Este martes 5 de noviembre 2024, la procuraduría del Municipio de Quito informó que la audiencia de procedimiento directo, en la que Dylan A. fue sentenciado con una pena privativa de ocho meses, multa de cuatro salarios básicos unificados y reparación, de acuerdo con el Art. 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como autor directo por el delito de Incendios forestales y de vegetación, en el sector de Guápulo.
El tiempo que deberá permanecer privado de su libertad fue determinado por la Jueza debido a su colaboración con la Policía Judicial.
En cambio, la reparación hacia el Municipio de Quito, la Jueza delegó a la Secretaria de Ambiente prepare un informe en el que se determine el monto económico efectivo del daño material, eso se informará a la jueza, indicando como se determinó, la remediación ambiental, la reparación a la biodiversidad y el monto económico a cancelar.
Además, el Municipio de Quito presentó 18 denuncias por incendios forestales durante este año.
Mientras tanto, dos audiencias de procedimiento directo por los incendios de los sectores El Panecillo y Eloy Alfaro están en proceso.
La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, recibió los criterios respecto al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tramita para primer debate y que versan sobre diferentes artículos.
La presidenta encargada de la comisión, María Fernanda Araujo recordó que han recibido la argumentación de los 35 proponentes a las reformas unificadas al COIP y que existen 15 nuevos proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Para Andrea Noboa, litigante en derecho penal y magister en derecho constitucional, los delitos en omisión son importantes porque la conducta del ser humano debe ser mediante acción u omisión, ambas capaces de generar obligaciones penales. En la primera, se establece al ejecutar una actividad, la cual puede ser una infracción ante la Ley; por el contrario, la omisión se manifiesta en la no realización de una conducta.
Actualmente no existe una diferencia clara entre la omisión propia e impropia; algunas posturas sostienen que esta falta de distinción afecta la seguridad jurídica, precisó Noboa.
Por su parte, el docente universitario, Homero Cepeda señaló que el proceso penal tiene como objetivo garantizar la reparación integral a las víctimas, procurando la restitución del bien jurídico afectado y la rehabilitación social del infractor. Explicó que la única persona que recurre es la víctima por lo cual la pretensión punitiva debe buscar la reparación.
Mientras tanto, Andrés Cabrera, experto en derecho humano y argumentación jurídica, dijo que hay que tomar en consideración la propuesta de la violencia sexual institucional, que debe ser clara y precisa para evitar interpretaciones y que no contenga términos ambiguos.
Los asambleístas mostraron su preocupación sobre las imputaciones en diferentes casos, fortalecimiento de las facultades del juez, delito de omisión en los servidores públicos, proceso penal preventivo, entre otros temas del proceso de análisis.
La empresa Nestlé Nutrition reafirma su compromiso con la salud de las mujeres al ofrecer una línea de productos prenatales bajo su marca MATERNA, diseñada para apoyar al cuidado de las mujeres antes de la concepción, durante el embarazo y en la lactancia. Esta línea incluye cuatro productos innovadores: MATERNA Opti-Absorb, MATERNA DHA, MATERNA G-Balance y MATERNA Opti-Lac, todos formulados con tecnología avanzada y respaldados por estudios científicos de alto nivel.
La gama MATERNA está específicamente desarrollada para cubrir las necesidades nutricionales de las mujeres en las distintas etapas de su maternidad.
Además, MATERNA Opti-Absorb: Un multivitamínico con tecnología de liberación óptima, que mejora la absorción de nutrientes esenciales como hierro de alta biodisponibilidad, ácido fólico y calcio, favoreciendo su tolerancia y eficacia, especialmente en las primeras etapas del embarazo.
En cambio, MATERNA® DHA: Proporciona el 100% del requerimiento diario de DHA, un ácido graso clave para el desarrollo visual y cerebral del bebé, además de ayudar en la prevención de partos prematuros, sin el sabor residual a pescado.
Así mismo, MATERNA® G-Balance: Combina mioinositol y probióticos para apoyar el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico y prevenir la Diabetes Mellitus Gestacional, ayudando a mantener un equilibrio metabólico adecuado desde temprana edad hasta el embarazo.
Por lo que, MATERNA® Opti-Lac: Formulado con el probiótico L. fermentum LC40, que se encuentra naturalmente en la leche materna, ayuda a reducir las bacterias asociadas con el dolor durante la lactancia y disminuye el riesgo de mastitis en un 51% y de dolor mamario en un 35%, según estudios clínicos.
