El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, informó que el martes 11 de mayo de 2021, se desarrollará la última sesión del periodo legislativo en modalidad semipresencial del Pleno, correspondiente al período legislativo 2017-2021, misma que será convocada oportunamente.

Para lo cual se habría emitió directrices para el cumplimiento de esta que será la sesión final, en base al reglamento de implementación de las Sesiones Virtuales y el Teletrabajo Emergente en la Asamblea Nacional, aprobadas mediante Resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y al Decreto Ejecutivo 1291 que declara el Estado de Excepción por calamidad pública derivada de la pandemia por el COVID-19.

Los legisladores participarán de la sesión de manera remota a través de la plataforma Zoom, como habitualmente se han desarrollado las sesiones plenarias.

Sin embargo, de forma excepcional y con previa autorización del presidente de la Asamblea Nacional, se dispondrá la participación presencial en el marco del cumplimiento de disposiciones y directrices de bioseguridad para precautelar la salud y mitigar el riesgo de contagio de los asambleístas, personal legislativo y visitantes.

Los asambleístas que voluntariamente deseen participar de forma presencial, en la sesión final del Pleno de la Asamblea Nacional del periodo legislativo 2017-2021, deberán remitir la prueba tipo PCR o antígenos negativa para COVID-19, realizada con por lo menos 24 horas de horas de anticipación a la fecha y hora de sesión convocada.

Además, remitirán una declaración, por escrito, de liberación de responsabilidad a la Asamblea Nacional en caso de contagio o cualquier otra eventualidad derivada por la pandemia.

Los requisitos deberán ser remitidos por escrito a la presidencia del parlamento con copia a la Secretaría General. Solamente los asambleístas que hayan notificado y obtenido la autorización respectiva, previa presentación de los requisitos, podrán participar en la sesión correspondiente de manera presencial.

Finalmente, se da a conocer que la Administración General, garantizará la adopción y acatamiento de todas las medidas y protocolos de bioseguridad dispuestas por las autoridades competentes, para el correcto desarrollo de esta sesión.

El Consejo de Administración Legislativa, la mañana de este jueves, 06 de mayo, conoció lo resuelto por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sobre las medidas cautelares solicitadas por el asambleísta Fabricio Villamar, en contra del Presidente de la Asamblea Nacional y los integrantes del CAL, luego que calificaran la denuncia presentada por el legislador Rodrigo Collaguazo.

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, en su análisis respectivo concluyó que el acto presuntamente vulneratorio de derechos, fue emitido en legal y debida forma por el máximo órgano administrativo del Parlamento. Resolvió negar la acción constitucional presentada por el asambleísta Villamar.

Por lo que, no existe impedimento legal para que la Asamblea Nacional continúen con el proceso disciplinario instaurado en contra del asambleísta Villamar.

El CAL calificó la denuncia presentada por el asambleísta Rodrigo Collaguazo en contra del Legislador Fabricio Villamar, por haber incurrido en una presunta prohibición señalada en el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, que señala “…Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones, no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.”

Por su parte, el Comité de Ética, en su primer y único proceso de sustanciación y práctica de pruebas de cargo y de descargo de las partes, analizó la conducta del asambleísta Fabricio Villamar, determinó que existe ausencia de ética y responsabilidad política al abusar del cargo para acceder a beneficios económicos con un carné de discapacidad que presuntamente habría sido obtenido de manera irregular.

Finalmente, el informe presentado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, recomienda al Pleno del legislativo la destitución del asambleísta Villamar. Conforme lo determina el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los próximos días, el documento será incluido en el orden del día de la sesión del Pleno para su tratamiento.

De cumplimiento obligatorio es el protocolo de bioseguridad en la sede de la Asamblea Nacional al cual deberán regirse, tanto el personal legislativo, cuanto administrativo y asistentes a las sesiones presenciales que se efectuarán el próximo 14 de mayo, cuando se instale el nuevo período legislativo el 24 de mayo, en el Cambio de Mando Presidencial y en la última sesión del Pleno presidida por César Litardo.

El instrumento de bioseguridad, elaborado por la Función Legislativa y aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, en sesión del 28 de abril de 2021, expide lineamientos con el fin de reducir el riesgo de transmisión y contagio de la COVID-19 en estos actos.

Para el acceso a las instalaciones, el requisito es presentar la prueba tipo PCR o antígena, con 48 horas de anticipación al inicio del evento, cuyo resultado sea negativo o, a su vez, el certificado de vacunación con dosis completa hasta 24 horas previas, información que será ingresada en la dirección web: seguridad.higiene@asambleanacional.gob.ec

Esta exigencia permitirá el acceso para participar de los actos presenciales que se desarrollen e incluye a periodistas y medios de comunicación, a quienes se les entregará su respectiva acreditación de prensa. Quienes no cuenten con un resultado negativo de la prueba PCR o antígena, no podrán ingresar a la Asamblea Nacional.

