En el debate de las reformas al Código Orgánico del Ambiente Unificado, a la Comisión de Biodiversidad comparecieron David López, delegado del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y Karín Jaramillo, asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En representación de los 825 gobiernos parroquiales del Ecuador.

Según, David López dijo que existe la necesidad de incrementar el alcance del artículo 28 de la reforma planteada, para que los GAD parroquiales tengan mayor participación en las decisiones ambientales en sus territorios.

Además, López señaló que los gobiernos parroquiales deben realizar, en coordinación con los gobiernos provinciales, proyectos de conservación ambiental e hídrica, propuestas de incentivos para su protección y la supervisión de obras públicas y privadas, en materia ambiental, para que cumplan requisitos técnicos de calidad, en concordancia con lo establecido en el artículo 146 del Código Orgánico de Organización Territorial vigente.

Mientras tanto, Karín Jaramillo, asesora jurídica de AME, sostuvo que se debe conformar una mesa técnica con los representantes y delegados de los GAD, en todos sus niveles, el objetivo para que los legisladores aclaren sus dudas respecto a las competencias en el manejo de desechos sólidos y de sanidad ambiental, temas incluidos en la reforma y que hacen compleja la determinación de competencias entre los gobiernos autónomos y la entidad rectora del ambiente.

Por lo que, Jaramillo explicó que “en el texto analizado se define a los servicios ambientales como generados por la intervención humana en los ecosistemas, cuando realmente se generan por la interacción entre ecosistemas”.

También, solicitaron aclarar para que las competencias de los municipios sobre estos servicios no se vean alteradas, dejando establecido que la intervención humana se da como parte de su mantenimiento y conservación.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Guido Vargas aseguró que la comisión está abierta para recibir a los directivos de los gobiernos autónomos descentralizados, para construir una Ley que beneficie a todos los sectores con respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza.