La Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales avocó conocimiento de la resolución del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), que autoriza la prórroga por 180 días adicionales para su funcionamiento, a partir del 13 de junio próximo.

Por lo que, los asambleístas deberán dar tratar los proyectos de reformas o enmiendas constitucionales que están en espera del análisis respectivo.

En cambios, los dos proyectos de reformas y enmiendas constitucionales que se encuentran listos para segundo debate y que cuentan con dictamen de la Corte Constitucional de los exasambleístas Héctor Muñoz y Marcelo Simbaña, buscan modificar el artículo 138, para allanarse y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría, o ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto favorable de la mayoría absoluta.

Mientras tanto, el artículo 120, la reforma se refiere a la aprobación del Presupuesto General del Estado, el límite del endeudamiento público y la vigilancia de su ejecución por parte de la Asamblea Nacional.

Finalmente, la reforma del artículo 141 de la Constitución de la República trata sobre la Función del Ejecutivo, los cambios a los artículos 292 y 295 que se refieren al Presupuesto General del Estado como el instrumento para la determinación y gestión de sus ingresos y egresos, incluye los del sector público, a excepción de la Seguridad Social, banca pública, empresas públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el análisis del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio. El defensor público, Ángel Torres y Mayra Tirira, coordinadora de Acciones Legales de Surkuna presentaron observaciones a este cuerpo legal.

Por su parte, Ángel Torres indicó que la Defensoría Pública tiene la obligación de garantizar el acceso de toda persona a una defensa justa, en especial cuando se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia y que no tienen los recursos necesarios para una defensa privada.

Entre las observaciones del Defensor Público propone que es necesario eliminar el término “otras muertes violentas”, ya que podría afectar el interés de las víctimas indirectas de femicidio, puesto que no toda muerte violenta ocurre por razones de género.

Además, Torres dijo que se debe mantener la definición de “femicidio” que se encuentra en el Código Orgánico Penal Integral (COIP), esto permite tipificar los elementos delictivos del femicidio y la definición de víctimas indirectas utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo, la asignación de presupuesto es indispensable para realizar investigaciones exhaustivas de los casos de femicidio, lo que implica tener personal capacitado, equipos especializados, tecnología avanzada, así como investigadores forenses, psicólogos y otros profesionales que faciliten realizar los análisis forenses adecuados y garantizar una persecución efectiva de los responsables, como acceder a la justicia y reparación de las víctimas.

En cambio, a Mayra Tirira le preocupa la intensión de la comisión si es generar una Ley exclusiva, cuando existe la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que desarrolla todos los procesos de prevención, atención y acompañamiento para todas las víctimas de violencia de género.

Por lo que, Tirira propuso visibilizar a quienes exigen justicia, que generalmente son las madres o familiares de las víctimas. Es importante definir las edades de protección a niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad y qué tipo de protección van a recibir. Si es una Ley enfocada en la reparación y acompañamiento, sus términos deben ser claros, por ejemplo, qué tipo de servicios van a otorgar. La implementación de protocolos y políticas públicas específicas, señaló.

Mientras tanto, las preguntas de las asambleístas Paola Cabezas y Jahaira Urresta de la Revolución Ciudadana fue por la falta de diligencia de la Defensoría Pública para atender a las víctimas de femicidio, en asesoría legal y psicológica, en zonas alejadas a las grandes urbes y de escasos recursos económicos.

Sin embargo, el Defensor Público Ángel Torres aseguró que influye mucho la falta de presupuesto, en el 2022 se incorporó un equipo de psicólogos, pero que la falta de asignaciones económicas impide implementar los servicios de asesoría legal y psicológica a nivel provincial.

Finalmente, la comisión continuará en la construcción del informe, el objetivo garantizar la protección y atención a las víctimas indirectas de femicidio.

La Asamblea Nacional aprobó con 122 votos a favor el proyecto de Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional. Esta es la décimo octava Ley en este período legislativo.

La Ley cuenta con 36 artículos, el objetivo es prevenir y controlar las actividades ilícitas que se cometan en el espacio aéreo suprayacente terrestre, marítimo e insular, en coordinación con las instituciones encargadas de la defensa nacional y la seguridad integral del Estado.

Según, la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, el análisis fue en “el control estatal del espacio suprayacente, este juega un papel preponderante en la prevención y mitigación de actividades ilícitas y en el respaldo a la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos”, dijo.

Además, la Ley crea mecanismos para normar el uso de la fuerza y legítima defensa, a fin de neutralizar un ingenio aeroespacial hostil tripulado o no tripulado, cuando ponga en riesgo a la tripulación de la aeronave interceptora, o atente contra la vida humana y la seguridad dentro del territorio nacional, expresó.

Así mismo, durante el debate participaron 13 legisladores, quienes destacaron la normativa como una herramienta clave para la prevención y mitigación de amenazas, mediante protocolos claros y eficientes, para actuar con prontitud ante cualquier intento de vulneración de nuestro espacio aéreo.

Por lo que, hasta finales del 2023 al menos 47 aeronaves cargadas de droga habrían sido interceptadas e incineradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA), dando como resultado 71 detenidos y 8.1 toneladas de droga, especialmente cocaína, incautadas, explicaron.

Mientras tanto, el asambleísta Otto Vera señaló que cada avioneta ilegal transporta una carga de aproximadamente 400 Kg de droga, que al costo estimado en el Ecuador se transforman en 800 mil dólares, pero en el mercado internacional, representan entre 11 y 12 millones de dólares, es urgente romper esta economía criminal.

En cambio, el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos sostuvo que la elaboración de mesas técnicas operativas con miembros de su institución y los legisladores de la comisión permitió perfeccionar una ley que incorpora las mejores prácticas, para la defensa nacional de nuestros cielos y la lucha contra el narcoterrorismo internacional.

Finalmente, la Ley será enviada a la Presidencia de la República para la sanción u objeción del Jefe de Estado, en el plazo de 30 días.

Una vez que retornaron todos los paquetes electorales del exterior, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este jueves 2 de mayo, reinstaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y aprobó los resultados numéricos del Referéndum y Consulta Popular 2024, luego de revisar las actas levantadas por las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

Tras la aprobación, se abrirá un periodo de tres días para que las organizaciones políticas y sociales, si así lo consideran, interpongan recursos en el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral. De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se proclamarán los resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2024.

El CNE cumplió nuevamente con el país y la democracia, al organizar un proceso electoral altamente técnico, en apenas 60 días, garantizando el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

El Mercado 24 de Mayo del cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, se convirtió en el primer Mercado Gastronómico del Ecuador que lleva adelante el Ministerio de Turismo.

Los mercados ecuatorianos son elementos fundamentales de la cultura popular, destacando la diversidad culinaria, la cocina tradicional y el patrimonio alimentario de cada región. El Ministerio de Turismo lanzó el programa “Mercados Gastronómicos del Ecuador”, con el objetivo de resaltar la gastronomía local y su contribución al turismo nacional.

La selección del Mercado 24 de Mayo para este programa se basó en varios criterios, incluyendo su valor histórico y cultural para la comunidad, su proximidad a servicios turísticos, la disponibilidad de señalización y servicios básicos, y estándares gastronómicos como las Buenas Prácticas de Manufactura y capacitación en manipulación de alimentos. El mercado data del año 1900 y fue reubicado en el 2016, presta servicios en una infraestructura moderna y funcional que acoge a 846 comerciantes y que cuenta con dos patios de comidas donde se pueden degustar platos tradicionales. En el evento de presentación del programa ofrecieron una degustación con Runa tanda (pan), empanadas, bolón de verde, arepas, chochos con tostado, yahuarlocro, caldo de patas, cuchara, quinta, caldo de Borrego, hornado, fritada, carnes coloradas, chaulafán otavaleño, papas con cuero y seco de lengua, haciendo gala de las delicias que se encuentran a diario en el Mercado 24 de Mayo.

“Todos estamos de acuerdo que la gastronomía ecuatoriana es una de las mejores del mundo. Hay una diversidad que no es posible que no sea reconocida en primer lugar a nivel mundial, por eso una de nuestras prioridades es promocionar la gastronomía del Ecuador en todos los eventos internacionales en los que el país participa, esta declaratoria del Mercado 24 de Mayo como el primer Mercado Gastronómico del Ecuador tiene como uno de sus beneficios una invitación exclusiva para que Otavalo promocione su gastronomía en dichos eventos”, explicó el ministro de Turismo, Niels Olsen.

Por su parte, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa expresó que alcanzar que el Mercado 24 de Mayo se incorpore al programa es el resultado de un trabajo mancomunado entre el gobierno local, el Ministerio de Turismo, la empresa pública y privada, los comerciantes y la ciudadanía, que se convierte en un compromiso de continuidad para “ubicar a Otavalo en el sitial mundial que se merece, capital intercultural del Ecuador y potencia turística nacional e internacional”.

Mientras tanto, Diego Moreno, gerente de Planta Industrial de UNACEM, aseguró que dentro del programa de Responsabilidad Social está trabajando con un rol participativo con la comunidad otavaleña como motor del desarrollo para apoyar a la ciudad, que no solo es un referente natural, cultural e histórico sino gastronómico, por lo que el sector privado ha decido aportar en este proyecto.