Acciones a favor de los grupos de atención prioritaria y elección de autoridades docentes fueron los temas que los estudiantes, el secretario de la SENESCYT y el CACES presentaron en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, este miércoles 15 de mato 2024.

Según, Erik Barba y Nathaly Moreira, dirigentes de las federaciones de estudiantes universitarios del Ecuador, FEUE y FEUPE, señalaron que la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior debe ser trabajada junto a las organizaciones estudiantiles y autoridades universitarias, para que refleje la realidad actual de la educación superior en el Ecuador.

Otro aspecto que desde la academia debe ser considerado es los requisitos de postulación a rectorados y vicerrectorados de las instituciones del sistema de educación superior. “La reforma plantea no exigir un título de doctorado, sino únicamente de maestría para estas dignidades. Esto contribuye a reducir los estándares de la calidad educativa nacional, cuando deberíamos propender a elevarlos”-

Por su parte, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), entregó las observaciones a la creación de procesos para agilitar la homologación de títulos obtenidos en el extranjero y asignaciones presupuestarias para publicación y producción de conocimiento y saberes ancestrales.

Mientras tanto, la asignación de cupos y acciones afirmativas a grupos de atención prioritaria, establecidos en el artículo 35 de Constitución, “esta política ya es transversal a la Ley actual, está ya acoge a toda la población del país”. Sugirieron vincular a la política pública con un enfoque especial a los grupos vulnerables que no sea excluyente del resto, precisaron.

Sin embargo, a los institutos públicos y privados les preocupa la facilidad con la que se otorga a las universidades a pretexto de la autonomía se permite las carreras técnicas, tecnológicas y maestrías tecnológicas, puntualizaron.   

Para Diego Pérez, consejero del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), el compromiso es construir una cultura educativa superior que responda a las necesidades técnicas, sociales y profesionales del Ecuador, respetando la autonomía de sus instituciones y sus procesos educativos.

Finalmente, estos temas de la reforma serán analizadas con responsabilidad por los legisladores de la comisión de Educación, la participación activa de los actores principales de la educación superior, docentes y estudiantes, es fundamental para la elaboración de la Ley y mejorar la educación superior en el país.  

El cuidado y protección del medio ambiente, ausencia de un permiso de construcción para el proyecto inmobiliario y la falta de consulta previa, fueron los principales aspectos de los actores que participaron en la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, en Olón, provincia de Santa Elena, el objetivo tratar sobre la afectación del área del bosque “Esterillo Oloncito”, mediante el acuerdo 072, el 14 de noviembre de 2001, fue declarado como área de Bosque y Vegetación Protectores a 2.25 hectáreas, por parte del Ministerio del Ambiente.

Para la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria Desintonio dentro del proceso de fiscalización y control político es importante escuchar la voz de los ciudadanos, considerando que el capital no puede estar por encima de la humanidad y la naturaleza, dijo.

Según, Melissa Lemus, presidenta del GAD Parroquial de Manglaralto, la acción de las autoridades locales en apego a lo establecido en el artículo 65, literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Pidió que se garantice el cuidado y protección del ambiente, expresó.

De igual forma, la alcaldesa de Santa Elena, María Aquino indicó que la compañía Vinazin S.A habría adquirido los terrenos en 1980, luego solicitaron el permiso de colocación de hitos y cerramiento. A la compañía se le informó que se trata de un área natural protegida, por lo que no efectúo la colocación de hitos; el proyecto inmobiliario tampoco tiene permiso de construcción, manifestó.

En cambio, el presidente de la Federación de Comunas, Elvis Suárez aseguró que la comuna Olón es un territorio ancestral Huancavilca, por lo que se requiere de una consulta previa, libre e informada, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución de la República, referente al ejercicio de los derechos colectivos.

Mientras tanto, John Reyes, presidente de la comuna Olón, sostuvo que solicitó a la compañía Vinazin S.A la socialización del proyecto inmobiliario, petición que no se cumplió. “Este proyecto sí tiene afectación”.

