El Presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta iniciativa del Gobierno Nacional, lo realizó en las instalaciones de Agrocalidad, en la ciudad de Quito, la mañana de este lunes, 08 de marzo, como un homenaje al Día Internacional de la Mujer.

La propuesta de ley será enviada a la Asamblea Nacional, en las próximas horas, tiene como objetivo contribuir a disminuir la brecha que generan desigualdad y discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos.

El Presidente de la República, Lenín Moreno, dentro del proyecto Ley plantea, temas como la paridad de género en la conformación de directorios, es decir, que las empresas públicas y privadas deberán contar con cuerpos directivos que, por cada tres miembros, conste una mujer.

El Jefe de Estado, resaltó ámbitos como la licencia por maternidad y lactancia compartida tanto como para el padre y la madre.

Sin embargo, el ministro del Trabajo, Andrés Isch, dijo que con está propuesta los sueños de las mujeres no se verán aplazados o truncados por el hecho de ser madres.

Además, el proyecto de ley contempla, oportunidades para el acceso a créditos, capacitación, asistencia técnica y material genético, dentro de una política integral que se compromete con las mujeres, establece incentivos tributarios para empresas que contraten, en mayor porcentaje, a mujeres dentro de sus nóminas y podrán deducir hasta el 150 % adicional de impuestos por tres años.

Finalmente, se conoció que el proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta reformaría cuerpos legales como la Ley de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo, Ley de Pasantías del Sector Empresarial y Ley de Compañías.

El ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, aseguró que a pesar de la crisis sanitaria, que fracturó el tejido productivo y derivó en desvinculaciones laborales, su gestión permitió la recuperación del empleo adecuado en el país, esto lo dijo en el marco de su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentó las pruebas de descargo, dentro del juicio político planteado en su contra por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana.

Además, el ministro de Trabajo explicó que en todo momento su gestión se ha orientado a preservar el empleo y crear nuevas plazas de trabajo, a través de nuevos contratos por giro de negocio, contratos de empleo productivo, empleo joven, contratos de formación y contratos turísticos.

Así mismo, se refirió a las causales del juicio político propuesta por las asambleístas, sobre el supuesto incumplimiento de funciones al no permitir el acceso a la información solicitada por el Observatorio de la Ley de Discapacidad, el ministro dijo que lo que hizo fue proteger la información personal y personalísima, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley, sí se entregaron la información que es pública, como planes operativos, el número total de personas con discapacidad insertos en el sector laboral en el país y el número de inspecciones realizadas entre 2018 y 2020.

Sobre la falta de protección a las personas en condición de vulnerabilidad, subrayó que la Ley Humanitaria creó garantías para todos los sectores.

Sin embargo, uno de los ámbitos en los que no pudieron preservar sus derechos fue el de las personas con discapacidad y se emitió un Acuerdo Ministerial que garantizó los derechos de este segmento laboral para que puedan acogerse a la reducción emergente de la jornada laboral, sin que se afecte su remuneración, lo cual permitió que la curva de pérdida de empleo en este sector se estabilice y no haya más desvinculaciones.

En torno a una presunta arrogación de funciones al interpretar el artículo 20 de la Ley Humanitaria, el ministro Isch aseveró que no se ha regulado ni interpretado la norma relacionada con la aplicación de la causal de fuerza mayor o caso fortuito.

Se reguló la contratación con reducción emergente de la jornada laboral, lo cual permitió que, a partir de junio de 2020, disminuya la terminación de contratos por la causal de fuerza mayor.

Sobre la fijación del salario básico unificado para el 2021, Andrés Isch, dijo que tomó la decisión de mantenerlo en 400 dólares sobre la base de la proyección de la inflación para el 2020, fue negativa y es más, mediante Acuerdo Ministerial, se dispuso la prohibición de disminuir el salario básico, aún en el caso de que existe inflación negativa para el 2021 determinó la entrega de un bono de 60 dólares para quienes menos ganan, valor que supera a un posible incremento del salario básico, en beneficio directo de los trabajadores.

Con respecto al conflicto colectivo de EXPLOCEN C.A., el ministro de Trabajo, Andrés Isch, indicó que se trata de un caso que inició en 2018 y que fue tramitado por los órganos competentes, que son los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de primera y segunda instancia, a pesar que al ministro no le corresponde actuar, se propuso mecanismos de diálogo para alcanzar acuerdos, se exhortó a las autoridades de Explocen para que se reintegre a los trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de caso fortuito y los cinco trabajadores regresaron a sus funciones, añadió.

Finalmente, Isch destacó varios logros de su gestión, entre ellos, el empleo adecuado en el 30,8 % a diciembre de 2020, cuando en junio, la época más dura de la pandemia, se ubicó en el 16.7 %, el subempleo bajó del 34.5 % a junio de 2020 al 22,7 % para diciembre, el desempleo se redujo del 13,3 % en junio, al 5 % para finales de 2020, el teletrabajo actualmente es de 286. 401 funcionarios públicos que laboran en esta modalidad, 162. 500 ciudadanos en el sector privado, para solucionar los problemas relacionado con la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral, con un promedio de 15 % menos de la remuneración respecto de los hombres, el Ministro de Trabajo anunció que enviará a la Asamblea el proyecto de Ley de Economía Violeta, que propone una serie de incentivos tributarios y de otra índole para los empleadores que contraten mujeres en sus empresas.

Como un homenaje al Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Justicia, en la sesión 151, intensificó el análisis del proyecto de reformas en materia penal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y sancionar la violencia sexual digital, por lo escuchó las observaciones desde la Cancillería, ARCOTEL y una experta Italiana.

De su lado, Verónica Aguilar, de la Cancillería, explicó la posibilidad de que Ecuador se adhiera al Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia o delitos informáticos pasa por la invitación del Consejo de Europa y de los países que forman parte del mismo, cuyos procedimientos son distintos a los que se manejan con los tratados de Naciones Unidas, para lo cual se han establecido varios contactos y existe información específica sobre los cambios a la reglamentación interna y la legislación que tendría que implementar nuestro país para lograr este objetivo, precisó.

En cambio el legislador Héctor Muñoz indicó que la Cancillería debería designar un funcionario permanente para trabajar de manera conjunta en las reformas legales indispensables para que el país se incorpore a dicho instrumento internacional.

Mientras tanto, Paulina Murillo, Ana Jácome y Paulina Zhunio, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, describieron que el 23 % de la mujeres han sufrido abusos o acoso en línea al menos una vez su vida, el mayor impacto de las prácticas de violencia digital cuando están dirigidas a niñas y adolescentes, 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea desde los 15 años de edad, el 25 % de las mujeres que fueron objeto de violencia en el internet han reducido su presencia en línea, generando una causa de depresión, suicidios, aislamiento, plantearon que en las reformas al COIP se fijen las normas sobre hostigamiento y acoso de forma sistemática, insistente y reiterada, tras invocar a sumar voluntades para garantizar un internet seguro.

Por su lado, Silvia Semezin, experta Italiana, investigadora universitaria en temas de violencia de género de la Universidad Complutense de Madrid, manifestó que la difusión sin consentimiento de material íntimo debe ser sancionado, la proliferación de tecnologías digitales y el uso de las redes sociales otorga nuevos medios para reforzar formas de violencia ya existentes, en Europa 9 millones de mujeres han sufrido de algún tipo de abuso en linea desde los 15 años; en el mundo, las mujeres están expuestas 27 veces más que los hombres en la red.

Finalmente, la violencia digital en contra de las mujeres tiene distintos tipos, no solo la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, sino también el lenguaje de odio sexista, insultos, ofensas, amenazas, ciberacoso, robo de datos personales y la extorsión, la clave es asegurar que las leyes estén orientadas a tutelar y proteger a las víctimas, esto viola la privacidad y destruye la vida de personas, por lo que tiene que ser considerado como delito de género.