El Pleno del Consejo de la Judicatura analizó una serie de procesos disciplinarios iniciados en contra de servidores judiciales. Las autoridades destituyeron al juez J.E.A.Z. y a la secretaria M.C.Y.C., quienes laboraban en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los análisis determinaron que usaron sus accesos al sistema judicial para modificar el expediente relacionado con un hábeas corpus, incorporar litigantes ajenos al caso, excluir a las partes legítimas y ocultar resoluciones, impidiendo así la notificación de órdenes de libertad condicional.

Además, el Consejo de la Judicatura ratificó la amonestación escrita contra M.J.P.A. analista provincial administrativo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas.

La decisión adoptada es porque el servidor no notificó oportunamente a la empresa de seguridad privada sobre incumplimientos detectados en la prestación del servicio en las dependencias judiciales de esa provincia.

Mientras tanto, ratificó la sanción impuesta al abogado en libre ejercicio M.G.C.P., quien deberá pagar la multa de una remuneración básica. El profesional del derecho incorporó a un proceso de inquilinato un documento que no fue emitido por la jueza competente y que no estaba registrado en el sistema SATJE.

Finalmente, el Pleno del Consejo de la Judicatura ratificó la inocencia de otro abogado patrocinador de causas y del defensor público de Loja, J.E.M.R. contra quienes pesaban sumarios, pero no se hallaron responsabilidades.