La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó el informe preliminar de fiscalización sobre la contaminación de alimentos con plomo, conforme lo dispuso el Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de marzo 2024. La comisión solicitó un nuevo plazo de 30 días para profundizar en el análisis minucioso y exhaustivo de la temática, a fin de garantizar la precisión y la integridad de los datos que se incluirán en el informe final.

Así mismo, recomendó que el informe pase a conocimiento de la Contraloría General del Estado para que realice una auditoría de gestión a la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA), al igual que la Fiscalía General Estado para que inicie las investigaciones que el caso amerite, por un posible delito de contaminación de alimentos con plomo.

Además, exhortó al presidente de la República, Daniel Noboa y al Ministerio de Salud Pública para que se declare emergencia sanitaria frente a la posible contaminación de alimentos con metales pesados.

Por la complejidad del tema abordado, es importante profundizar en múltiples áreas; se ha generado un fuerte análisis y sistematización de datos pero es necesario ampliar la información en cuanto a los informes técnicos recibidos por parte de los organismos sanitarios, puesto que la documentación recibida es “técnica”, por lo cual se requiere realizar un análisis más profundo en cuanto a los procesos llevados a cabo por la autoridad y la información presentada tras el requerimiento realizado por los miembros del organismo legislativo.

Mientras tanto, las conclusiones de la comisión determina que el laboratorio de la ARCSA no cuenta con la capacidad instalada para procesar el nivel de muestras de todos los productos que debe analizar, razón por la cual cuentan con la externalización de este servicio para ajustar el nivel de análisis de muestras necesarias, para cotejar y encontrar contaminación con plomo en alimentos procesados.

Finalmente, la crisis de la ARCSA no es solo por la falta de recursos logísticos, ni técnicos, sino por la falta de financiamiento, lo cual no garantiza la salud de los ecuatorianos, frente a los efectos del consumo de plomo que no solo se ven a corto plazo, sino a largo plazo, tratándose de un tema que afecta a la salud pública.