La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el viernes, 26 de julio 2024, recibió los argumentos de cargo y defensa, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político propuesta por la asambleísta Jhajaira Urresta, contra de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, por incumplimiento de funciones.

Según, la asambleísta Jhajaira Urresta, indicó tres causales de incumplimiento de funciones, en la irrupción armada en la Embajada de México, el pasado 5 de abril; la negativa a entregar el salvoconducto a Jorge Glas, una vez recibió el asilo diplomático del Gobierno mexicano y el impasse diplomático con Rusia por el ofrecimiento de venta de material bélico de ese país como “chatarra” a Estados Unidos de Norteamérica.

En cambio, en los testimonios recibidos por expertos en derecho internacional, embajadores y especialistas en movilidad humana dejaron en claro que la ministra  Gabriela Sommerfeld ha incumplido sus funciones y ha demostrado desconocimiento del derecho internacional e improvisación en el manejo de la política exterior. La asambleísta Urresta sugirió que las decisiones de la ministra tienen relación con intereses personales y familiares, dijo.

Además, el 5 de abril generó graves consecuencias para los migrantes en la frontera mexicana, que no tienen a quién recurrir para que defiendan sus derechos como ciudadanos en movilidad humana, una acción que ha sido rechazada por todas las naciones del mundo, la defensa del país ante organismos internacionales por la irrupción en la Embajada le costará al Ecuador más de cinco millones de dólares, recursos que pudieron ser destinados a la seguridad y salud, explicó Urresta.

Para la ministra de Relaciones Internacionales, Gabriela Sommerfeld, México incumplió más de 10 artículos del derecho internacional, al negarse a entregar a un ciudadano requerido por la justicia por delitos comunes, al haber vulnerado el principio que prohíbe la injerencia en asuntos internos del país. “Ecuador ha actuado con buena fe en su relación diplomática con México, la actitud del Gobierno de México no solo fue una falta de respeto al Gobierno ecuatoriano, sino una falta de respeto a nuestra democracia y al derecho a elegir libremente”, sostuvo.  

Todo inició en diciembre del 2023, cuando Jorge Glas, faltando a la medida de presentarse ante la autoridad competente, ingresó a la Embajada de México en calidad de huésped, condición que no consta en ningún instrumento internacional relacionado con el derecho de asilo. El Gobierno solicitó en reiteradas ocasiones poder ingresar a la embajada para detener a Glas, conforme la orden judicial, sin que se haya tenido respuesta.

Por lo que, la irrupción en la Embajada respondió al interés nacional de luchar contra la impunidad y la corrupción. Mediante sentencia, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que la detención de Jorge Glas fue legal, legítima y no arbitraria. He defendido y seguiré defendiendo los intereses, la soberanía y la integridad territorial del Ecuador, aseguró.

Mientras tanto, la proponente del juicio político representa la defensa del Estado Mexicano, en contra del Ecuador, expone los mismos argumentos que presentó ese país en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Finalmente, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld solicitó el archivo de la solicitud de juicio político porque no se ha demostrado ninguna causal de incumplimiento de funciones. Una vez finalizada la etapa de pruebas dentro del proceso, de acuerdo con el inciso primero del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir del domingo 28 de julio, la comisión tiene cinco días para emitir el informe motivado para recomendar al Pleno de la Asamblea el archivo del trámite o el juicio político.

Con 9 votos a favor la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, aprobó 45 disposiciones reformatorias al Código Civil, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA).

Además, las disposiciones establecen reglas claras sobre el ejercicio de derechos civiles, asegurando que los adquiridos bajo Leyes anteriores no sean afectados por legislaciones posteriores, excepto cuando se trate de nuevas obligaciones o modificaciones que beneficien a la persona.

Así mismo, redefine el articulado sobre niñez y adolescencia, clasificando a las personas menores de 12 años como niños o niñas y de 12 a menos de 18 años como adolescentes. El ejercicio de sus derechos debe regirse por el principio de autonomía progresiva.

Por lo que, reconoce y protege la diversidad de familias, basándose en la igualdad de derechos y oportunidades. La filiación, paternidad y maternidad se definen en función de vínculos matrimoniales, uniones de hecho, reconocimiento voluntario y procedimientos judiciales, garantizando los derechos de los hijos nacidos mediante reproducción asistida conforme a la legislación vigente.

También, los derechos de los progenitores e hijos serán correlativos y equitativos, con la garantía de igualdad de derechos sin importar la forma en que se establezca la filiación. Los hermanos son clasificados como carnales, medios hermanos o afines.

Sin embargo, regula los deberes y derechos de los progenitores afines, conforme a la legislación de niñas, niños y adolescentes, otorgando el derecho de uso y habitación al cónyuge que tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de 18 años, o mayores de 18 hasta 24 años que estudien, con la garantía de protección en casos de custodia compartida.

De igual forma, establece la imprescriptibilidad de las acciones para declarar la paternidad o maternidad, con lo que se garantiza el derecho de toda persona a conocer su identidad y relaciones familiares.

Mientras tanto, realizaran ajustes y clarificaciones en otros artículos relacionados con la patria potestad, representación legal, régimen de protección económica y la participación en procedimientos judiciales.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa destacó los aportes en las mesas técnicas, el equipo asesor y la UNICEF, por su dedicación y compromiso con la acción legislativa.

Una pena reducida de quince meses de prisión deberá cumplir Mayra Salazar tras ser sentenciada en el caso Metástasis, por el delito de delincuencia organizada. La ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas obtuvo una rebaja sustancial de la pena porque se acogió a un procedimiento abreviado y por concretar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado.

Este miércoles 24 de julio 2024, se realizó la audiencia de procedimiento abreviado, en la Corte Nacional de Justicia, en la ciudad de Quito. La procesada aceptó su participación como colaboradora de la estructura criminal liderada por Leandro Norero, que creó el narcotraficante en mayo de 2022, luego de ser detenido junto a varios familiares por un caso de lavado de activos.

Además, en la audiencia la Fiscal General, Diana Salazar solicitó cuarenta meses de prisión para la procesada.

Sin embargo, la Fiscal pidió que la sentencia sea finalmente de quince meses por la información que Salazar proporcionó dentro de la cooperación eficaz y ser determinante para investigar el crimen.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Manuel Cabrera emitió la sentencia por el delito de delincuencia organizada. Y deberá pagar una reparación integral al Estado de 17.340 dólares, por pedido de la Procuraduría General del Estado-

Este miércoles 24 de julio 2024, la Asamblea Nacional le rindió homenaje a la ciudad de Guayaquil, por los 489 años de fundación. La sesión solemne se desarrolló en el Auditorio Principal de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y contó con la presencia de autoridades civiles, militares, policiales, así como representantes de la Iglesia, delegaciones consulares y la sociedad civil.

Para Susana Merino, docente de la Unidad Educativa Bilingüe del Colegio Americano de Guayaquil, en el proceso de fundación de Guayaquil, han sido testigos de grandes transformaciones a lo largo de su historia, fundada en las riberas del río Guayas, generó un importante desarrollo económico y comercial al interior del país y el exterior, constituyendo a un importante núcleo cultural del litoral ecuatoriano. “Guayaquil está de pie por cada uno de nosotros”, dijo.

Además, la Asamblea entregó reconocimientos y condecoraciones a varias instituciones y personalidades que han prestado servicios relevantes a la ciudad de Guayaquil y al país, en diferentes ámbitos como la educación, organización social, arte y cultura.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle sostuvo que es un día que llena de emociones, no solo se conmemora el aniversario de fundación de la ciudad, sino el empuje y la tenacidad de sus hombres y mujeres.

Finalmente, Kronfle insistió que el compromiso es con el Ecuador y Guayaquil. Es primordial enfocarnos en el bienestar de nuestro pueblo, en ocho meses de gestión se han aprobado 25 leyes que son fundamentales para el desarrollo del país, en materias como: económicas, educación, salud y seguridad. “La Asamblea no tiene enemigos, tiene aliados; y nuestro mejor aliado es y será siempre el pueblo ecuatoriano”.

Este martes 23 de julio 2024, la Asamblea Nacional realizó el primer debate del informe del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), de la comisión de Gobiernos Autónomos, que unificó 16 iniciativas relacionadas a la materia.

El proyecto de reforma tiene 20 artículos que tratan temas sobre la regularización de asentamientos humanos, la seguridad ciudadana y procedimientos legislativos de los distintos niveles de Gobierno con capacidad de expedir, modificar o derogar ordenanzas.

Según, la presidenta de la comisión de Gobierno Autónomos, Victoria Desintonio indicó que, “varias propuestas existieron sobre las competencias de los GAD, respecto a la prevención de violencia contras las mujeres, mejoramiento de condiciones para los trabajadores informales, entre otras.

Además, Desintonio destacó que la comisión analizó ampliamente las reformas a las atribuciones de los distintos niveles de gobierno, en seguridad ciudadana y su potestad de elaborar un plan descentralizado, adaptado a la realidad de inseguridad de cada territorio, con programas, proyectos, presupuesto, metodología de seguimiento y evaluación, para garantizar su sostenibilidad, explicó.

También, “actualiza las facultades normativas que tienen los GAD para crear, modificar o derogar ordenanzas, delimitando los requisitos para su elaboración, estableciendo los tipos de votación y la posibilidad de retirar un proyecto, todo lo cual permitirá un proceso ordenado y participativo”.

Mientras tanto, los legisladores Franklin Samaniego, Fabiola Sanmartín, Carlos Rodríguez y Jaime Guevara coincidieron que la reforma permitirá a los GAD trabajar con mayor énfasis en mejorar las realidades de sus territorios y al gobierno central, atacar las causas estructurales de la inseguridad, pobreza y la desigualdad.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle dispuso que el proyecto de reforma regrese a la comisión de Gobiernos Autónomos, para que las observaciones sean analizadas y elaboré el informe para segundo debate.

El presidente de la República, Daniel Noboa, este lunes 22 de julio de 2024, entregó la garantía soberana a la Prefectura del Guayas, para un préstamo de 50 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para obras y el progreso del Guayas. “Facilitará la construcción de un país más justo y equitativo”, dijo.

La Prefectura del Guayas recibirá de la CAF 50 millones de dólares, a 15 años plazo, para financiar el programa integral de desarrollo social y productivo de la provincia. Esto permitirá incrementar la productividad con la implementación de sistemas de riego y drenaje, mejorar las condiciones de conectividad vial para reducir brechas y fortalecerá el acceso equitativo a una vivienda digna asequible para la población de bajos ingresos.

Las mezquinas rivalidades políticas durante años le negaron la oportunidad de progreso al Guayas. El gobierno “representa lo que se debe hacer; dando la cara y trabajando por el Ecuador. Haciendo que resplandezca un nuevo mañana para el país”, con la ejecución de obras de riego, drenaje, vialidad y vivienda para la provincia, expresó el Mandatario.

Por su parte, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, sostuvo que trabajaron técnicamente para adquirir el financiamiento de la CAF: “Guayas tiene gente que se levanta todos los días creyendo que es posible un mejor país”.

La colaboración del gobierno provincial del Guayas se traduce en generación de empleo, inclusión social, desarrollo productivo, agropecuario y turístico. Por lo que, el presidente Noboa aseguró que no se puede esperar más tiempo y es hora de cumplir con las obras que la ciudadanía necesita.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional trabaja por ordenar las finanzas del país, atendiendo obligaciones que administraciones anteriores dejaron con atrasos, deudas en pagos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD): “Con este esfuerzo ganamos todos y así   forjamos un nuevo futuro, más fructífero y seguro para las nuevas generaciones”.

Finalmente, el Gobierno entregó garantías soberanas en Manabí, Pichincha, cantones de Guayaquil y Portoviejo. Para el Jefe de Estado estas acciones “permiten transformar al Ecuador en un país de desarrollo, con esperanzas de cambio”, precisó.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior, presentada por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas.

Además, el CAL resolvió requerir a la Unidad de Técnica Legislativa, un informe técnico-jurídico no vinculante, de cumplimiento de requisitos para la procedibilidad de este proceso de control político, en tres días.

También, el CAL otorgó una prórroga de 30 días, del 21 de julio al 19 de agosto del 2024, para el funcionamiento de la Comisión Ocasional para la Investigación de Irregularidades en Contra de la Administración Pública, que preside el legislador Jaime Moreno.

Según, lo establece el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL podrá prorrogar por una sola vez, el funcionamiento de las comisiones ocasionales.

La Asamblea Nacional, a través de la Secretaría General, a través del oficio Nro. AN-SG-2024-0440-O, devolvió al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, el Oficio Nro. T.281-SGJ-24-0298 para que sancione y envíe para su publicación en el Registro Oficial, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de la Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Además, la Asamblea Nacional recuerda que este proyecto ya fue vetado parcialmente por inconstitucionalidad por el Presidente de la República, el 12 de abril de 2024. El 21 de mayo de 2024, la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente a la Asamblea Nacional para su tratamiento con un plazo de 30 días. El 21 de junio de 2024, la Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el texto final del proyecto para su sanción, es decir, para su publicación en el Registro Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 139 y 147 numeral 12 de la Constitución de la República.

Sin embargo, en un acto absolutamente inconstitucional, la Presidencia de la República, reconociendo en el texto enviado, que tiene la obligación de sancionar y enviar para su publicación la Ley, no lo hizo y envió una nueva objeción al proyecto, transgrediendo flagrantemente los artículos 139 y 147 numeral 12 de la Constitución de la República y se estaría arrogando funciones.

Finalmente, el oficio remitido al Presidente de la República, Daniel Noboa la Asamblea Nacional precisa los fundamentos constitucionales y legales, respecto al procedimiento establecido en la Ley.

La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, resolvió convocar a los ministro de Defensa, Trabajo, Salud y Educación para que informen de una presunta vulneración de derechos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, deberá explicar las razones de la supuesta discriminación y represalia suscitada a militares que han participado en la mesa legislativa para observar las reformas de la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

En cambio, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, tendrá que referir a la situación de los ex trabajadores del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, de la ciudad de Guayaquil; el cumplimiento del empleo preferente en la región Amazónica; la situación de los docentes jubilados que no han percibido sus incentivos jubilares desde el año 2019; detallar por provincias la distribución de los más de 170.000 empleos; la cantidad de actas de finiquito generadas en la misma proporción de tiempo y por provincias de la distribución de los más de 70.000 empleos para jóvenes.

Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, Antonio Naranjo expondrá sobre los ex trabajadores del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.

De su lado, la ministra de Educación, Alegría Crespo informará la situación del cumplimiento de los haberes a los docentes jubilados, los bonos por jubilación, listados de beneficiarios por provincia y el porcentaje de cumplimiento.

Sin embargo, el caso del Hospital antes mencionado, José Villamar y Enver Molina, los ex trabajadores de la casa salud, indicaron que desde el 2019 les dejaron sin trabajo, sus derechos laborales han sido afectados.

Según, Luzmila Abad las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la comisión contó con la participación de militares en servicio pasivo, quienes han sido sujetos de discriminación, sanciones administrativas y de represalias. Se debe garantizar los derechos de los jubilados y trabajadores quien están impagos, sostuvo.

Finalmente, la asambleísta Johanna Ortiz se solidarizó con los trabajadores y se comprometió que dentro del proceso de fiscalización tomaran muy en cuenta los requerimientos de los trabajadores.

La Asamblea Nacional no tuvo los 92 votos para censurar a Wilman Terán y Maribel Barreno, expresidente y ex vocal del Consejo de la Judicatura, en el juicio político planteado por el legislador Jorge Peñafiel de Construye. El interpelado llegó a la Asamblea con un fuerte resguardo de seguridad, vestía short azul, camiseta tomate, casco y una funda plástica en sus manos, así ingreso por el lado derecho del palacio legislativo, luego de vestir de traje, paso al Pleno para hacer uso de su derecho a la defensa en juicio político, tuvo la asistencia de su padre, su esposa e hija también participaron en la comparecencia.

La moción del asambleísta Peñafiel, obtuvo 88 votos a favor de las bancadas: PSC, ADN, Construye, Pachakutik e Independientes con lo cual no consiguió las 92 voluntades necesarias para la censura de los dos ex funcionarios. El bloque de RC fue la única agrupación que se abstuvo en la votación.

Según, Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura y privado de la libertad en la Roca, en su defensa, aseguró que el juicio político y los procesos penales que se siguen en su contra constituyen actos de persecución política, por la Fiscalía General.

Además, Terán reiteró que en su vida privada y pública no ha faltado a la ética, no ha robado ni ha perjudicado a nadie.

Sin embargo, el ex presidente está en prisión sin que existan indicios reales de responsabilidad, pero dijo que “se arrepiente de haber sido influenciado por la Fiscal y los jueces en procesos que tiene privados a personas inocentes, y él fue quién condeno al ex presidente Rafael Correa”.

Mientras tanto, el asambleísta Jorge Peñafiel en la réplica señaló que Terán “es un gran mentiroso”, todas las mentiras en contra de la Fiscal General en lugar de justificar sus actuaciones al interior del Consejo de la Judicatura, como por ejemplo el haber dado como válidos los votos por la abstención frente a los votos positivos y la aplicación de su voto dirimente en el procedimiento disciplinario de remoción del juez Walter Macías, al ratificar que se ha demostrado el incumplimiento de funciones del expresidente del CJ.

En cambio, el debate que estuvo lleno de cruce de acusaciones que hizo que el presidente de la Asamblea Nacional llame a mantener la compostura, participaron 16 asambleístas, expresiones desde que indicaban la falta de pruebas que probaran la responsabilidad de los exfuncionarios cuestionados, como el expresidente del CJ trató de manipular, haciendo creer que se trata de un ciudadano honesto, cuando tiene procesos penales en su contra, explicaron.

Finalmente, pasadas las 22 horas con 40 minutos de este miércoles 17 de julio 2024, una vez agotado el orden del día, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle clausuró la sesión 944 del Pleno.