En el instructivo se detalla la determinación de aforo por cada salón de la Asamblea Nacional, acogiendo las directrices del COE nacional, que establece la reducción en el 30 % de su capacidad. Es por ello que la planta baja del Salón “Nela Martínez” estará habilitado para 192 personas.

Además, solo 22 asistentes de la prensa y medios de comunicación acreditados, mientras que la planta alta del mismo salón estará habilitada para 208 personas.

El salón “José Mejía Lequerica”, se ubicaran, en la planta baja a 100 personas y en la parte alta a 72.

Los cálculos de aforo fueron realizados conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y validados por el máximo organismo de emergencia nacional.

El documento establece el uso de mascarilla, distanciamiento físico con, al menos 1,70 metros de distancia, lavado y desinfección de manos, incluyendo el uso de alcohol y gel desinfectante en el interior del Palacio Legislativo.

Adicionalmente, al ingreso a la sede, deberán desinfectar manos y calzado en las máquinas automáticas y alfombras instaladas en los accesos principales. Estos dispositivos rocían una solución desinfectante de alcohol y emiten luz ultravioleta; quienes ingresen a la Asamblea Nacional deberán cumplir con los flujos unidireccionales para el ingreso y salida de las instalaciones.

El protocolo señala la prohibición de ingerir alimentos o bebidas al interior de la sede; detalla la instalación, en los ingresos al salón Plenario, de cámaras termográficas para la detección de la temperatura de los asistentes y de asistentes que no estén con mascarilla.

En el recinto legislativo será la Escolta Legislativa la encargada del control en el ingreso y salida. Podrán retirar de las instalaciones a quienes no cumplan con las disposiciones. Junto con los brigadistas, harán respetar el sentido unidireccional de ingreso y salida, así como el flujo para el tránsito de personas.

Los brigadistas de emergencia, con apoyo de médicos y enfermeras de la Unidad de Gestión de Salud Ocupacional de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Salud Pública, se encargarán de medir la temperatura corporal, oximetría y proveer del producto de desinfección de manos a los visitantes.

Finalmente, la ventilación e higiene de superficies también son puntos que detalla el documento, si se detectara un caso sospechoso con sintomatología de la COVID-19 en la Asamblea Nacional y cómo actuar frente a tal situación, está claro para su control, es decir hasta el más mínimo detalle está considerado para precautelar la salud de los asambleístas y los asistentes.

La Comisión de Soberanía Alimentaria, aprobó con 11 votos el informe de labores correspondiente al período enero 2020 a abril 2021. La construcción de leyes que responden a la realidad de los sectores agropecuario y pesquero y acuícola fue su objetivo.

La Comisión sesionó por 65 ocasiones y aprobó dos leyes: Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca y la Ley Para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados. Los cuerpos legales fueron publicados el 21 de abril de 2020 en el Suplemento del Registro Oficial N° 187 y la otra el 28 de julio de 2020 en el Segundo Suplemento del Registro Oficial, respectivamente.

La primera ley está direccionada a establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases, que garantice el acceso a la alimentación, respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales.

Además, la segunda promueve, incentiva y estimula la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados.

El organismo parlamentario dejó listo el informe para primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario que incluye aspectos como: promoción y desarrollo de la agricultura familiar, presentado por la asambleísta Rosa Verdezoto.

Para segundo debate los proyectos de Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca y para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario. Sobre este último tema la Comisión insistirá en su votación, luego que su debate fue cerrado el 26 de febrero del 2021.

Finalmente, quedan en trámites los proyectos de ley Ordinaria para la Creación del Indicador del Producto apto para el Consumo, (IPAC), ley Orgánica de Reforma a la Ley de Soberanía Alimentaria, sobre donación de alimentos y ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.

El tiempos es el único que no perdona y el presidente electo, Guillermo Lasso apresura sus actividades para cumplir con sus prioridades y objetivos. Entre la diplomacia de las vacunas, satisfacer el hambre de las familias ecuatorianas, la lucha contra la pobreza, la generación de empleo, promover las inversiones, la violencia de genero, el femicidio.

Además, cumplir con los jóvenes ecuatorianos con relación a la eliminación de la SENESCYT, el libre ingreso a las universidades, presentar una reforma a la Ley de Educación Superior y poder tener universidades libres, temas que marcan la agenda del presidente electo, Guillermo Lasso.

Por otro lado, Lasso trabajara en la nueva Ley de comunicación que fortalezca y garantice la libertad de expresión.

