Este 12 de julio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la acreditación de seis (6) ciudadanos que cumplieron los requisitos establecidos para conformar la veeduría de control para elegir a los tres representantes estudiantiles que integrarán el Consejo de Educación Superior (CES), conforme el siguiente detalle:

El ejercicio de la veeduría tiene carácter cívico, voluntario y proactivo. Su accionar será objetivo e imparcial, siendo de carácter temporal y se conformará de forma previa y simultánea a la ejecución del concurso

La Comisión de Educación avocó conocimiento del proyecto reforma a varias leyes respecto a las pasantías o prácticas profesionales en el sector público y privado.
Según, el legislador Franklin Samaniego, este proyecto de Ley, “actualmente no existe una regulación a las pasantías, los derechos de los pasantes y el reconocimiento de su trabajo como experiencia laboral, por lo que esta iniciativa busca establecer directrices claras para fortalecer los derechos de los pasantes”.
La iniciativa reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público; la Ley de Pasantías del Sector Empresarial y la Ley Orgánica de Juventudes, el objetivo es fortalecer el contrato de pasantías, con una duración de al menos 3 meses; otorgar un contrato indefinido sin período de prueba si este plazo se extendiera; una retribución económica equivalente al salario básico unificado; la afiliación desde el primer día de la pasantía; la obligación en la entrega de un certificado de experiencia laboral, entre otros.
Además, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional escuchó a los representantes de los técnicos docentes de varias instituciones de educación superior, a nivel nacional, en el marco del tratamiento de la Ley Interpretativa del artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Por lo que, Walter Salas, de la Escuela Politécnica Nacional indicó que, “los técnicos docentes desempeñan las mismas funciones que el personal docente, pero bajo la denominación de personal de apoyo a la academia, lo que les impide recibir una remuneración similar”.
“La remuneración del personal técnico docente es del 50 % menor a la de un docente o investigador, aun cuando, en la práctica, sus funciones y jornada laboral son iguales”, manifestó.
Mientras tanto, Pamela Alarcón y Ana Cunachi, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo sostuvieron que “los técnicos docentes, al no ser considerados como personal académico, no son considerados para las oportunidades de desarrollo de carrera y crecimiento laboral, ni cuentan con el derecho de elegir un representante para los consejos universitarios”.
Finalmente, los docentes solicitaron a la comisión realizar un análisis profundo sobre la propuesta de Ley interpretativa, sería beneficiosa para alcanzar la equidad para todos los docentes en la promoción académica, capacitación, remuneraciones y estabilidad laboral, puntualizaron.

El asambleísta Paúl Buestán, de la provincia del Cañar, presentó el proyecto de Ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes constitucionales de la República.
Según, Buestán la propuesta busca que haya un equilibrio jurídico y práctico al problema generado por el pago de las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes, alrededor de 81 mil dólares el Estado gasta al mes por este rubro, mientras no hay dinero para atender a los maestros, comprar medicinas o invertir en vialidad, los recursos se van para 27 ciudadanos que algunos ni viven en el país o cobran familiares, dijo.
Además, el legislador explicó que con la derogatoria de los artículos 135 y 136 de Ley Orgánica del Servicio Público se eliminará el pago de las pensiones vitalicias, por tanto, el o la cónyuge o los herederos no podrán acceder a estos beneficios.
Sin embargo, la mayoría de quienes cobran estás pensiones, incluso no ha terminado su período su mandato, no viven en el país, están inmersos en procesos judiciales.
Para el asambleísta de ADN, Adrián Castro es una propuesta excelente pensiones vitalicias a cuenta de que, los sueldos vitalicios hay que eliminarlos urgentemente, señaló.
Finalmente, en el 2023 existieron varios proyectos de Ley para eliminar las pensiones vitalicias, de los expresidente y exvicepresidentes, pero la Asamblea Nacional no dio paso estás iniciativas, decidiendo la reducción del 75% de la remuneración actual que percibe el Presidente de la República, porque no son servidores públicos.

La comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Primera Infancia, contiene temas como los derechos de las niñas y niños en la primera infancia, la lactancia materna, los lineamientos para las políticas en primera infancia, el contenido mínimo del Plan Nacional y las obligaciones de los órganos ejecutores, entre otros.

Para el asambleísta Hoover Delgado es importante colocar a los niños y niñas como prioridad en todas las políticas y decisiones empresariales, señaló.

Además, Delgado sostuvo que deben existir prohibiciones claras y estrictas en todos los ámbitos empresariales para asegurar que los intereses y el bienestar de los menores no se vean comprometidos.

Por su parte, el asambleísta Jorge Peñafiel indicó la importancia de proteger a los niños y niñas, siendo oportuno reevaluar y mejorar los enfoques actuales en la gestión de estos temas. Tenemos que reflexionar sobre la necesidad de abordar el desempleo y otros desafíos sociales de manera integrada y holística.

La legisladora Rocío Bohórquez propuso una ampliación en el alcance de las medidas de protección de los derechos de los niños y niñas. La supervisión integral debe ser a todos los sectores y actores involucrados, asegurando así una protección efectiva y exhaustiva para los niños, niñas y adolescentes, explicó.

La asambleísta por Manabí, Gabriela Molina presentó el proyecto de Ley para regularizar la estabilidad laboral de los servidores públicos, estableciendo la obligatoriedad de realizar concursos de mérito y oposición para aquellos puestos ocupados, por más de cinco años por servidores de contrato ocasional o nombramiento provisional.

“Esta Ley se aplicará en todas las instituciones, entidades u organismos del sector público, para los servidores que mantengan contratos de servicios ocasionales por cinco años o más, de manera continuada o interrumpida”, dijo.

Además, la legisladora sostuvo que, “este proyecto de Ley no generará ningún impacto económico, ni cambio en el presupuesto general del Estado, los servidores públicos con nombramiento permanente conservarán el mismo nivel remunerativo que venía percibiendo con el contrato ocasional o nombramiento provisional”.

Así mismo, el proyecto de Ley contiene 9 artículos, establece los parámetros que serán valorados para el concurso, profesionalización del servidor, experiencia en el puesto, años de servicios prestados y la asignación de 2 puntos adicionales por cada año de servicio, como acciones afirmativas.

“A diciembre del 2023, el Ministerio de Trabajo registró a 492.615 funcionarios públicos dentro de las entidades que forman parte del presupuesto del Estado. De estos, el 22 %, es decir 109.684 servidores públicos tenían contratos ocasionales”, explicó Molina.

Finalmente, la propuesta busca otorgarle justicia social y laboral a los servidores de las instituciones públicas del Estado que son estratégicas y de vital importancia para la ciudadanía, puntualizó la Asambleísta Gabriela Molina.

El presidente la Asamblea Nacional, Henry Kronfle desmintió las declaraciones del Presidente de la República, Daniel Noboa respecto al juicio político a Wilman Terán y Maribel Barreno, el costo de la canasta básica, proyectos de Ley relacionados con la consulta popular, procedimiento del juicio político a la Canciller y otras precisiones, en consideración que el país merece conocer la verdad, dijo.

“La mentira tiene patas cortas”, porque el juicio político se aprobó con 88 votos a favor. Este proceso, recordó que en la comisión de Fiscalización no alcanzó los votos para recomendar el juicio político por la ausencia y no votación del vicepresidente de la comisión a Wilman Terán y Maribel Barreno, expresó.

Por otro lado, el Presidente de la Asamblea enfatizó que el Gobierno vota en contra sobre la aprobación de las Leyes, cuando el resto vota a favor, Leyes que contienen beneficios para el pueblo ecuatoriano.

Además, Kronfle explicó el tratamiento de los 5 proyectos de Ley relacionados con la consulta popular que fueron unificados en la comisión multipartidista. El informe aprobado por unanimidad fue como el Presidente de la República envió.

También, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró que aprobaron por unanimidad de la Ley que reforma varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social planteada por el Partido Social Cristiano, como proponente Henry Kronfle. “Cómo se puede hablar de una posible locura del Presidente de la República y la Asamblea Nacional apruebe por unanimidad una Ley”.

Mientras tanto, el pedido de cambio del orden del día para tratar un proyecto de resolución relacionado con las declaraciones del expresidente de la República sostuvo que el pedido fue certificado oportunamente como improcedente debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “Es mentira que la Asamblea esté protegiendo a Rafael Correa y si el gobierno quiere tomar acciones y fiscalizarlo debe ir la Fiscalía y presentar la denuncia”, precisó.

Finalmente, Henry Kronfle fue enfático al decir que “es falso que se haya reducido el costo de la canasta básica familiar, que se ha incrementado en 33 dólares, de 766,73 a 799,73”. La Asamblea no tiene enemigos, el aliado es el pueblo ecuatoriano a quienes sirve y dan prioridad a sus necesidades. “Continuaremos aprobando Leyes, inclusive la gran mayoría por unanimidad, desafortunadamente sigue la inseguridad y delincuencia, la inflación aumenta, la falta de insumos en los hospitales sigue y nosotros seguiremos luchando, como lo hicimos con SOLCA, a fin que sigan pagando lo que adeuda el Gobierno por los servicios que están prestando, lo que quiere la gente es cuidar lo más preciado la vida”, la Asamblea seguirá trabajando por la gobernabilidad y no permitirá que las cortinas de humo distraigan al pueblo ecuatoriano frente a la realidad, Puntualizó.

La Comisión de Biodiversidad tiene listo el cronograma para la consulta prelegislativa  de la construcción de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Minería. Entre las actividades consta la identificación de las provincias, fecha, equipo técnico, proyecto de ley en trámite y lugar del evento.

Según, el cronograma de la consulta iniciará este 30 de julio en la provincia del Napo, Pastaza, Tungurahua, El Oro, Azuay, Cañar, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena, Guayas y otras.

La comisión de Biodiversidad tiene una prórroga de 60 días, para la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente.

La Comisión de Educación,  recibió a Karín Jaramillo, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), quien presentó las observaciones conforme a las competencias municipales y al sistema de cultura de los gobiernos locales, respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Cultura.

Además, Jaramillo sostuvo que existe un abandono total en algunos cantones, ya que hay edificios patrimoniales donde se desconoce sus verdaderos dueños, por lo que sugirió trabajar desde una perspectiva fáctica de identificación, de titularidades del dominio, que se evalúen los presupuestos que se destinan para las edificaciones patrimoniales.

Según, Gorki Jibaja, del Banco de Desarrollo, en la entidad existe un 5 % de recursos de las utilidades anuales para el Fondo de Cultura y con la reforma aspira que llegue al 25 %. “El 5 % sigue siendo muy alto. Los recursos de utilidad sirven de contraparte para apoyar a los clientes y accionistas que tienen menores posibilidades de acceder a créditos, por lo que será necesario que el Banco presente un informe técnico de sostenibilidad y factibilidad sobre dicha asignación”, dijo.

La delegada del ministerio de Economía y Finanzas, Daysi Dávila explicó que el Estado financia con recursos fiscales, algunos casos, el 90 % de las instituciones que conforman el sistema de cultura. El incremento del 5 % al 25 % de las utilidades del Bando de Desarrollo para la cultura señaló que puede existir una afectación en los programas dirigidos a los GAD, no hay el sustento técnico de la subida al 25 %.

Mientras tanto, la asambleísta Cecila Baltazar, consultó si se puede crear una subcuenta para que el Ministerio de Cultura y las Casas de Cultura puedan distribuir recursos de manera adecuada para los pueblos y nacionalidades existentes en el Ecuador.

Finalmente,la comisión inició el tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria para la Transparencia del Acceso al Sistema de Educación.

La Comisión Ocasional, que preside el asambleísta Jaime Moreno, recibió nuevas informaciones en el marco del proceso de fiscalización respecto a la deficiencia y negligencia en la gestión administrativa, financiera y técnica en las unidades de salud del IESS. Los asambleístas consultaron la ejecución presupuestaria, agendamiento de citas médicas, falta de medicamentos, daños en los tomógrafos, cirugías rezagadas y otros aspectos, que son parte de los reclamos de la ciudadanía.

Para el gerente del Hospital IESS “José Carrasco Arteaga” de Cuenca, Fernando León se efectúan las gestiones para el abastecimiento y andamiaje de la administración pública, por ejemplo el levantamiento de procesos a través de ínfimas cuantías por un monto de 150 mil dólares, para dar solución a las necesidades urgentes.

Según, la directora administrativa del Hospital del Día Centro Quirúrgico Tarqui, de Guayaquil, Andrea Cantos  indicó que el problema de la torre de cirugía laparoscópica no funciona desde el año pasado, por falta de mantenimiento preventivo.

Katherine Moya, directora médica del Hospital del Día El Batán, de Quito, cuentan con el 85 % de insumos y dispositivos, el 81 % de medicamentos.

Además, Cantos dijo que se han realizado 1.471 cirugías ambulatorias, sin hospitalización.

Mientras tanto, el director del Hospital Babahoyo, Carlos Luiz explicó la situación de la casa de salud.

Finalmente, la exgerente del Hospital Regional Dr. José Carrasco Arteaga de Cuenca, Soraya Puertas, expresó las dificultades que tiene esta casa de salud, en varios aspectos, por la falta de atención desde los estamentos centrales. Y los representantes médicos Franklin Bravo y Cristian Bravo.

La Comisión Ocasional para el tratamiento de las reformas derivadas de la consulta popular, por unanimidad resolvió mantener el incremento de las penas previsto en el texto remitido en el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, con lo cual la normativa cumple el pronunciamiento del pueblo expresado en las urnas.

Según, el asambleísta Steven Ordóñez, indicó que el informe recoge la voluntad de los ecuatorianos expresado en las urnas.

Sin embargo, modifica el artículo 7 del proyecto, en lo que se refiere a las penas que se aplicarán en el caso del cometimiento de delitos relacionados con la minería ilegal, ya sea a nivel artesanal o a gran escala y su vinculación con actividades del crimen organizado, con penas privativas de libertad que van de entre 16 a 20 años, hasta 22 a 26 años, cuando a consecuencia de las mismas se generen graves afectaciones ambientales.

Además, en el segundo debate de la propuesta legal, los expertos en materia penal y la Fiscalía General del Estado, presentaron sus criterios y observaciones al texto del proyecto, indicando la necesidad de modular algunos de los tipos penales enviados por el Ejecutivo.

Mientras tanto, los temas más debatidos se centraron en las acciones del Estado contra la delincuencia; sanciones para la corrupción y delincuencia de cuello blanco; aplicación de los principios de proporcionalidad de las penas y de dosimetría penal; límites del dictamen de la Corte Constitucional; necesidad de combatir al crimen organizado; impulso de políticas públicas enfocadas en las causas de este fenómeno; plan integral para combatir la delincuencia y el incremento de delitos en una proporción del 200 %.

Finalmente, el texto definitivo aprobado por la comisión ocasional para el tratamiento de las reformas derivadas de la consulta popular regresará al Pleno de la Asamblea Nacional, para su votación.