En Ecuador, cerca de 20.000 personas requieren terapias de reemplazo renal para vivir, las cuales son recibidas a través de centros de diálisis públicos y privados para abastecer la demanda de pacientes actuales, siendo una responsabilidad del Estado el poder garantizar este tipo de atenciones, la enfermedad Renal Crónica es una enfermedad catastrófica.

La situación de los pacientes invita a mirar más allá de la coyuntura y abre una conversación sobre el futuro del sistema de salud ecuatoriano frente al crecimiento de las enfermedades crónicas y de alta complejidad.

Además, la atención se brinda en centros especializados privados que forman parte de la Red Pública Integral y Complementaria de Salud mediante convenios con el Estado, un modelo que pone de relieve la importancia de contar con mecanismos de financiamiento oportunos para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales para miles de familias.

Así mismo, organizaciones de pacientes renales y clínicas dializadoras mantienen el llamado para dar solución sostenida a esta situación que pone en riesgo miles de vidas, dado que la inestabilidad de los líderes del sector ha sido tan cambiante.

De acuerdo con los colectivos, la deuda acumulada con los prestadores supera los 400 millones de dólares, una cifra que evidencia la necesidad de consolidar mecanismos financieros acordes con la creciente demanda de servicios de alta complejidad, no se ha logrado conciliar una respuesta consistente para el pago de la creciente deuda y garantía de desfinanciamiento de este sector.

El caso de las clínicas dializadoras ofrece una oportunidad para fortalecer la planificación del sistema de salud; a medida que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, crece la necesidad de asegurar la continuidad de los tratamientos especializados y consolidar un modelo capaz de responder de manera oportuna y sostenible a las necesidades de la población.

Mientras tanto, la importancia de este tema ya había sido advertida en septiembre del 2024, cuando la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó un informe de fiscalización en el que señala que la deuda con las clínicas dializadoras, SOLCA y otros prestadores de la Red Complementaria influye en la continuidad de los tratamientos y en el acceso oportuno a los servicios de salud.

Finamente, el ministro de Salud sostuvo que debe continuar las conversaciones en busca de una solución real para el fortalecimiento del financiamiento, planificación y la articulación entre la red pública y complementaria que contribuirá a garantizar la continuidad de la atención y a responder con mayor capacidad a una demanda creciente de servicios especializados.