La lucha contra la corrupción será sin persecución pero con absoluto respeto a la independencia de poderes, apoyo a la función judicial pero con transparencia.

Finalmente, cumplir con el programa de vacunación esto de la mano de los alcaldes y un plan en lo económico, político y social.

El Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, realizó un balance de su gestión desarrollada durante los dos años de trabajo al frente del organismo legislativo. La sesión se desarrolló desde las 17:00 en el salón del Pleno de la Asamblea Nacional.

Desde su punto de vista su administración estuvo marcada por ejes como: gestión. Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, agenda legislativa, fiscalización, control y administración, fueron los pilares de su trabajo al frente del poder legislativo. “No somos políticos tradicionales y por eso asumimos con responsabilidad el trabajo legislativo en una de las peores situaciones que históricamente registra el país”, dijo el titular del Parlamento.

De acuerdo a la rendición de Cuentas 2020, resaltó la aprobación de 20 leyes. “El díalogo ha sido una herramienta importante para lograr consensos”, dijo el presidente Litardo, al señalar que el 90% de las normas fueron aprobadas casi por unanimidad y los calificó como fundamentales para el desarrollo económico y la acción de fiscalización del accionar público.

Mientras tanto, las leyes aprobadas, indicó fortalecen el ordenamiento institucional y la democracia del país, al detallar las reformas al Código de la Función Judicial, la aplicación del nuevo Código de la Democracia y la Ley de la Función Legislativa.

Entre los aspectos positivos está la aprobación de las leyes de Alimentación Escolar, Contra el Microtráfico de Sustancias Estupefacientes y reformas a la Ley de Seguridad Social. “Pusimos énfasis en el trabajo a favor de los derechos de la naturaleza con la racionalización y reducción de los plásticos de un solo uso”, acotó.

Para el presidente del Parlamento, el dialogo para consensuar criterios que impulsen el bienestar como elemento primordial del crecimiento y desarrollo. Por lo que se promueven la reactivación económica y productiva con leyes trascendentales para el emprendimiento y la pesca, Ley de la Minería, Ley de la Palma Aceitera y la modernización de la Ley de Compañías.

Mientras tanto, el trabajo virtual y telemático significó una importante optimización de recursos operativos y administrativos en el presupuesto de la Asamblea Nacional, esto en el marco de la pandemia derivada por la presencia del COVID-19 en el país, Agregó.

En el 2020 llevaron adelante un plan de austeridad de recursos, estableciendo como política interna la digitilización de documentos y reorganización de recursos.

Otro objetivo del el titular del parlamento, fue la transparencia y acceso a la información, así como la participación ciudadana. Relató que desde el espacio digital se abrieron las puertas a los ecuatorianos para que puedan acceder a la información parlamentaria en tiempo real.

En otro orden, dijo que con la obtención de la certificación ISO 37001 “nos convertimos en el primer parlamento en la región que cuenta con una acreditación internacional a un nuevo modelo de gestión antisoborno, que ratifica el compromiso con la prevención y erradicación de la corrupción”, enfatizó.

La pandemia ocasionada por la COVID-19, no impidió el trabajo legislativo y frente a las limitaciones, la Asamblea Nacional es, hasta la fecha, resilente y ha mantenido sus actividades parlamentarias en beneficio de todos. “Trabaja para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y reactivar la economía y el desarrollo productivo en el país”, insistió.

Dentro del trabajo desplegado desde su inicio de su administración se ejecutaron proyectos parlamentarios trascendentales como la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Leyes que marca un hito en el Ecuador, para determinar la aplicación de las leyes en favor de los ecuatorianos.

La rendición de cuentas se desarrolló de manera semipresencial y contó con la presencia de varios asambleístas, el ministros de Defensa, Gobierno, Educación; Superintendentes de Bancos y Economía Popular y Solidaria, Comandante General de la Policía Nacional, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Director del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, (SECAP), entre otras.

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los ocho presentes, expresó su respaldo a la candidatura de la ex-presidenta de la República, Rosalía Arteaga, para ocupar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, hecho que constituirá un importante mérito para el Ecuador.

Además, la comisión remitirá un oficio al primer Mandatario, Lenín Moreno, a fin de que se active los canales diplomáticos necesarios para conseguir el respaldo de otras naciones a la postulación de iniciativa política Forward.

En la carta, suscrita por los miembros de la Comisión que votaron, detalla el respaldo y la trayectoria de la doctora Rosalía Arteaga, tanto en el sector público, cuanto en el sector privado, sobre todo en apoyo a las causas sociales del país, concretamente en áreas de educación y desarrollo cultural, a través de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL).

En el ámbito público, se destaca su gestión como Ministra de Educación, Vicepresidenta y Presidenta de la República, al igual que su actuación como Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA).