El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Reforma Parcial al Artículo 5 de la Constitución de la República, propuesto por el Presidente de la República, con el propósito de eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Según, la asambleísta Gissela Garzón, la reforma planteada no es un tema menor, puesto que está relacionado con la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado y tiene distintas dimensiones, razón por la cual, en caso de ser aprobada, requiere de cambios en algunas leyes vigentes.

Por lo que, para Garzón hay que revisar el numeral 3 del artículo 339 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a la persona que participe de actos de hostilidad o en conflictos armados contra el Estado; permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o cedan bases nacionales o fuerzas militares a otros estados con propósitos militares.

También, las conclusiones que constan dentro del informe son producto del análisis y sugerencias de los expertos que fueron escuchados por la comisión, desde diversos puntos de vista. De ahí que se desprende la soberanía sus fundamentos tanto en los tratados y convenios internacionales negociados y suscritos entre estados, como en el reconocimiento de las limitaciones individuales que enfrentan los mismos para combatir eficazmente problemas transnacionales como la inseguridad.

Mientras tanto, en el debate los asambleístas Fernando Jaramillo; Adriana García; Shirley Plaza y Andrés Briones, abordaron aspectos como la importancia de tramitar esta reforma que permite la asistencia internacional de fuerzas militares, a través de acuerdos sin que se comprometa la soberanía nacional; la necesidad de recuperar la seguridad pública frente a la delincuencia organizada; la posibilidad de que esos acuerdos estén sujetos a la ratificación de la Asamblea, para garantizar la transparencia de los mismos y la exigencia de un plan de combate al crimen organizado desde el Gobierno, para que no se tome como pretexto de la inacción la falta de apoyo de la Legislatura en esta materia.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, una vez concluido el debate dispuso que el proyecto regrese a la comisión ocasional, para que se continúe con el trámite previo a la elaboración del informe para segundo debate.

En el marco del análisis del proyecto de Reforma Parcial a los Artículos 110 y 115 de la Constitución de la República, la comisión Ocasional encargada recibió a José De La Gasca, ministro de Gobierno, quien explicó los aspectos jurídicos que sustenta esta iniciativa del Ejecutivo.

Según, de La Gasca el funcionamiento del sistema democrático participativo; para ejercer el derecho a la participación se necesita de vehículos, canales y herramientas que son los partidos políticos para amalgamar esta voluntad.

Además, el ministro de Gobierno explicó que, para la promoción de los partidos políticos, desde el 2008 a la fecha, se han invertido cerca de 160 millones de dólares. El Estado no puede ser un gran artífice que subvencione ineficiencia, aberraciones de la democracia y distorsione de la democracia participativa.

«Los derechos no son absolutos y el derecho de participación tiene sus limitaciones. El que quiere celeste que le cueste, ese es el propósito de esta reforma», afirmó el ministro.

Por su parte, los legisladores realizaron varias inquietudes, entre ellas Carlos Alberto Rodríguez preguntó sobre los principales beneficios de la reforma y cómo garantizar que los procesos electorales sean efectivos y transparentes.

Mientras tanto, María de Lourdes Alarcón señaló como se garantizará la equidad económica para el gasto electoral.

En cambio, Nathaly Farinango sostuvo que el debate es el mejor espacio para promocionar nuestras ideas.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucia Posso, se refirió a los debates obligatorios financiados por el Estado dentro de los medios de comunicación; el antilavado del dinero. Para el Ministro de Gobierno, es el CNE que debe tomar el primer paso.

La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, Victoria Desintonio, indicó que insistirá en la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, para que aclare la cantidad de recursos entregados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados), así como la deuda pendiente a los GAD municipales, Metropolitanos y provinciales.

Además, Desintonio señaló que la información que maneja el Gobierno Nacional no cuadra con la de los GAD.

Según, el Ministerio de Finanzas, la deuda a las prefecturas solamente sería de “210 millones de dólares”.

Sin embargo, el reporte de los GAD provinciales establece que la deuda sería de más de 536 millones de dólares; 387 millones a los municipios y a los gobiernos parroquiales.

Finalmente, la sesión se suspendió hasta contar con la presencia del titular de Economía y Finanzas.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, aprobó el informe que exhorta al Presidente de la República, Daniel Noboa a declarar a la provincia de Bolívar y sus cantones como un polo de desarrollo.

Además, el documento contiene la base legal y regulatoria para dicha declaratoria.

Así mismo, recoge las solicitudes de información enviadas a distintas entidades para respaldar la propuesta.

Por lo que, el informe evidencia que, hasta la fecha, la Presidencia de la República no ha ejecutado acciones para cumplir con la resolución ni ha dispuesto al ente rector la promoción del desarrollo productivo en la provincia y sus cantones, lo que limita la generación de empleo y el acceso a nuevos mercados.

Según, la asambleísta Mariana Yumbay el potencial productivo de la provincia de Bolívar debido a su diversidad de pisos climáticos permite impulsar el encadenamiento productivo y la atracción de inversión, dijo.

El presidente de la comisión, Patricio Chávez, indicó que Bolívar necesita respuestas concretas para mejorar su competitividad y calidad de vida.

Este es un momento en el que celebramos el acceso al crecimiento y aprendizaje, no solo para nuestros estudiantes sino para quienes tienen en sus manos la noble labor de enseñar: los maestros”, expresó el presidente de la República, Daniel Noboa, en Cayambe. El Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y la Organización Mundial de Alfabetización (WLO, por sus siglas en inglés), en la entrega de 3.000 becas para docentes del sistema de educación del país.

Esto en favor de la excelencia educativa, mejorará la calidad académica y logrará mayor competitividad. “Los docentes son el ejemplo para los estudiantes; para el futuro del país. Si nosotros los preparamos adecuadamente, tendremos mejores estudiantes, mejores profesionales y un mejor país”, dijo el Mandatario.

Para José Francisco Rojas, director ejecutivo de WLO, estas becas permitirán a los docentes » instruirse formalmente en el dominio del inglés, desde el nivel A1 hasta el C1”. Este programa de estudio cuenta con “el aval del instituto educativo privado más grande de España, el grupo CEU, mediante la universidad Cardenal Herrera”.

Además. Podrán adquirir este conocimiento no solo para transformar la vida de un maestro su familia, sino que eleva su nivel social y económico.

Por su parte, César Vásquez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que este beneficio para los docentes de los institutos superiores tecnológicos públicos forma parte del Plan de Fortalecimiento del Talento Humano. Esta iniciativa tiene el propósito de incrementar la permanencia de los jóvenes en los establecimientos por medio del círculo de calidad entre el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mientras tanto, el Primer Mandatario se reunión con empresarios del sector florícola de Cayambe, con quienes dialogó sobre la importancia de esta actividad en el desarrollo productivo y comercial del país. Y acudió a la Brigada Social y la feria del emprendimiento en el Parque Yaznan.

Finalmente, 19 entidades gubernamentales llegaron a Cayambe con sus servicios, como: Registro Civil, BIESS, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras.

El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, este viernes 21 de enero 2025, indicó que la seguridad del país no debe utilizarse como un tema político electoral, sino que debe analizarse como un derecho ciudadano en el marco de la Ley. No existe efecto jurídico en el pedido de la bancada oficialista ADN para cambiar el orden del día e incluir la propuesta de apoyo de las fuerzas especiales extranjeras en la lucha contra el crimen organizado.

Además, Muñoz explicó que «existe una confusión jurídica respecto a este tema. Lo que ha presentado la bancada de Gobierno es una solicitud de resolución que no tiene efecto jurídico, sino declarativo y político. Para que el presidente pueda implementar un plan de seguridad, con cooperación internacional, no requiere aprobación de la Asamblea».

Mientras tanto, esta declaración tiene un fin netamente electoral. “La gente piensa que la Asamblea no está aprobando un plan o una Ley y eso no es así. La Asamblea Nacional aprobó las reformas al COIP, aprobó el incremento del IVA, la declaratoria de conflicto armado interno, con apoyo unánime, entonces el presidente tiene todas las herramientas para ejecutar los planes”, dijo.

Finalmente, el secretario anunció que, por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, el Pleno Legislativo conocerá este pedido de cambio del orden del día, el próximo 25 de febrero.