Desde la Comandancia de la Policía, en la ciudad de Quito, el alto mando policial saludó al nuevo ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.

Por su parte, el flamante ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, a los jefes de las zonas y subzonas de la Policía les extendió un saludo y comentó que es un gran reto.

Además, Martínez indicó que trabajará de acuerdo a la Ley y cumplir el pedido del Presidente de la República.

Así mismo, felicitó el trabajo de la Policía Nacional y se comprometió a trabajar en conjunto para mantener el orden, mejorar la seguridad con el combate a la inseguridad en el país. .

El Ministro de Gobierno resaltó su reconocimiento y gratitud a la Policía Nacional, en especial en dos eventos que vivió muy de cerca como autoridad de Transporte y Obras Públicas, en octubre de 2019, con el cierre de las vías y donde el trabajo de la Policía estuvo presente con el correcto uso de la fuerza, evitando que los desmanes sean superiores, protegiendo a la ciudadanía y la propiedad privada, e hizo hincapié al arduo trabajo policial durante la pandemia en el 2020, cuando la Policía, pese a no estar dentro de sus funciones, asumió la tarea de recoger cadáveres por la situación de colapso que vivió Guayaquil, y con el único ánimo de servir a la ciudadanía.

Mientras tanto, Martínez indicó la necesidad de trabajar estos meses en temas esenciales, donde hay preocupación, el ISSPOL, la destrucción de parte del patrimonio de la Policía Nacional, que determina el futuro de los uniformados en su retiro y donde reiteró que no se puede dejar de hacer todos los esfuerzos legales para detener a todos los culpables, recuperar los fondos, “esto debe ser un trabajo prioritario en esta gestión que necesita el apoyo de todos y un claro convencimiento de que no se pueden permitir este tipo de actos. Jugar con el futuro de las personas, con el dinero que han aportado los policías, para su jubilación, servicios médicos y diferentes programas que tienen”, precisó.

Finalmente, el ministro de Gobierno, expresó que el Decreto Ejecutivo 1254, que preside el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, dijo que “la situación carcelaria presenta grandes desafíos, la aspiración es trabajar conjuntamente para dejar una base sólida, una política construida, para tener una política carcelaria que garantice los derechos de las personas que están prohibidas de su libertad, pero que tienen derechos. Esto debe ser en el plazo inmediato, pero también pensar en políticas de mediano y largo plazo. Tenemos que resolver esto de manera rápida y para eso, el conocimiento de Policía Nacional, es clave para encontrar soluciones”, dejar un país en paz, es el reto más importante, para lo cuál debemos trabajar con más fuerza y compromiso”.

Con 126 votos a favor, la Asamblea Nacional, aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), preparado por la Comisión de Educación, el debate se realizó en tres jornadas y se acogieron las observaciones formuladas por los diferentes bloques legislativos.

Por su parte, el asambleísta Jimmy Candell, presidente de la Comisión de Educación, expresó que el proyecto le apuesta a una educación de calidad, calidez e incluyente, apegado a la realidad nacional en favor de niños, niñas y adolescentes, bajo el concepto de que es un único camino para que se mantengan alejados de vicios y de la violencia de las calles, convierténdose en la semilla del futuro.

Además, insistió que el documento fue definido y consensuado con padres de familia, alumnos, organizaciones sociales, profesores, entidades internacionales, eliminando cualquier aspecto que represente un retroceso, en todo momento, se ha tenido presente la interculturalidad y los saberes de pueblos, comunidades y nacionalidades, al igual que la Etnoeducación, se afianzan los derechos laborales de los maestros.

De su lado, el presidente de la Asamblea, César Litardo, aseguró que el proyecto de reformas a la LOEI es el resultado de una amplia capacidad de debate y socialización, que redundará en beneficio de un importante grupo poblacional y del país en su conjunto, hoy es un día histórico.

Esta reforma integral modifica alrededor del 80 % de la normativa vigente, que rige desde marzo de 2011, contiene 141 artículos, 18 disposiciones generales, 45 disposiciones transitorias, seis disposiciones reformatorias (a la Ley de Seguridad Social, Código de Planificación y Finanzas Públicas, Cootad y Ley Humanitaria) y una disposición final.

El objetivo es normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

El Sistema Nacional de Educación se articula a las instancias de protección integral de derechos, salud, gestión de riesgos, cultura física y deporte, arte, cultura e información, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, así como de la producción.

El proyecto se enfoca, fundamentalmente, en establecer una cultura de paz y mecanismos eficaces de protección de derechos ante la violencia en los contextos educativos; garantizar la inclusión de todas las personas en el Sistema; articulación interinstitucional para el proceso educativo.

Mientras tanto, busca desarrollar capacidades y competencias, concientizar sobre la corresponsabilidad, garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema y la revalorización de los docentes.

