La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, presentó la moción para la declaratoria del 8 de diciembre de cada año, como Día de Luto Nacional en Memoria de la Justicia y la Lucha contra la Impunidad, por el atroz crimen cometido contra los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil.

“Lo hacemos en memoria de los cuatro niños de Las Malvinas. Inocentes víctimas de los abusos, desafueros, extralimitaciones y excesos”, los delitos de lesa humanidad no prescriben, dijo la presidenta Viviana Veloz.

Además, el país tiene una memoria histórica corta y en ese contexto, es necesario un recordatorio que casos como este no pueden quedar en la impunidad, expresó Veloz.

“Todas las mujeres, hombres y ciudadanos sensibles nos hemos puesto en los zapatos de los padres de estos niños. Este país no necesita más héroes nacionales, necesita justicia social”, sostuvo.

También, la resolución permitirá que las barras altas del Pleno Legislativo sean nombradas como “Los cuatro de Las Malvinas”, en memoria de Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años).

Con 92 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución presentada por la presidenta de la Asamblea quién agradeció a los legisladores que se pusieron de lado de las víctimas y aseguró que queda demostrado que hay un doble discurso, por un lado, el oficialismo pretendió declarar a los menores héroes nacionales, pero para esta resolución se abstuvieron de dar su voto.

Finalmente, “queda demostrado que una cosa es la que dicen en el discurso y otra la que aplican en la práctica. Tienen un silencio cómplice y aunque guarden ese silencio cómplice, nunca podrán lavarse la cara”, precisó.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió encargar temporalmente la presidencia de la Asamblea a la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, Esther Cuesta, por el período comprendido del domingo 05 de enero al domingo 09 de febrero del 2025, por cuanto la presidenta Viviana Veloz, así como el Primer y Segundo Vicepresidente son candidatos de elección popular al mismo cargo y de pleno derecho deberán hacer uso de licencia sin remuneración en periodo de campaña electoral.

Durante este tiempo se suspenderán los plazos de los trámites, las funciones del CAL, así como las sesiones de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales en las que el Presidente y Vicepresidente sean candidatos de elección popular.

La Asamblea Nacional, con 79 votos a favor, resolvió que todos los asambleístas que son candidatos al mismo cargo, deberán hacer uso de la licencia sin remuneración del 05 al 09 de febrero del 2025, en cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia.

Por lo que, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso a la Secretaría General que ejecute a los alternos para los asambleístas que son candidatos de elección popular, conforme lo determina la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.

Además, se suspenderá el pago de cualquier tipo de remuneración, derecho o beneficio, así como la suspensión de accesos, credenciales, correos, sistema DTS o de cualquier medio a los asambleístas que son candidatos.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz dijo que la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del 2010, se refiere al cálculo de los periodos y no al cumplimiento de requisitos, por lo que se debe cumplir con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Electoral, que es obligatorio. En este marco, informó que han solicitado la licencia más de 75 asambleístas.

La campaña electoral de las Elecciones Generales 2025 comenzará a las 00h00 del domingo 5 de enero y se extenderá hasta las 23h59 del jueves 6 de febrero.

Las candidaturas calificadas en firme por el Consejo Nacional Electoral y sin trámites pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral podrán hacer uso del Fondo de Promoción Electoral durante estos 33 días para promover sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, de forma equitativa e igualitaria.

También, podrán realizar eventos públicos, mítines y reuniones, pintura de murales o material publicitario como adhesivos, camisetas, entre otros, con miras a ganar el apoyo ciudadano, sin sobrepasar el Límite del Gasto Electoral fijado en 5´494.525,60 de dólares para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República.

Quienes incumplan los plazos establecidos para realizar campaña electoral, incurrirán en infracciones electorales graves, sancionadas con multas que van desde once hasta veinte salarios básicos unificados, destitución o suspensión de derechos de participación, desde seis meses hasta dos años.

Finalmente, para las elecciones están calificadas en firme 4.463 candidaturas entre principales y suplentes.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con cinco votos a favor, calificó a trámite la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, presentada por la legisladora Ana Herrera Gómez, por supuesto incumplimiento de funciones.