Una alimentación adecuada tanto antes como durante el embarazo es clave para garantizar la salud de la madre, el feto y el bebé recién nacido. Para un óptimo desarrollo fetal, lo que contribuye a reducir el riesgo de producirse enfermedades en el futuro. El Dr. Fernando Montaño, asesor médico en Nestlé Nutrition, destacó: «Estos productos están formulados con ingredientes de la más alta calidad y respaldados por rigurosas investigaciones científicas. MATERNA no solo cubre los requerimientos nutricionales esenciales, sino que se adapta a las necesidades cambiantes de las mujeres durante el embarazo, mejorando su salud y la del bebé.»
Mientras tanto, «A través de la línea MATERNA, Nestlé Nutrition busca brindar un acompañamiento integral a las mujeres en cada etapa de su camino hacia la maternidad, con productos innovadores que responden a sus necesidades específicas de salud y nutrición»,aseguró Ana Cristina Valencia, Directora de Nestlé Nutrition.
Los productos MATERNA están disponibles en farmacias y puntos de venta seleccionados, ofreciendo opciones nutricionales avanzadas y seguras para el cuidado integral de las mujeres y sus bebés.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el apoyo de la Universidad Bolivariana del Ecuador, entregó 300 nuevas becas a mujeres usuarias del Bono de Desarrollo del cantón Durán, quienes iniciaron su emprendimiento con el Crédito de Desarrollo Humano. A través de estas becas podrán recibir capacitación especializada y fortalecer sus habilidades en administración, finanzas y marketing, permitiéndoles mejorar sus emprendimientos y generar ingresos sostenibles para sus familias.
La entrega de este apoyo interinstitucional estuvo cargo de la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, durante el evento en las instalaciones de la UBE, junto a autoridades de la institución de educación superior, el gobernador del Guayas, Vicente Auad y varias mujeres emprendedoras que se beneficiarán con este proceso de formación continua.
Para Zaida Rovira el aporte del sector de la economía popular y solidaria permite que dinamizar la economía del país; así como de cientos de miles de hogares y comunidades. “Parte de este sector son nuestras emprendedoras. Por eso, hoy entregamos 300 nuevas becas, como 300 entregadas anteriormente; ahora son 600 emprendedoras las que tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y desarrollar sus destrezas”, dijo.
En cambio, la valentía de las mujeres que decidieron iniciar su emprendimiento. “Esa valentía es reconocida por el gobierno del presidente Daniel Noboa; es por eso que en Durán hemos entregado 564 Créditos de Desarrollo Humano, de los cuales 536 han sido para mujeres que están haciendo crecer su emprendimiento”.
Por su parte, Roger Martínez, vicerrector de la UBE, destacó la articulación que lleva adelante con el MIES y este trabajo conjunto no solo permite construir una economía más inclusiva, un tejido social más sólido y sostenible. “Como universidad nos comprometemos a acompañarlos en el camino, aportando nuestros conocimientos para que sus ideas prosperen y se conviertan en verdaderos motores del cambio social”, precisó.
Finalmente, Sandra Quiroz, emprendedora de servicio de manicure a domicilio y que se beneficiará con una de las becas, señaló que el apoyo permanente que está recibiendo por parte del Gobierno Nacional, a través del MIES, representa mucho más que una oportunidad académica. “Es un acto de confianza, un voto de fe en mi capacidad de salir adelante y de construir un mejor futuro para mi familia”, puntualizó.
Este miércoles 6 de noviembre del 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa suscribió la transferencia de 4 millones de dólares a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Sierra Centro y Pastaza. Estos recursos, son la primera entrega de un total de 20 millones de dólares que el Gobierno Nacional desembolsará a distintos gobiernos locales, los recursos serán destinados al financiamiento de proyectos de agua potable, alcantarillado, riego y vialidad, entre otros.
Según, el Mandatario este primer pago cubrirá los desembolsos pendientes de enero a junio del 2024, con lo que los GAD de cinco provincias (Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Tungurahua) y tres cantones (Latacunga, Guano y Riobamba) podrán concluir 11 proyectos que han estado esperando por años. “No vamos a permitir que los sueños y las aspiraciones de nuestros ciudadanos se vean truncados por la falta de gestión y la indolencia que ha sido la moneda de cambio de la vieja política”, dijo.
Además, la transferencia de recursos cubrirá programas como FINGAD I-III, PROAGUA y otros convenios históricos, que a través del trabajo conjunto del Banco de Desarrollo del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy es una realidad, explicó el Jefe de Estado.
Por lo que, el prefecto de Pastaza, André Granda, destacó la voluntad y gestión priorizada que esta administración le ha brindado a esta importante zona del país: “mientras quienes gobernaron durante muchísimos años negaban o condicionaban los recursos a los gobiernos locales, hoy el gobierno nos demuestra con hechos ese apoyo directo”, expresó.
“Ustedes saben que la cooperación es fundamental para poder articular y trabajar de manera más efectiva, ese es nuestro objetivo. Mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas, a través de un trabajo conjunto”, aseguró el Presidente Noboa.
Mientras tanto, el gerente general del BDE, Carlos Rivera, manifestó que esta acción permite saldar compromisos del Ejecutivo que no fueron atendidos desde el 2017. “Un gobierno central serio y responsable con buenas políticas va permitiendo que comiencen a prenderse los motores del crecimiento económico”.
Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa indicó que hay otras acciones que se implementan con celeridad, pero con responsabilidad y transparencia para dinamizar la economía del país, generar empleo y construir un mejor futuro. Por ejemplo, el proyecto “Jóvenes En Acción’, una propuesta que promueve la participación de los jóvenes como actores clave para el desarrollo del país y la mitigación del cambio climático. A cambio, quienes participen, recibirán una transferencia temporal de 400 dólares mensuales durante tres meses. Esto refleja la gestión del gobierno durante estos once meses de administración, alcanzando estabilizar de manera responsable la economía del país en medio de un conflicto armado interno, crisis energética y una brecha fiscal heredada de más de 4.000 millones de dólares, puntualizó.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 80 votos a favor la moción de Franklin Samaniego para que la comisión de Transparencia inicie la fiscalización del Programa de Becas “Futuro Femenino 2024” debido a presuntas irregularidades en su ejecución.
Para el asambleísta Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana afirmó que encontraron varias inconsistencias en el programa. El único cambio ha sido el nombre del programa y pidió investigar a las instituciones involucradas en la entrega de becas.
Además, Samaniego solicitó extender la fiscalización a las becas otorgadas durante el gobierno de Guillermo Lasso y las 108 mil anunciadas en la administración de Daniel Noboa, así como a las condiciones de médicos becarios y posgradistas autofinanciados.
En cambio, la legisladora Nathaly Farinango propuso que la comisión de Educación lidere el proceso de fiscalización.
Mientras tanto, Jorge Peñafiel pidió a la comisión de Transparencia que determine la legalidad del programa y posibles responsabilidades políticas y penales.
Finalmente, la parlamentaria Jhajaira Urresta expresó su preocupación por la falta de transparencia en la adjudicación de becas, advirtiendo que no deben utilizarse con fines electorales.
El Pleno de la Asamblea aprobó, por unanimidad, con 106 votos a favor, el proyecto de Ley para la Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino. Con esto el Ecuador estaría a la vanguardia en la implementación de leyes que aceleren los resultados en la eliminación del cáncer de cuello uterino. El documento será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción.
Según, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz este es un proyecto de Ley para el control y la prevención del cáncer cervicouterino en beneficio de la gente.
Esta Ley establece un marco normativo para la prevención y control del cáncer cervicouterino a través de la vacunación y planificación, diseño, desarrollo, investigación, educación, ejecución de programas, estrategias, políticas públicas y acciones tendientes a brindar una atención integral para la población según corresponda, dijo.
En cambio, Andrea Encalada, directora ejecutiva de Cepreme, organización sin fines de lucro, aseguró que se trata de un tema que es prevenible y puede cambiar la vida de miles de niñas y mujeres del país.
Para el presidente de la comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, Jorge Guevara el objetivo es proteger la vida de las ecuatorianas del cáncer cervicouterino, una amenaza silenciosa. “En nuestro país el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y su incidencia es alarmante; en el 2020 ocupó el 9.5 % del total de casos de cáncer y muertes en el Ecuador”, señaló.
Mientras tanto, los legisladores coincidieron que el proyecto genera condiciones y mecanismos para erradicar el cáncer cervicouterino; propicia estrategias de prevención para que deje de ser un problema de salud pública, como resultado del acceso universal a servicios de salud sexual y de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), a las vacunas contra el VPH, al control de los riesgos, a servicios eficaces de tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas; así como al tratamiento del cáncer cervicouterino de tipo invasor.
Finalmente, este es un problema de salud pública que demanda la atención de todos. La estrategia 90-70-90 es una iniciativa de la OMISO/OPS para eliminar el cáncer uterino como problema de salud pública, que se basa en tres pilares: Vacunación: El 90 % de las niñas deben ser vacunadas contra el virus del papiloma humano (patógeno prevenible y tratable) antes de los 15 años. Tamizaje: El 70 % de las mujeres deben ser examinadas antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45 años. Tratamiento: El 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas y el 90 % de las mujeres con cáncer invasivo deben ser tratadas. La importancia de reducir la mortalidad de las mujeres; que es necesario que tanto los sectores rurales como los urbanos accedan a controles a tiempo, con tratamientos oportunos. Las cifras son bajas de las mujeres que acceden a pruebas del VPH y VIH, por lo que se debe fortalecer la gobernanza en salud con el monitoreo y seguimiento de los programas implementados.
