El Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos a favor rechazó el Informe de Labores presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa.

Además, la resolución dispone remitir a la Contraloría General del Estado el informe de la comisión Ocasional que analizó la rendición de cuentas del Primer Mandatario, a fin de que inicie las auditorias y exámenes de administración, gestión y los demás que correspondan.

Así mismo, el texto condena y llama la atención a las máximas autoridades de las diferentes entidades públicas obligadas a comparecer ante la Asamblea, quienes en cumplimiento de su deber constitucional y legal deberán comparecer cuando se las requiera, en lugar de enviar delegados, comparecencias que deberían estar acompañadas de toda la información necesaria para responder las interrogantes dada la importancia y la delicadeza de los temas que se fiscalizan.

Para José Vallejo, ponente del informe, la metodología utilizada para el análisis del informe de labores del presidente Noboa, el cual debía referirse al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que se propone alcanzar en el siguiente año, considerando que a la fecha que asumió el Gobierno, estaba vigente el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y posteriormente se aprobó el Plan Nacional 2023-2025.

Por lo que, el asambleísta Vallejo sostuvo que de las 133 metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2023, únicamente se reportan 78 y de ellas 25 cuentan con un avance esperado, superior o positivo. Del Plan 2024-2025 se observa que no cuenta con un eje específico que se relacione con la seguridad.

Mientras, tanto, de las 107, solo se reportan 18, cuatro de ellas con un avance esperado. En el informe de labores no se hace constar dichos avances.

Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó el informe de Presidente Noboa porque incumple el numeral 7 del artículo 147 de la Constitución de la República y por presentar inconsistencias en los datos, por no reportar el cumplimiento de las metas.

Con 76 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar las solicitudes de enjuiciamiento político contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, el 27 de noviembre del 2023 y 13 de mayo del 2024.

Además, en la resolución señala que el Pleno de la Asamblea Nacional es competente para conocer y resolver las solicitudes de enjuiciamiento político contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; la resolución CAL-HKK-2023-2025-0453 del 04 de septiembre del 2024, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y acumuló las solicitudes de enjuiciamiento político.

Así mismo, la resolución será notificada a las partes interesadas y a la Fiscal General del Estado. Los votos a favor del archivo fueron del PSC, ADN Y Construye, mientras Pachakutik se abstuvo y en contra por RC.

Según, el legislador Otto Vera del Partido Social Cristiano, el proyecto de resolución para conocer y resolver sobre la preclusión de las solicitudes de juicios políticos presentados contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez.

Para el legislador el CAL, el 04 de septiembre del 2024, dispuso que la comisión de Fiscalización retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político. Pero previo a la calificación de los juicios resuelva la acumulación de tales solicitudes.

También, Vera recordó lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece: “La comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud”, es decir hasta las 24h00 del 9 de septiembre del 2024, pero las decisiones de la comisión se tomaron fuera del plazo.

Finalmente, la comisión de Fiscalización continuará con los juicios políticos a los ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso.

PRONACA una empresa orgullosamente ecuatoriana, productora de alimentos de calidad, comprometida con el país a largo plazo. Desde la fundación la solidaridad, responsabilidad e integridad para alimentar bien, trabaja en forma eficiente, humana y sosteniblemente. Por lo que, hace tres años cambió la visión de un grupo de ejecutivos de la empresa ecuatoriana conocieron la realidad de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador y los devastadores efectos en la vida de las niños, niñas y adolescentes que la sufren.

Además, Ecuador es el segundo país de la región con mayores índices de DCI y que esta condición puede causar un limitado desarrollo cognitivo, aumentar el riesgo de contraer enfermedades graves en la edad adulta, entre otras condiciones no favorables, fue la motivación para buscar la manera de poner en marcha iniciativas que contribuyan a combatir esta condición que afecta a tres de cada diez niños menores de 2 años en el país.

Además, PRONACA, de la mano de REDNI (Red para la Nutrición Infantil), apoya cuatro centros de prevención de la DCI en Pifo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Durán y Bucay. En estos lugares atienden a madres desde la etapa de gestación y se les acompañan hasta que sus hijos cumplan los 1000 primeros días de vida, periodo fundamental para adquirir hábitos adecuados y recibir atención médica que eviten la DCI.

De esta forma, la alianza ha permitido atender a más de 200 madres y niños, que en este 2024 ya cumplen esos primeros 1000 días de vida en condiciones favorables y sin desnutrición.

Por lo que, en reconocimiento al trabajo y apoyo entusiasta de PRONACA en esta labor, la Fundación REDNI entregó un reconocimiento a los directivos de la compañía y reafirmaron su compromiso por continuar aportando al mantenimiento y crecimiento de este proyecto.

“Nuestro interés es seguir estrechando lazos con REDNI y con su labor que está cambiando la vida de estas madres y sus familias, para contribuir de alguna manera al combate de este problema que es de interés nacional,” aseguró Alexandra Chamba, Directora Corporativa de Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Legal de PRONACA.

Finalmente, la alianza entre las dos instituciones se fortalece cada día y busca nuevas formas de consolidar y multiplicar este proyecto que beneficia a nuestra sociedad, precisaron.

La comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, aprobó los informes para primer debate de los proyectos de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en el Ecuador y la Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna.

El proyecto de Ley para prevenir y erradicar la malnutrición en el Ecuador busca asegurar y garantizar que los niños, adolescentes, mujeres embarazadas y los recién nacidos cuenten con las condiciones adecuadas para que no se les restrinja el derecho a la lactancia y a una alimentación sana, equilibrada y adecuada, esencial de un óptimo desarrollo.

Mientras tanto, que el proyecto de Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna busca establecer un marco normativo para tener el medio idóneo para asegurarle a los niños una adecuada nutrición y favorecer su normal crecimiento y desarrollo integral a través de la planificación, diseño, desarrollo, investigación, educación, ejecución de programas, estrategias, políticas públicas y acciones.

Según, el informe el apoyo a la lactancia materna es una cuestión de corresponsabilidad. El papel del Estado, el sector laboral público y privado y el hogar son fundamentales para garantizar su éxito. No debe asumirse como una responsabilidad individual endosada a las madres, sino a los diversos niveles de su entorno.

Por lo que, la propuesta unificada refiere a su objeto, ámbitos y principios; la política de la lactancia materna; crea el Consejo Nacional para el Apoyo a la Lactancia Materna; trata la educación e información sobre la alimentación infantil; los agentes de salud y su responsabilidad; bancos de leche humana y medidas de protección.

El proyecto de Ley contiene 32 artículos en 6 capítulos; 1 disposición general; 5 transitorias; 8 reformatorias; 2 derogatorias y 1 final.

Finalmente, ambos proyectos en el proceso y elaboración de los informes, la comisión recibió, sistematizó y analizó aportes técnicos y observaciones presentadas por expertos, académicos, organizaciones, asociaciones, fundaciones y la sociedad civil.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este viernes 6 de septiembre, aprobó el reglamento sobre personas naturales o jurídicas que realicen encuestas de voto a boca de urna (exit poll), que regirá para las Elecciones Generales 2025.

La normativa incluye reformas en los requisitos de inscripción, documentos metodológicos, entre otros elementos técnicos, a fin de resguardar la integridad del proceso electoral del próximo 9 de febrero.

La inscripción de personas naturales o jurídicas interesadas en realizar encuestas de voto a boca de urna, se realizará de manera física en la sede matriz del CNE y en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, a partir de la convocatoria a elecciones y hasta 30 días antes del día del sufragio general.

La comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, la ministra de Educación, Alegría Crespo explicó el avance en los pagos del bono de jubilación a los docentes, según el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, la ministra señaló que para el 2024, el presupuesto destinado a la jubilación por Ministerio de Educación es de 140 millones de dólares, 99 millones de dólares están destinados a bonos para 1.985 jubilados y 40 millones de dólares para 901 jubilados.

Así mismo, Crespo informó que hasta agosto del 2024 se han reportado un total de 1.390 jubilados que han recibido el pago.

El asambleísta Jaime Guevara solicitó la programación de proyección de pagos para los trabajadores jubilados para el año 2025.

Según, María Teresa Pasquel, la importancia de la salud y educación, los maestros jubilados requieren su recompensa justa a través del Ministerio de Finanzas.

Finalmente, John Polanco aseguró que el gobierno hace grandes esfuerzos a través del Ministerio de Finanzas, en alianza con Educación, para analizar las formas de pago a una deuda histórica.

En un acto que marca el inicio de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Educación suscribieron este jueves 5 de septiembre 2024 un convenio de cooperación interinstitucional por dos años, para fomentar la educación para la democracia en las nuevas generaciones, en el marco del fortalecimiento y renovación curricular que contempla la inserción de Ética, Cívica e Integridad.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que «esta alianza estratégica es fundamental para garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan con una sólida formación en valores democráticos, participativos y solidarios. La educación cívica es la base para construir una sociedad más justa y equitativa».

Por su parte, la ministra de Educación, Alegría Crespo indicó que «la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de un país. Al promover la formación cívica desde temprana edad, estamos sembrando las semillas para una democracia más participativa y activa a través de ciudadanas y ciudadanos que entienden y respeten sus obligaciones y derechos en una sociedad democrática».

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle recibió en su despacho a los representantes de los gremios de las distintas modalidades de transporte de Pichincha, quienes expusieron los problemas por los que atraviesan, fundamentalmente en materia de control por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, debido a la falta del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Según, la asambleísta María Fernanda Araujo estos representa al 55 % del transporte, hasta el momento no se ha emitido el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en tres ocasiones a los gremios les habrían enviado unos formularios para que realicen las observaciones y no se ha aprobado el documento.

Además, la legisladora señaló que las autoridades pretende incluir una norma que obligue al taxismo a adquirir un nuevo taxímetro, cuando actualmente ya cuentan con un dispositivo homologado, lo cual implicaría un costo adicional a su frágil economía.

Por su parte, Carlos Brunis, sostuvo que el gremio del transporte de taxis de Pichincha, no se oponen al uso de este servicio mediante plataformas, lo que el gremio propone es que se realice a través de vehículos debidamente registrados y que cumplan con los mismos requisitos que se exigen a la transportación general, mientras a los taxis formales se les obliga a cumplir con la revisión vehicular, un tipo determinado de licencia, entre otros requisitos.

El Gobierno no cumple con la compensación por la eliminación de los subsidios a las gasolinas Ecopaís y Extra, en algunos casos solo se les pagó una cuota y luego no fue posible entrar al sistema, dijo Brunis.

También, el dirigente de taxis de Pichincha, solicitó buscar una estrategia con el Municipio de Quito y las autoridades del transporte para garantizar la seguridad en las vías.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle se comprometió a convocar al parlamento a las autoridades de la ANT y MTOP, el objetivo encontrar soluciones a las inquietudes y problemas de la transportación.

La Asamblea Nacional posesionó a Hans Ehmig Dillon como superintendente de Competencia Económica. La autoridad desempeñará sus funciones por cinco años, de conformidad con el artículo 205 de la Constitución de la República y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

También, LA Asamblea Nacional posesionó a José Merino Abad como tercer consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de los artículos 120 de la Constitución de la República y 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según, la norma constitucional, el CNE se integrará por cinco consejeras o consejeros principales, que ejercerán sus funciones por seis años y se renovará parcialmente cada tres años. Así mismo, existirán cinco consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 956, con 87 votos a favor rechazó y condenó enérgicamente la sentencia dentro de la causa 17283-2024-01215 de la Acción de Protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, porque considera ha sido emitida violando la Constitución de la República, interfiriendo flagrantemente en la independencia de funciones del Estado y en contra de lo que dispone la Corte Constitucional en la sentencia del 25 de octubre del 2023, que tiene carácter de definitivo y vinculante conforme lo establecido la Carta Magna.

Por lo que, los legisladores autorizaron al presidente de la Asamblea Nacional para que presente todos los recursos procedentes, dentro de la ilegal e inconstitucional acción de protección presentada por la legisladora Inés Alarcón, sin perjuicio de la nulidad he inconstitucionalidad.

Además, el legislativo esperará el pronunciamiento y decidirá la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda.

Así mismo, el Pleno de la Asamblea Nacional, autorizó al presidente que sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, a través de la Coordinación Jurídica presente ante el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado las denuncias correspondientes contra el Juez que sustanció y emitió la sentencia y las personas relacionadas con la acción.

También, dispuso al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa para que inicien los procedimientos administrativos respectivos en contra de los asambleístas Inés Alarcón y Xavier Jurado, sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Finalmente, la resolución ratificó lo actuado por el Secretario General de la Asamblea Nacional, quién rechazo la sentencia del juez de primera instancia. Leonardo Berrezueta recordó que la comisión de Fiscalización en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, archivó las solicitudes de juicio político en contra de los exministros Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo.