La comisión de Régimen Económico viabilizó la reforma a la Ley de Contratación Pública, luego de unificar 15 proyectos de Ley y aprobó el informe para primer debate, que será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional. El objetivo alcanzar una mayor eficiencia y transparencia del sistema nacional de contratación pública.

Además, la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública contiene cambios en temas como: mejorar el procedimiento; requisitos para ser director del Servicio Nacional de Contratación Pública; declaratoria de procedimiento desierto; obligaciones de las instituciones contratantes; contratos; política pública y gobierno abierto; fiscalización de obras; compra de medicamentos; entre otros.

Así mismo, el informe incluye el principio del valor del dinero, que se define como la combinación más ventajosa de los costos, calidad y beneficios que se puede obtener al adquirir bienes, servicios u obras para satisfacer las necesidades del interés público.

También, el concepto no se limita a seleccionar la oferta más económica, sino que implica una evaluación integral de las propuestas, considerando factores como la calidad del producto o servicio, la idoneidad del proveedor y la sostenibilidad a largo plazo.

Sin embargo, la contratación socialmente responsable implica la integración de criterios ambientales y sociales dentro de los procesos administrativos estatales de adquisición o arrendamiento de bienes, servicios e infraestructura, considerando el impacto ambiental y la injerencia social en cada una de las fases.

En cambio, la propuesta legal establece que, la compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos del sector público estará dentro de la planificación anual de cada entidad de la Red Pública Integral de Salud, bajo la coordinación de la autoridad sanitaria nacional. De forma excepcional podrán adquirir los fármacos y bienes estratégicos en salud a través de Régimen Especial.

Finalmente, todo proyecto de contratación que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y que correspondan a gasto de inversión, a más de lo previsto en la presente Ley y su Reglamento General, los estudios previos observarán las directrices del desarrollo sostenible y sustentable de las localidades.

Este miércoles 19 de febrero del 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa visitó el cantón Cayambe donde dio a conocer la implementación del nuevo modelo de Alimentación Escolar Territorial. Esta iniciativa desarrollada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) garantizará la entrega de raciones frescas y nutritivas a más de 20.000 niños y niñas en nueve cantones del país.

Desde el Coliseo Centenario de Cayambe, el Primer Mandatario reafirmó el compromiso de su Gobierno con el desarrollo integral de la niñez ecuatoriana. “Trabajamos para el futuro y esto no es solo alimentación, es darle herramientas a cada uno de ustedes para que puedan tener las mismas oportunidades para acceder a una beca, educación digna y trabajo en el futuro”.

Para la primera fase del nuevo modelo de Alimentación Escolar, se destinó una inversión de 2.569.329,00 de dólares, el objetivo combatir la desnutrición crónica infantil. Esta etapa inicial contempla un plan piloto de gestión desconcentrada de comidas escolares, que permitirá la entrega de alimentos a estudiantes de 14 unidades educativas en los cantones Manta, Portoviejo, Santa Elena, Guayaquil, San Miguel, Guaranda, Alausí, Cayambe y Pedro Moncayo.

En la provincia de Pichincha, el proyecto cuenta con una inversión de 1.092.360,50 dólares, beneficiando a 8.000 estudiantes de seis unidades educativas: cuatro en el cantón Cayambe y dos en Pedro Moncayo.

Mientras tanto, la ministra de Educación, Alegría Crespo, señaló que este programa no solo beneficia a los estudiantes, también promueve la economía local al integrar a pequeños productores como proveedores de los alimentos que serán distribuidos, respetando la pertinencia cultural y territorial de cada zona. “Este modelo promueve un enfoque comunitario integral”, impulsa la participación activa de madres y padres de familia en la preparación de los alimentos.

Finalmente, Saraí Shuguli, estudiante beneficiaria, expresó que “una buena alimentación, es la base de nuestro rendimiento académico y de nuestro desarrollo como personas”.

Este miércoles 19 de febrero la candidata a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana (RC5), Luisa González, se solidarizó con los ecuatorianos y cuestionó la falta de gestión del Gobierno para devolver la paz y tranquilidad al país. «Hemos iniciado el año con el mes más violento en la historia del Ecuador y lo más doloroso son los niños asesinados en El Oro y Manabí. La principal causa de muerte de nuestros niños es la violencia de los crímenes y eso no puede seguir».

Además, González destacó el voto femenino recibido en la primera vuelta refleja una necesidad urgente de cambio: «No les vamos a fallar, vamos a sacar adelante al país juntos todos».

