Con 125 votos a favor la Asamblea Nacional se ratificó en el texto original de 18 artículos objetados por el ex presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y acogió el dictamen 3-23-PO/24 de la Corte Constitucional, respecto a la inconstitucionalidad del segundo inciso del artículo 41.3 sobre los requisitos para que una persona natural o jurídica sea catalogada como proveedor local de la circunscripción territorial amazónica.

Por lo que, la Ley irá al Registro Oficial, esto promueve la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres, observando aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales y deportivos en su planificación y gestión.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle destacó que con la Ley Amazónica es la décima Ley aprobada en este periodo corto del legislativo.

Según, la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica establece políticas claras que garanticen la prevención y la erradicación de la violencia de género contra mujeres y niñas, el objetivo es eliminar las brechas de desigualdades y exclusión, para el desarrollo humano, el respeto a al derecho de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y la biodiversidad, el derecho a la educación de sus habitantes, patrimonio cultural, memoria social, la interculturalidad, plurinacionalidad y el régimen de sanciones.

Para el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Guido Vargas por la provincia de Sucumbíos, la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, aborda aspectos importantes para el pueblo amazónico relacionado a la salud, educación y trabajo que fortalece el desarrollo y bienestar de los amazónicos.

Además, Vargas destacó que las actividades económicas y productivas se sujetarán a una planificación integral, minimizará los impactos negativos en el territorio; el 80 % de la nómina de las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capital nacional o extranjero será para los residentes permanentes de la Circunscripción. El 10 % de la mano de obra les corresponderá a las personas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades.

Así mismo, el presidente de la comisión de Biodiversidad, Guido Vargas explicó que la distribución del Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, establece que el 3 % será destinado a la creación de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Mientras tanto, el legislador amazónico dijo que el 5 % será para el fortalecimiento de la Universidad Regional Amazónica IKIAM y las sedes y extensiones de la Universidad Estatal Amazónica en las provincias de Sucumbíos y Zamora Chinchipe, la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo en las provincias de Orellana y Morona Santiago.

También, la Ley determina que la Secretaría Técnica Amazónica, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, analizarán y tomaran las decisiones necesarias para establecer el servicio público de atención permanente y efectiva a personas con enfermedades raras, huérfanas o catastróficas.

Finalmente, Nelly Mera, presidenta de la Asociación de Transportes (TRANSUR) de Sucumbíos; Marco Antonio Enríquez, presidente del Comité Universitario de Sucumbíos; Auxilio Vera, coordinadora regional de la Red de Mujeres Amazónicas y Nohelia Mantilla, presidenta de la Asociación de Estudiantes ESPOCH y Luis Alfredo Azogue, presidente de TRANSUR, respaldaron el texto de la Ley aprobado por la Asamblea Nacional y rechazaron la objeción del ex presidente Lasso.

El presidente de la República, Daniel Noboa a través de los Decretos Ejecutivos 124 y 134 emitió los Reglamentos Generales de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. El compromiso del Gobierno es ponerse al día con la emisión de reglamentos, para la adecuada implementación de las leyes vigentes. Ambos reglamentos se encontraban pendientes por el gobierno anterior.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada en febrero de 2023. El objetivo de esta normativa es garantizar y regular el derecho al acceso a la información pública, en cumplimiento a la Constitución y a los instrumentos legales e internacionales.

En cambio, a la Defensoría del Pueblo describe las atribuciones como órgano rector, el mecanismo de conformación de los Comités de Transparencia y de los oficiales de transparencia; así como las obligaciones generales para la garantizar el acceso a la información pública y las excepciones, entre otros.

En relación a la Ley de la Defensoría Pública, publicada en mayo del 2021, el reglamento fue trabajado en coordinación con la Defensoría Pública y tiene por objeto regular los procesos de Ley para garantizar el acceso a la justicia de las personas que no pueden contratar servicios privados de defensa legal para la protección de sus derechos.

Finalmente, el Reglamento establece las definiciones, requisitos para determinar el estado de indefensión, líneas de atención prioritaria, componentes del sistema informático de información y patrocinio y defensa jurídica gratuita y regulaciones para la red complementaria a la defensa jurídica pública.

Este lunes 22 de enero 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa indicó los resultados y acciones del Gobierno en materia de seguridad y economía, así como anunció nuevas decisiones para garantizar el funcionamiento productivo del país.

Además, el Jefe de Estado manifestó que próximamente implementará la semaforización para la aplicación del toque de queda. La iniciativa busca focalizar los horarios de restricción de movilidad de acuerdo a la situación de cada cantón, con el objetivo de proteger la economía del sector turístico, productivo,  empresarial y fomentar su reactivación. “No podemos permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y el día trabajo”.

Así mismo, el presidente Noboa dijo están analizado la posibilidad de extender el Estado de Excepción. Los operativos son permanentes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con resultados contundentes: “No podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en dos semanas, hay que seguir luchando”.

Por lo que, “hemos logrado frenar una avalancha de violencia y disminuir de manera dramática las muertes violentas y la criminalidad», de 28 a seis muertes diarias, insistió el Mandatario.

También, Noboa se refirió a la reducción del riesgo país de un indicador favorable de las acciones del Gobierno.

Sin embargo, el presidente fue enfático al decir  que el indicador más importante de su gestión será la generación de empleo, la dinamización de la economía y la resolución de los problemas de seguridad.

De igual forma, la situación en las cárceles es otro objetivo, por lo que, el Mandatario aseguró que mantiene conversaciones con los gobiernos de Colombia y Perú para repatriar a los privados de la libertad de dichos países que contribuyen al hacinamiento penitenciario. Estas medidas junto a la reestructuración y la construcción de dos nuevos centros de privación de libertad fortalecerán el sistema penitenciario del país.

En cambio, la cooperación internacional estará enfocada en el respaldo en tecnología, armamento, monitoreo, protección de fronteras e incluso en la posibilidad del refinanciamiento de la deuda externa, como por ejemplo con los Estados Unidos.

Para el Jefe de Estado golpear el bolsillo del crimen organizado ha sido fundamental en esta lucha, por eso es importante aportar económicamente como país en este conflicto armado interno, destacando los proyectos de Ley de extinción de dominio y el incremento del IVA al 15 %.

Por otro lado, el presidente de la República, Daniel Noboa expresó que realizaran recortes de mil millones de dólares en gastos administrativos internos del Estado. Hay que “apretar el cinturón y hacer un sacrificio. Deberíamos cobrarse las utilidades de la banca”.

Mientras tanto, en el objetivo de obtener más recursos para continuar en la lucha contra el terrorismo, el Presidente Noboa afirmó que está la posibilidad de una focalización de los subsidios de los combustibles, esto deberá ejecutarse de la mano de un proceso de mejoramiento de la eficiencia energética, generación y transmisión eléctrica y el refinamiento nacional; para que el costo al consumidor sea el mismo. «No vamos a eliminar los subsidios al pueblo y no vamos a afectar al pequeño agricultor».

Finalmente, respecto a la consulta popular presente las preguntas que recogen las principales preocupaciones ciudadanas, «la Corte Constitucional va a tener que trabajar en conjunto con el Ejecutivo y como ciudadanos deberán hacer lo mejor para el Ecuador» y el referéndum podría ser el 10 de marzo del 2024, puntualizó.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con siete votos a favor, calificó a trámite diez proyectos de ley, sobre la base de los informes no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa y autorizó que cada iniciativa legal pueda unificarse con otros en las comisiones. 

Dos de las 10 propuestas calificadas serán tramitadas por la Comisión de Biodiversidad: proyecto de Ley Reformatoria al Código del Ambiente, para Incorporar la Medición de la Huella Ambiental y el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Minería para que la Maquinaria Incautada sea otorgada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Aras de Fortalecer el Sistema Vial Nacional.

En cambio, la Comisión de Desarrollo Económico debatirá las siguientes iniciativas: proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar.

El proyecto de Ley Orgánica para alcanzar Justicia e Igualdad en la Gestión de los Diferentes Niveles de Gobierno y el proyecto de Ley Reformatoria del Código Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo tratará la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

La Comisión del Derecho al Trabajo realizará el estudio del proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo que Regula la Jornada de Trabajo en Actividades de Alto Riesgo y el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Servicio Público, para Descongelar el Beneficio por Jubilación.

Por su parte, la Comisión de Gobiernos Autónomos tramitará el proyecto de Ley de Defensa Contra Incendios.

Mientras tanto, el CAL aprobó con 7 votos a favor la moción del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle para disponer a la UTL la emisión del informe correspondiente respecto a la petición de la Hermana Elsie Monge, con relación a la amnistía para varias personas, defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.

También, aprobó la unificación del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y el proyecto de Ley a la Ley de Seguridad Social para el Fortalecimiento del Derecho a la Seguridad Social, con el proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes de Seguridad Social y del Banco del IESS.

Finalmente, el proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y del Código Orgánico del Ambiente serán analizados por la Comisión de Soberanía Alimentaria.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, recibió este 19 de enero el “Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar Casos de Violencia Política Contra las Mujeres”, de parte del Partido Unidad Popular, lista 2.

Además, establecen los procedimientos y la aplicación de medidas y sanciones para actos de violencia política contra las mujeres al interior de esa organización política.

También, incluyen acciones de abordaje integral de prevención y atención de manera oportuna a las víctimas.

La presidenta del CNE valoró el instrumento presentado por Unidad Popular y destacó que el Ecuador es un referente en el avance de los derechos de participación. “Este es el resultado de acciones concretas, donde se demuestra que hay voluntad política para prevenir la violencia contra las mujeres. Esperamos que otras organizaciones políticas se sumen a esta iniciativa”, puntualizó.

Las acciones de las fuerzas del orden no se detienen, en los Centros de Privación de Libertad se han ejecutado operativos para controlar el perímetro externo e interno. Este jueves 18 de enero, policías y militares están interviniendo el CPL de Guayas, el objetivo realizar el registro de objetos prohibidos y mantener el control. La Policía lideró el control carcelario en el CPL El Inca, que permitió la incautación de terminales móviles, armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización.

Por otro lado, el número de operativos en todo el país continúa creciendo: más de 23.600 se han ejecutado desde el 9 al 18 de enero, en el marco del Plan Fénix. Las labores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional arrojan los siguientes resultados:

2.174 detenidos; de ellos 158 por terrorismo

61 operaciones contra grupos terroristas

5 terroristas abatidos

829 armas de fuego incautadas

965 armas blancas incautadas

63 alimentadoras incautadas

15 embarcaciones aprehendidas

17.440,3 dólares incautados

537 explosivos incautados

458 vehículos recuperados

24.367 municiones incautadas

279 motocicletas recuperadas

8.073 galones de combustible

540 celulares decomisados

6.018,9 kilogramos de droga decomisada

Además, este jueves 18 de enero 2024, el Comandante General de la Policía Nacional, César Zapata, indicó que la aprehensión de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal.

Mientras tanto, a la madrugada en medio de un fuerte contingente policial, llegaron al país Daniel S. y Álvaro P. quienes fueron capturados mediante coordinación internacional en Panamá, por poseer notificación roja de Interpol y boleta de captura.

La nueva conformación del Consejo Directivo del IESS y del BIESS, así como el pago de la deuda del Estado a la Seguridad Social, son los principales temas del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIESS, destacó el informe de la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional.

Además, las reformas a las Leyes vienen del 2022 y es de iniciativa popular tuvo el respaldo de 54.557 firmas.

Según, Henry Llanes las reformas tienen tres propósitos: modificar la conformación del consejo directivo de las dos instituciones; reforma institucional y definir las líneas de acción para que el Estado pague al IESS la deuda que asciende a 10 mil millones de dólares.

Para el presidente de la comisión de Derecho del Trabajador, Johnny Terán la participación de los asegurados y empleadores esta garantizada, la presencia de 5 miembros en el Consejo Directivo del IESS; que el BIESS se convierta en un banco comercial y que el Estado cumpla con el pago de la deuda, incluida la del Seguro Social Campesino.

En cambio, la asambleísta Patricia Núñez indicó que primero se debe asegurar la sostenibilidad del IESS, en el tiempo.

Por su parte, la legisladora del Partido Social Cristiano, Dallyana Passailaigue dijo que no se puede permitir que los gobiernos dispongan del dinero de los trabajadores.

Mientras tanto, el parlamentario por la provincia de Bolívar de Construye, Juan Carlos Camacho, señaló que es necesario que por lo menos una buena parte del Seguro Social debe ser controlado por los afiliados, para que no venga el gobierno de turno le meta la mano y le perjudique como ha pasado siempre. Como Construye vemos mal que el Banco del Pacífico pase como forma de pago, algo que no le hemos pedido, porqué el Estado es un mal administrador y el banco del Pacífico debe ser vendido a un precio real. Con esa realidad no vale que el banco del Pacifico pase al BIESS.  

