La Asamblea Nacional aprobó con 122 votos a favor el proyecto de Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional. Esta es la décimo octava Ley en este período legislativo.

La Ley cuenta con 36 artículos, el objetivo es prevenir y controlar las actividades ilícitas que se cometan en el espacio aéreo suprayacente terrestre, marítimo e insular, en coordinación con las instituciones encargadas de la defensa nacional y la seguridad integral del Estado.

Según, la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, el análisis fue en “el control estatal del espacio suprayacente, este juega un papel preponderante en la prevención y mitigación de actividades ilícitas y en el respaldo a la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos”, dijo.

Además, la Ley crea mecanismos para normar el uso de la fuerza y legítima defensa, a fin de neutralizar un ingenio aeroespacial hostil tripulado o no tripulado, cuando ponga en riesgo a la tripulación de la aeronave interceptora, o atente contra la vida humana y la seguridad dentro del territorio nacional, expresó.

Así mismo, durante el debate participaron 13 legisladores, quienes destacaron la normativa como una herramienta clave para la prevención y mitigación de amenazas, mediante protocolos claros y eficientes, para actuar con prontitud ante cualquier intento de vulneración de nuestro espacio aéreo.

Por lo que, hasta finales del 2023 al menos 47 aeronaves cargadas de droga habrían sido interceptadas e incineradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA), dando como resultado 71 detenidos y 8.1 toneladas de droga, especialmente cocaína, incautadas, explicaron.

Mientras tanto, el asambleísta Otto Vera señaló que cada avioneta ilegal transporta una carga de aproximadamente 400 Kg de droga, que al costo estimado en el Ecuador se transforman en 800 mil dólares, pero en el mercado internacional, representan entre 11 y 12 millones de dólares, es urgente romper esta economía criminal.

En cambio, el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos sostuvo que la elaboración de mesas técnicas operativas con miembros de su institución y los legisladores de la comisión permitió perfeccionar una ley que incorpora las mejores prácticas, para la defensa nacional de nuestros cielos y la lucha contra el narcoterrorismo internacional.

Finalmente, la Ley será enviada a la Presidencia de la República para la sanción u objeción del Jefe de Estado, en el plazo de 30 días.

Una vez que retornaron todos los paquetes electorales del exterior, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este jueves 2 de mayo, reinstaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y aprobó los resultados numéricos del Referéndum y Consulta Popular 2024, luego de revisar las actas levantadas por las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

Tras la aprobación, se abrirá un periodo de tres días para que las organizaciones políticas y sociales, si así lo consideran, interpongan recursos en el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral. De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se proclamarán los resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2024.

El CNE cumplió nuevamente con el país y la democracia, al organizar un proceso electoral altamente técnico, en apenas 60 días, garantizando el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

El Mercado 24 de Mayo del cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, se convirtió en el primer Mercado Gastronómico del Ecuador que lleva adelante el Ministerio de Turismo.

Los mercados ecuatorianos son elementos fundamentales de la cultura popular, destacando la diversidad culinaria, la cocina tradicional y el patrimonio alimentario de cada región. El Ministerio de Turismo lanzó el programa “Mercados Gastronómicos del Ecuador”, con el objetivo de resaltar la gastronomía local y su contribución al turismo nacional.

La selección del Mercado 24 de Mayo para este programa se basó en varios criterios, incluyendo su valor histórico y cultural para la comunidad, su proximidad a servicios turísticos, la disponibilidad de señalización y servicios básicos, y estándares gastronómicos como las Buenas Prácticas de Manufactura y capacitación en manipulación de alimentos. El mercado data del año 1900 y fue reubicado en el 2016, presta servicios en una infraestructura moderna y funcional que acoge a 846 comerciantes y que cuenta con dos patios de comidas donde se pueden degustar platos tradicionales. En el evento de presentación del programa ofrecieron una degustación con Runa tanda (pan), empanadas, bolón de verde, arepas, chochos con tostado, yahuarlocro, caldo de patas, cuchara, quinta, caldo de Borrego, hornado, fritada, carnes coloradas, chaulafán otavaleño, papas con cuero y seco de lengua, haciendo gala de las delicias que se encuentran a diario en el Mercado 24 de Mayo.