Así mismo, la presidenciable indicó que ha convocado al diálogo a los diferentes actores de la sociedad civil, políticos, empresarios, industriales y representantes de la izquierda, centro y la derecha para construir una agenda conjunta «de un gobierno amplio, donde el poder vuelve a estar en la gente, los ciudadanos».

Por lo que, una de las principales prioridades será atender la deuda social del país, con la generación de empleo, salud y para los jóvenes becas y acceso a la universidad, dijo.

También, Luisa González resaltó la ejecución de obras prioritarias, como la construcción del Hospitales como en San Luis en la ciudad de Otavalo, la rehabilitación del Tren Otavalo-Ibarra-Salinas, la construcción del paso lateral de Ibarra, la vía Otavalo-Río Verde-Quinindé y la ampliación de la vía Ibarra-San Lorenzo en el km 114, para impulsar así el desarrollo de Imbabura.

Finalmente, la candidata a la Presidencia de la República por RC5 expresó su admiración por la belleza de la provincia de Imbabura. “Vamos a salir adelante, no les voy a fallar. Vamos con fe, alegría y esperanza. Nuestra esperanza de días mejores está cerca”.

Con 82 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 18 de febrero 2025 la reforma a la Ley de Seguridad Social y reconoce el derecho a la jubilación de los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), quién haya acreditado veinte y cinco años de imposiciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sin límite de edad.

Según, el legislador Jaime Guevara, ponente del informe de la comisión de Derecho al Trabajo, indicó que la reforma será sostenible los trabajadores de la CTE afiliados bajo la figura de servidores públicos, incrementarán su aporte al seguro de invalidez, vejez y muerte, del 11.6 % al 18.9 % de su remuneración mensual.

Este valor adicional, correspondiente al 7.48 %, será descontado de los sueldos de los funcionarios y serán depositado en una cuenta especial del IESS para la aplicación del beneficio, establece el informe.

Además, «el financiamiento de la reserva matemática necesaria para los beneficios de la jubilación especial será de los valores que produzcan las multas y sanciones a conductores que han infringido las normas y reglamentos de tránsito».

Así mismo, “la reforma beneficiará a un total de 97 funcionarios que cumplen condiciones de jubilación, 599 con más de 25 años de servicio y otros 3.805 miembros de la Comisión”, dijo Guevara.

Mientras tanto, en el debate, los asambleístas Luzmila Abad, Mauricio Zambrano, Gabriela Molina y Roberto Cuero coincidieron en que los funcionarios de la CTE se encuentran expuestos a riesgos laborales como atropellamientos, contaminación ambiental, auditiva, agresiones, riesgo biológico, entre otras, por lo que merecen ser asistidos por un régimen especial de jubilación.

Sin embargo, los legisladores Pedro Velasco, Ramiro Vela y Adrián Castro plantearon consideraciones en contra de la reforma. «En el Ecuador, la seguridad social está en estado de crisis y la Asamblea tiene la obligación responsable de proteger para que no sucumba». Castro manifestó que, «no se puede caotizar una institución que está a punto de la quiebra».

Finalmente, César Garzón, comandante del Cuerpo de Vigilancia de la CTE, aseguró que los servidores de esta institución, salvaguardan la seguridad vial, aún a riesgo de su propia seguridad y salud, por lo que merecen ser reconocidos en el marco de la justicia social.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, instaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de las Elecciones Generales 2025 para proceder a examinar las actas de escrutinios levantadas por las Juntas Provinciales Electorales y Especial del Exterior.

Hasta el momento, 22 provincias del país ya concluyeron el procesamiento de actas de escrutinio para las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos: Cañar, Galápagos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Carchi, Napo, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Santa Elena, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Loja, Los Ríos, Azuay, El Oro, Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana y Pastaza.

Concluido el escrutinio nacional, se computará el número de votos válidos obtenidos de cada dignidad para que el CNE proclame los resultados definitivos de la votación expresada por los ecuatorianos, el pasado 9 de febrero.

La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, escuchó a los delegados del Frente de Defensa Petrolero, en torno a sus preocupaciones respecto de la pretendida concesión del campo Sacha en el boque 60, donde presuntamente sin cumplir los procesos y requisitos previstos en la Ley, con lo cual se generaría un perjuicio a los intereses del país.

Para Jorge Cáceres existen irregularidades en el trámite para la concesión del campo Sacha a una compañía cuya condición de pública no está debidamente justificada. No se han cumplido muchos de los requisitos establecidos en la Ley, por lo cual las autoridades deben dar respuesta a las preocupaciones que existen en torno al tema.

