El Consejo de Administración Legislativa, resolvió suspender la tramitación del juicio político contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

Según, la resolución es tras la consulta realizada por el presidente de la Asamblea Nacional al Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, una vez que se ha demostrado que la Fiscal Salazar atraviesa por un embarazo calificado médicamente como de alto riesgo, esto hasta que se supere la condición, el objetivo precautelar la vida de la madre gestante y la vida por nacer.

Mientras tanto, el CAL sugiere la creación de una comisión especializada ocasional multipartidista para tramitar los proyectos de Ley remitidos por el Ejecutivo, en cumplimiento de los resultados de la consulta popular y referéndum del pasado 21 de abril. La resolución de acuerdo al numeral 3 del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece las funciones y atribuciones del Consejo de la Administración Legislativa.

La comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, socializa el proyecto de Ley para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, con expertos en medicina veterinaria, derecho animal y vida silvestre y al igual de la ex legisladora Yeseña Guamaní.

Según, Yeseña Guamaní, la protección de los Animales de Compañía, es para fomentar la tenencia responsable y respetuosa de los derechos animales. “El objetivo es proyectar al Ecuador como un país con cero fauna callejera y un marco que regule y sancione su reproducción con fines comerciales”, dijo.

Además, Guamaní aseveró que “el cumplimiento de la Ley requiere de un cuidado corresponsable a nivel público y privado, las infracciones leves, graves y muy graves, como la comercialización, maltrato, atención médica, no vacunación, mutilación, experimentación ilícita u otras, sean conocidas y sancionadas oportunamente, en defensa del bienestar animal”.

Para Diego Medina y Shady Heredia, médicos veterinarios, garantizar el bienestar de los animales no humanos, es un compromiso político ineludible, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional del 2022, que reconoce como sujetos de derechos a través de una herramienta legal, técnica y científica.

Así mismo, los expertos destacaron a la eutanasia animal como un instrumento que debe ser normado, para evitar su mala utilización, el fin es terminar con la vida de un ser vivo que está sufriendo de manera terminal y que no puede mejorar. “Esta debe ser usada exclusivamente para ofrecer un descanso digno a los animales que no pueden recuperarse”, explicaron.

De igual manera, María José Molineros, experta en vida silvestre, indicó que la Ley no debe limitarse solo al bienestar animal, sino en una mayor amplitud, enfocarse en el derecho de los animales, para generar una coherencia normativa con la Constitución y herramientas normativas legales menores, como las ordenanzas municipales en materia animal.

Mientras tanto, Diego Bastidas, especialista en derecho animal aseguró que “existe un salto sustancial al considerar a los animales como sujetos de derechos, con sus propias particularidades fundamentadas en su capacidad de sentir estímulos internos y externos. Esto fortalece la construcción de una relación ética entre humanos y animales”.

Finalmente, el presidente de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Guido Vargas sostuvo que los animales forman parte de la naturaleza y la biodiversidad del país, por lo que es necesario construir una Ley con los criterios específicos, técnicos, científicos que permitan protegerlos con respeto irrestricto a la Constitución de la República.

El objetivo de esta Ley es promover, proteger y regular la práctica del fútbol como profesión en el deporte ecuatoriano, asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de futbolistas y empleadores en el Ecuador.

La propuesta de Ley fue presentada por la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, por la necesidad de realizar un mayor control a los equipos profesionales de fútbol en cuanto al cumplimiento de las normas laborales y luego de escuchar las demandas de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, quienes piden respuestas a las necesidades del sector. Contiene 40 artículos divididos en 4 capítulos que incluyen temas como la transparencia en la contratación; detalles del contrato; protección de los derechos laborales; aportaciones al IESS y beneficios de la Seguridad Social; protección de los derechos de los futbolistas; derechos y obligaciones.

Además, establece el ámbito de aplicación de la Ley, los principios rectores y los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales.

También, el proyecto de Ley determina las funciones y atribuciones de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, así como los derechos de sus miembros; deroga la Ley de Futbolista Profesional actual.

Para el presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, Jhonny Terán el fútbol profesional es una pasión que une a millones de ecuatorianos, por lo que es fundamental que los jugadores y jugadoras tengan las condiciones necesarias para desarrollarse al máximo su potencial.

Presentamos esta iniciativa con el único objetivo de garantizar los derechos laborales de los deportistas, mejorar sus condiciones de trabajo y promover el desarrollo del fútbol en nuestro país, puntualizó Terán.

Establecer medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural, coadyuvar al cierre de brechas energéticas, para generar impactos positivos, proteger el ambiente y la calidad de vida, la salud de la población; garantizar la seguridad del abastecimiento de combustibles a través de un marco para la ejecución de proyectos de masificación y el establecimiento de condiciones para una mejor competitividad del gas natural, son los objetivos del proyecto presentado que por las asambleístas Alexandra Arce junto y Victoria Desintonio de la Revolución Ciudadana.

Según, la asambleísta Alexandra Arce la dependencia de una sola fuente de energía o de una única ruta de transporte puede suponer un peligro para el suministro, puede verse afectado por un simple imprevisto técnico o por conflictos político-económicos, dijo.

Además, Arce expresó que el Consejo Europeo ha ratificado que las inversiones en energía nuclear y gas natural sean consideradas verdes, esto significa que la inversión privada en gas tiene importancia en la transición ecológica, por lo que se ha propuesto que determinadas actividades relacionadas con el gas fósil se consideren actividades de transición que contribuyen a mitigar el cambio climático.

Así mismo, la legisladora indicó que el proyecto de reforma es para prevenir y de alguna manera evitar como el desagradable escenario de la crisis eléctrica en el Ecuador que en abril del 2024, los ecuatorianos tuvimos que soportar cortes de energía eléctrica masivos de hasta ocho horas consecutivas, como consecuencia de una larga sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico.

Por lo que, a criterio de la asambleísta Alexandra Arce es urgente contar con un parque termoeléctrico moderno y eficiente, por eso es necesario impulsar inversiones en este tipo de energía, tomando como prerrogativa el uso de combustibles limpios y amigables con el medio ambiente como es el caso del gas natural, que por su composición molecular emite 30 % menos de CO2 y 90 % menos de azufre que el Diesel o el Fuel Oil, explicó.

Las legisladoras en su proyecto de reforma plantean incentivar la sustitución voluntaria de hidrocarburos líquidos por gas natural en todos los sectores de la economía, contribuyendo con los objetivos de descarbonización del país, impulsar la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución de gas natural, así como gas natural comprimido y licuado, a fin de acelerar el desarrollo del mercado de gas natural logrando la transformación prioritaria de los sectores económicos del país.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa sigue recibiendo los aportes desde la ciudadanía respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esta vez realizaron los delegados de Biciacción, la Unión de Sindicatos de Chóferes de Manabí, transporte Mixto, escuelas de conducción profesionales, FENACOTIP, entre otros.

Para Erika Ulloa, presidenta de la Fundación Biciacción, sostuvo que la Ley no solo se enfoca en la educación, sino en el control, aplicación y en la ejecución de la normativa.

Sin embargo, la lucha por la seguridad vial y la movilidad sostenible es desde hace 21 años, los avances en la implementación de la movilidad activa, la seguridad vial y sobre todo por los esfuerzos para crear ciudades centradas en las necesidades de la gente, es primordial, explicó.

Por su parte, Horacio Barberán, asesor de la Escuela de Conducción Profesional del Sindicato de Choferes Profesionales de Tarqui – Manabí, señaló que es importante que la Ley tenga un enfoque real y práctico para todos los entes puedan manejar de forma adecuada, se han violentado derechos sustanciales y esenciales para las escuelas de conducción profesional, el 80 % de los siniestros viales corresponden a choferes no profesionales, por eso tiene que haber igualdad en lo que respecta a las capacitaciones, dijo.

En cambio, Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de Ecuador (CTTE), insistió en que la transportación ecuatoriana es uno de los sectores más afectados con la crisis del país, por el incrementó del precio de los combustibles y el peso económico. Cuestionó drásticamente la responsabilidad de operar los radares que en su mayoría a través de convenios son administrados por los GAD municipales y la CTE.

Mientras tanto, que el gerente de FENACOTIP, Abel Gómez criticó la falta de respeto hacia la transportación, la Ley debe tener como objetivo claro el de educar a los ciudadanos, chóferes, empresarios y no favorecer negocios, a la vez que advirtió la falta de regulación tarifaría en el transporte.

Finalmente, Gómez se mostró preocupado por la falta de capacitación del personal en la Agencia Nacional de Tránsito y la falta de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas y el Gobierno.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con el Mandatario de Francia, Emmanuel Macron. Este 16 de mayo de 2024, en el Palacio del Elíseo. Durante el encuentro ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, para promover el multilateralismo al servicio de la paz, el desarrollo y de la lucha contra el cambio climático.

Además, los Jefes de Estado resaltaron la importancia de la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la inversión en energías renovables.

“Francia estaría interesado en la lucha contra el narcoterrorismo y en invertir en energías renovables”, dijo el presidente Noboa.

Según, el Mandatario ecuatoriano considera que para enfrentar la crisis energética que atraviesa el Ecuador, es importante contar con financiamiento internacional para destinarlo a energías renovables como la solar o eólica, así compensar los momentos de estiaje o posibles sequías.

Así mismo, Noboa destacó el respaldo de Francia en materia de seguridad y las acciones del Gobierno que implementó para luchar contra el crimen organizado trasnacional y grupos narcoterroristas en el Ecuador.