Finalmente, los asambleístas Victoria Desintonio, Héctor Valladarez, Eustaquio Tuala, Paola Cabezas, Fabiola Sanmartín y Arisdely Parrales insistieron en la necesidad de garantizar el derecho de la naturaleza y cumplimiento de la Ley, como las acciones que realizaran en beneficio de la comunidad de Olón, precisaron.

Una vez concluida la campaña de cambios de domicilio para las elecciones generales del 2025, entre el 12 de abril y el 11 de mayo del 2024, el Consejo Nacional Electoral registró 242.191 solicitudes a nivel nacional y 21.192 en el exterior.

Luego de este proceso, hasta el 14 de mayo se abrirá un periodo de verificación y validación. De acuerdo al calendario electoral, el 14 de junio se publicará el Registro Electoral, para que la ciudadanía y organizaciones políticas ingresen reclamos administrativos, si así lo consideran.

Finalmente, el 13 de agosto el pleno del CNE aprobará y publicará el Registro Electoral depurado y actualizado para los comicios del 2025.

La comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Micro Empresa de la Asamblea Nacional, inició el debate de varios proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, relacionados con la seguridad vial, clasificación del transporte, movilidad sostenible, entre otros.

Además, el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial propone prohibir a los conductores de vehículos como bicimotos, motocicletas, motonetas, cuadrimotos, llevar a uno o más pasajeros, excepto si se trata de su cónyuge o familiares directos.

Así mismo, plantea que el examen médico, psicológico y psicosensométrico para los conductores profesionales y no profesionales en el proceso de renovación de la licencia.

En cambio, desde la ciudadanía proponen que se consideré en el artículo 57 al transporte Técnico Logístico, una forma diferente al servicio de transporte de taxis, mixto, carga liviana, cuenta propia o comunitario rural, este es estratégico y temporal pero que necesita ser reconocido dentro de la Ley, explicó Luis Alfredo Azogue, presidente nacional del Transporte Técnico Logístico.

Por su parte, Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transportes en Taxis (FEDOTAXIS), es partidario que se mantenga el texto del artículo 79, porque contribuye a la armonía y confraternidad entre las operadoras de transporte terrestre organizadas en todas sus modalidades.

Para Ruth Caldas, gerente de la Empresa de Movilidad de Paute, retornar la competencia sobre la regulación del transporte mixto a la jurisdicción cantonal y considerar la realidad territorial de cada uno de los puntos geográficos del país es importante, dijo.

Sin embargo, el secretario general de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, Javier Salazar indicó que se dice mucho del transporte, más no de la parte humana de la transportación. “La ley propone desarrollo económico, mejores días en el trabajo, pero al chofer profesional no se lo considera en sus derechos”, por eso solicito sean acogidas las propuestas y observaciones desde el sector de los choferes profesionales como la salud ocupacional que no hace referencia la Ley, somos más de un millón trecientos mil, entre el 17% de la población votante, de tras de un accidente de tránsito solo se mira a las escuelas de capacitación de los sindicatos, aseguró.

De igual forma, la asambleísta por Manabí, María Mercedes Erbs, sostuvo que las Leyes se deben construirse desde los sectores involucrados, para que la Ley sea equilibrada para todos y solucionar los problemas de las vías.

Mientras tanto, Fernando Amador, subsecretario de Transporte Terrestre, indicó que se debe modificar la mesa técnica de seguridad vial que estaba a cargo del consejo consultivo, este pase a cargo del directorio la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Finalmente, la comisión continuará recabando información, la participación ciudadana para promover un desarrollo económico sostenible y equitativo en el país.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional convocó este jueves 9 de mayo 2024 a la Ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y a la Gerente de la empresa Petroecuador dentro del proceso de fiscalización de los derrames petroleros, fuentes de contaminación, pasivos ambientales en la Amazonía ecuatoriana y su remediación.

