Frente al abandono de administraciones anteriores a la infraestructura hídrica de la provincia de Santa Elena, el Gobierno Nacional toma acciones correctivas con sentido de inmediatez, este viernes 4 de octubre 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó las acciones que se ejecutan a través de la Empresa Pública del Agua E.P para garantizar el líquido vital a los ciudadanos de Santa Elena.

Desde la comuna Manantial de Guangala, el Primer Mandatario aseguró que “los problemas que estuvieron mucho tiempo sin resolver y que les afectaba directamente, como es la falta de agua, hoy tiene solución, era cuestión de voluntad, claramente antes no había”.

Además, el Mandatario manifestó que gracias al trabajo de la Empresa Pública del Agua (EPA), la Estación de Bombeo Daule volverá a funcionar después de 12 años. Con el arreglo se prevé efectuar un bombeo simultáneo y así aumentar el caudal para garantizar el abastecimiento de agua a más de 403.000 beneficiarios en la provincia de Santa Elena a partir de diciembre del 2024. “Esto ayudará para que 18 mil hectáreas de cultivo tengan pronto un riego permanente y sabemos lo mucho que esto significa en un contexto de sequía”.

Así mismo, el Jefe de Estado anunció que solucionará el problema del trasvase Chongón Sube y Baja, una infraestructura esencial para el transporte de agua hacia la provincia de Santa Elena y que entregará maquinaria tanto nueva como reparada para optimizar los trabajos en la provincia.

Por lo que, la maquinaria nueva consta de 3 excavadoras de oruga, 2 tractores, 2 cama baja, 2 camionetas y 4 volquetas, mientras que la maquinaria repotenciada es: retroexcavadoras, tractor, grúa, volqueta, tractocamión, camión grúa, transportadora y cosechadora. “Hoy empieza un cambio para la provincia, habrá agua, cosecha, es justo y se merecen”, sostuvo la delegada del Presidente de la República, Nicolina Orellana.

Finalmente, respecto a la condonación de facturación de agua emitida por la EPA a las seis juntas de la provincia de Santa Elena el Presidente de la República, se refirió “no era justo que ustedes tengan que pagar los errores e inconvenientes en facturación de las planillas y es por eso que se tomó la decisión para los ciudadanos de Santa Elena”, puntualizó.

El Consejo de Administración Legislativa, de acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, calificó a trámite el proyecto de Ley Económica Urgente para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa; la Comisión de Desarrollo Económico será la responsable de su análisis y unificará a una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para superar la emergencia eléctrica.

Además, la comisión de Justicia tramitará cinco reformas al COIP para tipificar el ciberacoso, fortalecer la lucha anticorrupción, imprescriptibilidad de los delitos contra la vida y la integridad sexual y garantizar la ética pública.

En cambio, un proyecto de Ley Orgánica para la Integración del Deporte y la Salud Mental, y una reforma a varias leyes para garantizar un adecuado servicio de medicina prepagada y asistencia médica, serán debatidos por la Comisión de Derecho a la Salud.

Dos reformas a la Ley Orgánica de Tránsito estudiará la Comisión de Desarrollo Económico; una reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo analizará la Comisión de Seguridad y una reforma a la Ley Amazónica tramitará la Comisión de Biodiversidad.

Mientras tanto, las comisiones designadas fueron autorizadas a unificar las iniciativas calificadas a trámite con otras que ya se encuentren en las respectivas mesas legislativas.

Finalmente, el CAL resolvió autorizar la unificación de varios proyectos reformatorios a la Ley Orgánica de Educación Superior, así como a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para ser tramitados en la comisión de Educación y en la comisión de Desarrollo Económico.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz diálogo con los presidentes de las comisiones, el objetivo marcar la ruta y prioridades que formarán parte de la Agenda Parlamentaria, bajo su liderazgo.

“Esta presidencia será de puertas abiertas al diálogo y a la predisposición de mejorar la producción legislativa con el esfuerzo mancomunado y aportes de todos”, dijo la Presidenta del Parlamento.

En cambio, a la agenda parlamentaria comprometió su gestión en el avance de temas prioritarios, relacionados con las principales demandas del pueblo ecuatoriano, como seguridad, producción, empleo, derechos humanos, entre otras.

Además, Veloz señaló que la agenda planteada cuenta con objetivos en materia de seguridad, priorizando la aprobación de un segundo paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, para el combate a delitos como el feminicidio, pedofilia y violencia sexual institucional.