La asambleísta Gissela Garzón y Rafael Dávila fueron electos como presidenta y vicepresidente de la comisión Ocasional para tratar el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República, relacionado con el tema de las bases militares extranjeras en territorio nacional.
Según, la presidenta Gissela Garzón la próxima sesión conocerán el proyecto de reforma constitucional y se presentará el cronograma de actividades.
“El tratamiento de la reforma va a requerir de una visión diversa, no solamente técnica, lo que significa que logremos una cohesión para alcanzar consensos”, dijo.
La reforma llegó a la Asamblea Nacional, el 17 de octubre del 2024, tiene como objetivo eliminar la prohibición de establecer bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares, que actualmente establece la Constitución de la República.
La creación del Comité Interinstitucional de Estabilidad Financiera, la facultad de solicitar información por parte de la Superintendencia de Bancos, tasas de interés, disposiciones a favor de los usuarios del sistema financiero, ampliación de datos crediticios, seguros agroalimentario y ganadero, alivio financiero, entre otros, son temas de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que analizó la Comisión de Régimen Económico y propone en el informe para primer debate.
Además, el informe busca fortalecer la estabilidad, solidez, solvencia y seguridad del sistema financiero público y privado.
Así mismo, la comisión receptó las observaciones de autoridades, expertos, académicos y representantes de los sectores relacionados con la temática.
También, establece la obligatoriedad en el artículo 130 del Código Orgánico Monetario y Financiero, una tasa de interés máxima especial para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.
En cambio, propone una Disposición Reformatoria, al artículo 19 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, en el sentido de buscar un mecanismo para la implementación de un seguro agroalimentario para cubrir la producción y los créditos agropecuarios por distintas causas naturales u otros fenómenos de fuerza mayor o caso fortuito.
Mientras tanto, la Secretaría Técnica remitirá al Comité de Estabilidad Financiera, en un plazo máximo de 30 días, una propuesta de reglamento de funcionamiento para aprobación y aplicación del Comité de Estabilidad Financiera.
Finalmente, la presidenta de la comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, destacó el tratamiento de varios temas, sobre todo respecto al alivio financiero, que consta en el informe, explicó.
El exceso de velocidad en las vías de Quito cobra el 35% de las vidas en accidentes de tránsito, según el Informe de Seguridad Vial 2024, presentado por la iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global. El reporte, entregado a Fernanda Racines, alcaldesa subrogante y a los miembros de la comisión de Movilidad, revela que cuatro de las vías más transitadas como: la Maldonado, Mariscal Sucre, Ruta Viva y Simón Bolívar– concentran la mayor siniestralidad en la capital.
De acuerdo a la investigación de la Universidad Johns Hopkins, apunta un problema crítico: tres de cada cinco muertes viales en Quito involucran a actores vulnerables como motociclistas, peatones y ciclistas; de estos, el 42% son motociclistas.
Además, el documento destaca que el 27% de los vehículos superan los límites de velocidad permitidos.
“Esta información es esencial para priorizar nuestras acciones y fortalecer nuestra legislación”, dijo la alcaldesa encargada, Fernanda Racines, esto permitirá coordinar las políticas locales con las mejores prácticas de seguridad vial internacionales. Uno de los puntos clave del plan es el control exhaustivo de la velocidad y el cumplimiento normativo por zonas, similar a las estrategias de la Asociación de Jefes de Policía en Estados Unidos.
También, incluyen datos sobre otros factores de riesgo: el uso del casco en motociclistas alcanza el 87%, mientras que solo el 14% de pasajeros de asientos traseros usa cinturón de seguridad. En cuanto al consumo de alcohol, la ciudad registra un bajo 0.6%. Estos factores se comparan con los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que estima que la probabilidad de muerte aumenta del 50% a 90% cuando la velocidad sube de 50 km/h a 60 km/h.
Para Andrea Flores, coordinadora de Bloomberg Philanthropies en Quito, la ciudad se beneficia desde 2021 de este programa de salud pública, el cual asiste a 30 ciudades de 15 países, brindando apoyo técnico y asesoría para implementar estrategias que reduzcan la mortalidad vial.
Mientras tanto, la magnitud de esta crisis es global 1.19 millones de personas mueren anualmente en accidentes de tránsito, es decir, una cada 23 segundos, convirtiéndose en la principal causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. En Quito, las cifras son alarmantes, en el 2023 250 personas fallecieron en las vías y hasta septiembre del 2024, ya se registran 191 muertes.
Finalmente, el informe fue presentado por el investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino Ortiz y Christian Zaragocin, consultor de la Organización Internacional de Jefes de Policía, junto con Alejandra Sandoval, asesora en Infraestructura.
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