El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 104 votos, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, respecto al Régimen Especial de Galápagos que se enfoca en agilizar y mejorar las disposiciones relacionadas con la jubilación, el acceso a servicios de salud y otras prestaciones para los residentes de esta región.

Además, el propósito de la Ley es asegurar condiciones laborales y sociales justas para los habitantes de Galápagos, cumpliendo con los principios de inclusión, equidad, suficiencia y solidaridad del Sistema de Seguridad Social.

Según, el asambleísta Jaime Guevara los fines y objetivos son cinco fundamentales: garantizar equidad en la jubilación; facilitar el acceso a los servicios de salud; adaptar el texto normativo a la legislación actual; fortalecer mecanismos de auditoría y control en materia laboral y ajustar las prestaciones que otorga la Ley de seguridad social que beneficiaría a más 9 mil afiliados activos, pensionistas y jubilados.

Por lo que, el Ministerio de Trabajo y el IESS realizaran controles constantes de fiscalización a fin de evitar la elusión de la norma por parte de los empleadores en incumplimiento de los pagos.

También, las pensiones y demás prestaciones de los afiliados de Galápagos estarán de acuerdo con IPC que contempla la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos del 2015. Estos ajustes deben estar presentes en los salarios de aportación, por tanto, en el salario promedio que luego da lugar a las prestaciones, en particular a las pensiones por vejez.

La nueva Ley modifica el segundo párrafo de la Disposición Especial Única de la Ley de Seguridad Social para que los beneficios de todas las prestaciones de la seguridad social se calculen sobre la totalidad de la remuneración imponible, incluidos los incrementos, cuando estos hayan formado parte de la materia gravada sobre sean los aportes.

El IESS cubrirá́ los gastos de traslado, retorno y de subsistencia, por el tiempo que demande la atención médica.

Para Lenin Rogel el costo de la vida en Galápagos es el doble que el de Ecuador Continental, la Ley busca terminar con las asimetrías entre los aportes, dijo.

Por su parte, el legislador Milton Aguas, destacó que las reformas hacen justicia social en el pago de las prestaciones y que no tiene impacto.

Finalmente, los ciudadanos de Galápagos merecen atención medica de salud adecuada y en todas las ramas; no hay centros de salud ni hospital de especialidades y con sus propios recursos salen al Ecuador Continente, expresó.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 17 de diciembre del 2024, el proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, que reforma de manera integral a la Ley vigente. El objetivo principal es garantizar derechos fundamentales y promover la inclusión plena de este grupo prioritario en la sociedad.

Según, la Asambleísta Jhajaira Urresta esta propuesta plantea un cambio de enfoque hacia un modelo social de la discapacidad. «Es una Ley justa y respetuosa, que elimina barreras estructurales», dijo.

Para la legisladora Paola Cabezas el respaldo unánime del parlamento a esta Ley significa un enfoque de verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el país.

En cambio, la asambleísta Pierina Correa sostuvo que la importancia de eliminar los prejuicios sociales que dificultan la integración. «No son las personas con discapacidad las que no pueden integrarse, sino nosotros por miedo y desconocimiento».

Por su parte, el asambleísta Adrián Castro señaló que los elementos innovadores de la Ley, como el incentivo a centros de empleo, el diseño universal de aprendizaje y su impresión en braille permitirán una mayor integración de las personas con capacidades especiales.

De esta forma las coincidencias giraron en torno a que Ley marca un hito para garantizar igualdad e inclusión, enfrentando desafíos históricos para este grupo prioritario.

Mientras tanto, Andy Díaz, especialista en Derechos Humanos y activista social con discapacidad, destacó que abordar la discapacidad es «hablar de humanidad». Y garantizar los derechos fundamentales en áreas como trabajo, salud y educación.

Sin embargo, Jhoana Haro, viceministra de Gestión Educativa, aseguró que las instituciones educativas deben ser inclusivas y accesibles, con personal capacitado en metodologías inclusivas que permitan el aprendizaje sin límites ni excepciones.

También, Edison Martínez, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, manifestó que esta nueva Ley promueve la autonomía de las personas con discapacidad, abarcando educación, salud y empleo. “Por primera vez, se tiene un enfoque integral para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera autónoma”.

Finalmente, Johana Aimacaña, de la subsecretaría de Discapacidades, expresó que los modelos de atención están evolucionando hacia enfoques más actuales e integrales, considerando a los cuidadores dentro de las políticas de inclusión.

La Comisión de Seguridad Integral recibió observaciones de Alberto Jara y Juan Pablo González, expertos en seguridad digital de Chile, respecto a legislación comparada, para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Protección Digital.

Los expertos expusieron puntos de contraste entre la naturaleza marco de la legislación chilena y el proyecto de Ley tramitado en la Asamblea Nacional. “El primero cumple la función de orientar las acciones de las instituciones que forman parte del sistema de seguridad digital y el segundo regula las garantías fundamentales que el Estado brinda en esta materia”, coincidieron en sus exposiciones.

Además, “el perímetro regulador de la Ley, en el caso ecuatoriano, abarca a todos los organismos del sector público o personas que realicen actividades en el ciberespacio, mientras que, en Chile el foco es únicamente los prestadores de servicios esenciales que realizan actividades relevantes para el ciberespacio nacional”, sostuvo Jara.

Así mismo, destacó la robustez del sistema punitivo administrativo en las dos normativas. Para los expertos, el proyecto de Ley debatido por la comisión debe observar la gravedad de poner en riesgo la seguridad digital.

Por lo que, propusieron crear, técnicamente, un esquema de sanciones leves, graves y gravísimas que, “en la Ley chilena va desde los 36 mil dólares, hasta los 2 millones 600 mil dólares, mientras que en el proyecto ecuatoriano alcanza apenas los 9 mil”.

Finalmente, González resaltó la importancia de establecer mecanismos que garanticen la neutralidad tecnológica. “Así el Ecuador tendrá la libertad de elegir cualquier tipo de tecnología para su seguridad en el entorno digital. Este principio tiene vital importancia en el contexto geopolítico actual y el enfrentamiento entre potencias que podrían ejercer presión para excluir o elegir tecnología”, precisó.

La comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, el sábado 14 de diciembre del 2024, esto en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.

Además, la comisión realizó los últimos cambios a los artículos 5.b, 19, 20, 27 y 40 del proyecto, respecto al enfoque ecosistémico; actividades deportivas y de exhibición en las que participen animales; actividades culturales y tradicionales en las que participen animales; obligaciones respecto de los animales de la fauna silvestre exótica; e, infracciones sobre los animales de compañía.

Así mismo, el proyecto de Ley establece principios y enfoques para la aplicación legal; que incluye definiciones de los tipos de animales, protección, encargo y eutanasia; desarrolla los derechos de los animales; establece obligaciones, prohibiciones e infracciones; programas de prevención o control y régimen de competencias.

También, la regulación clasifica a los animales destinados a: compañía; trabajo u oficio, asistencia y soporte emocional; experimentación e investigación; consumo y la industria; fauna silvestre; fauna marina y acuática; entrenamiento y sinantrópicos.

En cambio, la práctica de las actividades de entretenimiento, expresión cultural y tradicional con animales, como los toros de pueblo, rodeo montubio, cabalgatas, paseos, paseo de chagra y chacareros, carería del zorro, galope campero, así como el cuidado de los gallos de combate, podrán realizarse por considerar expresiones socioculturales de una localidad.

Por lo que, la comisión de Biodiversidad dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, de enero del 2022, que dispuso que la Asamblea Nacional, en el término de hasta dos años debata y apruebe una Ley sobre los derechos de los animales, en los que se recojan los derechos, principios, criterios o parámetros mínimos establecidos.

