El secretario del Comité de Empresa de Explocen C.A. Freddy Caisa, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y personas despedidas de otras compañías, pidieron sancionar al ministro de Trabajo, Andrés Isch, en el juicio político, presentada por Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana, por incumplimientos de funciones.

El Ministerio del Trabajo no cumplió con su rol de tutelar los derechos de los trabajadores, permitió el despedido de compañeros que tenían entre cinco, 10, 15 y 20 años de trabajo, con liquidaciones irrisorias, así como cuatro intentos de desalojo de las instalaciones de la empresa, contraviniendo el derecho a la huelga, insistió Freddy Caisa.

Por su parte, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut y presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha, aseguró que el juicio político dejará un mensaje a todos los funcionarios públicos que deben cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución y la ley.

Además, Bedoya indicó que en este último período del gobierno se ha violentado sistemáticamente el derecho a la organización sindical, a la contratación colectiva, es el caso de Explocen existe una confabulación entre la empresa, policía, instituciones relacionadas con la justicia y el propio ministerio del Trabajo, en contra de los trabajadores.

Por su parte, Juan Mosquera, Sonia Vicuña y David Leiva, quienes fueron despedidos de sus puestos de trabajo, en diferentes empresas, mediante la aplicación de la figura de caso fortuito o fuerza mayor, contemplado en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, señalaron que su desvinculación no cumplió con los justificativos que corresponden a la referida figura jurídica y se les consignaron liquidaciones que llegaron a 300, 400 y hasta 1000 dólares.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, inició un recorrido por los centros de rehabilitación social del país, donde, desde el pasado martes por la noche, se generaron una serie de actos violentos durante los cuales perdieron la vida decenas de personas privadas de Libertad (PPL).

Además, el secretario de estado informó que se han destruido la infraestructura que afectó la parte tecnológica de las cuatro cárceles del país.

En horas de la tarde, recibió, en Guayaquil, la evaluación realizada por el Comité de Seguridad que se había reunido, después de su disposición, y que estuvo liderado por el gobernador de Guayas, Luis Chonillo.

Según, el informe indicaba que centro de rehabilitación estaba controlado.

Sin embargo, había unos pocos focos, en algunos lugares, donde si bien no hay violencia, existen problemas que se deben solucionar”, expresó el Ministro de Gobierno.

Así mismo, indicó que durante los días de violencia, sobre todo el 23 de febrero, hubo mucha destrucción de la infraestructura en al Centro de Rehabilitación, lo que implica que la Policía Nacional esté haciendo un trabajo especial, con entradas sistemáticas controladas, para protección del personal del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

El Ministerio de Salud Pública en coordinación con las brigadas Las Manuelas, repotenció la atención a personas con discapacidad en el país.

En la pandemia por la COVID-19, se entregaron 958 ayudas técnicas a 777 beneficiarios, como parte del proyecto de Atención Integral e Integradora a Personas con Discapacidad, Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud, informaron.

La Dirección Nacional de Discapacidades, en los últimos meses, fortaleció las acciones en territorio, mediante equipos conjuntos y la respectiva logística para movilizar los insumos, con base a una redistribución a escala nacional, para dar respuesta efectiva sobre todo en los sectores de difícil acceso.

Uno de los beneficiarios fue Cristopher V. de 8 años, de la parroquia Tarqui, provincia de Pastaza, tiene un 90% de discapacidad física, una parálisis cerebral que le causó paraplejía, “ahora podré movilizar a mi hijo, antes era complicado”, señaló su madre, Martha, con lágrimas de alegría al recibir una silla de ruedas postural, colchón anti escaras y silla de baño para su hijo.

Así mismo, las brigadas Las Manuelas, llegaron a la comunidad de Ebenezer, en el cantón Morona Santiago, con una silla de ruedas para Dylan de 4 años, quien tiene discapacidad intelectual del 84%, “esta ayuda servirá de apoyo en la movilidad dentro y fuera del hogar”, aseguró Raisa Unupi.

Por otro lado, el caso de Adolfo Tutiven, de 97 años, quien vive en el barrio Padre Aguirre del cantón Daule, tras la valoración realizada por el equipo del MSP, recibió una silla de ruedas que le permitirá mejorar la movilidad debido a su edad y condición de vulnerabilidad.

Para Francisco Contreras, director de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública, indicó que han cumplido con la Ley Nacional de Discapacidades, frente a las necesidades de la ciudadanía en la entrega del stock de ayudas técnicas, a través de las coordinaciones zonales y de acuerdo a la demanda en territorio, en el 2020 sumaron 13.807 ayudas técnica a más de 12 mil personas.

Finalmente, la redistribución y optimización de las ayudas técnicas se dio por varias razones, como la migración de personas con discapacidad, a sus provincias de origen para ser cuidadas por sus familiares, se actualizaron los listados en función de la ubicación en parroquias, cantones, provincias con el apoyo de los equipos del Plan Toda una Vida y las Fuerzas Armadas, se desplazaron las ayudas técnicas, se registraron cambios de condición de la discapacidad, entre otros. “La discapacidad es un proceso continuo que valida las secuelas irreversibles”, subrayó Contreras.

