Con 117 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico Ambiental, el objetivo es actualizar y clarificar la normativa existente respecto a la gestión ambiental, en especial en temas como impacto ambiental y servicios, de acuerdo con los compromisos internacionales, para asegurar una gestión ambiental eficaz.

Según, el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, indicó que las observaciones formuladas fueron recogidas en el texto final del proyecto de Ley, especialmente respecto al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la participación ciudadana, las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados en materia ambiental, áreas protegidas, servicios ambientales, regulación de actividades de restauración ambiental, entre otras.

Además, Vargas expresó que la propuesta de reforma aborda temas relacionados con compensaciones por servicios ambientales, regulación del mercado voluntario de carbono, gestión de patrimonio forestal, registro y certificación, conservación de la vida silvestre, conservación de páramos, moretales y manglares, planes e instrumentos para el ecosistema páramo.

También, el proyecto modifica el artículo 12 por el cual involucra a los gobiernos autónomos descentralizados, como parte de los organismos con competencia en materia ambiental del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

Sin embargo, en lo relacionado con la investigación ambiental, obliga a la autoridad nacional a presentar un informe anual sobre los datos científicos y técnicos sobre la biodiversidad y el ambiente, regula la participación ciudadana en la gestión ambiental a través del Consejo Ciudadano Consultivo y los Consejos Consultivos Paritarios Locales.

Mientras tanto, amplía las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y reforma las facultades de los gobiernos metropolitanos y municipales, así como las que corresponden a las parroquiales rurales, en esta materia.

Finalmente, la Asamblea Nacional remitirá el proyecto al Ejecutivo para su sanción u objeción dentro del plazo de 30 días.

La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira participó junto a la comunidad de Durán en el evento “La Paz empieza con una Sonrisa”, para conmemorar el Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre. Esta actividad contó con la presencia de más de 1.000 personas, entre usuarios de los diferentes servicios que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social, autoridades locales, de otras instituciones gubernamentales y la ciudadanía.

Además, niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social unieron su voz para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de fomentar una cultura de paz en todo el país.

Para la ministra Zaida Rovira el presidente Noboa dispuso una intervención en este cantón, el pasado 17 de julio, el eje social, en articulación con el eje de seguridad, está trabajando permanentemente. “Esta es una fiesta que celebra la paz y la unidad. Después de mucho tiempo la ciudadanía de Durán pudo desfilar por las calles que antes estaban tomadas por la delincuencia”, dijo.

Así mismo, Rovira sostuvo que la labor social es fundamental en la lucha contra la delincuencia. “Hacemos un trabajo puerta a puerta, junto a las familias y la comunidad, con el firme propósito de recuperar y fortalecer el tejido social. Hoy, Durán está dando un paso muy importante para consolidar un camino hacia la paz y la seguridad”.

Por su parte, el gobernador del Guayas, Vicente Auad, expresó que la intervención del Gobierno Nacional en este cantón ha sido integral y destacó el trabajo que se hace desde el MIES en beneficio de las personas más vulnerables.

Finalmente, se realizaron la firma simbólica del “Acuerdo social por la paz en Durán”, entre autoridades, usuarios de servicios MIES y la ciudadanía.

En el sur de Quito decenas de jóvenes y ciudadanos interesados en conocer los beneficios del proyecto de reforma a varias leyes respecto de las pasantías y prácticas profesionales en el sector público y privado, que incluye la reforma a la Ley de Juventudes.

Esta sociabilización a las reformas organizado en conjunto con la Coordinación de Participación Ciudadana, el asambleísta Franklin Samaniego explicó el procedimiento y hoja de ruta que atraviesa un proyecto de Ley hasta que sea aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Según, Samaniego la propuesta consiste principalmente que las pasantías y prácticas profesionales sean consideradas como experiencia laboral para los jóvenes. Otras de las ventajas es la consideración de la hoja de vida del pasante como medida afirmativa, para una relación laboral.

También, las pasantías y prácticas profesionales buscan reformar la Ley Orgánica del Servicio Público; el Código de Trabajo; la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial y la Ley Orgánica de Juventudes.

Mientras Tanto, plantea incluir medidas de acción afirmativas para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de los jóvenes, entre ellos el derecho a la actividad educativa, cultural, deportiva, transporte, conexión digital y capacitación.

El proyecto de reforma a las leyes fue presentado el 21 de mayo del 2024, calificado por el Consejo de Administración Legislativa, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional será la responsable de socializar y elaborar el informe para el primer debate, junto a otras iniciativas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Manabí para dar inicio con los trabajos de rehabilitación de la vía E-15, tramo La Entrada – Manta. Esta arteria estratégica conecta Manabí con Santa Elena, el Gobierno Nacional está comprometido con el mejoramiento vial del país, con lo que ambas provincias “potencializarán su desarrollo y mejorarán la calidad de vida de la población”, dijo.

La rehabilitación de esta vía de cerca de 140 kilómetros tiene una inversión de alrededor de 20 millones de dólares. Los trabajos se realizarán por tramos: La Entrada – Puerto Cayo (longitud 66,27 km); Puerto Cayo – San Mateo (longitud 67,46 km) y San Mateo – Manta (longitud 6,24 km). Se estima que la obra concluya en mayo del 2025.

La conectividad de esta vía beneficiará a 530.000 habitantes de manera directa y a cerca de dos millones de personas, permitirá fortalecer el turismo, comercio y seguridad vial.

Según, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, la obra vial impulsará el turismo de Manabí y Santa Elena, expresó.

También, Luque aseguró que están agilitando proyectos inconclusos que otros gobiernos los dejaron a ‘la deriva’, como: el palacio municipal de Portoviejo, la vía Manta – Rocafuerte, entre otros.

Finalmente, en su visita a Puerto Cayo, el Mandatario indicó que aún impacta lo que la vieja política “se robó, escondió y negoció” a cuestas del progreso del país: “Los políticos que fracasaron saben que ustedes ya no comen cuento, saben que ustedes ven el esfuerzo que hace este gobierno para salir del hueco en el que nos dejaron”, puntualizó.

El Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó este jueves 19 de septiembre 2024, el proyecto de resolución con 93 votos a favor, para reconocer y coordinar la grave situación de inseguridad que afecta las vías de comunicación terrestre en el territorio nacional, derivada de la actividad de bandas delictivas organizadas y del incremento de hechos violentos en las carreteras, agravada por las condiciones de oscuridad provocadas por los apagones, que facilitan el accionar delictivo y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la integridad de los transportistas.

Además, el proyecto de resolución rechazó enérgicamente la inacción del Gobierno frente a la grave situación de apagones de energía que afectan al país, a pesar de haber sido advertidos con anticipación por expertos y sectores productivos; esta respuesta gubernamental ha sido insuficiente y tardía, dejando al sector económico en una situación de vulnerabilidad.

Según, el documento es imperativo que el Gobierno implemente de inmediato medidas efectivas para abordar esta crisis, incluyendo un plan de contingencia que contemple, no solo la recuperación del servicio eléctrico, sino mecanismos para prevenir futuras interrupciones, ya que la falta de respuesta adecuada es inaceptable y debe corregirse con urgencia para salvaguardar el futuro económico del país y la seguridad de sus ciudadanos.

Mientras tanto, a los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Energía y Minas, coordinar de manera urgente un plan nacional para el abastecimiento de luz continuo en las vías del Ecuador.

En cambio, a los ministerios de Gobierno, Interior y de Defensa, coordinar con el Centro de Investigación Estratégica (CIES), que intensifiquen las acciones de inteligencia y control sobre las organizaciones delictivas que operan en las carreteras del país; entre otros.

Para los asambleístas los cortes de energía están afectando a todos los sectores del país, siendo uno de los más impactados el transporte. Los cortes de energía no solo pone en riego la movilidad, logística, exacerbando la crisis económica general. Los asaltos en las carreteras, se han incrementado en un 35 % a nivel nacional, con más de 200 robos a camiones. Esto afecta a los transportistas, perjudica a toda la cadena de suministros con graves consecuencias a los sectores productivos y comerciales.