Mientras tanto, Ecuador está a la expectativa por la cooperación francesa en aduanas, Fiscalía, lucha contra la minería ilegal y cooperación policial. Y en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa indicó que el Ecuador tiene un especial interés en atraer la inversión francesa, que permitirá generar empleo para la juventud ecuatoriana. Por lo que desde el gobierno trabaja en la suscripción de un acuerdo de migración circular, beneficiosa para ambas naciones, así como la implementación de becas. Colaboración para proteger el medio ambiente. Esto considerando que Francia es líder en la protección de los océanos que se ajusta a la necesidad de Ecuador para evitar y prevenir la contaminación marina ocasionada por plásticos.

Acciones a favor de los grupos de atención prioritaria y elección de autoridades docentes fueron los temas que los estudiantes, el secretario de la SENESCYT y el CACES presentaron en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, este miércoles 15 de mato 2024.

Según, Erik Barba y Nathaly Moreira, dirigentes de las federaciones de estudiantes universitarios del Ecuador, FEUE y FEUPE, señalaron que la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior debe ser trabajada junto a las organizaciones estudiantiles y autoridades universitarias, para que refleje la realidad actual de la educación superior en el Ecuador.

Otro aspecto que desde la academia debe ser considerado es los requisitos de postulación a rectorados y vicerrectorados de las instituciones del sistema de educación superior. “La reforma plantea no exigir un título de doctorado, sino únicamente de maestría para estas dignidades. Esto contribuye a reducir los estándares de la calidad educativa nacional, cuando deberíamos propender a elevarlos”-

Por su parte, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), entregó las observaciones a la creación de procesos para agilitar la homologación de títulos obtenidos en el extranjero y asignaciones presupuestarias para publicación y producción de conocimiento y saberes ancestrales.

Mientras tanto, la asignación de cupos y acciones afirmativas a grupos de atención prioritaria, establecidos en el artículo 35 de Constitución, “esta política ya es transversal a la Ley actual, está ya acoge a toda la población del país”. Sugirieron vincular a la política pública con un enfoque especial a los grupos vulnerables que no sea excluyente del resto, precisaron.

Sin embargo, a los institutos públicos y privados les preocupa la facilidad con la que se otorga a las universidades a pretexto de la autonomía se permite las carreras técnicas, tecnológicas y maestrías tecnológicas, puntualizaron.   

Para Diego Pérez, consejero del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), el compromiso es construir una cultura educativa superior que responda a las necesidades técnicas, sociales y profesionales del Ecuador, respetando la autonomía de sus instituciones y sus procesos educativos.

Finalmente, estos temas de la reforma serán analizadas con responsabilidad por los legisladores de la comisión de Educación, la participación activa de los actores principales de la educación superior, docentes y estudiantes, es fundamental para la elaboración de la Ley y mejorar la educación superior en el país.  

El cuidado y protección del medio ambiente, ausencia de un permiso de construcción para el proyecto inmobiliario y la falta de consulta previa, fueron los principales aspectos de los actores que participaron en la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, en Olón, provincia de Santa Elena, el objetivo tratar sobre la afectación del área del bosque “Esterillo Oloncito”, mediante el acuerdo 072, el 14 de noviembre de 2001, fue declarado como área de Bosque y Vegetación Protectores a 2.25 hectáreas, por parte del Ministerio del Ambiente.

Para la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria Desintonio dentro del proceso de fiscalización y control político es importante escuchar la voz de los ciudadanos, considerando que el capital no puede estar por encima de la humanidad y la naturaleza, dijo.

Según, Melissa Lemus, presidenta del GAD Parroquial de Manglaralto, la acción de las autoridades locales en apego a lo establecido en el artículo 65, literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Pidió que se garantice el cuidado y protección del ambiente, expresó.

De igual forma, la alcaldesa de Santa Elena, María Aquino indicó que la compañía Vinazin S.A habría adquirido los terrenos en 1980, luego solicitaron el permiso de colocación de hitos y cerramiento. A la compañía se le informó que se trata de un área natural protegida, por lo que no efectúo la colocación de hitos; el proyecto inmobiliario tampoco tiene permiso de construcción, manifestó.

En cambio, el presidente de la Federación de Comunas, Elvis Suárez aseguró que la comuna Olón es un territorio ancestral Huancavilca, por lo que se requiere de una consulta previa, libre e informada, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución de la República, referente al ejercicio de los derechos colectivos.

Mientras tanto, John Reyes, presidente de la comuna Olón, sostuvo que solicitó a la compañía Vinazin S.A la socialización del proyecto inmobiliario, petición que no se cumplió. “Este proyecto sí tiene afectación”.

Finalmente, los asambleístas Victoria Desintonio, Héctor Valladarez, Eustaquio Tuala, Paola Cabezas, Fabiola Sanmartín y Arisdely Parrales insistieron en la necesidad de garantizar el derecho de la naturaleza y cumplimiento de la Ley, como las acciones que realizaran en beneficio de la comunidad de Olón, precisaron.