La Asamblea Nacional, con 114 votos aprobó el proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, el objetivo es incrementar del 10 % al 50 % el porcentaje de transferencia a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincial de El Oro y el municipio de Machala, los ingresos de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

La reforma establece que la transferencia será directa en un porcentaje del 70 % para el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Machala y el 30 % para el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de El Oro, la liquidación y transferencia se realizarán de manera cuatrimestral.

Además, se prevé que los recursos no podrán ser destinados a gasto corriente ni desviados para financiar obras o servicios que no sean exclusivamente de la parroquia urbana de Puerto Bolívar.

Así mismo, el incumplimiento del destino de los recursos asignados, se determinará como causal de remoción del cargo de acuerdo al artículo 333 literal d) del COOTAD, sin perjuicio de la revocatoria de mandato prevista en la Constitución.

Por su parte, el asambleísta Franco Romero, presidente de la Comisión de Régimen Económico, señaló que la reforma representa una oportunidad para el desarrollo de la parroquia urbana de Puerto Bolívar, a fin de potenciar su desarrollo.

Romero, aseguró que es un acto de justicia social con los pobladores, quienes demandan obras y cambios que permitan mejorar su calidad de vida, la ley fue aprobada en el 2016 y es urgente actualizar el marco constitucional y el nuevo modelo del Estado.

Tras precisar el asambleísta Franco Romero, dijo que de conformidad con la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), el Municipio de Machala tiene 14 competencias exclusivas, de allí que se establece que se transfiera el 70 % del porcentaje; y el 30 % para el GAD provincial de El Oro.

En el debate, la legisladora Patricia Henríquez, también autora del proyecto de reformas, subrayó

Finalmente, el asambleísta Fernando Callejas de CREO resaltó la importancia del proyecto de reformas a la Ley de Puerto Bolívar, la falta de agua potable y alcantarillado en el sector significa que existió negligencia de las autoridades en la solución de los problemas.

La Comisión de Biodiversidad, recibió al ministro de Gobierno y al presidente de la Comisión Especial para Control de la Minería Ilegal, quienes señalaron la necesidad de trabajar en forma coordinada todas las instituciones relacionadas en la minería en el país.

El combate a la minería ilegal no solo requiere de acciones de seguridad, también de un nuevo marco normativo fuerte que permita realizar mayor control con acciones integrales para combatir y debilitar las operaciones ilegales.

Por lo que, para el Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, insistió en el marco legal del control político que lleva adelante la mesa de Biodiversidad, respecto de la actividad minera ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro que afecta el medio ambiente del Bosque del Chocó, como las afectaciones a la salud sus pobladores, la actividad minera ilegal en estos cantones se realiza en zonas de difícil acceso, lo cual dificulta las acciones de control por parte de las entidades competentes,

Además, Pazmiño, dijo que el proceso de exploración por parte de empresas mineras ilegales cuenta con información privilegiada, la manipulación de trámites administrativos que comprende etapas de explotación, construcción, montaje, distribución y comercialización, esto no solo pasa en estos sectores sino a nivel nacional, aseveró.

Así mismo, el Ministro de Gobierno, indicó que la complejidad de la minería ilegal requiere de una actuación conjunta de las instituciones en seis aspectos: identificación de coordenadas, planificación operativa, acto urgente, intervención integrada, evacuación y continuación del proceso de investigación.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, fue precisó al señalar el incumplimiento de las medidas cautelares, emitidas hace más de 9 años, en defensa de los derechos del medio ambiente, la naturaleza y de los pobladores, razón por la cual la Defensoría del Pueblo presentó una acción de incumplimiento de la sentencia y actualmente se encuentra en la Corte Constitucional.

Mientras tanto, María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura y Pedro Crespo, director jurídico se refirieron a los mandatos constitucionales y disposiciones legales relacionados con las facultades para disponer las medidas cautelares por parte de los jueces.

De su lado, Pedro Crespo enfatizó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para intervenir en las actuaciones jurisdiccionales de los jueces y demás operadores de justicia.

El Asambleísta, Juan Cárdenas, de la Revolución Ciudadana propuso se convoque al juez que emitió las medidas cautelares a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, respecto a la minería ilegal que afecta al Bosque del Chocó.

De su lado, Morales pidió a la Comisión crear una mesa interinstitucional que trabaje una hoja de ruta con las autoridades del Estado y la participación de todos los sectores afectados, para alcanzar la reparación del medio ambiente, así como de pueblos y nacionalidades.