Según, Marcela Reinoso, gerente de Petroecuador, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional del 21 de julio del 2021, respecto al apagado de mecheros petroleros. Los datos entregados por la autoridad, la empresa estatal, hasta marzo del 2024, se han apagado 145 mecheros, de los 424 detectados desde enero 2022. “El apagado comprenderá una segunda fase en la que se eliminarán 161 mecheros más para dar cumplimiento total a la sentencia, hasta el 2030”, explicó.

Además, Reinoso indicó que la empresa petrolera desde el 2015 forma parte de la iniciativa global de no quema de gas asociado a la extracción hidrocarburífera, de cumplimiento obligatorio hasta el 2030. “Con esta iniciativa se proyecta captar 21.5 millones de pies cúbicos de gas asociado, que servirán para generar energía eléctrica y recursos económicos para el Ecuador”.

Por su parte, la  ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi señaló que en 168 días de gestión, ha impulsado acciones como la elaboración de un plan de monitoreo anual de remediación y un plan de acción para evaluar la calidad del agua en las zonas afectadas por los derrames petroleros en la amazonía provincias como Sucumbíos y Orellana.

“Los planes han sido socializados con los operadores petroleros para su cumplimiento, para identificar áreas de influencia hídrica y comunidades afectadas; realizará campañas de monitoreo, toma de muestras de agua y socializará los resultados con la población en territorio”, aseguró, Fritschi.

Así mismo, la remediación total de pasivos ambientales en Sucumbíos, Pastaza y Orellana requiere una inversión aproximada de 1.7 billones de dólares, es decir del 1 al 2% del PIB, insistió la ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Mientras tanto, los asambleístas integrantes de la comisión de Biodiversidad cuestionaron la participación de la ministra del Ambiente por los argumentos a los diferentes cuestionamientos de los mecheros, contaminación, derrames petroleros y remediación de las zonas afectadas, pero lo que más preocupación causo fue lo relacionado a la georreferenciación de los mecheros apagados, acciones de remediación ambiental inmediata en las poblaciones afectadas y de planificación para la prevención de nuevos derrames, precisaron.

Finalmente, la ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi se comprometió a entregar por escrito toda la información requerida por los legisladores.

Fortalecer el sistema integral de salud es el compromiso del Gobierno Nacional, para la prestación de servicios de calidad y el bienestar de la ciudadanía, con un enfoque en la transparencia. Este 9 de mayo 2024, 24 ambulancias de soporte vital avanzado, de un total de 186 vehículos de este tipo contribuirán significativamente la atención prehospitalaria y mejorará la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia en toda la nación.

Además, las ambulancias entregadas se suman a las 81 que ya fueron distribuidas anteriormente y se encuentran operativas.

Según, el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, las ambulancias serán distribuidas en las cinco coordinaciones zonales de salud: cuatro para Manabí, tres para Guayas, dos para Santa Elena, dos para Bolívar, tres para Los Ríos, una para Azuay, una para Zamora y ocho para el Distrito Metropolitano de Quito, dijo.

“Con la renovación del parque automotor de ambulancias garantizamos el acceso a la provisión de servicios de atención prehospitalaria, permitiéndonos salvar vidas con una atención sanitaria oportuna y con la calidad y calidez que caracteriza a los servidores de salud y mucho más a nuestro personal de emergencia”, expresó el Ministro de Salud.

Así mismo, la adquisición de los vehículos es el resultado de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud Pública y la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos. Son ambulancias 100 % operativas, con la revisión técnica respectiva, seguro vigente, registros actualizados y demás garantías, explicó Encalada.

Finalmente, Erika Chancay, paramédica destacó el aporte a la salud por parte del Gobierno por priorizar la gestión e inversión para fortalecer la atención de salud integral, sino por dignificar su trabajo con herramientas adecuadas. “Nos impulsan a seguir hacia adelante con nuestra misión; como el de estar pendiente de nuestra comunidad. Queremos honrar estas ambulancias trabajando con profesionalismo y con dedicación”, puntualizó.