La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de tres delegadas del Consejo Plurinacional por el Pueblo Afroecuatoriano. Dentro del proceso de construcción del informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Narcisa Quiñónez, Mercedes Zambrano y Ana Congo coincidieron que las reformas deben buscar la inclusión basada en el respeto y el reconocimiento del pueblo afrodescendiente ecuatoriano. Considerando que “la LOES debe plantearse el objetivo de implementar conocimientos interculturales y ancestrales como eje transversal en todas las carreras de formación profesional”.
 
Para Ana Congo “en el 2023, la UNESCO recomendó a los países de América Latina y el Caribe implementar, a través de sus instituciones de educación superior, cursos interculturales y antirracistas de carácter obligatorio para autoridades, docentes, investigadores y estudiantes, con la finalidad de asegurar la calidad educativa”, dijo.

En cambio, la comisión recibió el informe sobre el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo (PISA), por parte de la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Susana Araujo.

“La evaluación internacional PISA mide seis niveles de entre los 335 y los 1000 puntos, el más alto desde los 699 puntos en adelante”. “En el 2017, el Ecuador obtuvo 399 puntos en ciencias, 377 en matemáticas y 379 en lectura siendo un resultado favorable, de básico superior, por estar sobre el promedio en América Latina”.

Por lo que, la evaluación PISA 2025, los estudiantes serán evaluados en su capacidad de razonamientos científicos, lectura, habilidades para sintetizar información y entender mensajes complejos, matemáticas, habilidades cuantitativas y módulo innovador de aprendizaje en el mundo digital. Participarán 91 países y las pruebas serán adaptativas para estudiantes de alto y bajo rendimiento, explicó.

Finalmente, “Ecuador participa en este proceso evaluador con la finalidad de posibilitar que los responsables de la política pública educativa puedan, con base en los resultados, generar protocolos para que los estudiantes aprendan mejor, los docentes eduquen mejor y las instituciones funcionen mejor al relacionar el aprendizaje con el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes”, precisaron.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 76 votos a favor, resolvió archivar el juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, propuesto por la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, por un presunto incumplimiento de funciones, los informes de posiciones enviados por los asambleístas César Umajinga, Lenin Barreto y Sofía Espín, integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Luego, que la comisión de Fiscalización no tuvo los votos para emitir un informe motivado para que recomiende el juicio político o el archivo de la causa, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció los informes de posiciones de los miembros de la comisión, las actas de votación y documentos referentes a la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesta por la legisladora Jhajaira Urresta, de acuerdo al inciso tercero del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Por lo que, el Pleno de la Asamblea Nacional acogió la moción del legislador César Umajinga que proponía el archivo del juicio político, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 83, inciso primero, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el informe se refiere a las actas y las posiciones de los legisladores y no haber un informe aprobado que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional previa moción motivada de cualquier legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político para lo cual se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

Según, el asambleísta César Umajinga, el juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, se constituye una revancha política y se fundamentaba en los argumentos presentados por México en contra de Ecuador, debido a la irrupción en su Embajada, en Quito, el pasado 5 de abril, acción que fue respaldada por la mayoría de los ecuatorianos, por lo cual la solicitud debería ser archivada, dijo.

Finalmente, los legisladores Barreto, Espín y Urresta justificaron la necesidad de continuar con el proceso del juicio político, la funcionaria no habría justificado su inocencia. El incumplimiento de funciones y debelaron que parientes de la ministra Sommerfeld se habrían beneficiado de la ruptura de relaciones diplomáticas con México, porque tienen acciones en empresas de aviación en rutas que reemplazaron los vuelos con destino a México. Insistieron que la imagen internacional del Ecuador quedó afectada por la gestión de Sommerfeld, quien no estaría capacitada para ejercer técnica y profesionalmente la Cancillería, puntualizaron.

Dentro el proceso de fiscalización sobre presuntas irregularidades en los aportes de campaña electoral del candidato y actual presidente de la República, Daniel Noboa, la comisión ocasional escuchó a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en modalidad virtual desde Tel Aviv, (Israel).

Según, la Vicepresidenta de la República, su situación y violencia política que enfrenta es muy dura. Por Decreto Ejecutivo no cuenta con seguridad en un país en conflicto mientras asambleístas de la bancada del Gobierno y otras cuentan con seguridad hasta para realizar los mandados.