“Todos estamos de acuerdo que la gastronomía ecuatoriana es una de las mejores del mundo. Hay una diversidad que no es posible que no sea reconocida en primer lugar a nivel mundial, por eso una de nuestras prioridades es promocionar la gastronomía del Ecuador en todos los eventos internacionales en los que el país participa, esta declaratoria del Mercado 24 de Mayo como el primer Mercado Gastronómico del Ecuador tiene como uno de sus beneficios una invitación exclusiva para que Otavalo promocione su gastronomía en dichos eventos”, explicó el ministro de Turismo, Niels Olsen.

Por su parte, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa expresó que alcanzar que el Mercado 24 de Mayo se incorpore al programa es el resultado de un trabajo mancomunado entre el gobierno local, el Ministerio de Turismo, la empresa pública y privada, los comerciantes y la ciudadanía, que se convierte en un compromiso de continuidad para “ubicar a Otavalo en el sitial mundial que se merece, capital intercultural del Ecuador y potencia turística nacional e internacional”.

Mientras tanto, Diego Moreno, gerente de Planta Industrial de UNACEM, aseguró que dentro del programa de Responsabilidad Social está trabajando con un rol participativo con la comunidad otavaleña como motor del desarrollo para apoyar a la ciudad, que no solo es un referente natural, cultural e histórico sino gastronómico, por lo que el sector privado ha decido aportar en este proyecto.

La Asamblea Nacional, con 95 votos a favor, censuró al ex ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo. La resolución será remitida a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que realicen las investigaciones del caso, el objetivo determinar las responsabilidades penales, administrativas y civiles a que haya.

Según, el artículo 131 de la Constitución de la República y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta inhabilita a Fernando Santos Alvite para el ejercicio de cargo público por los próximos dos años.

La suerte del ex ministro de Energía y Minas estaba echada, las coincidencias en el debate hacía que la resolución de los asambleístas sería la censura del ex funcionario, 18 intervenciones se refirieron a la necesidad de ir más allá de la censura y la importancia de atender en forma urgente al sector energético para evitar que, a futuro, se repitan los apagones, que generan pérdidas millonarias para el país, sobre todo en el sector productivo, incluida la economía popular y solidaria.

Por su parte, los integrantes de la comisión de Fiscalización destacaron la sustanciación del juicio político cumpliendo todos los procedimientos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con absoluto respeto al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa.

Para el asambleísta César Umajinga la censura de Santos Alvite es “por inoperante, sin odio o venganza, porqué le dejo a los ecuatorianos en la obscuridad”, expresó.

En cambio, el legislador Ramiro Vela sostuvo que la ex ministra de Energía y Minas, igual debe recibir la sanción que Santos Alvite, que a pesar de tener las herramientas y los estudios de los problemas del sector energético no hizo nada la ministra que renunció.

Mientras tanto, el legislador Lenin Rogel, indicó que “en lo único que le puedo dar la razón al ex ministro de Energía y Minas, Santos Alvite es que antes la energía se cortaba 3 horas y a hora son 7, más de 72 millones de dólares de pérdidas diarias para el país”.

Finalmente, entre las responsabilidad política del ex ministro de Energía y Minas, Santos Alvite no tener los argumentos para defender su gestión, no tomó las acciones necesarias para atender al sector eléctrico, pese a las múltiples alertas dadas por los organismos técnicos y de control del sector eléctrico, no hizo nada, puntualizaron.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció la solicitud de juicio político presentada por la asambleísta Ana Galarza contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo y en tres días la Unidad de Técnica Legislativa deberá emitir un informe técnico-jurídico no vinculante.

Además, autorizó ampliar por 180 días, el plazo para el funcionamiento de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, a partir del 13 de junio del 2024.

La solicitud la presentó el asambleísta Otto Vera, presidente de la comisión, el objetivo continuar el análisis de dos proyectos de enmiendas a los artículos 138, 120, 141, 292, 294 y 295 de la Constitución de la República, presentados en el 2022 y que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional.

Finalmente, el CAL acogió la iniciativa presentada por la legisladora Johanna Ortiz, para conmemorar el centenario del primer voto femenino en Latinoamérica, la cual incluye realizar una Sesión Plenaria, el próximo 6 de mayo, con la participación de todas las asambleístas principales y alternas, entregar reconocimientos a activistas en favor de la paridad de género, nombrar al Hall del Palacio Legislativo como Matilde Hidalgo y honrar su memoria colocando una pintura que forme parte del Palacio Legislativo.

Este lunes 29 de abril 2024, a las 10h30, el Gobierno Nacional realizará la entrega oficial del puente tipo Delta sobre el río Lelia, ubicado en el km 82 de la vía Alóag – Santo Domingo, esto permitirá restablecer la conectividad en este corredor vial que conecta la Sierra y Costa.

Una fuerte crecida del río socavó el estribo derecho de la carretera ocasionando el colapso del tablero del puente y como consecuencia el cierre de la circulación vehicular, el presidente de la República, Daniel Noboa dispuso la colocación de un puente provisional sobre el río Lelia, debido a la importancia de la vía para el desarrollo comercial, productivo y turístico del país.

Desde el cierre de la vía, el Gobierno a través de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha intensificado los esfuerzos para atender la emergencia en esta vía delegada.

Según, el ministro de Transporte y Obres Públicas, Roberto Luque inició de inmediato la gestión del puente Delta de 56 m de longitud, 9,20 m de ancho y 2 carriles de circulación, a través de un programa de estudios y diseños realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en el que participaron ingenieros especializados y de gran experiencia. Esta solución vial beneficiará a 415.000 habitantes directos, 334.000 de Santo Domingo y 81.000 del cantón Mejía.

Mientras tanto, que los beneficiarios indirectos ascenderían a 650.000 habitantes sostuvo el ministro Luque.

Finalmente, con la colocación del puente provisional sobre el Río Leila optimizara los tiempos de viaje entre las dos regiones y facilitará la conectividad vial segura para la reactivación económica de las poblaciones de las dos provincias.

Este sábado 27 de abril del 2024, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional se trasladó hasta la provincia del Oro, para socializar las reformas a la Ley de Educación Superior y el rector de la Universidad Técnica de Machala, Johnny Pérez les dio la bienvenida, tras referirse a la necesidad de la flexibilización para la creación de nuevas carreras, enfocadas a las actuales necesidades del mundo globalizado, en innovación, emprendimiento y tecnología, que permitan que los jóvenes puedan alcanzar un empleo y no solo la profesionalización.

“Es importante que exista una Ley que permita reinventarse a la educación superior, con leyes amigables para una educación al alcance de todos”, que garantice la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, dijo Pérez.

Según, la presidenta de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Zolanda Plúas indicó que trabajan el procedimiento del escalafón docente en las instituciones de educación básica y bachillerato, así como en el problema de inseguridad y violencia dentro de las entidades educativas.

Además, Plúas señaló que realizan el control político a la compra de libros y uniformes; implementación de alimentación escolar; administración de bares de unidades educativas; política de prevención del uso de drogas dentro de las instituciones y la implementación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia.

Por su parte, el asambleísta Carlos Rodríguez explicó las reformas a la Ley de Educación Superior. La importancia de trabajar conjuntamente entre la academia y la Asamblea Nacional para garantizar un correcto desarrollo. La propuesta contiene tres aspectos fundamentales para contar con un sistema de educación superior de calidad, entre ellos, garantizar la autonomía de las instituciones de educación superior; la carrera y promoción de los docentes y promover la cooperación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el objetivo es que las instituciones de educación superior puedan crear extensiones y ampliar sus estructuras físicas para ofertar más cupos y facilitar el ingreso de más bachilleres.

Para el legislador Juan Carlos Camacho “la educación es el motor de desarrollo del país”, a pesar de la diferencia de partidos hay una sola visión en la comisión y el objetivo es claro del rumbo que debe tener el país respecto de la educación superior, sostuvo.

Mientras tanto, el decano de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad Técnica de Machala, José Correa expresó que se debe incluir a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, para que conste como fuente de recursos económicos para la Universidad Técnica de Machala y fortalezca el presupuesto de la institución. “Es tiempo de fortalecer la autonomía de las universidades, para que desde la universidad pública haya la oportunidad de crear nuevas carreras que permitan ampliar el acceso a la educación superior”. Son 10 mil jóvenes que desean ingresar a la Universidad en Machala, pero solo existe capacidad para 4 mil.

