Este martes 16 de julio 2024, la Asamblea Nacional posesionó a Mario Fabricio Godoy Naranjo como vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), el juramento la realizó la primera vicepresidenta, Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. Godoy proviene de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, por lo que, le corresponde asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Su habilitación como titular del CJ se dio sobre la base de la designación efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en una sesión que en la mañana designaron a una mujer y por la tardes, tras el pedido de reconsideración y muy cuestionada eligieron a Mario Godoy, el pasado 10 de julio.
Por su parte, el nuevo presidente del CJ, Mario Godoy, expresó que si bien su período será relativamente corto, asume la presidencia con un alto sentido de responsabilidad y compromiso, con la firme convicción para sentar las bases de un sistema judicial más justo, transparente y eficiente.
Por lo que, Godoy insistió que fortalecerá la formación profesional de los operadores judiciales y demás servidores, de la mano de la Escuela Judicial, dando énfasis a las distintas ramas del derecho y con un enfoque de género.
Finalmente, anunció que mejorarán los sistemas tecnológicos de recepción de demandas, audiencias virtuales y demás requerimientos de los usuarios del sistema de justicia, precisó.

Este lunes 15 de julio 2024, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, con siete votos a favor aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, el objetivo es la promoción de los derechos de los animales precautelando su bienestar como seres sintientes, de acuerdo con la biología de cada especie y reconociendo los dominios y libertades, prevenir y sancionar el maltrato e implementar programas de educación, capacitación, formación y difusión en derechos de la naturaleza y de los animales.

Además, el proyecto recoge cinco iniciativas, incluyendo la propuesta de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Animales No Humanos, presentada por la Defensoría del Pueblo, sobre la base de la sentencia N.° 253-20-JH/22 (Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos) de la Core Constitucional, adoptada el 27 de enero del 2022.

Así mismo, el proyecto de Ley contiene 66 artículos; tres Disposiciones Generales; tres Disposiciones Transitorias; una Disposición Reformatoria, Derogatoria y una Disposición Final.

También, entre las conclusiones, la comisión considera importante evaluar las posibles implicaciones socioeconómicas de las medidas legislativas propuestas y su afectación a los diferentes sectores de la sociedad, los encadenamientos productivos, especialmente en lo que respecta al posible aumento de los precios de los alimentos de origen animal como consecuencia de una legislación antitécnica o ajena a la realidad económica, social y cultural del país.

Mientras tanto, las recomendaciones establece que las normas deben ser construidas de forma participativa, plural, integral, con un sentido de realidad nacional y de las limitaciones de nuestra economía, tomando en cuenta que los animales son sujetos de derechos, pero sin dejar de lado que la interacción de estos con los humanos han sido y serán formas mediante las cuales las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejercen su derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Finalmente, la comisión reconoce que la realidad nacional puede diferir significativamente con la de otros países, como Europa. Por lo que, el proyecto de Ley debe adaptarse a las circunstancias y necesidades específicas del contexto local, reconociendo al ser humano como sujeto y fin del sistema económico. Advierte que la sobrerregulación normativa puede generar efectos no deseados, como desabastecimiento, contrabando, especulación de precios, mercados ilícitos, economías irregulares, corrupción y proliferación de mercados clandestinos, precisaron.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización a los exámenes de habilitación para el ejercicio profesional de las carreras de medicina, enfermería y odontología, recibió las observaciones de los profesionales de la salud y los argumentos del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y el Ministerio de Salud.

Según, Santiago Freire, delegado de la SENESCYT, indicó que están garantizando el registro de los estudios; y desde el 1 de enero se han registrado más de 100 mil estudiantes. La Constitución de la República garantiza la autonomía universitaria, la libertad de determinar sus planes de estudio, planes de investigación y contratación de personal.

Para la presidenta del Cases, Ximena Córdova el examen de habilitación profesional y la base legal para el proceso, los actores que construyen el examen son los representantes de las carreras correspondientes.

En cambio, el subsecretario del ministerio de Salud Pública, José Carnica insistió que tienen 3.871 plazas para enfermeros rurales, 4 mil 809 para médico rural, 237 obstetriz rural y 2.032 para odontólogos rurales. Pidió se investigue a las empresas que supuestamente preparan a los postulantes para la rendición de exámenes.

Mientras tanto, más de 10 profesionales de la medicina expusieron sus quejas respecto al examen de habilitación para los profesionales de las carreras de medicina, enfermería y odontología, presentan inconsistencias, hechos que impiden el ingreso a estas carreras a nivel nacional.

Además, los médicos solicitaron revisar el informe técnico de evaluación y los enunciados de las preguntas, así como los títulos de los especialistas que realizaron las preguntas, la aplicación de un nuevo examen, el banco de preguntas sean socializados.

Por su parte, Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y Presidente de los Gremios de Salud del Guayas, sostuvo que deben buscar soluciones y encontrar los canales de diálogos, encontrar soluciones para evaluar como corresponde.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Educación, Zolanda Plúas dijo que, ante las falencias e irregularidades expuestas en el examen de habilitación profesional, necesitan respuestas concretas.

Este 12 de julio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la acreditación de seis (6) ciudadanos que cumplieron los requisitos establecidos para conformar la veeduría de control para elegir a los tres representantes estudiantiles que integrarán el Consejo de Educación Superior (CES), conforme el siguiente detalle:

El ejercicio de la veeduría tiene carácter cívico, voluntario y proactivo. Su accionar será objetivo e imparcial, siendo de carácter temporal y se conformará de forma previa y simultánea a la ejecución del concurso

La Comisión de Educación avocó conocimiento del proyecto reforma a varias leyes respecto a las pasantías o prácticas profesionales en el sector público y privado.
Según, el legislador Franklin Samaniego, este proyecto de Ley, “actualmente no existe una regulación a las pasantías, los derechos de los pasantes y el reconocimiento de su trabajo como experiencia laboral, por lo que esta iniciativa busca establecer directrices claras para fortalecer los derechos de los pasantes”.
La iniciativa reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público; la Ley de Pasantías del Sector Empresarial y la Ley Orgánica de Juventudes, el objetivo es fortalecer el contrato de pasantías, con una duración de al menos 3 meses; otorgar un contrato indefinido sin período de prueba si este plazo se extendiera; una retribución económica equivalente al salario básico unificado; la afiliación desde el primer día de la pasantía; la obligación en la entrega de un certificado de experiencia laboral, entre otros.
Además, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional escuchó a los representantes de los técnicos docentes de varias instituciones de educación superior, a nivel nacional, en el marco del tratamiento de la Ley Interpretativa del artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Por lo que, Walter Salas, de la Escuela Politécnica Nacional indicó que, “los técnicos docentes desempeñan las mismas funciones que el personal docente, pero bajo la denominación de personal de apoyo a la academia, lo que les impide recibir una remuneración similar”.
“La remuneración del personal técnico docente es del 50 % menor a la de un docente o investigador, aun cuando, en la práctica, sus funciones y jornada laboral son iguales”, manifestó.
Mientras tanto, Pamela Alarcón y Ana Cunachi, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo sostuvieron que “los técnicos docentes, al no ser considerados como personal académico, no son considerados para las oportunidades de desarrollo de carrera y crecimiento laboral, ni cuentan con el derecho de elegir un representante para los consejos universitarios”.
Finalmente, los docentes solicitaron a la comisión realizar un análisis profundo sobre la propuesta de Ley interpretativa, sería beneficiosa para alcanzar la equidad para todos los docentes en la promoción académica, capacitación, remuneraciones y estabilidad laboral, puntualizaron.

El asambleísta Paúl Buestán, de la provincia del Cañar, presentó el proyecto de Ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes constitucionales de la República.
Según, Buestán la propuesta busca que haya un equilibrio jurídico y práctico al problema generado por el pago de las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes, alrededor de 81 mil dólares el Estado gasta al mes por este rubro, mientras no hay dinero para atender a los maestros, comprar medicinas o invertir en vialidad, los recursos se van para 27 ciudadanos que algunos ni viven en el país o cobran familiares, dijo.
Además, el legislador explicó que con la derogatoria de los artículos 135 y 136 de Ley Orgánica del Servicio Público se eliminará el pago de las pensiones vitalicias, por tanto, el o la cónyuge o los herederos no podrán acceder a estos beneficios.
Sin embargo, la mayoría de quienes cobran estás pensiones, incluso no ha terminado su período su mandato, no viven en el país, están inmersos en procesos judiciales.
Para el asambleísta de ADN, Adrián Castro es una propuesta excelente pensiones vitalicias a cuenta de que, los sueldos vitalicios hay que eliminarlos urgentemente, señaló.
Finalmente, en el 2023 existieron varios proyectos de Ley para eliminar las pensiones vitalicias, de los expresidente y exvicepresidentes, pero la Asamblea Nacional no dio paso estás iniciativas, decidiendo la reducción del 75% de la remuneración actual que percibe el Presidente de la República, porque no son servidores públicos.

La comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Primera Infancia, contiene temas como los derechos de las niñas y niños en la primera infancia, la lactancia materna, los lineamientos para las políticas en primera infancia, el contenido mínimo del Plan Nacional y las obligaciones de los órganos ejecutores, entre otros.

Para el asambleísta Hoover Delgado es importante colocar a los niños y niñas como prioridad en todas las políticas y decisiones empresariales, señaló.

Además, Delgado sostuvo que deben existir prohibiciones claras y estrictas en todos los ámbitos empresariales para asegurar que los intereses y el bienestar de los menores no se vean comprometidos.

Por su parte, el asambleísta Jorge Peñafiel indicó la importancia de proteger a los niños y niñas, siendo oportuno reevaluar y mejorar los enfoques actuales en la gestión de estos temas. Tenemos que reflexionar sobre la necesidad de abordar el desempleo y otros desafíos sociales de manera integrada y holística.

La legisladora Rocío Bohórquez propuso una ampliación en el alcance de las medidas de protección de los derechos de los niños y niñas. La supervisión integral debe ser a todos los sectores y actores involucrados, asegurando así una protección efectiva y exhaustiva para los niños, niñas y adolescentes, explicó.

La asambleísta por Manabí, Gabriela Molina presentó el proyecto de Ley para regularizar la estabilidad laboral de los servidores públicos, estableciendo la obligatoriedad de realizar concursos de mérito y oposición para aquellos puestos ocupados, por más de cinco años por servidores de contrato ocasional o nombramiento provisional.

“Esta Ley se aplicará en todas las instituciones, entidades u organismos del sector público, para los servidores que mantengan contratos de servicios ocasionales por cinco años o más, de manera continuada o interrumpida”, dijo.

Además, la legisladora sostuvo que, “este proyecto de Ley no generará ningún impacto económico, ni cambio en el presupuesto general del Estado, los servidores públicos con nombramiento permanente conservarán el mismo nivel remunerativo que venía percibiendo con el contrato ocasional o nombramiento provisional”.

Así mismo, el proyecto de Ley contiene 9 artículos, establece los parámetros que serán valorados para el concurso, profesionalización del servidor, experiencia en el puesto, años de servicios prestados y la asignación de 2 puntos adicionales por cada año de servicio, como acciones afirmativas.

“A diciembre del 2023, el Ministerio de Trabajo registró a 492.615 funcionarios públicos dentro de las entidades que forman parte del presupuesto del Estado. De estos, el 22 %, es decir 109.684 servidores públicos tenían contratos ocasionales”, explicó Molina.

Finalmente, la propuesta busca otorgarle justicia social y laboral a los servidores de las instituciones públicas del Estado que son estratégicas y de vital importancia para la ciudadanía, puntualizó la Asambleísta Gabriela Molina.