos propusimos”, expresó el Mandatario.

La segunda fase del programa, 25.600 corresponden al MIT, por ejemplo; solo en Azuay, 179 desde octubre pasado iniciaron sus prácticas en áreas administrativas, infraestructura vial, obra pública, transporte y desarrollo urbano. Para lo cual el ministerio invirtió 30,72 millones de dólares.

La participación de los jóvenes refleja un vínculo renovado entre el Gobierno Nacional y las nuevas generaciones, en el intercambio de ideas, energía, talento, diálogo, capacitación refuerza una visión de país que se construye con colaboración activa, innovación y compromiso comunitario.

Mientras tanto, el ministro del MIT, Roberto Luque, sostuvo que esta segunda edición de “Jóvenes en Acción” mantiene su convicción de brindar oportunidades a jóvenes desde los 18 años: “Con el programa ustedes desarrollan nuevas habilidades, forjan relaciones y viven una experiencia laboral y formidable”.

Finalmente, el Presidente Noboa, indico que próximamente entregará 200.000 becas a los cursos de inglés ‘Because he’s nice’ que el gobierno oficializó hace meses: “Estos programas quieren que ustedes, los jóvenes, se vuelvan más competitivos”.

El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar el Derecho a la Protección Prioritaria de la Mujer en el Período de Maternidad, la comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de dos expertas en derecho constitucional laboral, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa.

Según, Ximena Ron, la garantía de derechos durante el período de maternidad, especialmente, cuando la mujer ha perdido a su hijo, esto en cumplimiento de la sentencia constitucional. Las mujeres embarazadas deben recibir atención prioritaria y especializada, tanto en su recuperación física como emocional, la propuesta de Ley busca garantizar el autocuidado que requiere la mujer más allá del hecho de la maternidad.

Además, Ron explicó que actualmente, la licencia por muerte de un hijo durante el embarazo se considera dentro de la licencia por maternidad, por lo que es necesario asegurar no solo el cuidado del recién nacido, sino el de la mujer, en especial de las servidoras públicas.

Así mismo, la posibilidad de ampliar el período de licencia por paternidad, con el fin de evitar la discriminación laboral hacia las mujeres, reducir las restricciones de empleo y equilibrar las responsabilidades familiares entre ambos padres.

En cambio, Daniela Erazo recordó que las normas constitucionales son de aplicación obligatoria y garantiza los derechos de las mujeres, la obligación del Estado de prevenir la discriminación y promover un trato equitativo.

Por lo que, Erazo recomendó considerar el duelo gestacional, proceso que enfrentan los padres que han perdido a su bebé, muchas veces en silencio. Este duelo puede darse no solo tras el nacimiento, durante el embarazo y que no se encuentra desarrollado en ningún cuerpo legal. Actualmente la licencia otorgada se considera médica, sin tomar en cuenta el dolor emocional que atraviesan los padres, expresó.

La licencia de 12 semanas debería aplicarse para los padres, ellos igualmente sufren la pérdida de sus hijos. El posparto es un período en el cual la mujer necesita cuidados para su recuperación, ya que puede presentar depresión y otros efectos, no solo físicos sino psicológicos.

Mientras tanto, el derecho al cuidado es un derecho autónomo vinculado a la dignidad humana, así como incorporar una disposición transitoria que contemple la capacitación sobre este derecho en las instituciones públicas.

Finalmente, los asambleístas coincidieron en la necesidad de proteger a la madre como al padre cuando la mujer se encuentra en proceso de gestación y se produce la pérdida del hijo. El proyecto debe contemplar los casos de interrupción voluntaria del embarazo, adopción y cuidado de niños prematuros, para que los padres puedan acompañar de manera integral estos procesos.     

La comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, recibió al experto Daniel Aillón, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y de las Finanzas Públicas, relacionado con el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas para la suscripción de contratos colectivos y actas transaccionales en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Según, Aillón Calle, este tema más allá de la viabilidad constitucional y legal, es necesario tomar en cuenta la realidad social del país, vinculada con el presupuesto de las instituciones descentralizadas, por lo que el informe previo resulta esencial.

“Varios contratos colectivos de trabajo que se han firmado con instituciones públicas, tanto del Gobierno Central como de los GAD, han presentado diversos problemas debido a cláusulas muy onerosas y a la falta de una adecuada gestión presupuestaria, ya que fueron aprobados sin el informe previo del Ministerio”, dijo.

Además, la propuesta sobre la conformación del Comité de Deuda y Financiamiento, establecida en el artículo 130 de la reforma. No es necesario que el Procurador General del Estado sea parte integrante de dicho comité, dado que su intervención corresponde a una etapa posterior.

La Comisión profundizó en el análisis de las reformas del proyecto de Ley, con la exposición de la experta Karin Jaramillo, sobre las cuatro iniciativas legales presentadas. La expositora contextualizó que el elemento característico del proyecto en trámite es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, promoviendo la coordinación entre la gestión y la planificación de recursos, con el fin de asegurar el cumplimiento constitucional en materia de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana.

En cambio, la reforma al artículo 123, se refiere al contenido y finalidad del endeudamiento público, que ya fue incorporada en una modificación posterior al año 2018. Respecto a la reforma al artículo 126, sobre el destino del endeudamiento, mencionó que resultaría útil considerar la conceptualización de los proyectos de infraestructura.

Finalmente, exigir que todo contrato de deuda u operación de endeudamiento público cuente, de forma previa a su contratación, con un informe de la Contraloría General del Estado.

El Consejo Nacional Electoral junto al Instituto Geográfico Militar, continúan la impresión de 13´938.724 papeletas electorales del Referéndum y Consulta Popular 2025. Hasta el momento hay impresas 42,62%; mientras que los documentos electorales en un 28,45%.

Cada papeleta está elaborada con tecnología de alta seguridad que incluye efectos anticopia, micro textos, códigos de barras y QR.

También, tintas especiales y tramados únicos. Cuentan con tres niveles de seguridad de alta complejidad anticopia y anti-escáner, impidiendo así falsificaciones, alteraciones, duplicaciones, o sustituciones.

En la Biblioteca Municipal de Guayaquil se realizó el lanzamiento oficial de Polivoz, la primera red social ecuatoriana creada para impulsar el activismo social y fortalecer la participación ciudadana desde la tecnología. Desarrollada por talento nacional, Polivoz busca convertirse en una plataforma global para el cambio social, donde los ciudadanos no solo puedan reportar problemas como delincuencia, corrupción o contaminación, proponer ideas y soluciones que generen impacto real en sus comunidades. “Polivoz nace con la convicción de que cada voz cuenta y puede transformar realidades. Queremos que los ciudadanos pasen de la queja a la acción y que la tecnología se convierta en su mejor aliada”, dijo Ricardo Rivera, CEO de la compañía.

Además, la aplicación incluye un mapa de calor interactivo que muestra reportes ciudadanos en tiempo real y funciones que garantizan seguridad y verificación de identidad.

Así mismo, ofrece herramientas para crear grupos de activismo, encuestas y colaboraciones, fomentando una participación más consciente y efectiva de los ciudadanos. Todo esto bajo parámetros de seguridad y verificación ya que cada usuario valida su identidad por video, para garantizar confianza y efectividad de la herramienta digital.

Los jóvenes locales, Ecuador se posiciona como pionero en el desarrollo de soluciones tecnológicas con propósito social. Polivoz no es solo una red social: es la voz de un pueblo decidido a construir un mejor país.

Con 82 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, como económico urgente.

Además, el objetivo del proyecto de Ley es establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinados exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, entre sus atribuciones constitucionales de protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana, defensa nacional y seguridad integral del Estado.

Para el asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la c omisión de Desarrollo Económico, este es un gran día para fortalecer y respaldar a las fuerzas del orden, que durante años han sido injustamente criticadas pese a arriesgar su vida por la seguridad de todos los ecuatorianos, dijo.

Así mismo, sostuvo que la Ley busca dotar de recursos estratégicos a las fuerzas del orden, promover la corresponsabilidad del sector privado y atraer la inversión, reduciendo el riesgo país. “Hoy es el momento de decidir si queremos un Estado que se arrodilla ante las mafias o un Estado que protege la vida de los ecuatorianos”, aseguró.

Los legisladores coincidieron en el debate la necesidad de garantizar la seguridad nacional frente al aumento de la criminalidad.

En cambio, los recursos destinados a estas instituciones llegarán directamente, sin depender de la distribución del Ejecutivo en la proforma presupuestaria anual.

Sin embargo, el asambleísta, Franklin Samaniego cuestionó que, el Ejecutivo insista en enviar una Ley económica urgente, advirtió que se repite el uso indebido de este mecanismo, recordando que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional una norma similar por mezclar materias y vulnerar procedimientos.

La Ley aprobada permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante la canalización de recursos complementarios a la inversión pública, la promoción de la participación del sector privado a través de incentivos tributarios y la creación de un marco legal transparente para la recepción y rendición de cuentas de donaciones.

Mientras tanto, las donaciones podrán consistir en bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, provenientes tanto de contribuyentes nacionales, con beneficios tributarios hasta el 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución, como de organismos y gobiernos internacionales, conforme a los acuerdos de cooperación y la normativa reglamentaria vigente.

Finalmente, e l proyecto de Ley aprobado será remitido al Presidente de la República para su sanción u objeción, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los siniestros de tránsito son actualmente la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 20 años, dijo el investigador en temas de seguridad vial, Raúl Pérez, durante el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la Recategorización de las Contravenciones de Tránsito, el Fortalecimiento de la Seguridad Vial Preventiva y la Reducción de la Carga Procesal en Materia de Tránsito dentro de los juzgados del país, a cargo de la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional.

Además, el investigador explicó que la seguridad vial constituye un problema de salud pública, ya que cada 24 segundos, en alguna parte del mundo, una familia pierde a un miembro en las vías. Estos eventos ocupan camas en unidades de cuidados intensivos, requieren cirugías complejas y procesos de rehabilitación prolongados. Los riesgos son conocidos, prevenibles y las consecuencias implican años de vida perdidos y familias empobrecidas.

Así mismo, los criterios que definen un problema de salud pública, entre ellos: la magnitud, gravedad, equidad, prevención, enfoque poblacional y la carga económica.

También, Pérez expresó que la velocidad es el principal factor de riesgo identificado por la Organización Mundial de la Salud como responsable de muertes y lesiones en el tránsito. Otros factores relevantes son conducir en estado de embriaguez, no utilizar el cinturón de seguridad y el uso inadecuado del casco por parte de los motociclistas.

Por lo que, las lesiones graves derivadas de los siniestros generan otro tipo de problemática, las víctimas suelen ser personas jefas de hogar, principalmente jóvenes y hombres en edad económicamente activa.

Mientras tanto, la información relacionada con los hallazgos sobre los niveles de velocidad en Quito, así como datos sobre el uso del casco, del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil son alarmantes, sostuvo.

Finalmente, la situación de acuerdo con los estudios realizados, Raúl Pérez concluyó que las estrategias más efectivas para reducir la mortalidad vial son el mejoramiento de la infraestructura segura y la reducción de la velocidad.

La comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, inició el proceso de fiscalización y análisis de la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante las protestas en el país a consecuencia del Decreto Ejecutivo que elimino el subsidio al diésel. En cumplimiento a la resolución 001-2025-2027, sobre los actos de violencia registrados durante las movilizaciones desde septiembre del 2025, por lo que, comparecieron los delegados del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, encabezados por el general Fausto Íñiguez y del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los generales Edwin Cañizares y Manuel Dávila.

Además, la comisión aprobó la participación con voz, pero sin voto, de los asambleístas María del Cisne Molina, Roberto Jaramillo, Marco Olmedo y María Verónica Íñiguez.

Según, el general Fausto Íñiguez las protestas en Imbabura provocaron bloqueos que afectaron la libre circulación, salud y alimentación, lo que motivó la implementación de planes de contingencia, corredores logísticos y uso progresivo de la fuerza, bajo protocolos nacionales e internacionales.

Por su parte, el general Edwin Cañizares de las Fuerzas Armadas sostuvo que actuaron en apoyo complementario a la Policía Nacional durante el estado de excepción, conforme al principio de legítimo uso de la fuerza y con criterios de proporcionalidad.

En cambio, durante el debate, hubo varias inquietudes sobre los hechos ocurridos en las manifestaciones, incluso algunos calificaron como actos de sabotaje y terrorismo.

Finalmente, los miembros de la comisión expresaron diferentes posiciones respecto al rol del Estado, la legitimidad de la protesta y la necesidad de fortalecer el diálogo nacional.

Los miembros de las Junta Receptora del Voto (MJRV) para el Referéndum y Consulta Popular 2025 debe cumplir con la capacitación presencial obligatoria.

Los 573 puntos de capacitación, entre fijos y móviles, se encuentran habilitados a nivel nacional y estarán disponibles hasta un día antes de las elecciones, el 15 de noviembre, en el horario de 08h30 a 17h00. La capacitación para los MJRV es presencial, pero podrá reforzarse de manera virtual.

El CNE diversifica sus canales informativos para promover el voto informado de los ecuatorianos el domingo 16 de noviembre.

La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esta es el resultado de cinco iniciativas presentadas desde el año 2018, analizadas por los legisladores, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), expertos y representantes de colectivos vinculados con la materia.

El informe recoge varias observaciones orientadas al fortalecimiento de la planificación interoperable de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT); la redefinición técnica de la institucionalidad; modernización del régimen de sanciones, con plazos, prescripción y compromisos; respecto a la gestión técnica, aclararon los protocolos de coordinación y asistencia a los GAD.

El SOT se mantiene con funciones de vigilancia, control, asistencia técnica y coordinación. A esta entidad se le agregan las atribuciones de: generar y difundir información técnica e indicadores; mantener el sistema de información territorial interoperable; brindar asistencia técnica priorizando a los GAD con menor capacidad y coordinar con la Secretaría de Gestión de Riesgos las variables de amenaza y adaptación climática.

Además, incorpora que los entes rectores, como el SOT, deben remitir el conjunto de datos, metadatos o indicadores a las autoridades locales.

Así mismo, fortalece el derecho a la información pública y la participación ciudadana.

También, el informe no acoge las propuestas relacionadas con los planes de vida, por cuanto estas exceden las competencias de los GAD.

Finalmente, no incluye la propuesta inicial de eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, tampoco suprime el régimen sancionador contemplado en uno de los capítulos de la Ley vigente.