En cambio, los asambleístas escucharon a los servidores públicos de la Dirección Distrital de Educación, quienes mostraron su preocupación por su situación legal. Las últimas reformas han causado la eliminación de algunos puestos de trabajo, complicando la situación laboral de los servidores distritales de educación.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional,  Zolanda Plúas destacó el recibimiento de la población orense y les reiteró “cuenten con esta comisión que siempre estará atenta a trabajar por y para ustedes”, precisó.

A las 18h24 de este viernes 26 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) culminó en las 24 Delegaciones Provinciales, con el 100% del procesamiento de las actas del Referéndum y Consulta Popular 2024.

El Pleno del CNE, en la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio, se encuentra examinando cada una de las actas. Concluida esta verificación, las autoridades electorales anunciarán los resultados oficiales, tal como lo establece el artículo 141 del Código de la Democracia.

El CNE ejecuta procesos electorales eficientes, altamente técnicos, transparentes y respetuosos de la voluntad de la ciudadanía ecuatoriana expresada en las urnas.

La comisión de Régimen Económico evaluará la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Suplemento 395, del 4 de agosto 2008 y sus reformas.

El objetivo de las reformas es verificar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública, la aplicación y regulación de los procedimientos de contratación pública que garantice un accionar transparente y eficiente, mediante mecanismos adecuados de control y sanción por parte de los organismos de control.

Además, establecer si las instituciones públicas han alcanzado satisfacer sus requerimientos de productos o servicios; falencias y mejoras de las modalidades de contratación y determinar las falencias del sistema, respecto a la adquisición de medicinas y otros insumos médicos.

Esta es una ley transversal de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones públicas; por lo que, en cumplimiento de la Agenda legislativa, hay la necesidad de iniciar el proceso de evaluación de la Ley, previo a aprobar de una reforma que responda a las dificultades y realidad del Sistema Nacional de Contratación Pública en el país.

Así mismo, el tiempo estimado de evaluación será de seis meses, mientras de desarrolla el debate de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los temas de evaluación estarán clasificados en cuatro grupos: 1) Aplicación de las atribuciones y disposiciones de las instituciones públicas, referente al alcance de los procedimientos de contratación pública, así como la simplificación o la eliminación de varios procedimientos vigentes. 2) Funcionalidad y calidad de los productos, en consideración que la calidad en ciertos casos suele ser deficiente y el contratante no tiene más opción que iniciar el proceso por catálogo electrónico. 3) Rol de la Contraloría General del Estado respecto del informe de pertinencia y favorabilidad en la fase precontractual. 4) Accionar del ente rector de compras públicas sobre el control y aplicación del régimen sancionatorio en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, junto a dirigentes barriales, presentó el proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el cual busca establecer un precio justo para las invasiones.

Según, el proyecto de Ley este se aplicarían en los casos de predios que sean propiedad pública de dominio privado, o que, por procesos administrativos hayan pasado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano y que en los mismos se encuentren asentamientos humanos de hecho y consolidados.

Por lo que, se podrá realizar la venta directa sin necesidad de subasta a los posesionarios del predio sin tomar en cuenta las variaciones derivadas del uso actual del bien o su plusvalía, siendo el justo precio del inmueble, el que tenía el predio al momento de producirse el asentamiento, acreditado en el informe socio organizativo, legal y técnico.

Además, determina que para la autorización de la transferencia no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado, a excepción que sea para regularizar un asentamiento humano de hecho y consolidado, cuyo justo precio se establecerá conforme las reglas del COOTAD. La donación únicamente procederá entre instituciones del sector público.

Así mismo, la asambleísta Inés Alarcón, señaló que estas reformas a los artículos 486 y 596 del COOTAD, es en razón de la preocupación ciudadana por el descuido de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los asentamientos humanos.

“Queremos un precio justo, que sean asequibles, que la ciudadanía se sienta conforme, ellos son parte de zona vulnerable”, la propuesta fue trabajada con el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Fidel Chamba, en conexión con la ciudadanía, dijo Alarcón.

Por su parte, el concejal de Quito, Fidel Chamba indicó que en conjunto con los presidentes de seis barrios de Lote A 3-6 y con el respaldo de la legisladora Inés Alarcón trabajaron la reforma para establecer el justo precio. Hay familias del Lote A 3-6 que han pagado 2, 3 y hasta 4 veces más el lote de terreno, pese a que son personas de bajos de recursos económicos que no tienen capacidad de pagar el precio avaluado.