Más de 400 estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, del cantón Pichincha, cuentan con varias obras de mejoramiento que se realizaron en la institución, para garantizar su seguridad y una educación de calidad.

La inversión es más de 95 mil dólares en el mantenimiento de 8 aulas, se construyó una nueva batería sanitaria, se demolieron un aula afectada por un deslizamiento y un bloque de dos plantas que servía para el área administrativa, adicional se levantó un muro de hormigón de 5 metros, adecentamiento de la cancha y camineras, entre otras obras menores.

Estas obras fueron recientemente entregadas a la comunidad educativa. El director Distrital 13D08, Víctor Chila, junto a los estudiantes y docentes realizaron un recorrido para constatar las obras y un conversatorio para definir acuerdos para su cuidado y evaluar los avances pedagógicos del año lectivo.

“Para el Ministerio de Educación es fundamental mejorar las instituciones educativas, con el objetivo de brindar espacios adecuados a nuestros estudiantes. Este es un ejemplo más de inversión y que ahora le corresponde a la comunidad educativa velar por su correcto cuidado”, enfatizó la autoridad distrital.

Para el estudiante Nemias Muñoz las obras eran una necesidad urgente y que ahora se sienten más seguros de ir a clases. “Agradezco a todos quienes pusieron un granito de arena para hacerlas realidad”, dijo.

“Me siento orgullosa de ver esta gran inversión porque la comunidad ha esperado por mucho tiempo, nos sentimos muy felices porque esto marca un futuro lleno de oportunidad para los niños, niñas y jóvenes que pasen por estas aulas”, expresó la rectora Mayra Rivera.

El Ministerio de Educación, tiene el objetivo de construir y adecuar las instalaciones educativas de acuerdo con las necesidades de nuestros niñas, niños y adolescentes, impulsadas bajo el eje de gestión Encontrémonos, como parte de las obras de infraestructura educativa planificadas por el Gobierno Nacional.

De acuerdo al cronograma escolar régimen Sierra-Amazonía 2021-2022, 2.534 Personas Privadas de la Libertad (PPL) de Chimborazo (144), Cotopaxi (2.198) y Tungurahua (192) finalizan el año lectivo.

De este grupo, 129 estudiantes rendirán el examen de grado hasta el 14 de julio y después de cumplir con los parámetros establecidos se convertirán en Bachilleres de la República.

A pesar de las dificultades de movilización por el paro nacional, los docentes de la Unidad Educativa PCEI Monseñor Leonidas Proaño del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi Nº 1, ubicado en el cantón Latacunga, asistieron a su lugar de trabajo para tomar los exámenes Quimestrales a los estudiantes de 3º año de bachillerato. “Como educadores no dejamos pasar por alto las actividades programadas dentro del cronograma, realizamos nuestro mayor esfuerzo para aportar en la formación de los estudiantes por la vocación y profesionalismo que mantenemos”, aseguró Paulina Quinteros, docente.

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se determina que son 200 días de clases los que se deben cumplir, tanto en el régimen Sierra-Amazonía como Costa-Galápagos.

El Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), continúan trabajando conjuntamente en los CPL del país, para que las PPL cuenten con programas de Alfabetización, Básica Media, Básica Superior y Bachillerato.

Desde el 1 de julio del 2022, la Comisión Verificadora para el proceso de recepción de candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), verifica el cumplimiento de requisitos de los postulantes que buscan candidatizarse para estas dignidades.

En esta fase el calendario electoral se extenderá hasta el próximo 30 de julio e incluye la revisión de la documentación presentada, así como las denuncias ciudadanas y el derecho a la contradicción ejercido por los postulantes.

Una vez concluida esta etapa, se abrirán las fases de impugnación y apelación, antes de la publicación del listado final de candidatos calificados para integrar el CPCCS, prevista para el 23 de septiembre de 2022.

Un nuevo traslado aéreo se realizó en el país. Se trata del primer paciente movilizado de un establecimiento de salud a otro, por medio de una aeronavel, tras la finalización de las movilizaciones y cierres viales después de 18 días de paralizaciones.

La persona, de 49 años, ingresó al Hospital República del Ecuador, en la Isla Baltra, en Galápagos, con múltiples traumatismos por accidente de moto. Ocurrió en horas de la noche del viernes 20 junio.

De inmediato, el personal sanitario atendió la emergencia y le estabilizaron. Este proceso tomó varios días, por las condiciones de salud del paciente. Posteriormente, luego de un análisis médico, se decidió su traslado a Guayaquil, por medio de una aeroambulancia con acompañamiento de trabajadores sanitarios y el apoyo del Ministerio de Salud Pública.

Cerca a las 14h00 de este sábado 2 de julio 2022, el paciente llegó al hospital de Guayaquil, para continuar con su tratamiento y recuperación. Solo en las semanas de paralizaciones, el Ministerio de Salud Pública cumplió con el traslado de al menos 16 ciudadanos.

El Ministerio de Salud mantiene su compromiso con la atención de forma urgente y prioritaria para salvar la vida de los usuarios en riesgo. Trabajamos por una salud al alcance de la población precisaron.

El Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera Navas, mediante Resolución CJ-DG-2022-53, resolvió levantar la suspensión de los plazos y términos de prueba o resolución en todos los recursos administrativos que se inicien o se encuentren en trámite en la institución.

Los plazos y términos antes referidos se encontraban suspendidos desde el 23 de junio de 2022, en consideración de las circunstancias que atravesaba el país por las protestas y movilizaciones.

Una vez que se levantó la suspensión, se retoman también los plazos y términos de los procedimientos administrativos amparados en el “Instructivo de Registro y Funcionamiento de Centros de Mediación”, así como en los que se encuentran en la fase preliminar, facilidades de pago y fase de apremio, previstas en los procesos coactivos regulados por el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva del Consejo de la Judicatura y el Código Orgánico Administrativo.

La disposición del Director General del CJ se adoptó con base en el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece las funciones y atribuciones del Director General del CJ.

Luego, de 18 días de movilizaciones el paro indígena finalizó y la paz retorna al Ecuador, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con la dirigencia del sector de los pueblos y nacionalidades indígenas del país y terminar con el bloqueo de las carreteras.

El Gobierno Nacional y los movimientos indígenas firmaron un acta por la Paz este 30 de junio de 2022, resultado del diálogo y acuerdos por la convivencia pacífica, orden público y el desarrollo del Ecuador. La firma se realizó en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, organismo que lideró la mediación.

Con la suscripción del acta, los movimientos indígenas declaró el cese de las movilizaciones en todo el país y el retorno paulatino a los territorios; así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público.

Así mismo, dentro de los acuerdos para alcanzar la paz en el país, el Gobierno y la CONAIE acordaron:

1- Reducir el valor del combustible Diésel, Extra y Ecopaís en un total de 15 centavos de dólar por galón, 5 centavos adicionales a los ya dispuestos en el decreto N° 462. Y trabajarán en las políticas de focalización de subsidios.

2- El Gobierno Nacional se compromete a derogar el Estado de Excepción en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano.

3- Se derogará el Decreto Ejecutivo No. 95 en materia de hidrocarburos.

4- Se elaborará un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos.

5- Se reformará el Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en: Áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica, se garantizará la consulta previa, libre, e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas.

Además, el Gobierno Nacional, durante los 18 días de movilizaciones, tomó las siguientes decisiones para atender las principales necesidades de los ecuatorianos: el fortalecimiento al control de precios de productos de primera necesidad; declarar en emergencia al sector de la salud; condonación de deudas hasta 3.000 dólares a través del BanEcuador; medidas compensatorias para el agro; duplicar el presupuesto de la Educación Intercultural Bilingüe y el incremento a 55 dólares el Bono de Desarrollo Humano.

Para el seguimiento de los compromisos, el Gobierno Nacional y los representantes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN acordaron instalar una mesa de diálogo con metodología definida para el seguimiento de estos acuerdos y otros puntos, la misma que durará 90 días y en la que se garantizará la presencia de las funciones del Estado relacionadas con los puntos acordados.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó, que con la firma del acta el único ganador es el Ecuador. “Estamos dispuestos a continuar con la tarea de construir un país de paz, de libertades, respetuoso, equitativo en donde todos podamos reivindicarnos. Hoy no es el final, es el primer día de este gran sueño por la reconciliación nacional”.

De su lado, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza dijo que “Por el bien del país, suspendemos la medida de hecho”, conformar una meza de justicia para que la protesta social no sea criminalizada, la reparación integral y estarán atentos si en 90 días no se ha cumplido con los compromisos tendrán la obligación de exigir al Gobierno Nacional la ejecución de los acuerdos firmados en el acta de compromiso”.

Mientras tanto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció a través de su cuenta de twitter “Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país. Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos”.

 Finalmente, el paro de los pueblos y nacionalidades indígenas finalizó y país empezará poco a poco a recobrar la normalidad con la apertura de las vías, el abastecimiento de los productos en los mercados, la actividad productiva, empresarial, educativa, entre otras, para recuperar las pérdidas de estos 18 días de paralización.

A partir del 27 de junio del 2022, quienes hayan expresado su interés en participar como candidatos en la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, podrán ejercer su derecho a la contradicción, en el caso de que hayan recibido denuncias ciudadanas en contra de su postulación.

Durante esta etapa –que culmina el 30 de junio próximo–, se habilitará un módulo en el Sistema de Postulación de Candidaturas al CPCCS en la página web institucional (www.cne.gob.ec). A través de este mecanismo, los ciudadanos inscritos podrán presentar sus pruebas de descargo.

Para ejercer su derecho a la contradicción, el postulante deberá llenar el formulario que se genera en el sistema, imprimirlo, firmarlo y entregarlo en las Secretarías del Consejo Nacional Electoral –CNE– (matriz y Delegaciones Provinciales Electorales), a escala nacional o en los consulados del Ecuador en el exterior, junto con los documentos correspondientes.

Esta noche, durante la rueda de prensa el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que para devolver la paz a los ecuatorianos y poner fin al paro, el Gobierno Nacional aceptó el diálogo mediado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

“Pese a los intentos de algunos actores políticos, la Asamblea Nacional decidió no dar paso a la moción de destitución que había presentado la Bancada de UNES, eso consolida nuestro Gobierno democrático, consolida la institucionalidad del país, y no permite que los intentos golpistas logren sus objetivos,” indicó el titular de la Cartera de Estado.

El ministro Jiménez resaltó: “Hemos mantenido esfuerzos por lograr la paz en el país y mantener la tranquilidad del pueblo ecuatoriano, decidimos aceptar el proceso de mediación, que ahora impulsará la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y será la que determine la metodología en el proceso, los actores, los representantes y los temas en cuestión para llegar a una solución definitiva a los problemas del país”.

“El Ecuador quiere trabajar y reactivarse. Seguimos trabajando por el beneficio de todos. Lo hemos demostrado. El Presidente ha tomado varias medidas que apuntan a beneficios sociales: desde este viernes se pagará el bono de $55, así también en los próximos días se distribuirá aceite popular, se duplicó el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, subsidiamos la urea, entre otros beneficios para los ecuatorianos”, enfatizó el ministro de Jiménez.

Además informó que se declaró estado de excepción en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana.

Finalmente, el ministro de Gobierno insistió que esta nueva decisión gubernamental, es una muestra más de la apertura al diálogo, a establecer soluciones reales y recobrar la paz del país.

La madrugada de este miércoles 29 de junio de 2022 arribó un camión con oxígeno medicinal al Hospital Vicente Corral Moscoso, de Cuenca. Con esta acción se superará la situación crítica que soportaba esta casa de salud por el desabastecimiento de este insumo.

Fueron 13 días que el proveedor no pudo llegar por los cierres viales. Se intentó por el tramo Naranjal- Molleturo-Cuenca, pero no hubo resultados. Finalmente, mediante un corredor humanitario, coordinado por la Cruz Roja e instituciones gubernamentales, se logró pasar por Machala – Santa Isabel – Girón – Tarqui – Cuenca.

De esta manera, el hospital pudo abastecerse de 10.000 litros de oxígeno medicinal y garantizar la atención a los pacientes que se encuentran en estado grave en las unidades de cuidados intensivos, tanto adultos como niños, en neonatología y el centro de trauma. Además, sirve para las intervenciones quirúrgicas, que se realizan en un promedio de 30 diarias.

“La necesidad de abastecernos de oxígeno medicinal fue urgente. Son 51 pacientes que tiene altos requerimientos de oxígeno, porque no solo es parte de su tratamiento sino que es algo vital para ellos. Mientras se esperaba la llegada del producto se estableció un plan de contingencia, mediante la utilización de tanques individuales y la suspensión de cirugías programadas que podían esperar”, señaló María José Vázquez, gerente de la casa de salud.

El Pleno de la Asamblea Nacional inició el análisis del pedido de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, por grave crisis política y conmoción interna, planteado por la legisladora Patricia Núñez, con el respaldo de 47 asambleístas de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República.

Según, el presidente de la Asamblea Nacional, informó que realizó el primer encuentro entre los delegados del Gobierno, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza y otras organizaciones en representación del movimiento indígena, para que se dé el diálogo urgente y solucionar la crisis que vive el país.

Para el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo en representación del Mandatario, por el espacio de 30 minutos, dio lectura a los fundamentos de defensa del Jefe de Estado.

Por lo que, el pedido, establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no cumple los requisitos señalados en la Constitución de la República en su artículo 130 numeral 2, es decir dos causales: “grave crisis política y conmoción interna”.

Además, el presidente Lasso emitió un nuevo decreto mediante el cual pone fin al estado de excepción en seis provincias, razón que las medidas tomadas por el Gobierno permitieron que regrese la paz y tranquilidad al país.

Sin embargo, la legisladora Patricia Núñez indicó que la aplicación del artículo 130 numeral 2 es  la salida democrática y constitucional a la crisis. Defendiendo la protesta social, las movilizaciones por el encarecimiento de la vida, falta de paz, muertes, detenciones, emisión de dos decretos, que configura la grave crisis política y conmoción interna.

Ha medida que transcurría el debate, los legisladores de diferentes bancadas legislativas rechazaron los hechos de violencia que se dieron durante la protesta social con heridos, muertes, falta de respeto a los derechos humanos. Nada justifica esta situación, dijeron. Si bien debe haber cambios profundos, tiene que ser en el marco de la paz, precisaron.

Así mismo, cuestionaron la intromisión de personas infiltradas en las marchas y se solidarizaron con todas aquellas personas que se han visto afectadas con la movilización. Exhortando a respetar la democracia y la decisión del pueblo en las urnas.

También, expusieron la necesidad de recuperar la paz y el orden en el país, respetar la institucionalidad y la democracia.

En cambio, otros legisladores insistieron que los 10 puntos planteados por la CONAIE  tienen relación con el incumplimiento del Plan de Gobierno, no se han dictado políticas públicas que atiendan las necesidades de la gente y se gobierne con justicia social. Proponiendo aplicar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución y activar la muerte cruzada.

De igual manera, el pleno de la Asamblea Nacional, recibió en comisión general a Amanda Yépez, especialista de Geografía Crítica; Viviana Idrovo, de Alianza por los Derechos Humanos; Joice Soto, socorrista por la paz; Juan Gravois, de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos; Erik Barba, presidente FEUE Nacional, quienes responsabilizaron al régimen por la represión y el incumplimiento del Plan de Gobierno.

Luego, de un intenso debate en tres sesiones y haber intervenido 109 asambleísta, el pleno de la Asamblea Nacional no obtuvo los votos para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, 84 votos a favor de la moción, 42 en contra y 12 abstenciones, de acuerdo al artículo 51 de la Ley de la Función Legislativa y 130 numeral 2 de la constitución de la República necesitaban 92 votos, por lo que el pedido del bloque de UNES no fue aprobado.

Finalmente, la reconsideración de la votación propuesto por el asambleísta Juan Fernando Flores de CREO tuvo 76 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional registro una nueva votación donde nuevamente el correismo volvió a perder y con 80 votos a favor de la destitución del presidente Lasso, 48 en contra y 9 abstenciones, de esta forma concluyó la tensión del fantasma de la muerte cruzada.