Finalmente, los legisladores coincidieron en soluciones que es urgentes ante la crisis energética que vive el país está afectando, sobre todo, a los sectores productivos. El país necesita acciones concretas que garanticen que no habrá más apagones a corto y largo plazo, precisaron.

La Comisión de Seguridad Integral analizó y aprobó el informe no vinculante sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Armas, en el que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en 22 de las 29 objeciones presentadas y ratificarse en 7.

Según, el análisis de la comisión determinaron que las objeciones realizadas por el Presidente de la República son precisas y buscan enriquecer, en forma, el texto del articulado elaborado por la mesa legislativa, así como armonizarlo con la normativa vigente para su correcta aplicación.

“Salvo la ratificación de los artículos 13, 17, 41, 50, 66, 69 y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley en mención, la comisión recomienda el allanamiento de los artículos 5, 7, 9, 11, 18, 21, 27, 30, 39, 42, 46, 57, 61, 63, 64, 67, 68, 77, 78, 79 y la Disposición General Primera y Transitoria Novena”, refleja el informe.

Los legisladores miembros de la comisión coincidieron que resulta imprescindible que la Asamblea ratifique la voluntad de fortalecer la institucionalidad estatal, para que la misma pueda responder a los desafíos apremiantes en materia de seguridad.

Finalmente, el informe aprobado será remitido al Presidente de la Asamblea Nacional para que disponga su análisis y votación cuando lo considere pertinente.

Los representantes de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, llegaron a la Asamblea Nacional para exigir mayor regularización en el servicio de transporte.

Para Carlos Brunis, presidente de la FETTEP, la necesidad de contar con el Reglamento de Aplicación de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como medida indispensable para el sector y que aún no ha sido promulgado por parte de la Presidencia de la República.

Además, Brunis aseguró que con la sentencia de la Corte Constitucional todos pueden ser transportistas, las aplicaciones ponen en riego el trabajo del taxismo en Quito y el país, más cuando se intenta desde las instituciones responsables del transporte obligar el taxímetro digital.

En cambio, Alex Morales, expresó su preocupación por la falta de regulación secundaria durante los últimos tres años, lo que ha generado incertidumbre y desinformación en el sector. “No es sostenible para los transportistas vivir durante tres años sin un reglamento que regule adecuadamente la actividad”.

Así mismo, el los transportistas se concentraron en el plaza Juan Montalvo del Palacio Legislativo.

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle insistió que brindará todo el apoyo necesario para que se cumpla con la normativa vigente y se atiendan las demandas del gremio de taxistas de Pichincha.

Por lo que, se comprometió a presentar un proyecto de Ley para que los transportistas y la ciudadanía no sean afectados con los radares, en ninguna parte del país.

Finalmente, al consultar a los ciudadanos sobre el servicio de taxis y las aplicaciones manifestaron su aceptación a este tipo de servicio que es más económica, lo que un taxi amarillo con el taxímetro cuesta tres dólares en la aplicación cuesta un dólar con cincuenta, precisaron.

El Gobierno prioriza la inversión en conectividad vial en la provincia de Santa Elena. Este lunes 16 de septiembre 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa participó en el evento de suscripción de financiamientos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. al GAD Provincial de Santa Elena y al GAD Municipal de Salinas, por un monto de 10,7 millones de dólares.

“Estos recursos serán para mejorar la vialidad, protección de bienes patrimoniales y el fomento de iniciativas ambientales. Las obras significan más trabajo, turismo, crecimiento económico para la provincia”, dijo el Presidente Noboa.

Para Carlos Rivera, gerente del BDE, “un gobierno que administra bien los recursos puede responder de manera oportuna y eficiente a las necesidades de la gente, haciendo que las cosas que eran impensables en el viejo Ecuador, ahora sean posibles”. Este día, la banca pública viabilizó recursos para cinco proyectos, manifestó.

Por su parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena recibió 4,14 millones de dólares para asfaltado de la vía Libertador Bolívar – San Antonio y Cadeate y 2,07 millones de dólares para mejoramiento y rehabilitación de la vía que inicia en la comuna Libertador Bolívar hasta el sector Sitio Nuevo, en la parroquia Manglaralto.

También, el GAD Municipal de Salinas recibió 4.3 millones de dólares para la rehabilitación con pavimento asfáltico de varias calles, construcción de aceras y bordillos y obras complementarias en el sector urbano del cantón Salinas.

Además, la municipalidad accedió a un financiamiento de más de 54.000 dólares para financiar la consultoría para la actualización del catastro de bienes patrimoniales y diseño arquitectónico del nuevo museo del cantón Salinas.

Mientras tanto, el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, indicó que han tenido que pasar alrededor de 70 años para que las obras se concreten y permitan el desarrollo de la provincia.

Finalmente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Libertad accedió a un monto de 116.000 dólares, que será destinado al proyecto de adquisición de Equipos para la ejecución del Premio Verde “Ecotienda Móvil”. “Esto permitirá intercambiar los desechos reciclados por productos de primera necesidad, traduciéndose en una mejor disposición final de residuos sólidos”. “Santa Elena no está sola, aquí estamos junto a ustedes con el anhelo de construir y alcanzar un mejor futuro”, precisó el Mandatario.

La comisión Ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso Aidita Ati Gavilánez, debatió y aprobó el Plan de Trabajo según las necesidades.

El documento contiene los objetivos específicos: evaluar las medidas adoptadas por las instituciones responsables de prevenir, investigar y sancionar los casos de femicidios; revisar a fondo el caso Aidita Ati; analizar los casos de femicidios registrados en el Ecuador; examinar la situación de orfandad por estos casos; analizar las medidas de protección actuales contra la violencia de género; entre otros.

Entre las actividades constan: pedidos de información; comparecencias de autoridades, expertos y testigos; visitas in situ a instituciones militares; análisis de expedientes judiciales de casos de femicidio; recopilación de testimonios de familiares de víctimas y reportes de organizaciones.

La comisión Ocasional prevé convocar a los ministros del Interior y Defensa Nacional; Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Fiscalía General del Estado; Consejo de la Judicatura; Defensoría del Pueblo; Asociaciones de familiares de víctimas; organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Así mismo, la comisión analizó las actividades relacionadas con la resolución RL-2023-2025-071, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Según, la presidenta de la comisión, Patricia Núñez el equipo técnico mantuvo una reunión con la finalidad de analizar el artículo 4 de la resolución, respecto al seguimiento de los casos de femicidios y el reducido plazo para presentar el informe.

Finalmente, el abogado Eduardo Rojas, integrante del equipo técnico, respecto al tema se efectuará una consulta a la Coordinación General de Asesoría Jurídica.

El Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, delegados de las Funciones del Estado y representantes del Honorable Cuerpo Diplomático acreditado, conmemoraron el Día Internacional de la Democracia.

Según, Diana Atamaint, presidenta del CNE, el fortalecimiento de la democracia requiere del compromiso de todos. “Las autoridades electorales, organizaciones políticas y ciudadanía debemos cerrar filas para preservar los avances democráticos y los esfuerzos realizados por la Función Electoral para garantizar elecciones libres y justas”, dijo.

Para la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, la importancia de la Función Electoral en la garantía y ejecución de procesos electorales respetuosos de la voluntad popular. «El Día Internacional de la Democracia es un espacio para la reflexión en torno a los desafíos y oportunidades que enfrentan los sistemas democráticos «, señaló.

Durante la ceremonia, delegados de la Policía Nacional entregaron un reconocimiento al órgano electoral y se develó una placa conmemorativa en la que se resalta el compromiso del CNE para la implementación de las reformas en materia de paridad de género y participación política de jóvenes.