La solicitud de la legisladora Herrera tiene relación con un supuesto “conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones respecto del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública”, así como la “denuncia de concusión y perjurio vinculado a un contrato de arrendamiento”, por parte de la funcionaria denunciada.

La presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre indicó que, en la sustanciación de un pedido de juicio político, corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional la decisión final. Por lo que, tras la calificación a trámite de la referida solicitud dispuso la notificación a las partes.

El Consejo de Administración Legislativa, dispuso a la Presidencia de la Asamblea Nacional que convoque de forma inmediata al Pleno de la Legislatura para que como máximo órgano de decisión resuelva sobre la licencia sin remuneración de los funcionarios públicos de elección popular que son candidatos a la reelección de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 del Código de la Democracia.

También, el CAL resolvió declarar receso parlamentario desde el día 8 hasta el 22 de enero del 2025, para los asambleístas que están en ejercicio de sus funciones en la Asamblea Nacional; así como para las sesiones del Pleno; Comisiones Especializadas Permanente y Ocasionales; reuniones de Grupos Parlamentarios Temáticos y Grupos Interparlamentarios de Amistad; del Comité de Ética; sesiones del Consejo de Administración Legislativa y para toda actividad legislativa.

Durante el receso legislativo se suspenderán los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes; sustanciación de solicitudes de juicio político; tramitación de amnistía, indultos, quejas, denuncias; enmiendas y reformas parciales a la Constitución; proceso de seguimiento y evaluación a las leyes y demás trámites, procesos o ejercicio de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional y sus órganos.

Entre tanto, las actividades administrativas, de gestión y funcionamiento se mantendrán, con el personal necesario para garantizar el idóneo, eficiente y eficaz funcionamiento de la Asamblea Nacional.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, recibió a Gustavo Ayala, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, quien explicó sobre el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, en el marco de la fiscalización a las acciones realizadas para reducir la inseguridad en las instituciones educativas del Ecuador.

El programa abarca un número determinado de 365 instituciones educativas, con una cobertura de 457 mil estudiantes y su focalización se definió con base en la capacidad operativa de la Policía Nacional, priorizando los indicadores de inseguridad de la zona, emergencias reportadas y casos de violencia escolar, detalló el funcionario.

En cuanto a la categorización por nivel de riesgo, informó que existen 14 instituciones de riesgo mayor, en las que se realizan intervenciones integrales y promoción de derechos, así como de riesgo medio y menor, donde se prioriza el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes.

“Las instituciones del Ecuador siguen siendo espacios seguros, pues más del 90 % de eventos de inseguridad se dan fuera de ellas”, aseguró el subsecretario.

Además, el programa comprende la articulación profunda entre la comunidad educativa; la Policía Nacional, en su rol de vigilancia de los predios educativos y de inteligencia; el Ministerio de Educación, brinda acompañamiento para fortalecer capacidades psicosociales y emocionales.

Así mismo, el subsecretario de educación destacó que la cartera de Estado brinda capacitaciones a profesionales de la educación sobre rutas y protocolos de violencia, prevención de riesgos psicosociales, habilidades psicoemocionales y el fortalecimiento de códigos de convivencia que se adaptan a la situación de inseguridad que se puedan registrar en los entornos educativos.

Mientras tanto, los proyectos que forman parte del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, son el Plan Nacional de Prevención de Riesgos; Plan de Orientación Vocacional y Profesional; Programa de Gestión Escolar Colmena; Agenda Digital Educativa; Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas; entre otras.

Finalmente, las asambleístas Zolanda Plúas y Ana María Raffo solicitaron al funcionario la información sobre el presupuesto desglosado y asignado para todos los proyectos y programas expuestos, a razón de conocer sobre el alcance y ejecución real de los mismos, precisaron.

El Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite las solicitudes de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez conocido los informes técnico-jurídicos no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa, que cumple los requisitos para la procedibilidad de estos procesos de control político. Corresponderá a la Comisión de Fiscalización avocar conocimiento y sustanciar el trámite de los mismos.

Además, el CAL calificó a trámite 15 iniciativas legales con la disposición de que las comisiones designadas para su tratamiento, las unifiquen con otras que ya se encuentren en análisis.

Así mismo, tres reformas al COIP respecto a la retención vehicular, una a la LOFL para la conformación de la Comisión Permanente de la Economía Popular y Solidaria y otra al Código de la Democracia, serán tratadas por la Comisión de Justicia.

En cambio, una reforma al Código de Trabajo y dos nuevos proyectos de Ley para la Jubilación Especial de la Industria del Cemento y para la protección a trabajadores de plataformas digitales de servicios, irán a tratamiento en la Comisión de Derecho al Trabajo.

Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria será tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico. Mientras que la Comisión de Soberanía Alimentaria analizará un proyecto de Ley Orgánica para el Fomento, Producción, Comercialización, Consumo y Fijación del Precio de la Papa.

También, la comisión de Biodiversidad estudiará una reforma a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la Comisión de Educación analizará una reforma a la LOES, para reconocer el mérito académico de los bachilleres.

Finalmente, la reforma a diversas leyes para promover la igualdad de género en materia deportiva irá a la comisión de Salud y una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública será estudiada por la comisión de Régimen Económico.

Este lunes 30 de diciembre 2024, la comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, continúa el proceso de fiscalización sobre la desaparición de os cuatro menores de edad de Las Malvinas, recibió al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; al comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Patricio Vela; comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos y representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Según, el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo se solidarizó con las familias y aclaró que, hasta el momento, “el caso no ha sido catalogado como desaparición forzada por parte de las autoridades judiciales”. El Ministerio ha brindado todas las facilidades para que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes, manifestó.

Por su parte, el Comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela expresó su indignación ante lo sucedido y reafirmó que las Fuerzas Armadas continuarán colaborando con la justicia.

En cambio, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos explicó cronológicamente los hechos ocurridos el 8 de diciembre del 2024, las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas enmarcadas en el cumplimiento de su deber. Confirmando que han entregado información clave, como videos y listas del personal involucrado, para facilitar las investigaciones.

De su lado, el asambleísta Lucio Gutiérrez criticó el sistema judicial por su ineficiencia, la Asamblea Nacional ha dotado de herramientas legales para fortalecer la seguridad del país, aseguró.

Mientras tanto, Fernando Bastias, representante de la CDH, cuestionó las directrices que rigen las acciones de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción y confirmó que una jueza declaró la existencia de una desaparición forzada en el caso. Y presentó recomendaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Finalmente, la comisión continuará trabajando en la fiscalización de este caso y en las reformas legales, con el objetivo de garantizar justicia y respuestas para las familias de los menores desaparecidos.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, aprobó el informe de investigación a las actuaciones de funcionarios del Estado frente a las denuncias públicas sobre la presunta mala calidad, indebida prestación y cobros excesivos de los servicios de telefonía e internet móvil y generadores eléctricos a nivel nacional.

Además, la comisión identificó problemas como la falta de respuesta institucional, siendo esta “insuficiente y tardía”. Las “medidas como la entrega de gigabytes adicionales a los usuarios fueron inútiles en un contexto donde la conectividad era inexistente debido a la falta de energía eléctrica”.

También, el documento detalla que, durante el período de crisis, la Defensoría del Pueblo recibió más de 750 denuncias relacionadas con la mala calidad del servicio y los cobros indebidos.

Sin embargo, no se observó una coordinación efectiva entre esta y las entidades reguladoras para resolver los problemas de manera rápida y efectiva.

Así mismo, otro aspecto crítico fue la limitada fiscalización por parte de las entidades reguladoras. “Aunque ARCOTEL aplicó sanciones a algunas operadoras, estas carecieron de impacto significativo y no motivaron mejoras sustanciales en la prestación del servicio”, lo que implica una responsabilidad directa del Gobierno Nacional en la gestión del problema.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre dijo que “la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios en situaciones de emergencia, los dejó desprotegidos frente a los abusos de las operadoras”. El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea considerado el Pleno.