Según, David Almeida, extrabajador de Petroecuador, fue cesado en sus funciones a través de un visto bueno solo por el hecho de advertir sobre las irregularidades existentes en la pretendida concesión del campo Sacha. Sugirió que la comisión requiera información a China para que se certifique si Sinopec tiene autorización para ser parte del consorcio que participa en este proceso en representación del gobierno de ese país.

Mientras tanto, Washington Andrade alertó sobre el peligro que significa que el contrato se deje abierto a la posibilidad de someterse al arbitraje internacional en caso de controversias que pudieran surgir respecto de la concesión de este campo. Esta cláusula contraviene el mandato constitucional y el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en contra del mecanismo de arbitraje internacional, dijo.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre indicó que el organismo seguirá con el control político de esta propuesta de concesión, al amparo de lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Anunció que volverá a convocar a las autoridades de Petroecuador, a la Ministra de Energía; al exministro de Finanzas y al Procurador General del Estado para que informen sobre el tema de gran trascendencia para el país.

Dentro del proceso de fiscalización y seguimiento a las entidades encargadas de vigilar el proceso de deportación y reinserción económica y social de los ciudadanos ecuatorianos, la comisión de Relaciones Internacionales recibió la comparecencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; defensor del Pueblo, César Córdova y el delegado del Ministerio del Interior, Lyonel Calderón quienes explicaron las acciones del Gobierno Nacional implementará para apoyar a los migrantes retornados.

Según, Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, desde octubre del 2024, el Ministerio ha implementado el Plan de Contingencia mediante sus 12 oficinas consulares en Estados Unidos y direcciones zonales en Ecuador. Este plan tiene como objetivo asistir a los ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos, apoyando su retorno y facilitando su reinserción social y económica en coordinación con otras instituciones del Estado.

Además, la ministra el Decreto Ejecutivo N.° 521, del 4 de febrero de 2025, el Gobierno Nacional implementó programas específicos para la atención prioritaria de los ecuatorianos retornados debido a procesos de deportación. Entre las principales medidas, se incluyen un bono de apoyo de 470 dólares durante tres meses y el acceso a servicios de atención prioritaria como cuidados especiales, programas de capacitación, becas, inserción laboral y acceso al sistema financiero.

En cambio, la digitalización de los servicios, Sommerfeld destacó el Programa Migrante “Nuevo Ecuador”, que optimiza la atención consular mediante herramientas tecnológicas para realizar trámites en línea, reduciendo tiempos y costos. Entre julio y diciembre del 2024, se registraron 17.881 apostillas emitidas, 20.872 visas procesadas, 357.796 turnos web atendidos y 442.641 mensajes enviados y recibidos a través del servicio de asistencia virtual.

También, la labor de los consulados móviles, se realizaron 54 consulados y 184 jornadas extendidas, con 109 de ellas en los Estados Unidos. Durante esas jornadas, se brindaron 16.349 asesorías sociales, legales, financieras y comerciales en ciudades como Nueva York, Barcelona y Chicago. Se han capacitaron a 1.792 ecuatorianos en temas de emprendimiento y se realizaron 571 eventos de integración con la comunidad ecuatoriana.

Por su parte, César Córdova, defensor del Pueblo, manifestó que el tema migratorio sigue siendo una preocupación para el país, especialmente en lo que respecta a la comunidad ecuatoriana en el exterior y recordó que la Defensoría del Pueblo ha estado vigilante de los derechos humanos de los ecuatorianos, tanto en el país como fuera de sus fronteras.

Mientras tanto, junto con ACNUR, realizaron un análisis sobre la migración interna, ya que este fenómeno refleja en gran parte las causas de la migración externa, tales como inseguridad, razones económicas y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Frente a la deportación masiva de aproximadamente 32.000 ecuatorianos, la Defensoría del Pueblo ha activado mecanismos de protección y coordinado con diversas instituciones para garantizar los derechos de los migrantes. Entre las acciones destacadas, se solicitó la creación de la mesa nacional de movilidad humana para facilitar el diálogo entre actores estatales, sociedad civil y cooperación internacional.

Finalmente, Lyonel Calderón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, presentó el marco normativo que rige las condiciones migratorias. Explicó que el Decreto Ejecutivo del 4 de febrero del 2025, acompañado del plan de contingencia, contempla cuatro acciones y medidas de los migrantes retornados que son: la revisión anticipada de vuelos de ciudadanos retornados, control de la información de pasajeros enviada por las autoridades federales, entrevistas de control migratorio y medidas de prevención del delito, precisó.