Respecto a la Seguridad Interna de Estado, la legislación enfocará sus esfuerzos en el ágil tratamiento de la Ley de Inteligencia, con la que la Asamblea Nacional apunta a facilitar la prevención de delitos y el combate al crimen organizado, expresó.

“Continuaremos con el tratamiento de las leyes orientadas a la reactivación económica, desde el agro y las organizaciones de la economía popular y solidaria, como el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, Código de Fomento Agroproductivo, Ley Orgánica de Inteligencia Artificial, entre otras”, explicó.

Mientras tanto, la presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que las leyes que protegen los derechos de los grupos de atención prioritaria “dará prioridad al tratamiento y aprobación de la Ley de la Primera Infancia; Ley para Prevenir la Desnutrición Infantil; Ley de las Personas Adultas Mayores; y un nuevo Código de Protección a la Niñez y Adolescencia”.

Finalmente, los derechos de la naturaleza y derechos colectivos serán prioridad las consultas prelegislativas al proyecto de Ley de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, así como de la Ley de Aguas y el Código del Ambiente.

Este 1 de octubre 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa entregó el expediente técnico-académico para la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas a la Asamblea Nacional, un paso importante para la realización de esta anhelada obra.

Según, el Jefe de Estado espera que “los responsables en recibir el expediente actúen en pro de la ciudadanía, en favor de las necesidades reales de los ecuatorianos y no de sus agendas propias y mezquinas, como vemos que vienen haciendo últimamente”, dijo.

El proyecto del gobierno en la Asamblea Nacional incluye el expediente técnico-académico y el diseño básico de la estructura orgánica funcional, plan estratégico de desarrollo institucional, proyecto de estatuto e identificación del personal administrativo mínimo. Estos elementos son indispensables para los primeros pasos en la consolidación del sueño de miles de jóvenes de la provincia Tsáchila que anhelan con tener su universidad. El presidente Noboa resaltó que esto “significa que sus jóvenes no tendrán que migrar para estudiar, asumiendo los costos de su estadía en lugares donde muchas veces están solos, lejos de sus familias, de su entorno y de sus raíces”, expresó.

De acuerdo al expediente, el gobierno destinó 344.114 dólares, mediante una gestión eficiente de los recursos estatales, con un ahorro de 115.884 dólares, los cuales serán reasignados a otros proyectos prioritarios de la SENESCYT, explicó el Mandatario.

Para César Vásquez, secretario de la SENESCYT, hace seis años, en el 2018, se identificó esta necesidad en la provincia. “Han pasado seis años, en los que los jóvenes han esperado con anhelo este proyecto”, señaló.

La nueva universidad pública es una obra que no solo beneficiará a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, sino que será un referente para todo el país, ofreciendo carreras que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y fomentando la investigación y la innovación.

La generación de políticas públicas que fomenten la práctica de la actividad física y recreativas de las personas adultas mayores orientadas a mejorar su calidad de vida y prolongar su estado de bienestar es uno de los propósitos de las reformas a la Ley  del Deporte, Educación Física y Recreación, que la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, inició su análisis y unificará para su tratamiento, con otras que versan sobre la misma materia.

Según, la asambleísta Valentina Centeno, esta iniciativa legislativa se adapta al marco normativo ecuatoriano, basado en experiencias exitosas de otros países y en derecho comparado e incorpora reglas que permitan hacer que el deporte de alto rendimiento tenga en lo amateur un afluente importante para tener más y mejores deportistas.

Luego, que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificará el proyecto de Ley la comisión de Salud decidió solicitar que se autorice su unificación con los proyectos sobre este tema, a fin de proceder con su tratamiento y elaboración del informe para segundo debate.

Para la rectora del Instituto Superior Universitario (ITESUT), Máster Cecilia Flores, señaló que es indispensable incorporar las reformas a la Ley del Deporte, por lo que, el ITESUT a través de la carrera Entrenamiento Deportivo permitirá que más jóvenes de alto rendimiento puedan obtener un título profesional y una participación más activa, aseguró.

Finalmente, el proyecto de Ley será difundida por los canales regulares de comunicación institucional para su socialización, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Asamblea Nacional, a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana, desarrolló una intensa actividad institucional en diversas provincias del país, mediante el acceso ciudadano a los diversos mecanismos que entrega el quehacer parlamentario.

Más de 2.200 ecuatorianos interactuaron en 60 eventos cumplidos en 18 provincias del país, lo que permitió abrir espacios ciudadanos para la socialización de Leyes, proyectos de Ley, gestión institucional, consulta prelegislativa sobre recursos hídricos y minería, conversatorios estudiantiles, interacción en la plataforma 2.0 y diálogos sociales sobre las herramientas legislativas para una nueva normativa.

Entre las leyes socializadas están: Salud Mental; Violencia y Acoso Laboral; Gestión de Identidad y Datos Civiles; Participación Ciudadana; Emprendimiento e Innovación; Vigilancia y Seguridad Privada; Planificación Integral Amazónica; Fortalecimiento del Turismo y el Empleo; Acompañamiento a Víctimas Colaterales por Femicidio, entre otras.

También, socializaron los proyectos como: reformas al COIP en Tránsito y Seguridad Vial; a la Ley Orgánica de Salud; Código de la Niñez y Adolescencia; reformas relacionadas con el Ciberacoso; Prevención del Uso y Consumo de Drogas en Niños y Adolescentes y las reformas a la Ley de Discapacidades.

Mientras tanto, el proceso de consulta prelegislativa visitó la región Insular, para socializar contenidos relacionados con la nueva Ley de Recursos Hídricos y el proyecto de reformas a la Ley de Minería.

Finalmente, el área de vinculación cumplió visitas guiadas al Palacio Legislativo. La participación de estudiantes y académicos de la Unidad Educativa “Pichincha”, la Escuela Legislativa preparó procesos de capacitación y el taller sobre “Cómo se evalúa el impacto social de una Ley”.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 26 de septiembre 2024, recibió a los legisladores Inés Alarcón, Ramiro Vela, José Agualsaca, Lucio Gutiérrez, Sandra Rueda y Camilo Salinas para que expliquen los alcances de sus iniciativas para reformar el Código Orgánico Integral Penal.

Para la asambleísta Inés Alarcón, el proyecto de reforma al COIP busca tipificar el delito de pederastia y establecer mecanismos eficaces para evitar la revictimización de los niños y niñas que han sido ultrajados sexualmente.

En cambio, el legislador Ramiro Vela consideró necesario regular el uso de redes sociales en la falsa imputación de delitos en contra de las personas, con la reforma al artículo 182 del COIP sobre la calumnia. Con esto no se afectaría la libertad de expresión, sino evitar que las redes sociales y plataformas sirvan de escudo para que cualquier persona difunda falsas imputaciones de delitos, sin la correspondiente sanción.

Por su parte, el asambleísta José Agualsaca señaló que las reformas al COIP en torno a la inimputabilidad por trastornos mentales, actualmente no existen parámetros efectivos para la evaluación de la existencia de enfermedades mentales como condición eximente de responsabilidad, hay casos que presentan una supuesta condición de trastorno mental para evadir una responsabilidad penal. Por ello, se debe reforzar el diagnóstico psiquiátrico para establecer la inimputabilidad penal.

Sin embargo, el asambleísta Lucio Gutiérrez se refirió a la reforma que propone la aplicación de la pena de cadena perpetua para los delitos más graves, incluidos los relacionados con la corrupción, porque la falta de sanciones efectivas ha hecho que Ecuador se encuentre hoy entre los países más corruptos. Las regulaciones para la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estableciendo límites para delincuencia organizada y actos de corrupción, así como lo referente al acceso a beneficios penitenciarios.

Mientras tanto, la legisladora Sandra Rueda indicó que la propuesta para incrementar las penas en el caso de los delitos ambientales, porque las sanciones que se aplican en la actualidad no guarda proporcionalidad entre el daño causado y la pena impuesta. La defensa del ambiente y la naturaleza es la defensa de la vida, así como preservar los recursos para las futuras generaciones. Se incluyen penas agravadas en el caso de incendios forestales y demás delitos ambientales, con consecuencias más severas cuando se produzcan en áreas protegidas y sobre todo, en la Amazonía o en las Islas Galápagos.

Finalmente, el parlamentario Camilo Salinas justificó el proyecto presentado por la bancada de Construye para incrementar las penas en los delitos de trata de personas, femicidio, sicariato, secuestro extorsivo, organización y financiamiento de delitos del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, actividades ilícitas en el sector minero, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 87 votos a favor aprobó el informe de fiscalización sobre la crisis energética nacional 2024, por lo que, recomienda al gobierno nacional dar estricto seguimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas y a las empresas públicas vinculadas con el sector energético y garantizar los recursos económicos suficientes para que las autoridades dispongan y ejecuten los mantenimientos preventivos o correctivos de las centrales eléctricas, que permitan su plena operatividad.

Además, la resolución recoge las conclusiones y recomendaciones del informe y exhorta al Ministerio de Finanzas para que encuentre una solución definitiva para que los valores adeudados a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) puedan ser restablecidos a la empresa pública, con el fin de que la misma pueda cumplir con las inversiones previstas en el Plan Maestro Eléctrico.

Así mismo, exhorta al Presidente de la República, Daniel Noboa revise la política de descuento del 50 % sobre los valores generados durante la crisis eléctrica, debido a que el tarifario tiene una escala creciente en función del consumo, que registra altos aumentos en la costa debido al factor climático, que superan el 50 % del valor de la planilla.

También, determina notificar a la Presidencia de la República; Contraloría General del Estado; Ministerio de Energía; autoridades del sector eléctrico y la Defensoría del Pueblo el informe íntegro; que se oficie a la Contraloría a fin de que remita un informe sobre las acciones emprendidas en torno al informe de fiscalización de la crisis eléctrica entregado el 31 de enero de 2024.

De igual manera, la resolución solicita a los ministerios de Energía y de Finanzas; autoridades energéticas y Defensoría del Pueblo remitan un informe a la Asamblea Nacional, en el plazo de 60 días, que señale cómo se atendieron las conclusiones y recomendaciones del informe actual de fiscalización de la crisis eléctrica 2024.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre recordó que en mayo de este año advirtieron que los apagones iniciarían en septiembre, producto del estiaje y por la falta de acciones de parte del Gobierno. Actualmente, Ecuador tiene un déficit de aproximadamente 900 megavatios, solo se ha recuperado 100 megavatios de generación. Hay un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, en los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa.

Mientras tanto, 120 mil dólares de inversión no podrá pone en marcha el parque térmico del país, la falta de generación de electricidad, expresó la legisladora.

Finalmente, los asambleístas coincidieron que el problema eléctrico no es un tema aislado y viene de mucho tiempo atrás, generando pérdidas económicas al sector productivo. La crisis eléctrica no es solo un problema técnico, sino de carácter humano, la incidencia económica, frente a lo cual el Gobierno esconde su inacción con excusas absurdas.

La Asamblea Nacional entregó varios reconocimientos a ecuatorianos destacados en los campos de la música, arte, salud, educación, servicio social y bomberil.

Entre los galardonados estuvo la cantante ecuatoriana Pamela Cortés, quien recibió el reconocimiento “Matilde Hidalgo de Procel” por su trayectoria artística y su contribución a la música del país.

Así mismo, el legislativo otorgó un reconocimiento al director de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, David Harutyunyan, por su impacto en el arte musical.

En cambio, en el ámbito de la salud visual, la empresa Óptica Gill, representada por Juan Carlos Larrea, fue reconocida por su excelencia y confiabilidad en el servicio, fundamentales para los proyectos de salud visual en el país.

También, la Red Juvenil «Mont Soleil» de El Quinche, representada por Jeffrey Castro, Jonathan Anicete y Juan Carlos Pineda, recibió un reconocimiento por su compromiso con el bienestar social y cultural, trabajando sin fines políticos ni lucrativos en beneficio del bien común.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Samborondón fue homenajeado por su labor en la protección de la vida y el entorno, recibiendo un reconocimiento al mérito social.

Mientras tanto, la Unidad Educativa Antonio Alomía Llory fue reconocida por su sexagésimo aniversario, destacando su continua labor educativa y su contribución al bienestar de la sociedad.

Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, por unanimidad, con 117 votos a favor, declarar como “Benemérito” a los 13 Cuerpos de Bomberos de la provincia de Los Ríos, en reconocimiento a su trayectoria institucional y labor desarrollada por varias décadas de trabajo en servicio de la colectividad. Esta distinción resalta el compromiso, valentía y profesionalismo de los miembros de esta institución, quienes han demostrado una constante disposición para enfrentar emergencias y proteger a los ciudadanos, destacándose como un ejemplo de valores cívicos que deben ser emulados por las actuales y futuras generaciones.

El Pleno de la Asamblea Nacional cumplirá una amplia agenda y desarrollará tres sesiones; primero conocerá el oficio remitido por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en la que inicie la inmediata fiscalización y control político a las ministras Ivonne Núñez, de Trabajo y Gabriela Sommerfeld, de Relaciones Exteriores, frente al sumario administrativo iniciado en su contra, por presunta falta grave, sobre la base de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Por lo que,Abad, en el oficio describe la decisión de Ruth Espinoza, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público, del 16 de septiembre, por el cual inició un sumario administrativo en su contra por presunta falta grave, determinada en el literal b) del artículo 48 de la LOSEP.

Abad solicitó que la Asamblea inicie un proceso de fiscalización contra las ministras de Trabajo y de Relaciones Exteriores y determine su responsabilidad política en ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.