Con 147 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la resolución que da cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional 1732-25-EP/26 del 5 de marzo del 2026 que dispone: ⁠DECLARAR el 8 de diciembre de cada año como el Día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Qué a los integrantes de la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en el plazo de 30 días elaboren y presenten, de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador, un proyecto de Ley reformatoria de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas en la que se incluya: la obligación de presumir y registrar como una presunta desaparición forzada del relato fáctico se desprenda que la o el sospechoso sea un agente del Estado; así como los deberes de investigación urgente y oficiosa; la prohibición expresa de alegar la reserva de la información como negativa o demora para la entrega de información; y mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos, en los términos contemplados en la sección 9.5. de la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional.

Además, DEROGAR la Resolución No. RL-2023-2025-162, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional de fecha 4 de enero de 2025.

Así mismo, a la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral el inicio de un proceso de fiscalización relacionado con todos los hechos relacionados con el caso “Las Malvinas”. En consecuencia, cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos.

Esta resolución, reafirma que la Asamblea Nacional respeta las decisiones de la Corte Constitucional, la memoria de las víctimas y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con el fortalecimiento del marco normativo que permita prevenir y atender de manera efectiva casos de desaparición en el país.

Este 11 de marzo del 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura removió a cuatro directores nacionales en áreas como innovación, planificación, estudios Jurimétricos y la Escuela de la Función Judicial.

La decisión es parte de la renovación institucional impulsada por la actual administración y se basa en los artículos 120.6 y 264.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que facultan al Pleno la remoción de directores nacionales.  

El cese de funciones de los servidores de libre nombramiento y remoción no implica la imposición de una sanción disciplinaria.

La salida de los directores fue aprobada con los votos de los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y el presidente Damián Larco.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, presentó “Camino Violeta, el primer paso a la formalización”, una iniciativa que incluye la creación del Registro de Mujeres Emprendedoras No Formalizadas (MENF), un instrumento que reconoce y visibiliza el esfuerzo de miles de ecuatorianas que sostienen la economía desde sus hogares, barrios y comunidades.

Este registro es una herramienta práctica y transformadora que facilita el acceso de más mujeres a oportunidades reales de consolidación y transición hacia la formalidad, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional de reducir las brechas históricas en crédito, capacitación y redes de apoyo.

Además, la iniciativa “Camino Violeta” se enmarca en la política pública de la Economía Violeta y cuenta con el respaldo de BanEcuador, que a través de los productos financieros “Crédito Violeta” y “Crédito Emprende Violeta”, brindará acompañamiento y financiamiento especializado para fortalecer el liderazgo femenino y su participación en la producción nacional.

El MENF se integra al Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 190 y constituye una acción concreta para avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, moderno y competitivo.
Así mismo, permitirá que las emprendedoras accedan a capacitaciones técnicas y empresariales, incentivos tributarios, cursos orientados a exportación y productos financieros especializados, fortaleciendo sus iniciativas y acompañándolas en el proceso de formalización y crecimiento.

El instrumento estará habilitado en la plataforma del Sistema Integrado RUM, contará con una vigencia inicial de tres meses y podrá renovarse, por una sola ocasión, conforme a los lineamientos establecidos.

Mientras tanto, la inscripción será completamente gratuita y permitirá a las emprendedoras acceder a los beneficios previstos en la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, fortaleciendo así sus oportunidades de desarrollo.

El Gobierno Nacional, invitó a las mujeres emprendedoras del país a registrarse y aprovechar “Camino Violeta”, una iniciativa que busca fortalecer sus emprendimientos, acompañarlas en su transición hacia la formalidad y consolidar su papel en la construcción de un Ecuador más justo, inclusivo y productivo.

La comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, recibiendo los aportes para la elaboración de los informes para el segundo debate de las iniciativas al proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP); y el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional.

El proyecto respecto de los uniformes de seguridad pública, la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales busca sancionar el uso indebido de uniformes e insignias de instituciones públicas.

Según. Pablo Vizcaíno, el proyecto de Ley debe aclarar qué institución será la encargada de autorizar y acreditar a los fabricantes y comerciantes de uniformes, el objetivo que los artesanos y confeccionistas que han trabajado por años con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan continuar desarrollando su actividad de manera legal, dijo.

Además, Vizcaíno planteó que se regule los procesos de contratación de uniformes a través del sistema de contratación pública.

Para Flora Erazo, el sector forma parte de la economía popular y solidaria, apoya frecuentemente a las empresas públicas como FAME, cuando estas no logran cubrir la demanda de producción.

Así mismo, Santiago Ruiz, director de la Maestría en Criminología y Política Criminal de la Universidad Técnica Particular de Loja, realizó un análisis técnico sobre el proyecto de reformas al sistema penitenciario y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las observaciones relacionadas con la institucionalidad del sistema y la necesidad de preservar principios como el uso excepcional de la fuerza, la seguridad dinámica y los mecanismos de control dentro de los centros de rehabilitación social. Por lo que las reformas propuestas podrían debilitar la institucionalidad del sistema penitenciario, modificar la estructura del ente rector y reducir los requisitos técnicos para la designación de su máxima autoridad. Esto podría dejar que la dirección del sistema penitenciario no cuente con un perfil técnico y experiencia en ámbitos como criminología, gestión de crisis, rehabilitación social y derechos humanos, dijo.

Mientras tanto, que tener un directorio con carácter estratégico y con la participación efectiva de instituciones del sistema de justicia, como la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, fortalecerá los mecanismos de coordinación y control de este sector, explicó.

Finalmente, la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, debe ser con reformas estructurales que permitan fortalecer la gestión penitenciaria, mejorar la rehabilitación social y modernizar la infraestructura y los sistemas de seguridad en los centros de privación de libertad del país.