La Revolución Ciudadana informó a la ciudadanía el inicio de una nueva etapa institucional orientada al fortalecimiento de su estructura organizativa, la optimización de sus procesos internos y la consolidación de su presencia en los distintos territorios del país. Este proceso se enmarca en las resoluciones adoptadas por la Convención Nacional del 2026 y ejecutadas por el Buró Nacional, entre las disposiciones el inicio de la reestructuración organizativa a nivel nacional, incluyendo la renovación de directivas provinciales y de las circunscripciones del exterior, así como la implementación de mecanismos que garanticen una transición ordenada, participativa y transparente.

Por lo que, ha expedido un reglamento específico que regula el proceso de democracia interna para la elección de nuevas directivas, estableciendo principios fundamentales como legalidad, participación universal, paridad, transparencia, seguridad jurídica y debido proceso, asegurando así un ejercicio democrático interno sólido y legítimo.

La organización política reitera que el proceso en curso responde a una planificación institucional y no a escenarios de crisis interna. Por el contrario, la coyuntura nacional evidencia desafíos estructurales en ámbitos como la seguridad, salud, educación y la gestión de fronteras, que requieren atención prioritaria en el Ecuador.

La asambleísta por la provincia de Tungurahua, Cecilia Baltazar, presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, el objetivo garantizar la educación superior en el país la plurinacional, intercultural, inclusiva e igualitaria, reconociendo y valorando la diversidad cultural, histórica y lingüística.

“Estamos avanzando con propuestas que permitan brindar resultados concretos a los bachilleres tanto del campo como de la ciudad. Es fundamental incorporar el principio de interculturalidad, evitar la discriminación por razones de género, discapacidad y garantizar una adecuada supervisión a las universidades, de manera que hagan un uso responsable de los recursos destinados a becas”, destacó la legisladora Baltazar.

La iniciativa incorpora nuevos derechos para los estudiantes, especialmente para las personas con discapacidad, garantizando el acceso a infraestructura adecuada, entornos libres de discriminación y atención oportuna ante denuncias.

Además, refuerza las políticas de acción afirmativa para facilitar el ingreso de grupos vulnerables y sectores históricamente excluidos.

Para el personal docente, establecen mejores condiciones laborales, capacitación continua, incentivos a la investigación y garantías para la libertad de pensamiento, junto con la obligación de mantener conductas éticas libres de violencia y discriminación.

Así mismo, la reforma impulsa el enfoque intercultural y plurinacional en el sistema, promoviendo la inclusión de saberes ancestrales, la participación de pueblos, nacionalidades y la generación de programas de becas con criterios de equidad.

También, se fortalecen los mecanismos de acceso y permanencia, estableciendo que al menos el 10 % de los estudiantes accedan a becas o ayudas económicas, priorizando a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Mientras tanto, el nivel institucional, ratifica la autonomía universitaria con responsabilidad, para lo cual establece reglas de transparencia en los procesos internos, prohíbe el nepotismo y exige la implementación de protocolos obligatorios para prevenir, sancionar la violencia y la discriminación.

Finalmente, el proyecto de Ley promueve la expansión territorial del sistema de educación superior, con el objetivo de reducir brechas de acceso y garantizar oportunidades educativas en todo el país.

La comisión técnica encargada de dar seguimiento a la gestión de creación de las cuatro universidades estatales amazónicas recibió la información remitida por el Consejo de Educación Superior sobre las propuestas técnico-académicas presentadas por las universidades promotoras: la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y la Universidad Estatal Amazónica (UEA).

Según, la presidenta de la comisión técnica, Esperanza del Cisne, el objetivo de esta sesión fue conocer el estado de los procesos de las universidades estatales en Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, de conformidad con la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la Ley Orgánica de Educación Superior y la Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional.

Para el representante del CES, Andrés Ricaurte, coordinador de Planificación Académica, los expedientes de las universidades de Orellana y Morona Santiago se encuentran en revisión, tras su segundo ingreso, realizado el 10 y 25 de marzo. Sucumbíos y Zamora Chinchipe los expedientes están en revisión, luego del primer ingreso y de la subsanación de observaciones. Inicialmente, el proyecto de la institución de educación superior de Sucumbíos fue archivado; sin embargo, con la asistencia técnica del CES, se efectuó un nuevo ingreso del expediente.

En cambio, los proyectos de las universidades de Orellana y Morona Santiago cuentan con certificaciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas el 27 de enero y el 23 de marzo del 2026.

Mientras tanto, los aportes de la Secretaría Nacional de Planificación; Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; Ministerio de Economía y Finanzas; Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; así como de los legisladores Edwin Jarrín, José Nantipia, Juan Gonzaga y Steve Villacrés serán analizados.

Finalmente, la comisión autorizó a la presidenta a mantener reuniones con las veedurías ciudadanas relacionadas con el proceso de creación de las universidades.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 3 de abril, aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial, conforme lo establece la normativa electoral vigente. La actualización se aplicará en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

En ese sentido, se elegirán concejales por circunscripciones en los siguientes cantones, conforme al siguiente detalle:

El domingo 29 de noviembre del 2026, en el Ecuador se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus respectivos suplentes.

La ciudadanía podrá conocer a qué circunscripción pertenece cuando esté disponible la opción “Consulta tu lugar de votación”, ingresando al sitio web institucional: http://www.cne.gob.ec.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo el calendario electoral, el 2 de abril aprobó el Registro Electoral Pasivo generado para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, el mismo será actualizado previo a la convocatoria.

En el que constan 1’302.535 ciudadanos que no han ejercido su derecho al voto en las cuatro últimas elecciones, ni han realizado ningún trámite ante el CNE. De este registro se excluyen las personas que tienen voto facultativo.

La ciudadanía podrá revisar si forma parte del Registro Electoral Pasivo desde el miércoles 8 de abril, ingresando a www.cne.gob.ec.

Quienes se encuentran en este listado y deseen sufragar en las Elecciones Seccionales y CPCCS 2027, tienen plazo hasta el 17 de abril de 2026 para realizar el trámite de habilitación en la página web institucional o de manera presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.