Se determina que el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes del territorio ecuatoriano y de los ecuatorianos en el exterior; así como, el acceso universal a lo largo de su vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y culminar los servicios educativos.

El Sistema de Protección en las Instituciones Educativas, que tendrá un enfoque preventivo, priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes; la reparación integral de victimas; la eliminación de la violencia escolar, acoso escolar, hostigamiento académico y conflicto escolar.

Para reforzar esta protección, se dispone la creación del Departamento de Consejería Estudiantil en las instituciones educativas; implementación del Plan Nacional de Erradicación de Violencia en el Contexto Educativo. La Autoridad Educativa Nacional desarrollará mecanismos administrativos de prevención de la violencia en el ámbito educativo; y como parte del Sistema de Protección, se implementarán las Juntas Distritales de Solución de Conflictos.

Se garantiza los derechos de los docentes del sector público, a través del mejoramiento en los procesos de promoción, de la jornada laboral, concursos de méritos y oposición, y las escalas remunerativas. El sueldo de un maestro arrancará inicialmente de 2.5 salarios básicos unificados, lo que equivale a una valor de 1000 dólares.

La orientación vocacional y profesional será una guía para el camino de la Educación Superior, labor que sera apoyada por los Departamentos de Consejería Estudiantil.

La Educación Intercultural Bilingüe forma parte del Sistema Nacional de Educación, misma que fomentará la interculturalidad y la plurinacionalidad. La Etnoedicación está enfocada en el fortalecimiento de la cultura del pueblo afroecuatoriano y montubio.

Finalmente, establece el bachillerato complementario en artes, se hace justicia con los educadores populares o comunitarios en su lucha por acceder a los beneficios de la seguridad social y fortalece la gestión de las bibliotecas escolares como política estatal.

Todo el personal sanitario incluido el restante de la fase 0, adultos mayores, población vulnerable, docentes en todos los niveles, miembros de la fuerza pública y bomberos, trabajadores de recolección de desechos, de los sectores estratégicos, que reside en Galápagos recibirá la vacuna contra el COVID-19 y con ello será la primera provincia en completar esta fase.

En el marco del Gabinete Ampliado, que se realizó este martes 9 de marzo en el Palacio de Gobierno, el Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que esta semana, la provincia insular recibirá aproximadamente 5.000 dosis de vacunas contra la COVID-19, para cumplir este objetivo.

Además, el Jefe de Estado indicó que bajo el liderazgo de la Vicepresidenta de la República, el Ministro de Salud Pública, Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos y de la coalición público privada, se prevé que estas dosis arriben a la región insular entre el jueves 11 de marzo y la jornada de vacunación arranque inmediatamente.

Así mismo, la empresa Latam facilitará el traslado de las dosis y de las brigadas de vacunación.

Por su parte, Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos explicó que con estas vacunas “se cubrirá en 48 horas a adultos mayores, bomberos, personal de salud, recolectores de desechos, fuerza pública y funcionarios de Fiscalía y Judicatura y sectores estratégicos”, para el proceso ya están dispuestos los puntos de vacunación y todo el sistema logístico para permitir la cobertura en San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela, y Floreana.

Norman Wray añadió que, desde el 9 de abril del año pasado, el archipiélago contó con un laboratorio para realizar las pruebas PCR de biología molecular y ahora ya son dos laboratorios habilitados, “nos permitió desde el inicio aislar a los casos asintomáticos y hacer cercos epidemiológicos”, se ha testeado a más de la mitad de la ciudadanía, la vacunación de las 5.000 estamos cubriendo cerca del 13 % de la población ya inmunizada, precisó.

El objetivo del Gobierno Nacional es que Galápagos logre cerrar su vacunación masiva antes del 15 de mayo, para lo cual se están haciendo gestiones internacionales, debido a sus particularidades para la conservación de los sistemas ecológicos, su biodiversidad y economía, que se rige bajo un régimen especial.

Wray aseguró que se trabajará con la población para que Galápagos sea un destino seguro para el turismo.

Finalmente, el ministerio de Salud Pública, prevé que el Gobierno Nacional ejecute el 100% de la FASE 1 a escala nacional hasta el 15 de mayo.

El Presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta iniciativa del Gobierno Nacional, lo realizó en las instalaciones de Agrocalidad, en la ciudad de Quito, la mañana de este lunes, 08 de marzo, como un homenaje al Día Internacional de la Mujer.

La propuesta de ley será enviada a la Asamblea Nacional, en las próximas horas, tiene como objetivo contribuir a disminuir la brecha que generan desigualdad y discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos.

El Presidente de la República, Lenín Moreno, dentro del proyecto Ley plantea, temas como la paridad de género en la conformación de directorios, es decir, que las empresas públicas y privadas deberán contar con cuerpos directivos que, por cada tres miembros, conste una mujer.

El Jefe de Estado, resaltó ámbitos como la licencia por maternidad y lactancia compartida tanto como para el padre y la madre.

Sin embargo, el ministro del Trabajo, Andrés Isch, dijo que con está propuesta los sueños de las mujeres no se verán aplazados o truncados por el hecho de ser madres.

Además, el proyecto de ley contempla, oportunidades para el acceso a créditos, capacitación, asistencia técnica y material genético, dentro de una política integral que se compromete con las mujeres, establece incentivos tributarios para empresas que contraten, en mayor porcentaje, a mujeres dentro de sus nóminas y podrán deducir hasta el 150 % adicional de impuestos por tres años.

Finalmente, se conoció que el proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta reformaría cuerpos legales como la Ley de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo, Ley de Pasantías del Sector Empresarial y Ley de Compañías.

El ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, aseguró que a pesar de la crisis sanitaria, que fracturó el tejido productivo y derivó en desvinculaciones laborales, su gestión permitió la recuperación del empleo adecuado en el país, esto lo dijo en el marco de su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentó las pruebas de descargo, dentro del juicio político planteado en su contra por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana.

Además, el ministro de Trabajo explicó que en todo momento su gestión se ha orientado a preservar el empleo y crear nuevas plazas de trabajo, a través de nuevos contratos por giro de negocio, contratos de empleo productivo, empleo joven, contratos de formación y contratos turísticos.

Así mismo, se refirió a las causales del juicio político propuesta por las asambleístas, sobre el supuesto incumplimiento de funciones al no permitir el acceso a la información solicitada por el Observatorio de la Ley de Discapacidad, el ministro dijo que lo que hizo fue proteger la información personal y personalísima, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley, sí se entregaron la información que es pública, como planes operativos, el número total de personas con discapacidad insertos en el sector laboral en el país y el número de inspecciones realizadas entre 2018 y 2020.

Sobre la falta de protección a las personas en condición de vulnerabilidad, subrayó que la Ley Humanitaria creó garantías para todos los sectores.

Sin embargo, uno de los ámbitos en los que no pudieron preservar sus derechos fue el de las personas con discapacidad y se emitió un Acuerdo Ministerial que garantizó los derechos de este segmento laboral para que puedan acogerse a la reducción emergente de la jornada laboral, sin que se afecte su remuneración, lo cual permitió que la curva de pérdida de empleo en este sector se estabilice y no haya más desvinculaciones.

En torno a una presunta arrogación de funciones al interpretar el artículo 20 de la Ley Humanitaria, el ministro Isch aseveró que no se ha regulado ni interpretado la norma relacionada con la aplicación de la causal de fuerza mayor o caso fortuito.

Se reguló la contratación con reducción emergente de la jornada laboral, lo cual permitió que, a partir de junio de 2020, disminuya la terminación de contratos por la causal de fuerza mayor.

Sobre la fijación del salario básico unificado para el 2021, Andrés Isch, dijo que tomó la decisión de mantenerlo en 400 dólares sobre la base de la proyección de la inflación para el 2020, fue negativa y es más, mediante Acuerdo Ministerial, se dispuso la prohibición de disminuir el salario básico, aún en el caso de que existe inflación negativa para el 2021 determinó la entrega de un bono de 60 dólares para quienes menos ganan, valor que supera a un posible incremento del salario básico, en beneficio directo de los trabajadores.

Con respecto al conflicto colectivo de EXPLOCEN C.A., el ministro de Trabajo, Andrés Isch, indicó que se trata de un caso que inició en 2018 y que fue tramitado por los órganos competentes, que son los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de primera y segunda instancia, a pesar que al ministro no le corresponde actuar, se propuso mecanismos de diálogo para alcanzar acuerdos, se exhortó a las autoridades de Explocen para que se reintegre a los trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de caso fortuito y los cinco trabajadores regresaron a sus funciones, añadió.

Finalmente, Isch destacó varios logros de su gestión, entre ellos, el empleo adecuado en el 30,8 % a diciembre de 2020, cuando en junio, la época más dura de la pandemia, se ubicó en el 16.7 %, el subempleo bajó del 34.5 % a junio de 2020 al 22,7 % para diciembre, el desempleo se redujo del 13,3 % en junio, al 5 % para finales de 2020, el teletrabajo actualmente es de 286. 401 funcionarios públicos que laboran en esta modalidad, 162. 500 ciudadanos en el sector privado, para solucionar los problemas relacionado con la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral, con un promedio de 15 % menos de la remuneración respecto de los hombres, el Ministro de Trabajo anunció que enviará a la Asamblea el proyecto de Ley de Economía Violeta, que propone una serie de incentivos tributarios y de otra índole para los empleadores que contraten mujeres en sus empresas.