Finalmente, concluido el primer debate las observaciones serán remitidas a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, el objetivo  que continúe el análisis de las reformas a la Ley.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez compareció este miércoles 17 de enero 2024, a la comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, el objetivo informar el cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Según, el artículo 41 de la Ley obliga a los empleadores a contratar a residentes de las provincias amazónicas, en un 70 %, bajo el régimen del Código del Trabajo o de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Para la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez una vez aprobado el artículo 41 conminó a las empresas, especialmente mineras, a contratar a personas nacidas en la región amazónica y que sobre la base legal el ministerio aplicó la norma técnica, relacionada con el empleo preferente. “Esta ley tuvo la finalidad de dar prioridad a esta población”, señaló.

Además, Núñez dijo que en cumplimiento de la Ley delego a ocho inspectores del Trabajo y se procedió a la contratación de empleados. “Hasta el 2023, por provincia han ingresado a trabajar personal en: Morona Santiago 473 servidores públicos; Napo 436; Orellana 967; Pastaza 322; Sucumbíos 10.228; Zamora Chinchipe 844. En total son 40.681 personas, no solamente en el sector minero, sino en los sectores que mantienen relaciones laborales en la Amazonía”. Se colocó en la bolsa pública de empleadores y buscadores de empleos, a 172.730 personas, desde el 2018 hasta el 2023. Con la aprobación de la Ley de Empleo Juvenil desde el 21 de diciembre de 2023 al momento se han contratado 6.000 personas, entre 18 y 29 años de edad, explicó.

De su lado, los asambleístas de la Amazonía advirtieron que persisten las inquietudes sobre el empleo preferente para la población amazónica, por lo que demandaron el inicio de la investigación para determinar el cumplimiento de la ley, propusieron la conformación de una mesa técnica entre el Ministerio del Trabajo y la comisión para debatir las reformas al Código del Trabajo.

Así mismo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez respecto a la situación de Diario El Comercio, sostuvo que escucho a los exempleados, “una vez conformado el sindicato de trabajadores tienen presentado un pliego de peticiones, es decir en este momento si hay un conflicto laboral, la primera reunión será el 25 de enero para agotar la fase de conciliación”.

También, la ministra aseguró todos que todos los trabajadores que toquen la puerta de esta secretaria de estado serán atendidos como: los ex trabajadores de Gamavisión, Canal 1 y Telerama.

Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez denunció que existen más de 300 funcionarios con sueldos de lujo. Sus remuneraciones superarían los 9 mil y 10 mil dólares. Ejemplo, el gerente general de CNT, expresó.

Finalmente, la Ley de igualdad salarial aprobada por la Asamblea Nacional no es para el sector público porqué sea hombre o mujer gana lo mismo, en el privado es donde se ha generado la queja, como esto es una política mundial la igualdad salarial, viene de Naciones Unidas  y la Organización Internacional del Trabajo. El Ecuador entendió que es necesaria la Ley de igualdad salarial, precisó.

Para garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre mujeres y hombres en el desempeño de un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, sin discriminación por razones de sexo o género, es el objetivo de la Ley para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, que será remitida al Registro Oficial, una vez que la Asamblea Nacional resolvió allanarse en dos artículos de la objeción parcial del Ejecutivo e insistir en los textos aprobados por el legislativo.

La Ley contiene catorce artículos relacionados con el sistema nacional para la calificación de la igualdad de remuneración, medidas de prevención, reporte, registro, incentivos y procedimiento administrativo de atención a los casos de violación al derecho a la igualdad de remuneración.

Según, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín la información del BID en el 2023 la tasa de empleo adecuado fue de 40,8 % para hombres y 28,7 % para mujeres; y el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de 457,4 dólares para hombres, mientras que para mujeres fue de 404,6 dólares.

Mientras tanto, la directora de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía, Ana Karen Gómez sostuvo que Ley promueve un entorno laboral más equitativo entre hombres y mujeres.

En cambio, con 96 votos a favor  la Asamblea Nacional se ratificó en el texto de diez artículos, tres disposiciones generales y dos disposiciones transitorias referentes al ámbito de aplicación de la Ley, definiciones, capacitación obligatoria y oportuna, reporte anual, obtención de certificación, procedimiento de reclamo, respuesta al reclamo, restitución al derecho, sanción; aprobados en el segundo debate, el 28 de noviembre del 2023.

Finalmente, los legisladores por unanimidad con 132 votos, acogieron las observaciones del Ejecutivo a los artículos 2 y 3, que se refieren a la finalidad y los principios rectores de la ley, que clarifican el texto y evitan ambigüedad normativa.