27 de Febrero el Día del Civismo, Día del Ejército Ecuatoriano, Día de la Unidad Nacional y Día del Héroe Nacional, cuatro momentos de contenido histórico que son parte de nuestra nacionalidad al conmemorar la Batalla de Tarqui de 1829 que cubrió de Gloria a la Patria

La Asamblea Nacional tramitó esté jueves 25 de febrero en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, establece el régimen jurídico para el desarrollo del sector, a través de la integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional, en las diferentes etapas de la cadena agroproductiva.

El objetivo de la ley es incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario y promoverá el acceso equitativo a los factores de la producción.

También, impulsará y aprobará el desarrollo y difusión de conocimientos, tecnologías e innovación, orientados a la producción nacional y productividad.

Por su parte, Mauricio Proaño, ponente del informe subrayó que más allá de posibles discrepancias que puedan surgir respecto de esta normativa, el objetivo es que exista una ley que garantice el desarrollo sustentable del sector agropecuario.

Además, Proaño indicó que en el debate del proyecto la comisión recibió a representantes de diferentes organizaciones, colectivos y productores, de todo el país, por consiguiente, no se puede argumentar falta de participación, dado que se pronunciaron organismos internacionales, instituciones públicas, privadas y, sobre todo, la academia.

Así mismo, se refirió a la consulta prelegislativa, Proaño señaló que de ninguna manera la ley atenta contra los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puesto que el texto respeta todas las normas que fueron aprobadas mediante consulta en las leyes de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como de Semillas, entre otras.

La ley impulsa y fortalece la agricultura familiar campesina, incluye la capacidad de resiliencia del sector agropecuario, al igual que medidas frente a la pandemia del COVID-19 y cómo actuar en la etapa pospandemia.

Esto responde a las tendencias de desarrollo para el 2050, a través del fortalecimiento de tecnología avanzada, incremento de valor agregado a la producción rural, canales distribución y comercialización de productos desde los campos hacia la ciudad, como también para la exportación.

La conjugación del conocimiento ancestral y tecnología es un factor que permite modernizar la producción, con el establecimiento de políticas públicas estatales, no gubernamentales, no solo en el ámbito productivo, respecto a seguros, créditos y demás mecanismos de financiamiento al productor, apoyo a la investigación, transferencia tecnológica, la ley potencia la vinculación de la juventud y la creación de empleo rural para este segmento de la población.

El Plan Nacional Agropecuario, contempla las normas como un factor importante para alcanzar los objetivos de la ley, esté será construido con la participación de todos los sectores vinculados con el sector agropecuario y tendrá 10 años de duración.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Lenin Plaza, expresó que la Ley de Fomento Agropecuario en vigencia, creada hace cerca de cinco décadas, no responde a las actuales condiciones de este sector productivo, de allí la necesidad de modernizar la normativa, incluyendo aspectos de carácter científico, técnico, tecnológico acordes con el presente y el futuro, el aspecto más destacado fue el financiamiento del agro, con créditos e intereses preferenciales, con segmentos que se ajusten a la dinámica de la producción y el acceso a mercados nacionales e internacionales, el contrabando desde el Perú y Colombia, en perjuicio de los agricultores requiere que la Ley establezca medidas efectivas de control.

Luego de varias semanas de negociaciones, y previa la aprobación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), el ministerio de Salud Pública suscribió un acuerdo con el laboratorio Sinovac Life Sciences para la provisión de 2 millones de dosis de vacunas COVID-19, que serán entregadas a Ecuador en marzo y abril de esté año, según cronograma presentado por la farmacéutica.

Además, el Ecuador se encuentra en negociaciones con Rusia y la India para la provisión de vacunas que cumplan con todos los requisitos de seguridad sanitaria y evidencia científica, en los próximos días anunciarán los acuerdos a los que se llegue con estos países, indicaron.

Por otro lado, las 2 millones de dosis de vacunas del laboratorio Sinovac se suman a las 18 millones de dosis contratadas por el Ecuador, de acuerdo se detalla en la tabla:

Así mismo, 20 millones de dosis de vacunas negociadas permitirán inmunizar al 60% de la población mayor de 18 años con ello se alcanzará el objetivo de un Ecuador vacunado en el 2021.

Mientras tanto, el ministerio de Salud Pública continuará trabajando con cada uno de los laboratorios farmacéuticos para asegurar los cronogramas de suministro de estas dosis, de acuerdo a la disponibilidad internacional.

Dentro del Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021, la capacidad logística desarrollada por el país es para vacunar hasta 160.000 personas por día. Esta capacidad permite estar preparados para recibir grandes lotes de vacunas.

Las vacunas aprobadas para importación del Ministerio de Salud Pública hasta el momento son:

PFIZER

ASTRAZENECA – OXFORD

SINOVAC

Uno de los requisitos para que una vacuna sea aprobada en el país, es contar con la aprobación de agencias regulatorias de alta vigilancia, según normativa internacional, como FDA, EMA OMS, así como estrictas condiciones de los Centros de Alta Vigilancia Sanitaria Internacional, de tal manera que se garantice la seguridad sanitaria de los ecuatorianos.

Finalmente, el cronograma de entregas que han presentado las farmacéuticas actualmente, sujeto a cambios, según procesos de producción y logística de los laboratorios, es el siguiente: