El acceso y ampliación de la cobertura del sistema de agua potable y saneamiento es clave para prevenir la Desnutrición Crónica Infantil en las poblaciones más vulnerables del Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó créditos a través del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) para proyectos que mejoren la calidad de vida de la población de los cantones de la provincia de Santa Elena.

La falta de agua segura, saneamiento e higiene son parte de las principales causas que provocan la desnutrición crónica infantil. Las familias con carencia de servicios básicos alcanzan un promedio del 40.4 %.

Además, está condición retrasa el crecimiento de los niños y niñas en relación a su edad. En el Ecuador, uno de cada tres menores de dos años padece de esta condición. Y Santa Elena está entre las tres provincias con mayor prevalencia de DCI en el Ecuador, con el 39,3% (menores de 2 años).

Por ello, para el Gobierno Nacional, enfrentará este problema como un compromiso vital para el desarrollo del país, dijo.

Así mismo, el presidente Lasso manifestó que “No queremos más niños que consuman aguas contaminadas, sufran deshidratación y desnutrición en ningún lugar del Ecuador. Esta lucha convoca a todos los territorios y autoridades, desde las localidades más pequeñas y remotas hasta las jurisdicciones más grandes y productivas”, expresó.

Por lo que, el Jefe de Estado, resaltó que el BDE ha entregado más de 45 millones de dólares a Santa Elena, y hoy la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil el banco estatal entregó cerca de 23 millones de dólares, de la siguiente manera: 9,2 millones de dólares para obras como protección, regeneración urbana y mejoramiento de vías en el cantón La Libertad.

Mientras tanto, aproximadamente 3 millones de dólares para proyectos de desarrollo humano en el cantón de Santa Elena; 3,5 millones de dólares que será invertido en el asfaltado de las vías de la parroquia José Luis Tamayo del municipio de Salinas.

En cambio, el Mandatario suscribió la carta de compromiso de financiamiento entre el BDE y la empresa pública municipal Aguapen por 7,1 millones de dólares para gestionar y evaluar el proyecto de ampliación de las redes de aguas servidas en la zona sur y noroeste de La Libertad.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, explicó que el programa económico integral del Gobierno Nacional se proyecta hacia un crecimiento económico sostenido sólido, que permita la generación de empleo, erradicar la pobreza y combatir la DCI.

Según, Cueva, se ha entregado un total de 23 millones de dólares para obras y servicios como el equipamiento tecnológico educativo, fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos, ampliación de la red de aguas servidas, mejoramiento de vías, regeneración urbana, entre otras, que mejorarán la calidad de vida de los 402.408 habitantes de Santa Elena.

De igual manera, las buenas noticias siguen para la provincia, como por ejemplo, en el Presupuesto General del Estado se habría pagado la totalidad del modelo de equidad territorial a todos los GAD de Santa Elena del año 2021, desde el inicio de la gestión del Gobierno del presidente Lasso, transfiriendo cerca de 35 millones de dólares por concepto de Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el gobierno central pagó 2,3 millones de dólares a la provincia, puntualizó.

Para el alcalde de Santa Elena, Otto Vera, la acción del Gobierno Nacional ha sido positiva y han permitido la reactivación del país: “Desde hace mucho tiempo que no veíamos asignaciones puntuales y automáticas. Lo que nos permite a los municipios hacer una buena planificación, porque tenemos la certidumbre de los recursos que van llegando para implementar las obras básicas que necesita Santa Elena”, aseguró.

Finalmente, el presidente de la República, Guillermo Lasso inauguró la sesión VI del Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la DCI, que contó con la participación de distintos secretarios de Estado y con la presencia del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Dónde evaluaron las principales acciones que emprende el gobierno de forma articulada para atender esta problemática.

El objetivo escuchar las necesidades de los actores del sector pesquero, este viernes 25 de febrero el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el reglamento de la Ley Orgánica para el desarrollo de la Acuacultura y Pesca.

Además, entregó carnets como parte del Plan de Regularización para la Pesca Artesanal y se revisaron las acciones que el Gobierno Nacional ha emprendido a favor de este sector.

En Anconcito, el Primer Mandatario destacó que el reglamento es un reconocimiento a los sectores de la acuacultura y pesca, para impulsar y potenciar una actividad de gran importancia para la economía nacional. Reafirmando el compromiso de sostenibilidad, en el marco del cuidado ambiental que promueve el Gobierno.

Por su parte, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, indicó que es «vanguardia» considerando que Ecuador es de los pocos países en el mundo que cuenta con un cuerpo normativo tan avanzado, técnico y que permite el desarrollo responsable de los ámbitos que controla, aspecto que tiene reconocimiento internacional.

Por lo que, Prado explicó que los aspectos positivos de la Ley otorga beneficios como: brindar más herramientas para el control de la pesca ilegal; asegurar el uso sostenible y racional de recursos para que estos puedan existir más tiempo: «nos permitirá alcanzar el máximo potencial como país de pesca y acuacultura sostenible

También, el presidente Lasso sostuvo que “nos esforzamos por proteger e impulsar la actividad pesquera para que esta sea responsable con el ambiente y con los consumidores. Es importante que los productos que portamos cumplan con estándares internacionales.

En el evento las autoridades locales y gubernamentales entregaron 60 carnets a pescadores artesanales.

Mientras tanto, el Primer Mandatario, anunció crédito a 1 % de interés y hasta 30 años plazo que estarán disponible, próximamente, para este sector.

Finalmente, el representante de los pescadores artesanales de Anconcito, Isauro Baque, calificó de positivo las estrategias del presidente Lasso que se han implementado para atender al sector pesquero

La universidad Técnica Particular de Loja presentó este jueves 24 de febrero 2022, el libro “Carta del Paisaje del Ecuador”, busca reconocer y proteger el paisaje del Ecuador en un marco de desarrollo sostenible.

Además, los paisajes de Latinoamérica en su mayoría cuentan con estas cartas como instrumentos para la planificación territorial, son catálogos que permiten monitorear la combinación en el tiempo, el objetivo tomar medidas de protección oportunas, explicó Alexandra Moncayo.

Así mismo, Moncayo señaló que el reto planteado hoy se ve reflejado y plasmado en este libro o documento como mecanismo que reconoce el enorme potencial natural, cultural y la calidad de paisajes cuenta el Ecuador, su acelerado deterioro que está pasando.

Por lo que, “es necesario revalorar los paisajes en las cuatro regiones del Ecuador, para no perder nuestra identidad de país andino, costero, amazónico e insular, insistió la experta en arquitectura y urbanismo.

Según, su investigación define “Carta del Paisaje del Ecuador”, una acción de concertación entre agentes del territorio, orientados a promover la gestión sostenible del paisaje y el bienestar de sus habitantes, mediante el establecimiento de principios, objetivos, acuerdos y estrategias de gestión y entregar la Carta del Paisaje del Ecuador, planteando políticas públicas para la protección del paisaje ecuatoriano, puntualizó.

Finalmente, Alexandra Moncayo sostuvo que entre las tareas pendientes está tener una Ley del Paisaje del Ecuador y elaborar catálogos e inventarios de los paisajes ecuatorianos que pongan en escena su valor y protección, precisó.

Esté miércoles 23 de febrero de 2022 en la ciudad de Quito, el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (COMAGA) y el Tecnológico Universitario ITESUT firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, el objetivo es coordinar y ejecutar acciones que permitan el acceso a los funcionarios de los municipios Amazónicos, Baños, Penipe, Galápagos y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad acceder a las ofertas académicas, programa de formación de aspirantes a agentes, inspectores y supervisores civiles de tránsito, programa de especialización, cursos de conducción profesional y capacitación continua con los beneficios, descuentos y becas entre otras.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (COMAGA), Fredy Armijos señaló que es un día muy especial, la presencia de la rectora del Tecnológico Universitario ITESUT, Cecilia flores, la firma de este convenio permitirá poder capacitar, informar y llevar adelante respecto a las competencias de transporte y las ofertas académicas.

Además, Armijos sostuvo que la presencia del asambleísta de Pachakutik y presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional como testigo de honor de la firma del convenio.

Así mismo, el presidente del COMAGA, expresó que el eje principal de la institución es apoyar a los 46 municipios, 41 municipios amazónicos, Baños, Penipe y Galápagos, el propósito es fortalecer la capacitación técnica del personal municipal para adquirir las destrezas y los conocimientos para cumplir con las competencias.

Mientras tanto, la rectora del Tecnológico Universitario ITESUT, Máster Cecilia Flores manifestó que la institución tiene 18 años de experiencia en la formación de tecnólogos en Gestión de transporte, “hoy estamos iniciando un nuevo proceso de formación para los agentes civiles de tránsito, de acuerdo al artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos faculta a las instituciones de educación superior ejercer esta actividad y el convenio con la Agencia Nacional de Tránsito que autoriza esta formación integral.  

Por lo que, iniciaron con el municipio de Quevedo una formación en valores de los aspirantes a agentes civiles de tránsito, la oferta de un título de tercer nivel en: Técnico en Tránsito y Transporte, Marketing y Comercio Electrónico, Mecánica Automotriz, Comercio Exterior, Administración Financiera, Gestión de Transporte, la licencia profesional tipo “C”, entre otras.

Por lo que, es histórico y por primera vez la formación y capacitación de los agentes civiles de tránsito realice una institución de educación superior lo imparta y con instalaciones propias en la ciudad de Portoviejo, para que cumplan su régimen interno,

Para el presidente de la comisión de Gobierno Autónomos de la Asamblea Nacional, Celestino Chumpi es importante romper los paradigmas y tome un giro de 90 grados la formación y capacitación de los agentes civiles de tránsito en el país y mucho más importante es que la academia se preocupe y esta sea en la recuperación de los valores, moral y ética de los funcionarios a la hora de aplicar la Ley.

Finalmente, el Tecnológico Universitario ITESUT, tiene previsto visitar los 46 municipios para exponer las ofertas académicas, la formación integral, capacitaciones, educación continua en el marco de una estrategia público – privada, explicó el Director Ejecutivo del ITESUT, Jhoan Mora.

Este martes 22 de febrero el Gobierno Nacional entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital”, el objetivo principal es alcanzar la inversión para generar el empleo de calidad para los ecuatorianos.

Además, los ministros de Finanzas, Telecomunicaciones y el secretario General de Comunicación, de la Producción, Comercio Exterior y Pesca, informaron el contenido de la Ley de Atracción de Inversiones.

Por su parte, el secretario General de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, indicó que con la propuesta del Gobierno Nacional, a través de esta ley cumplirá con la meta de generar dos millones de empleos durante los cuatro años de Gobierno.

“El principal aspecto de la ley es el impulso para la creación de nuevas Zonas Francas, como polos de atracción de inversiones internacionales y nacionales.

Para la ministra subrogante de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Lorena Konanz estos espacios serán delimitados dentro del territorio del país donde se podrán asentar empresas de servicios, industriales de logística para realizar procesos productivos y de exportaciones. Con ello se logrará generar empleo, aumentar la competitividad de las empresas y fortalecer la reactivación productiva.

Además, estas zonas tendrán incentivos, como: exoneración total del Impuesto a la Renta durante los primeros 10 años y luego una disminución de 10 puntos; exoneración total en el Impuesto a la Salida de Divisas para la importación de bienes de capital, insumos y materia prima; exoneración de tributos al comercio exterior y tarifa cero al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En cambio, el componente fundamental es el fortalecimiento de la generación de Asociaciones Público Privadas.

De igual manera, el secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, Roberto Salas, expresó que la ley “estamos inaugurando un nuevo marco regulatorio para establecer un mejor desempeño de las inversiones públicas con la participación del sector privado”. Con esta modalidad de contratación se mejorará sustancialmente la eficiencia de los proyectos y la calidad de los servicios a largo plazo, fortalecerá los procesos, estructuran estos proyectos, optimizará los tiempos, robustecerá la calidad de la supervisión de los contratos y se impulsará la transparencia en la adjudicación de contratos.

Por lo que, la atracción de inversiones permite dinamizar la economía y generar más empleo; garantizando el crecimiento económico del país sea sostenible.

Mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva dijo que la ley contempla el fortalecimiento del mercado de valores, lo que permite que las empresas tengan fuentes alternativas de financiamiento, una sana competencia con el mercado financiero y reducir las tasas de interés; consecuentemente conlleva a tener mejores empresas y más empleo.

La ley tiene cinco ámbitos respecto al mercado de valores, supervisión, propone el control de bancos y seguros competencia de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y Valores se concentrará en el mercado de valores. La participación de los títulos en el sector público, a través de subastas y se crea un catastro público.

También, incluye un aspecto sobre la estructura accionarial de las bolsas de valores, busca generar incentivos para que estas se integren a escala nacional e internacional. La compensación, liquidación y custodia de valores proponen mecanismos de mayor transparencia para generar más confianza y los cambios de los sistemas de calificación de riesgos para fortalecer las operadoras de estos ámbitos.

Sin embargo, Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información se refirió a la importancia de la tecnología para el desarrollo económico, financiero y productivo: manifestó que el desarrollo tecnológico y la transformación digital es otro eje de la ley, «no solo porque es un sector, sino porque es una herramienta que promueve la inversión, comercio y economía en general».

Así mismo, el proceso de transformación tecnológica del Gobierno Nacional, dará paso a la digitalización de los servicios públicos registrales como: registros de la propiedad, mercantiles y notarías.

La Ley llegó a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica, de acuerdo al asesor jurídico de la presidencia de la República, Joaquín Ponce y tendrá el tratamiento de conformidad al artículo 140 de la Constitución de la República, la ley contiene 260 artículos, 17 disposiciones generales y 12 transitorias.

Finalmente, la Ley de Atracción de Inversiones está en tres libros, asociaciones público-privadas y gestión delegada; transformación digital y el tercero «son reformas a varios cuerpos legales para viabilizar la operatividad de la ley», las reformas contemplan cambios en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), a zonas francas; Código Orgánico Monetario y Financiero donde modifican aspectos relacionados al mercado de valores; Ley Notarial para permitir la provisión de servicios telemáticos y Código de Comercio para la digitalización de títulos de valores.