Además, Abad se refirió a varios aspectos de la coyuntura política nacional, como el papel de los jueces y actores políticos. Precisó que respeta el orden constitucional, pese a que le mantienen “secuestrada, censurada y atropellada sus derechos”, por el Presidente, el Gobierno y la Cancillería.

Así mismo, la Vicepresidenta de la República, Verónica Abad dijo que en relación a los aportes de campaña y recursos del Consejo Nacional Electoral, para el proceso electoral. “Nunca he hecho una propaganda en televisión, ni he tocado un solo dólar de ese fondo, nunca he tocado un dólar del dinero público, todo lo manejo el responsable económico del Presidente Noboa”.

Por lo que, Verónica Abad aseguró que teme por su vida y la de su familia, “lo que hoy vive el país no son las promesas de campaña como el incremento del IVA, la gasolina, entre otras. El Presidente no me alejo del Gobierno. “Yo fui la que se alejó, porque no es mi Gobierno, que me tiene alejada de mi país, familia. Me han negado el permiso de vacaciones solicité para regresar al Ecuador, en cambio, los ministros a los dos días si se van de vacaciones”, puntualizó.

Mientras tanto, las inquietudes los asambleístas coincidieron en relación al origen del dinero para la campaña electoral del binomio Noboa – Abad, así como la información del monto del dinero gastado, aportado y justificado. La Vicepresidenta de la República, insistió que desconoce y no puede responder por el señor Daniel Noboa, pero anunció que en los próximos días su acción será muy clara.

Finalmente, la Vicepresidenta de la República respondió las preguntas de los legisladores Blasco Luna, Mariana Yumbay, Geovanny Benítez y del presidente de la Comisión Ocasional, Jaime Moreno.

Con 94 votos a Favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización realizado en la provincia de Santa Elena, enfocado en la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas, en particular de la Comuna Olón. El informe destacó la necesidad de implementar medidas efectivas para salvaguardar los recursos naturales y proteger los derechos ancestrales de las comunidades locales.

Además, el informe identificó un alarmante incremento en la deforestación ilegal y la pérdida de hábitats naturales, afectando gravemente a las especies endémicas y ecosistemas críticos.

También, reportaron casos de contaminación de recursos hídricos, invasiones de terrenos y la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades.

Así mismo, el informe sugiere iniciar el juicio político contra los ministros del Ambiente, Sade Fritschi, Defensa, Gian Carlo Loffredo, Turismo, Niels Olsen y del Interior, Mónica Palencia. La causal contra los ministros se fundamentaría en el incumplimiento de sus funciones, la atención incompleta a las solicitudes de información en el proceso de fiscalización e investigación relacionadas con la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas en la provincia de Santa Elena.

Según, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria Desintonio las irregularidades y abusos de poder relacionados con el desarrollo del proyecto inmobiliario ECHO OLÓN, vinculado a la esposa del Presidente de la República. «Este hecho no solo carece de ética, sino que socava la transparencia y seriedad institucional que tanto se necesita recuperar en este país», por lo que llamó a las autoridades a tomar acciones concretas y responsables, expresó.

Para la asambleísta por Santa Elena, Arisdely Parrales las irregularidades e ilegalidades cometidas por la empresa VINAZIN S.A. evidencian la negligencia del Presidente de la República, Daniel Noboa y “sus maniobras para utilizar el poder en beneficio de su círculo cercano”, dijo.

Mientras tanto, el legislador Héctor Valladarez rechazo la no comparecencia de los ministros de Estado convocados a las comisiones para rendir cuentas a los ecuatorianos y en especial a los ciudadanos de la Comuna Olón.

Finalmente, Valladarez denunció que mediante el uso de influencias se han apropiado de los terrenos comunales a precios irrisorios, perjudicando a las comunidades locales y sus derechos sobre la tierra. “Este accionar refleja un desprecio hacia las normativas y los derechos de las comunas”, puntualizó.

El Pleno de la Asamblea, con 103 votos a favor aprobó la moción del asambleísta Camilo Salinas, para negar la autorización del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la asambleísta Ana Galarza de la bancada Construye, por querella penal presentada por el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, los votos correspondieron a las bancadas de la Revolución Ciudadana, Construye, PSC e independientes y la bancada de gobierno ADN, votó en contra.

La resolución de la Asamblea Nacional se fundamentó en el artículo 111, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece. “Para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una o un asambleísta se requerirá la autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud del fiscal competente o de los jueces. Si la autorización para el enjuiciamiento no se conteste en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante los períodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Dicha autorización será debatida y requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Pleno para su aprobación”.

El abandono de los adultos mayores por parte del Estado, la sociedad y las familias fue una de las preocupaciones de los legisladores, en el primer debate de la reforma a la Ley de los Adultos Mayores, que busca garantizar una adecuada asistencia económica y psicológica, fomentar actividades recreativas, disminuir su dependencia económica y protección contra todo tipo de violencia.

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde presentó el proyecto de reforma a la Ley orgánica de Educación Superior. El objetivo fortalecer la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, precisar los términos para los informes e incluir la figura de comodato en casos de transferencia de dominio de bienes.

Según, Recalde la iniciativa más de 200 mil jóvenes cada año no pueden ingresar a la universidad, pese a la oportunidad que existe desde el sector privado.

Además, la reforma se refiere al destino de los bienes de una institución de educación superior extinguida; creación de universidades y escuelas politécnicas; requisitos para la creación de una universidad o escuela politécnica; análisis técnico de los requisitos; y  transferencia de dominio de bienes y recursos de los patrocinadores.

Mientras tanto, las instituciones de educación superior (IES), en el Ecuador, se han desarrollado bajo el principio de autonomía, el mismo que consta incluso desde 1945 en la constitución de la república.

Finalmente, la autonomía universitaria comprende el ejercicio de la cátedra, investigación, pensamiento, normas internas, diseño de programas académicos, así como el nombramiento de autoridades, docentes y trabajadores, explicó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde.

El asambleísta por Pichincha de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego presentó el proyecto de reforma a Ley de Defensa del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista encaminado a regular, fomentar, incentivar y garantizar las actividades productivas, de comercio o servicios de los trabajadores autónomos y los comerciantes minoristas, garantizando sus derechos, en particular el derecho al trabajo y fomenta su desarrollo integral.

Además, el legislador explicó que su propuesta ajusta y reforma la Ley vigente en derechos como la asignación del bono a la vivienda y participación preferente en todos los niveles de gobierno, es decir que haya cupos preferentes para los trabajadores autónomos.

Así mismo, que las campañas informativas, capacitación, los comedores populares se deriven a los gobiernos autónomos descentralizados, dijo Samaniego.

También, el proyecto de reforma de la Ley, garantiza los derechos de niños, niñas, adolescentes e hijos de los trabajadores autónomos, fundamentalmente para erradicar el trabajo infantil y la atención preferente.

Franklin Samaniego, expresó que se ha obligado al sector público a desarrollar programas de créditos y ayudas para fomentar el trabajo del comerciante autónomo, sin embargo cree que es necesario incluir al sector privado.

De igual manera, el legislador considera que las becas que otorga a nivel el gobierno, puedan ser en acción afirmativa, reservadas en una parte para las mujeres que venden en las calles y para aquellas que prestan sus servicios en una relación de dependencia.

Mientras tanto, los derechos que plantea la reforma es que el trabajo digno y solidario en sus diferentes formas; a la libertad de iniciativa económica; a la capacitación gratuita y acceso preferente a programas de becas y ayudas económicas; a la seguridad ciudadana; seguridad social; programas de crédito y líneas de financiamiento preferenciales y a la participación de modelos de asociación.

Finalmente, “el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, garanticen, reconozcan y protegerán el trabajo autónomo y el comercio minorista, para lo cual se destinarán espacios públicos adecuados para su desempeño”, precisó.

El Consejo Nacional Electoral, este 01 de agosto 2024, aprobó la convocatoria para designar a los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ante el Consejo Nacional de Competencias.

Los Colegios Electorales se conformarán con los representantes de los GAD en sus diferentes niveles y se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: provinciales, 13 de agosto; municipales, 14 agosto y parroquiales rurales, el 15 de agosto del 2024. El CNE cumple, de manera técnica, con la organización de procesos democráticos en diferentes instancias públicas o privadas, de acuerdo con las leyes, reglamentos o estatutos correspondientes.