Cerca de 1,1 millón de habitantes de Bolívar, Tungurahua y Los Ríos se beneficiarán del paso lateral de Guaranda, arteria vial que contará con 13.29 kilómetros de longitud. El presidente de la República, Daniel Noboa constató este 5 de diciembre del 2024, el avance de la obra que llegan a un 55 %. “El paso lateral de Guaranda ha sido esperado por años. Hoy es una realidad de calidad, sin sobreprecios ni negocios truchos, dijo.

Esta obra estará lista a finales del 2025, cuenta con una inversión de 55 millones de dólares” y beneficiará a los guarandeños, expresó el Mandatario.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, manifestó que esta administración retomó el proyecto que, desde el 2020, solo presentaba un progreso del 23%. “Nosotros en 12 meses hemos ejecutado un 32 %. Hoy estamos en el 55 % de avance”.

Además, la construcción de la infraestructura incluye la edificación de dos puentes sobre el río Guaranda y río Salinas, dos carriles, capa asfáltica y otros elementos técnicos necesarios que mejorarán la conectividad vial entre Guaranda, Ambato y Babahoyo, explicó el ministro.

Mientras tanto, el Gobierno instala tres puentes provisionales tipo Bailyes en los sectores de El Chorro y Chalata: “Estos puentes permitirán mejorar el flujo vehicular, lo que beneficiará tanto a los comerciantes, viajeros y a las comunidades de Guaranda, sus alrededores hasta que se complete el paso lateral que ustedes merecen”, aseguró el Jefe de Estado.

Finalmente, el Presidente Noboa indicó que pese a los desafíos que ha presentado su gobierno como la guerra contra el narcotráfico, los efectos del cambio climático, la extrema sequía y los ataques desde la antigua política se ha salido adelante gracias al apoyo de la gente: “Estas obras son las que llegan al corazón de los ciudadanos. Y en momento de adversidades esto significa que el Gobierno si prioriza la tranquilidad de los ecuatorianos; ponemos al Ecuador primero”.

La Función de Transparencia y Control Social, a través del contralor general del Estado, Mauricio Torres, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, el proyecto de Ley contra la Corrupción y Promoción de la Transparencia en la Gestión Pública, que tiene por objeto adoptar medidas contra la corrupción, promover la transparencia de la gestión pública, la ética y buenas prácticas del sector privado en su relación con el sector público y fortalecer a las instituciones que conforman la Función de Transparencia y Control Social.

Para la Presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, la iniciativa busca promover la transparencia en la Función Pública, siendo de vital importancia trabajar en el eje contra la corrupción, por lo que recordó que al inicio de su gestión requirió el acompañamiento de la Contraloría, para alinear esfuerzos institucionales con este objetivo.

Además, Veloz dijo que hay el compromiso del legislativo para apoyar este tipo de iniciativas, el Consejo de Administración Legislativa avocará conocimiento y calificar a trámite el proyecto de Ley.

Así mismo, la presidenta de la Asamblea Nacional, señaló que la propuesta de Ley es un eje fundamental para dejar sentada las bases y recuperar la confianza de la ciudadanía en la función pública.

“El objetivo de propuesta es establece capítulos sobre la cooperación interinstitucional; plan nacional de lucha contra la corrupción; eje preventivo, control, sancionador, faltas y sanciones”.

También, concede el plazo de 24 meses contados a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, para que las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social emitan, actualicen o reformen su normativa interna, a fin de viabilizar la aplicación de la presente Ley Orgánica.

En cambio, la Contraloría General del Estado, en el plazo de 24 meses contados a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, creará el sistema integrado de información y expedirá la normativa correspondiente.

Finalmente, el Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social emitirá los lineamientos para la aplicación del eje de control, en el plazo de hasta 24 meses contados a partir de la vigencia de la Ley.

Según, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz le “darán a la exministra Andrea Arrobo todas las garantías para que entregue los elementos probatorios que den cuenta de la posible negligencia por parte del presidente de la República, Daniel Noboa en la crisis energética.

En cambio, a través de un comunicado público, la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo explicó que no comparecería a la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político que se desarrolla en su contra, por temor a las represalias. Ante esto la presidenta Veloz, sostuvo que los miedos son legítimos.

“Entendemos, hemos travesado por procesos de hostigamiento y persecución. Lo que la exministra expone es grave; informa al país que hay chats entre ella y el presidente Noboa, donde se informaba y alertaba de la crisis en materia energética y, según la exministra, se le habría solicitado que no hable de ello porque podría afectar a la consulta popular”, afirmó.

También, Veloz señaló que la Asamblea Nacional busca justicia y la verdad, por ello, solicitó a la exministra que comparezca al Parlamento, “que le dé un baño de verdad al país” y que, si tiene estos chats que develarían la negligencia en el tema energético, los presente, el Legislativo le brindará todas las garantías y resolverá si se censura o no.

Finalmente, exhortó públicamente a la Fiscalía General del Estado para que actúe con transparencia, porque en esa misma carta la exministra señala que esta entidad trabaja de forma conjunta con el presidente Noboa y tiene miedo de ser detenida o procesada injustamente por entregar las pruebas.

El informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que agrupa 42 iniciativas, está listo. La presidenta de la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, Victoria Desintonio indicó que realizaron el análisis de 42 proyectos de Ley, en 27 mesas de trabajo. La propuesta responde a la necesidad de los gobiernos autónomos descentralizados del país.

Según, la presidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales (CONGOPE), Paola Pabón han pasado 14 años de vigencia del COOTAD, tiempo para conocer los avances y los problemas que se identifican desde los territorios.

Por lo que, las observaciones giraron sobre cuatro temas: competencia de vialidad, competencia de riego, descentralización fiscal y seguridad ciudadana, explicó Pabón.

Además, la prefecta de Pichincha sostuvo que las propuestas específicas, para obtener la facultad de legalizar a las asociaciones de mantenimiento vial, invertir directamente en la competencia de riego y costeo de competencias.

Mientras tanto, el tratamiento de la reforma respalda la autonomía y descentralización de los GAD, en pro de la calidad de vida de los ciudadanos.

Finalmente, los temas de la actual reforma tienen relación con los procesos de remoción de las autoridades ejecutivas y legislativas de los GAD, así como clarifica los procedimientos de regularización de barrios y asentamientos de hecho no consolidados.

La comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de los manabitas y debatió el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Intercultural del Uso, Gestión, Protección y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, tras unificar las tres iniciativas y con los nuevos aportes, la aprobación del documento final será la próxima semana.

Además, el informe borrador destaca que existen artículos que requieren del procedimiento de consulta prelegislativa.

Así mismo, el proyecto de Ley de más de 300 artículos, toma en cuenta varios ejes como el derecho humano al agua; gestión pública y comunitaria; respeto a los derechos de la naturaleza; relación del agua para la vida; derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionales; entre otros.

La comisión de Biodiversidad escuchó a varios delegados locales quienes recordaron la gestión de la extinta Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, la necesidad de impulsar nuevos proyectos y sobre todo una mejor administración de los recursos públicos, señalaron.

Además, los representantes del GAD provincial de Manabí y Ministerio del Ambiente.

Por lo que, sugirieron la conformación de una mesa técnica y la ampliación del tiempo para el análisis integral del contenido del proyecto de Ley.

Por su parte, la asambleísta Sofía Sánchez destacó la posición de la población respecto a la defensa de los recursos hídricos y la lucha por el agua de calidad para la producción y consumo diario.

En cambio, el asambleísta Carlos Vera manifestó que el problema y actividades del agua, como la pesca requiere la intervención del legislativo.

Finalmente, el presidente de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Guido Vargas calificó de positiva la participación de la ciudadanía y autoridades de Manabí, esto va a permitir realizar una Ley que beneficie a todos. También entregaron reconocimientos a varios ciudadanos que aportaron con su accionar a la provincia de Manabí, en diferentes campos.

Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria, a través del Combate al Lavado de Activos, calificado como urgente en materia económica, por el presidente de la República, Daniel Noboa.

Además, el legislativo no dio paso a la propuesta del Gobierno Nacional de aprobar más impuestos para los ecuatorianos.

Así mismo, la Asamblea Nacional ratificó a través de la presidenta Viviana Veloz, que “esta Asamblea siempre está lista para apoyar a las familias, pero no permitirá que se cargue un impuesto más a la clase obrera y trabajadora, no dará sus votos para que se impongan nuevos impuestos”, aseguró.

Durante el primer debate este 27 de noviembre del 2024, los asambleístas argumentaron que el proyecto no plantea soluciones efectivas para combatir el lavado de activos.

Además, consideraron que la verdadera intención es crear más impuestos para los ecuatorianos, lo que tendría un impacto directo sobre las personas de ingresos medios y bajos, agravando aún más la situación económica, señalaron.

Finalmente, la moción de negación y archivo la presentó el parlamentario Jorge Peñafiel de Construye, tras argumentar que este proyecto de Ley pretende una reacomodación inmediata de recursos sin una planificación técnica adecuada, lo que afectará a la calidad de vida de la ciudadanía. “Que quede claro el mensaje: no más impuestos para la gente pobre”, puntualizó.