La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, recibió al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, explicó los alcances del proyecto de Ley de Extradición, el objetivo actualizar la Ley, a través de procedimientos más claros, ágiles y acordes con la Constitución de la República y los tratados internacionales vigentes en esta materia, para evitar la impunidad.

Según, Suing hay que establecer con claridad los procesos relacionados con la extradición activa, que se presenta cuando el Estado hace el requerimiento de un procesado o sentenciado y la extradición pasiva, cuando existe el requerimiento de otro Estado para entregar a un ciudadano para que responda ante un proceso penal.

Además, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, dijo que es fundamental considerar que cuando un ciudadano es requerido se puede proceder siempre y cuando exista un convenio bilateral sobre la materia, caso contrario corresponde aplicar el principio de reciprocidad. Es preciso entender que cada país, en ejercicio de su soberanía, tiene sus propias regulaciones y procedimientos en el ámbito penal.

En cambio, la ciudadanía debe saber que no se trata de que la Corte no hace nada o que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha olvidado de tal o cual caso, por ello es necesario determinar con precisión los procedimientos, términos y plazos para el cumplimiento de cada una de las fases para que opere una extradición, sobre la base de la normativa nacional y las regulaciones de carácter internacional, salvaguardando las garantías del debido proceso.

Mientras tanto, Corina Espinoza, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, indicó que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional en el ámbito jurídico penal. Con la nueva Ley este mecanismo de cooperación se verá fortalecido, tomando en cuenta que mediante convenios bilaterales o multilaterales lo que se busca es combatir la impunidad en delitos transnacionales, para que las personas que han incurrido en estas conductas no evadan la acción de la justicia.

Finalmente, el rol de la Cancillería en los procesos de extradición, sobre la base de la normativa nacional e internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde ser el canal diplomático para gestionar la extradición activa y pasiva, esta última es aquella que se da cuando un ciudadano es requerido por la justicia de otro Estado, precisaron.  

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, impulsa el corredor humanitario para Imbabura y destinar a las comunidades afectadas por los bloqueos viales. Alrededor de 1.000 agentes del orden, entre militares y policías, participaron con la seguridad de la carga de 37 camiones con productos esenciales como harina, colchones, cilindros de GLP, alimentos perecibles y medicamentos, 1.500 kits con ropa, artículos de aseo y víveres no perecibles, para ser entregados a familias que han permanecido aisladas.

“Vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada … queremos que todas las familias que nos están escuchando sepan que nuestra prioridad siempre serán las niñas, niños y adolescentes”, dijo.

El corredor trasladó monitores para las escuelas de la zona, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa de niñas, niños y adolescentes.

En esta operación participaron más de 10 instituciones del Estado, junto al apoyo de la empresa privada, en una acción conjunta orientada a abastecer la provincia, brindar asistencia humanitaria y reactivar la productividad local, a través de iniciativas como el Incentivo Emprende.

La vicepresidenta María José Pinto indicó que las donaciones serán entregadas a través de brigadas de los ministerios que están en el territorio. 

La comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, con ocho votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo, que establece incentivos tributarios a las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

El informe recoge las recomendaciones y sugerencias formuladas por las autoridades económicas, de Fuerzas Armadas, de la Policía, entidades de seguridad y expertos, establece un régimen económico y de incentivos de facilitación de donaciones destinadas exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, para ayudar en el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y seguridad integral del Estado.

Además, el proyecto de Ley garantiza que las entidades de seguridad y el orden puedan cumplir con su rol básico en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, sin que esto afecte la estabilidad de las finanzas estatales, conforme lo determinan la Constitución de la República y el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. Determina que tanto los bienes muebles, cuanto los suministros materia de la donación, deberán ser nuevos.

Mientras tanto, el proyecto cumple con los parámetros técnicos, jurídicos y económicos para ser tramitado en el Pleno de la Asamblea Nacional, con el propósito de aportar al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el cumplimiento de su rol constitucional de mantener el orden público y la seguridad con suficientes medios y equipamiento logístico.

Finalmente, el informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que se ordene la difusión respectiva y se lo incluya en el orden del día de la sesión del Pleno.

Con 81 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Monetario y Financiero, remitido por la Comisión de Régimen Económico. Esta Ley reforma la estructura, funciones y competencias de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, el objetivo fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia técnica, transparencia, eficiencia y consolidar el equilibrio entre la estabilidad financiera y la protección del interés público. Incorpora disposiciones orientadas a ampliar la inclusión financiera, fomentar los medios de pago electrónicos, y reforzar la seguridad jurídica y la protección al usuario financiero.

Además, las reformas permitirán consolidar un sistema financiero sólido, moderno e inclusivo, que preserve los depósitos del público, canalice los recursos hacia la inversión productiva, respalde el desarrollo económico y social del país.

Para la legisladora Nathaly Farinango, las principales observaciones recogidas por la comisión de Régimen Económico e incorporadas en el texto final contribuyen a consolidar una reforma profunda y visionaria, que moderniza la estructura del sistema financiero y monetario. La creación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, órgano con autonomía y funcionalidad propia.

Por lo que, fortalece al Banco Central del Ecuador, modernizan las reglas de respaldo de las reservas internacionales y se amplían las facultades de la Superintendencia de Bancos para la supervisión y el control, entre otros, aseguró Farinango.

Mientras tanto, las innovaciones destacan la creación del seguro paramétrico, un programa de aseguramiento agroalimentario y ganadero que beneficiará a productores, ganaderos y agricultores.

Finalmente, el proyecto de Ley aprobado será remitido al Presidente de la República para su sanción u objeción, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Con 76 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución presentada por la asambleísta Diana Jácome, que rechaza el intento de desestabilización del país a través de organizaciones políticas infiltradas en la protesta social.

Según, la moción se solidariza con el presidente de la República y la comitiva que lo acompañaba durante los incidentes registrados en la provincia de Cañar. Los hechos violentos “no representan la legítima protesta ciudadana” y exhortó a las autoridades competentes a investigar y sancionar a los responsables.

El proyecto de resolución rechaza el intento de desestabilización del país mediante la infiltración política en la protesta social.

También, ratifica el respeto de la Asamblea Nacional al derecho ciudadano a la protesta pacífica, en el marco de los principios constitucionales y democráticos.

Mientras tanto, exhorta a las instituciones competentes del Estado a mantener la debida vigilancia y adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia o manipulación política.

Finalmente, el proyecto de resolución dispone notificar a la Presidencia de la República y ponerla en conocimiento de la ciudadanía.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint y el vicepresidente Enrique Pita, este 8 de octubre del 2025 se inauguró en la Universidad ECOTEC, en Guayaquil, el conversatorio: “Enfoques Democráticos del Referéndum y Consulta Popular 2025”, una iniciativa que busca fortalecer el debate académico, la participación estudiantil y el voto informado de la ciudadanía.

Este espacio reafirma el compromiso institucional con la formación cívica, mediante un trabajo articulado con la academia. “Las universidades son espacios donde se genera el pensamiento crítico. Con “Enfoques Democráticos” buscamos que docentes, expertos, jóvenes y la ciudadanía conozcan las preguntas de este proceso electoral”, dijo la Presidenta del CNE.

El CNE ha socializado la iniciativa con otras universidades del país para incentivar que se repliquen estos espacios de difusión sobre las cuatro preguntas que serán sometidas a consulta el domingo 16 de noviembre.

Este 7 de octubre del 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa participó en Cañar en la entrega de una obra de alcantarillado en la comunidad de Sigsihuayco, el avance de la planta de tratamiento de aguas residuales y el anuncio de financiamiento para un nuevo sistema de alcantarillado.

Sin embargo, la caravana presidencial fue atacada a su llegada, resultado de esto los vehículos tuvieron varias averías en los vidrios y estructuras.

“Pasamos del discurso a la acción porque nuestro gobierno cumple con los agricultores, transportistas, pescadores, con las comunidades de todo el país”, dijo el Jefe de Estado.

Cañar es una provincia clave para el desarrollo del país. Este es el caso de la construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón Cañar, sostuvo el Mandatario.

La obra incluye la construcción de los interceptores Pucuhuayco, interceptor Zham Zham y el emisario Panamericana que permitirán recolectar las aguas residuales hacia el sector de Coyoctor (sitio previsto para el tratamiento único de las aguas residuales). Con una inversión del Banco de Desarrollo del Ecuador 4,5 millones de dólares, con agua para cerca de 26.000 habitantes del cantón mejorando sus condiciones de vida y contribuyendo a reducir los índices de desnutrición crónica infantil en la zona.

Además, 1.200 habitantes de la comunidad Sigsihuayco, que pertenece a la parroquia Honorato Vásquez, recibieron el sistema de alcantarillado. Petroecuador financió la obra, con una inversión social de 891.000 dólares, que mitigará la contaminación del suelo y fuentes hídricas, reduciendo enfermedades por esta causa en la población.

Para el gerente del BDE, Carlos Rivera, esta obra y la planta de tratamiento de aguas residuales para Cañar marcan un antes y un después para el cantón y la provincia.

Así mismo, el presidente Noboa, el BDE firmó un convenio de financiamiento con el Municipio del cantón Cañar, por 815.000 dólares, para construir el sistema de alcantarillado sanitario regional de la comuna Quilloac y sectores aledaños como Narrio, Yerbabuena, Solitario y Junducucho.

Mientras tanto, el Jefe de Estado, aseguró que “todas las obras reflejan que el Ecuador avanza hacia el progreso con firmeza, esperanza y justicia social”.

Finalmente, el presidente Noboa se refirió al ataque que sufrió la caravana presidencial. “Siempre buscamos el camino democrático, a diferencia de las personas que estaban a unos metros del evento y que no quieren que haya una nueva Constitución, no quieren reducir el número de asambleístas, tampoco quieren bases extranjeras en el Ecuador; no quieren que los recursos que hoy van a los partidos políticos, vayan a la gente. Esa es la realidad”, puntualizó.  

El principio del valor por dinero, la lucha contra la corrupción, la aplicación de criterios diferenciados en la Amazonía, la agilidad en los procesos, así como la necesidad de una reforma integral, fueron los temas más debatidos en el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La reforma fue aprobada con 80 votos a favor, participaron 19 asambleístas, destacaron la importancia de las compras públicas como herramienta para atender las necesidades de la población.

Según, la legisladora Nathaly Farinango, la reforma ha sido analizado desde el 2024, a través de 36 sesiones y 58 comisiones generales. Esto constituye una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incorpora varios avances, entre ellos, el principio del valor por dinero, la priorización de la calidad de los bienes y servicios, el reconocimiento de nuevos principios, la promoción de la digitalización de procesos, la implementación de criterios preferenciales y la conversión de la contratación pública en un instrumento de desarrollo para la Amazonía y busca reducir la discrecionalidad administrativa, entre otros, dijo.

Además, el asambleísta Fernando Nantipia señaló que esta Ley busca erradicar la corrupción en la contratación pública, en respuesta al clamor ciudadano.

Mientras tanto, Mishel Mancheno indicó que la reforma representa una oportunidad para eliminar los obstáculos burocráticos. No se debe seguir parchando un cuerpo legal que requiere una transformación integral.

Finalmente, el texto aprobado por la Asamblea Nacional será remitido al presidente de la República, Daniel Noboa, para su sanción u objeción.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó, este 6 de octubre 2025, la actualización del plan de auditoría para el Referéndum y Consulta Popular 2025, tras la incorporación de una nueva pregunta sobre la reducción del número de asambleístas.

El CNE realizará la convocatoria para que las organizaciones políticas y sociales registradas inscriban a sus auditores designados para que participen en la evaluación a los procesos operativos y de los sistemas internos correspondientes.

La observación de varios actores políticos, el CNE garantiza procesos transparentes y altamente técnicos.

La comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, presentará el texto final para su votación del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, en un plazo de ocho días, luego del análisis de las observaciones realizadas durante el inicio del segundo debate en el Pleno de la Asamblea. La suspensión la solicitada por la legisladora Nathaly Farinango, de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según, la asambleísta Farinango el trabajo realizado por más de un año en la comisión, el proyecto de Ley busca el fortalecimiento del Banco Central, con herramientas sólidas; el impulso a los medios de pago electrónico; la implementación de alivios financieros y seguros paramétricos; así como la modernización del mercado de valores mediante la eliminación de trabas anacrónicas. Con ello, se pretende consolidar un sistema financiero que brinde seguridad jurídica y responda a la realidad económica del país, dijo.

Para el legislador Mario Zambrano la importancia de la reforma en el ámbito monetario es fortalecer las instituciones del Estado y proteger el presente y el futuro de la economía ecuatoriana, indicó.

También, Zambrano resaltó la existencia de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

En cambio, Ana María Raffo se refirió a la presentación del proyecto de Ley para el alivio financiero y la condonación de deudas, que incluye reformas a tres cuerpos legales, entre ellas la propuesta de creación del seguro agroalimentario.

Por su parte, el parlamentario Juan Gonzaga realizó observaciones a la reforma del artículo 13 del cuerpo legal, relativo a las tasas de interés de los créditos sea considerado con base a la realidad de las provincias amazónicas, sostuvo.

Finalmente, el fortalecimiento de la protección de los ahorros ciudadanos y de la disciplina financiera; la fiscalización de las entidades financieras con participación estatal; la soberanía financiera del Estado ecuatoriano; funcionamiento del Comité de Estabilidad Financiera, entre otros serán materia de análisis una vez que la comisión elabore el informe.