Mientras tanto, el informe recoge las observaciones de la unificación de cinco iniciativas como el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente que Garantice los Derechos del Buen Vivir de la Fauna Urbana;  proyecto de Ley Orgánica de Animales de Compañía, Corresponsabilidad Óptima y Protección Oportuna; proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Animales No Humanos; proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal” y proyecto de Código Orgánico de Protección Animal Kiara.

Finalmente, dentro de la socialización hasta la aprobación del informe para el segundo debate, participaron varios ciudadanos, gremios, organizaciones, actores públicos y privados, destacó el Presidente de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Guido Vargas.

La comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley del Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca, el objetivo es garantizar la soberanía alimentaria mediante el desarrollo y la protección integral del sector agropecuario y pesquero artesanal.

Para el presidente de la comisión, Jaminton Intriago la propuesta de Ley incorpora observaciones de los asambleístas y del Ministerio de Agricultura.

Además, Intriago expresó que inicialmente el proyecto contaba con 87 artículos y luego de un trabajo exhaustivo concluyó con 150 artículos enfocados en beneficiar al sector productivo.

En cambio, la asambleísta Mónica Palacios sostuvo que las observaciones de las organizaciones sociales y sectores indígenas fueron consideradas, lo que refuerza el enfoque inclusivo del proyecto.

Sin embargo, la parlamentaria Amy Gende indicó que la incorporación del rol de la mujer indígena en la agricultura, destaca la importancia de valorar y apoyar a los agricultores.

Mientras tanto, el legislador Roberto Cuero aseguró que el trabajo territorial marco el trabajo de la comisión para la elaboración del proyecto, que busca aliviar la carga de agricultores y productores, mediante una revisión justa de las multas. Y promover la proporcionalidad en las sanciones.

Finalmente, Rosa Plúas manifestó que el impacto positivo del proyecto en provincias como Manabí, al priorizar la equidad en el acceso a los recursos, la sostenibilidad, modernización y protección de los recursos naturales, sin dejar de lado las tradiciones regionales.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, afirmó que el Registro Oficial se ha prestado para una leguleyada, tras publicar inconstitucionalmente el proyecto de Ley para la Mejora Recaudatoria, a través del Combate al Lavado de Activos, que fue negado y archivado por el Pleno del Parlamento.

“En el Registro Oficial, el 20 de noviembre del 2024, consta publicada la negativa y archivo. El Registro Oficial se ha prestado para una leguleyada, por ello, enviaremos una acción de inconstitucionalidad y una acción de protección para que los tributos queden suspendidos. No vamos a permitir que sigan metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos”, insistió la presidenta de la Asamblea.

“No existe en ninguna parte de la Constitución donde dice que un proyecto económico urgente tiene que tratarse en dos debates”, dijo Veloz.

Además, varios académicos y constitucionalistas dieron la razón a la Asamblea y ratificaron su competencia para archivar proyectos de Ley en primer debate.

Así mismo, con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resolvió rechazar la decisión de la Presidencia de la República respecto a la promulgación del Decreto Ley para la mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, al incumplir lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que, dentro del plazo de 30 días, la Asamblea, expresamente, se pronunció con la negativa y archivo del referido proyecto de Ley.

Finalmente, la Asamblea resolvió ratificar la inexistencia jurídica de dicho Decreto Ley, dispuso la inmediata presentación de la acción de inconstitucionalidad y exhortó a la Corte Constitucional para que trate inmediatamente la demanda de inconstitucionalidad que presentará la Legislatura.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, por unanimidad, archivar el informe del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Esta decisión fue tras un exhaustivo análisis del contenido del proyecto, presentado por el ex asambleísta Diego Esparza.

Según, el legislador Celestino Wisum, la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales concluyó que la reforma propuesta carece de justificación técnica y económica. El Pleno de la Asamblea Nacional ya había debatido y ratificado una reforma integral a la Ley, la misma entró en vigencia el 30 de enero del 2024.

Además, Wisum destacó que los textos de los cuatro artículos de la reforma propuesta eran similares a los de la Ley publicada en el Registro Oficial.