La Asamblea Nacional rindió homenaje el Bicentenario de cantonización de Machala. La sesión se realizó en el Centro Municipal de Arte y Cultura, «Luz Victoria Ribera de Mora», de la Capital Bananera del Mundo.

Según, los asambleístas de El Oro Jorge Álvarez, Steven Ordóñez, Fabián Peña, Carlos Rodríguez y Cristhian Vega, calificaron como un hecho histórico la sesión de la Asamblea Nacional en Machala para rendir homenaje por los 200 años de su cantonización.

Por lo que, el Parlamento entregó el acuerdo por los 200 años de cantonización al Municipio de Machala, al alcalde, Darío Macas.

También, la Asamblea reconoció y condecoró al Cuerpo de Bomberos de Machala; a Vicente Palacios Alvarado; Carlos Bolívar Sarmiento; Eduardo Zambrano Cabanilla (posmortem); Andrés David Machuca; Manuel Rojas; al exlegislador y exalcalde de Machala, Carlos Falquez Batallas (posmortem); Esteban Quirola Figueroa y Lenin Fernando Preciado, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Machala, Darío Macas, señaló que «nos sentimos pletóricos de alegría y de gozo, porque celebramos un hecho trascendental para Machala, ciudad que se ha forjado con el trabajo y esfuerzo de hombres y mujeres que han sabido labrar su futuro, con valentía y coraje».

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle hoy se celebran dos siglos de historia, trabajo y progreso de Machala, que llenan de orgullo a todo un país; con una historia muy rica, vibrante; llena de momentos de valentía y de superación. “Es un honor dirigirme a las ciudadanas y ciudadanos de Machala, la Capital Bananera del Mundo”, indicó.

Finalmente, en el ámbito económico es indispensable fortalecer al sector camaronero en Machala, la aprobación de 24 leyes que buscan solucionar los acuciantes problemas del Ecuador. “Mientras algunos pierden su tiempo viendo fantasmas y supuestos pactos conspirativos, nosotros trabajamos a favor de todos los ecuatorianos; nuestro único pacto es con el pueblo”, insistió el presidente de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, avanza en el proceso de fiscalización a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que escuchó los argumentos de los colectivos.

Para Roberto Fajardo, del colectivo Yasunidos, el acuerdo con el FMI, “profundizan las condiciones de endeudamiento del Ecuador”. El extractivismo está atado a los endeudamientos históricos que ha tenido el país, porque ha impulsado la publicidad de la extracción minera y ha transformado al sector privado en el motor principal de América. “Se ha mercantilizado la naturaleza por los intereses de la minería metálica”, dijo.

Además, Fajardo puso como ejemplo a los territorios de Sigchos y a la población Shuar debido a los proyectos de extracción minera que se ejecutan en etas zonas. “Los acuerdos con el FMI comprometen la soberanía del Estado y los derechos constitucionales de los pueblos, nacionalidades y la naturaleza”, expresó.

Sin embargo, la asambleísta, Gissela Garzón preguntó la factibilidad para incluir en el acuerdo respecto al cambio ambiental como ha manifestado el FMI, la contradicción es porque se refiere al crecimiento económico, visto desde el modelo extractivista del petrolero y la minería metálica.

En cambio, el asambleísta, Franklin Samaniego cuestionó el canje de la deuda por naturaleza que contiene el acuerdo internacional, trata de un mecanismo novedoso y que al momento no se puede ver los resultados. “En estos canjes de deuda se han dejado de lado a comunidades, gobiernos parroquiales y organizaciones sociales que no fueron consultados por el Gobierno”.

Según, César Raza, experto en Derecho Constitucional, el convenio con el FMI no requiere la aprobación legislativa, pero la Asamblea Nacional tiene la obligación de realizar la fiscalización que considere necesaria, sí existen atropellos a las leyes ecuatorianas. Se debe realizar una lista de las vulneraciones legales provocadas por el Comité de Deuda del Gobierno Nacional que aprobó el acuerdo con el FMI. Consideró importante tramitar una acción de protección en contra de las políticas públicas generadas por el acuerdo, por vulneración de derechos del pueblo ecuatoriano.

De igual forma, al presidente de la comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, le preocupa el impacto que puede tener el acuerdo internacional en el sector productivo, especialmente en las Pymes y emprendedores.

Finalmente, Gloria Toapanta, representante de la Unión Nacional de Educadores, explicó que la carta de intención N.° 23 con el FMI, es una continuación de gobiernos anteriores, por la flexibilización laboral que propone el FMI, pone en riesgo la estabilidad laboral y las remuneraciones, entre otras, el incremento del IVA, la reducción de subsidios y la subida en el precio de la gasolina, así como la reducción significativa de recursos económicos para inversión pública, puntualizó.

La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, pedirán las comparecencias de los ministros de Educación, Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para que informen acerca del incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ratificó los derechos de los maestros comunitarios y populares.

Para Jaime Chicaiza delegado de educadores comunitarios y populares del Azuay el incumplimiento de la declaratoria de constitucionalidad de la Ley Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural, en agosto del 2021, ratificó nuestros derechos. Por lo que rechazo y condenó que se sigan violentando los derechos de los educadores, sobre todo, en estado de vulnerabilidad, dijo.

En cambio, la asambleísta Mabel Méndez señaló que es necesario realizar el seguimiento del cumplimiento de esta Ley, en especial lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, relacionado a la seguridad social, laboral y beneficios sociales de los ex educadores comunitarios y populares.

Además, Méndez sostuvo que la sentencia de la Corte Constitucional estableció el plazo de 90 días para que el Ministerio de Educación y el IESS validen de manera obligatoria con las organizaciones representativas de los educadores comunitarios y populares a nivel nacional, el catastro y los valores monetarios; al Ministerio de Economía y Finanzas el traspaso presupuestario necesario y la asignación de los recursos para cancelar las obligaciones de pago a los educadores comunitarios.

Mientras tanto, la Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales de Ecuador (FENOGOPRE) presentó sus observaciones al proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, que se encuentra en la fase de socialización previo a la elaboración del informe para segundo debate.

Según, la propuesta busca garantizar los derechos colectivos enmarcados en los principios establecidos en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con la Libertad Sindical y la Contratación Colectiva, eliminando la exigencia de un dictamen de favorabilidad por parte del ente rector de las finanzas públicas para la suscripción de los contratos colectivos o de las actas transaccionales, cuando el análisis de la disponibilidad de recursos, la pertinencia de los acuerdos económicos entre la parte empleadora y trabajadora.

Finalmente, los delegados  de la FENOGOPE, Luis Cherres, Diego Cedeño y Luis Cherres indicaron que en los casos que el Estado ponga limitaciones en los procesos de contratación colectiva, se respete el principio de la negociación bilateral en toda relación de trabajo; cuando existan exabruptos en la fijación de beneficios colectivos no se viole el régimen jurídico y que la autonomía de los GAD debe verse reflejada en la negociación de los contratos colectivos, a más de tener un techo salarial, el 90 % de los trabajadores sindicalizados no reciben sueldos mayores a los que establece el acuerdo ministerial, emitido en el 2015, hace 9 años no ha sido posible un mejoramiento en sus remuneraciones y los servidores públicos por alrededor de 14 años no han visto incremento en sus salarios, puntualizaron.

La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, recibió al subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino y las observaciones de los expertos José Cedeño y Héctor Tapia, previo al informe para segundo debate.

Según, Stalin Andino la propuesta de incrementar las penas en 12 delitos se debe al crecimiento de la violencia y el crimen organizado, por lo que es necesaria que toda pena esté establecida en la Ley.

Además, Andino explicó que el Ejecutivo para establecer las penas sugeridas tomó en cuenta un criterio técnico, considerando que el límite actual de la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es de 30 años, desde ahí se ubicó hacia abajo según la gravedad del infracción.

Así mismo, el cumplimiento total de las penas en los centros de rehabilitación social, tipificación del delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como el destino de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios para uso inmediato de las dos instituciones, la reforma propuesta y el impacto esperado es urgente, dijo Stalin Andino.

En cambio, la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, esta declaratoria no debe estar atada a una sentencia condenatoria ejecutoriada en lo penal, porque la extinción de dominio es materia civil, expresó.

Las reformas al COIP, fueron comentadas por el abogado constitucionalista, José Cedeño, quien pidió analizar la pena para sancionar la conducta de los colaboradores en el delito de delincuencia organizada, la propuesta es desmedida. La segunda observación fue respecto a la Ley de Extinción de Dominio, sobre la proporcionalidad que debe existir entre la pena privativa de libertad y el monto de activos objeto del delito, manifestó.

Mientras tanto, el docente de la Universidad Central, Héctor Tapia sostuvo que “hagamos que robar sea más costoso”, aquello con relación al incremento de penas. Desde el Estado hay que seguir la plata y no a las personas y sugirió que exista un informe pericial del contexto social del infractor.

Finalmente, los asambleístas plantearon consultas sobre la dosimetría penal, técnica jurídica aplicada para el incremento de penas en delitos relacionados con la minería, entre otros de la reforma.

Este viernes 21 de junio 2024, Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria al proceso de auditorías de las organizaciones políticas para las elecciones generales del 2025.

Del 24 al 28 de junio de 2024, los partidos y movimientos políticos habilitados a participar en los comicios electorales podrán solicitar la inscripción de un auditor y su respectivo suplente. Las solicitudes se recibirán de forma presencial en la Secretaría General del CNE, en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior

De acuerdo con la convocatoria aprobada, el proceso de auditoría se iniciará con el taller de inducción a los auditores calificados y acreditados por el CNE, que se efectuará el lunes 15 de julio, a las 10h00, en el auditorio Matilde Hidalgo del Consejo Nacional Electoral.

El registro de organizaciones políticas para las Elecciones Generales del 2025, el CNE cerró en 78 partidos y movimientos políticos que podrán auspiciar sus candidaturas para los próximos comicios electorales.

De estas, 17 son organizaciones políticas de carácter nacional:

ORGANIZACIONES POLÍTICAS NACIONALES

MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO

PARTIDO UNIDAD POPULAR

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA, 21 DE ENERO

MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRACIA

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO

MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA

MOVIMIENTO ACCION DEMOCRATICA NACIONAL, ADN

PARTIDO AVANZA

PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

MOVIMIENTO AMIGO, ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES

PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO

MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL, PACHAKUTIK

MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI

MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES

PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MÁS ACCIÓN, SUMA

MOVIMIENTO CONSTRUYE

MOVIMIENTO RENOVACIÓN TOTAL, RETO

Mientras que 61 organizaciones políticas son de ámbito provincial.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, fiscalizará el Proyecto Hidroeléctrico Santa Rosa. Este se habría convertido en un punto crítico tras el juicio político al ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, entre las recomendaciones en el informe recomienda el inicio de la acción de fiscalización por la comisión debido a varias irregularidades encontradas.

Según, el asambleísta Jaime Moreno, la comisión identificó inconstitucionalidades en contratos que involucraban arbitrajes extranjeros y la carencia de permisos ambientales, dijo.

Además, Moreno expresó que el contrato fue firmado a última hora por el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, la preocupación es sobre su legitimidad.

También, incluye la incorporación de observaciones procedimentales sugeridas por la asambleísta Sofía Sánchez.

Así mismo, establecieron parámetros claros para el proceso de fiscalización, las comparecencias y acciones necesarias para asegurar la transparencia en los procesos administrativos relacionados con los proyectos hidroeléctricos.

La comisión tiene como objetivo llevar un proceso de fiscalización exhaustivo y transparente, para abordar las irregularidades administrativas y garantizar que los futuros proyectos cumplan los estándares legales y ambientales.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, junto a la legisladora independiente Lucía Posso y Vicente Taiano, del Partido Socialcristiano, cuestionaron los sobre saltos del Gobierno y señalaron que es absolutamente falso que el Parlamento pretenda declarar la inhabilidad mental del presidente de la República, Daniel Noboa. Esto en respuesta a las afirmaciones que realizara desde la bancada de ADN,  Valentina Centeno.

Para Viviana Veloz estas afirmaciones “serán sujetas de revisión en el CAL y el Pleno de la Asamblea Nacional, instancias que determinarán si procede una sanción disciplinaria por estas declaraciones que no se ajustan a la realidad de los hechos”.

Según, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano la resolución aprobada en el Pleno del legislativo, lo que hace es condenar las expresiones del Presidente de la República, Daniel Noboa en un importante medio de comunicación internacional, que evidencia la falsedad de las declaraciones de los voceros del Gobierno.

Mientras tanto, Lucía Posso sostuvo que “las sorpresivas declaraciones de Valentina Centeno son de manera irresponsable, en la Asamblea Nacional nadie ha hablado de declarar una inhabilidad de tipo mental al Presidente”.

De igual forma, Camilo Salinas de Construye, indicó que “nuestra función como legisladores es fiscalizar, debemos dar a conocer al pueblo las irregularidades que han pasado en el país. Presidente coja las críticas para mejorar por el bien de todos los ecuatorianos”.

Sin embargo, la Asamblea Nacional con 86 votos a favor aprobó la resolución que rechaza y condena las declaraciones emitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa, en contra del Presidente del Salvador, Colombia, Chile, Argentina, publicadas en la revista The New Yorker, porqué afectan gravemente la imagen internacional del Ecuador. Y decidió extender disculpas públicas a los Presidentes y pueblos de estos países, por las declaraciones inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas, publicadas en el medio de comunicación internacional.

Finalmente, la jefa de bloque de ADN, Valentina Centeno, dijo que la vieja política y la troncha de la Asamblea Nacional, pretende llevar el debate a una supuesta inhabilidad mental del Presidente de la República, Daniel Noboa “quieren decláralo loco en la Asamblea, repetir las viejas prácticas del viejo Congreso, más demencial es votar aquí con tus enemigos ideológicos”, precisó.

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, conoció la situación actual del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) a través de Gina Chávez, Carla Álvarez y Ana Lucía Ponce, docentes y miembros del Consejo Académico Universitario de la institución.

Según, las docentes la normativa vigente permite que el rector del IAEN sea designado por el Presidente de la República, lo que hace que sus decisiones estén supeditadas a voluntades políticas cambiantes. “Esta determinación legal le ha traído una altísima inestabilidad académica al Instituto, cambia de rector cada catorce meses, e impide al Consejo Académico de la Universidad filtrar y analizar el perfil de la autoridad nombrada”, manifestaron.

Además, advirtieron que las modificaciones frecuentes de la autoridad rectora, decanos y vicedecanos, llegan a manera de cuota política, implica una nueva curva de aprendizaje y desconocimiento de la realidad del IAEN, lo que se traduce en incapacidad de solventar problemas urgentes, procesos internos y de bienestar estudiantil.

Así mismo, entre el 2019 y 2023, ha existido una reducción significativa de personal, de 206 a 189. “Solo el 34 % del personal pertenece a la planta docente y el 66 % al personal administrativo, generando una clara distorsión de la función de un centro de educación superior”, insistieron.

En cambio, “el presupuesto de 5 millones de dólares anuales que tiene el IAEN, el 77.7 % es destinado a las remuneraciones administrativas. La inversión en investigación e infraestructura es mínima en la institución”, puntualizaron.

La institución enfrenta demandas de acoso laboral y de género y demandas laborales por despidos injustificados, que se suman al ambiente excesivamente conflictivo de la universidad, por lo que requirieron la fiscalización por parte de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijeron.

Finalmente, Pablo Beltrán, presidente del CES, indicó que una vez conocidas las presuntas irregularidades en el IAEN, iniciará una veeduría y la elaboración de un informe hasta finales de julio del 2024, para tomar las decisiones correspondientes en favor de la estabilidad de la Universidad de Posgrados del Estado.

Este martes 18 de junio 2024, en el Palacio de Carondelet, el Gobierno Nacional presentó el mecanismo para la protección a los usuarios del transporte, ante la implementación del esquema de estabilización de precios en la gasolina Extra y Ecopaís. Una decisión del Ejecutivo que ha tomado para precautelar la asignación eficiente de los recursos del Estado y garantizar la inversión social.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Inclusión Económica y Social, indicaron  que parte del proceso de estabilización de los precios en la gasolina Extra y Ecopaís, prevé el incremento del precio por galón de estos combustibles, de acuerdo al precio referencial internacional. El incremento será de 0,26 centavos por galón, medida que será ejecutada en la última semana de junio.

Además, el Gobierno trabaja en la propuesta de mecanismos que protejan a los usuarios de transporte de pasajeros y mercancías, para precautelar el mantenimiento de las tarifas de estos sectores, señalaron.

Así mismo, el precio internacional de los combustibles se ajusta según varios factores, que no son fijos. Un mecanismo será determinará un esquema para que esta tarifa no suba más de 5 % o baje más de 10%, de acuerdo a la referencia del precio internacional. Por ejemplo, si por la coyuntura internacional el precio de la gasolina experimenta una subida abrupta de su valor, en Ecuador no podrá incrementarse en más del 5 % y el Estado cubrirá el diferencial, cuidando que este factor externo NO repercuta ni afecte a la ciudadanía.

Otro de los mecanismos es que el Gobierno Nacional asumirá la diferencia de lo que cuesta cada galón para más de 84.000 unidades de transporte de pasajeros (taxis), transporte mixto (camionetas comunitarias) y tricimotos regularizados, manifestaron.

El Gobierno transferirá mensualmente al sector del transporte la diferencia de lo que cuesta cada galón de gasolina. Esto será calculado multiplicando la diferencia entre el precio internacional y el precio local de venta en el país, es decir 0,26 centavos por galón y el monto en galones referencial para cada tipo de transporte. Con esto, las tarifas a los usuarios no deben subir, explicaron.

Pero la inquietud de consumo por el transporte. ¿Cuántos galones serán por cada tipo de transporte?, taxis 156 galones de gasolina extra o ecopaís, mensual por unidad. Tricimotos/Mototaxis: 90 galones de gasolina extra o ecopaís, mensual por unidad. Camionetas 145 galones de gasolina extra o ecopaís, mensuales por unidad.

Sin embargo, ¿Cómo se efectuará la transferencia?, el transporte de taxis, camionetas y tricimotos regularizados debe registrarse en la plataforma que estará habilitada en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas http://www.obraspublicas.gob.ec. El beneficiario debe ingresar y llenar los datos principales como: número de cédula, código dactilar o con el RUC. Automáticamente, la información se desplegará y podrá continuar con el proceso de registro.

Por lo que, los transportistas deberán contar con un correo electrónico al cual le llegará el código de verificación. Al ser un mecanismo de protección de carácter económico, el requisito principal es tener el certificado bancario digital listo en formato PDF, para que el recurso (previamente definido) sea acreditado en la cuenta del beneficiario de manera mensual. Estas transferencias serán anticipadas para que los transportistas no tengan que cubrir con su dinero el costo real del combustible y a su vez esto no afecte a la ciudadanía.

Mientras tanto, la entrega de la transferencia monetaria estará a cargo del MIES, para ello, el MTOP entregará el listado final de beneficiarios. Si el beneficiario requiere de ayuda técnica podrá escribir al correo electrónico: mesadeayuda@mtop.gob.ec.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene previsto incrementar la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, a más de 40.000 familiares. El Gobierno tiene un plan de contingencia para invertir los recursos que se ahorren del subsidio a las gasolinas, esto permitirá ampliar el sistema de protección social y garantizar que más personas de grupos prioritarios accedan al sistema de bonos del Gobierno, explicaron.

También, manifestaron que este esquema de estabilización de precios de los combustibles “no contempla la eliminación del subsidio al diésel y al gas de uso doméstico. Los sectores agrícolas, ganaderos, productivos y los hogares ecuatorianos no serán afectados, porque el subsidio para estos combustibles se mantiene. La estabilización de precios de las gasolinas no impacta en ningún sector popular, ni clase media, aseguraron.

Finalmente, el Gobierno en el 2023 destinó 644 millones de dólares para subsidiar la gasolina  Extras y Ecopaís, casi lo mismo que para el Bono de Desarrollo Humano. El doble del presupuesto para combatir la desnutrición crónica infantil. El doble de las pensiones para adultos mayores. Del 2010 al 2023 se han gastado más de 13.400 millones de dólares en subsidios a las gasolinas que habrían sido invertido en los sectores olvidados como el agro, para recuperar el sistema de salud, ampliar las ofertas académica en educación, pagar la deuda con el IESS (12.518 millones de dólares), o el desarrollo en infraestructura. Durante el 2024, el Ecuador ha entregado subsidios a la gasolina sin ningún impacto positivo; al contrario, se han despilfarrado miles de millones de dólares auspiciando el contrabando y actividades delictivas, el combustible subsidiado es utilizado en lanchas que sacan la droga del país, precisaron. Pero María de un local de comidas le preocupa el incremento de los combustibles, esto afectará y tendrá que subir el precio de los productos, representando una baja en las ventas, dijo.