La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz se reunió con los equipos técnicos de las Comisiones Legislativas, el objetivo conocer el estado de los proyectos de Ley que se tramitan en cada mesa legislativa a efecto de agilizar su tratamiento.

Según, Viviana Veloz, es para subsanar errores y avanzar en el tratamiento de los proyectos que se encuentran represados de períodos anteriores, incrementar la producción legislativa y definir la hoja de ruta para el corto periodo.

Además, Veloz conoció el proceso de los informes para primer y segundo debate de cada una de las comisiones permanentes y Ocasionales; así como los proyectos normativos de periodos anteriores; los remitidos desde el Consejo de Administración Legislativa y el avance del Plan de Trabajo 2023-2025.

Entre el trabajo de las comisiones como Justicia y Estructura del Estado tramita 280 proyectos; las reformas al Código de la Democracia; la Ley Orgánica de la Función Legislativa (37 propuestas unificadas); Código Orgánico Integral Penal (42 proyectos unificados); en temas de Arbitraje Internacional (35 proyectos de Ley); reformas al Código Civil; Ley Orgánica de Extinción de Dominio; Código Orgánico General de Procesos; Ley Notarial, entre otros.

Mientras tanto, el equipo técnico de la comisión de Desarrollo Económico informó sobre el tratamiento de los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo y aprobados por el Pleno de la Asamblea.

También, resaltó el avance sobre los proyectos de Ley de Comercialización de la Pitahaya; reformas a la Ley de Turismo; la Ley de Transporte Terrestre y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Sin embargo, la comisión de Fiscalización explicó el trámite de los procesos de juicios políticos sustanciados en contra de varios funcionarios de Estado. Actualmente, en el proceso la fase de sustanciación del pedido de juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Finalmente, la comisión del Derecho al Trabajo tramitó 151 proyectos, leyes aprobadas en materia de seguridad social. Han efectuado las unificaciones de proyectos; reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público, y los procesos de fiscalización al IESS y BIESS.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz se reunió en Guayaquil, con los representantes de la Corporación de Cooperaciones Productivas Agropecuarios del Litoral (CONCARPLAT), para encaminar un proyecto de Ley en beneficio de los agricultores, a través de mesas técnicas territoriales que se iniciarán en los próximos días.

Además, Veloz indicó que la Comisión de Soberanía Alimentaria avanza en la discusión del proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca, en el que se podrá incorporar los temas planteados por varios sectores.

Mientras tanto, las delegaciones de agricultores del cantón Jipijapa, Santa Ana y Paján, mostraron su preocupación por la promoción agrícola pecuaria, por lo que plantearon que la Asamblea Nacional viabilice un trabajo coordinado para la elaboración del proyecto de Ley de beneficio a la clase trabajadora del campo.

Finalmente, Enrique Menéndez, vicepresidente de la CONCARPLAT, expresó que se impulse un proyecto de Ley que contemple la capacitación y asistencia técnica; agua de riego y consumo animal; regularización y protección de suelos agrícolas; rescate de semillas tradicionales; protección de la producción agrícola y garantía de mercado; liberación de aranceles para insumos agropecuarios en la importación para pequeños y medianos productores; líneas de crédito con una tasa preferencia a largo plazo y producción de semillas de maíz.

El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, con 116 votos a favor aprobó la creación del cantón Sevilla Don Bosco en la provincia de Morona Santiago, esta decisión busca promover el desarrollo económico y social de la región, facilitando una administración más cercana y eficiente de los recursos públicos, en pro de la calidad de vida de sus habitantes.

Según, Victoria Desintonio, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, indicó que este día marca un hito histórico para Sevilla Don Bosco. “Hoy es un día histórico para decidir por el futuro que una tierra que ha esperado pacientemente por ser el próximo cantón de la provincia y del país”.

“Este acto de justicia, para una parroquia que ha cumplido con los todos requisitos constitucionales y legales. Hablar de Sevilla de Don Bosco es hablar de riqueza cultural de nuestra nación, es hablar de un pueblo shuar que constituye la mayoría de su población con sus tradiciones y valentía, más de 13 mil habitantes que han demostrado día tras día que el progreso no se detiene y que el esfuerzo constante da frutos”, dijo.

Para el legislador Celestino Wisun la diversidad natural y cultural de Sevilla Don Bosco, la cantonización permitirá acceder a servicios adecuados, resaltando las limitaciones del presupuesto actual, sostuvo.

Por su parte, Héctor Valladarez manifestó la urgencia de atender las necesidades de estos pueblos.

En cambio, Ciro Chumpi, presidente del GAD Sevilla Don Bosco, destacó que el presupuesto actual del Estado es insuficiente y no corresponde con la población de la parroquia. Nanki Saant, comunero de Sevilla Don Bosco.

Mientras tanto, el alcalde de Morona Santiago, Francisco Andramuño aseguró que Sevilla Don Bosco es una de las parroquias más pobladas y con la cantonización ofrecerá oportunidades de progreso y desarrollo, beneficiando a sus habitantes y a las nacionalidades indígenas de la zona.

Finalmente, Nelson Juanga, presidente del Comité Pro-Cantonización y Gonzalo Nawech, en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas de Sevilla Don Bosco, coincidieron que tuvieron que transcurrir 66 años de este sueño, la creación del cantón beneficiará a los pobladores, permitiendo un desarrollo que respete su diversidad cultural y atienda sus necesidades, precisaron.

La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, inició el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el objetivo implementar políticas públicas y acciones para combatir la violencia de género, entre otros.

Según, el legislador Lenin Rogel aseguró que es urgente establecer acciones para enfrentar la violencia de género, el impacto negativo de la migración irregular y la delincuencia organizada.

Además, Rogel insistió que el proyecto de Ley tiene cuatro aspectos para mejorar la propuesta como fortalecer la convivencia social, proteger a la población, regular la migración y combatir la criminalidad.

Por su parte, Mónica Salazar dijo que su propuesta plantea endurecer las sanciones y tipificar el delito de abigeato, que afecta a los campesinos, ganaderos y al sector productivo en las zonas rurales del país. “Debe existir penas mínimas y establecidas; esta es parte de la economía de nuestros hermanos agricultores y pescadores”.

Para el asambleísta Fernando Jaramillo, la reforma al COIP busca incrementar las penas para el delito de extorsión, una de las actividades criminales de los grupos de delincuencia organizada que más afecta a la ciudadanía, a los emprendimientos y al sector popular. “La extorsión vulnera, la libertad de trabajo por afectar directamente al comercio, la producción y el desarrollo económico sostenible”, señaló.

Mientras tanto, el parlamentario Otto Vera sostuvo que los delitos se han incrementado de forma exponencial y que tanto la delincuencia común como la organizada no le temen al sistema de justicia ecuatoriano, a pesar que se incrementen las penas, el criminal sabe que no será procesado como corresponde. Por lo que, planteó fortalecer el sistema de justicia, las medidas sustitutivas y las acciones de protección para evitar que los delincuentes de crímenes flagrantes salgan libres, todo con el fin de que existan leyes más firmes, de fácil aplicación, que permitan combatir el crimen organizado y la delincuencia común.

Finalmente, el presidente de la comisión de Justicia y Estructura del Estado, Fernando Cedeño destacó que el proyecto de reforma al COIP respecto al Recurso de Doble Conforme, para regular la competencia de los jueces en los casos de primera condena, apelación y casación.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, recibió a los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, proponentes del juicio político y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, para que presenten los argumentos de cargo y de descargo, sobre el presunto incumplimiento de funciones de la Secretaría de Estado, por la incursión armada en la Embajada de México y la falta de acciones para contrarrestar la violencia, entre otras causales.

Según, el asambleísta Leonardo Berrezueta la incursión en la Embajada de México es irrespetó la Constitución de la República y los convenios internacionales, lo que constituye un acto vergonzoso para el país, que hoy afronta un proceso ante el Tribunal Penal Internacional, por la flagrante violación del derecho internacional.

“Todas las pruebas aportadas al proceso demuestran el incumplimiento de funciones, no solo por lo ocurrido en la Embajada mexicana, sino en la falta de certezas sobre el Plan Fénix”, aseguró el legislador al referirse al contenido que fue declarado secreto.

Por su parte, la legisladora Paola Cabezas insistió en que existe incumplimiento de funciones de la ministra Palencia en la lucha contra la violencia y la inseguridad, las cifras dadas por la funcionaria son mentirosas, puesto que los casos de homicidios crecen diariamente y en tal virtud, las imágenes que presenta el Ministerio no son sino actos para el TikTok y las redes sociales.

Por lo que, presentó varios videos para sustentar el crecimiento de la violencia, sobre todo en la provincia del Guayas. A pesar de contar con recursos tanto legales, como económicos, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “este juicio tiene que llegar al Pleno de la Asamblea, para que se determine la culpabilidad, censura y destitución de la ministra Palencia”, dijo Cabezas.

Finalmente, la ministra del Interior, Mónica Palencia indicó que todas las acciones del Gobierno están amparadas en la Constitución y la Ley, así como en los instrumentos internacionales, al defender el operativo efectuado para la captura de Jorge Glas, sentenciado por delitos comunes, quien no tenía la condición de perseguido político, acto que ha sido calificado por expertos internacionales como legal, legítimo y no arbitrario. Durante su gestión se ha bajado el índice de homicidios intencionales, entre otros delitos, como lo indicaron fehacientemente los testigos que intervinieron en la comisión. No se ha probado ninguno de los supuestos incumplimientos señalados en las causales del juicio político, precisó.

Frente al abandono de administraciones anteriores a la infraestructura hídrica de la provincia de Santa Elena, el Gobierno Nacional toma acciones correctivas con sentido de inmediatez, este viernes 4 de octubre 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó las acciones que se ejecutan a través de la Empresa Pública del Agua E.P para garantizar el líquido vital a los ciudadanos de Santa Elena.

Desde la comuna Manantial de Guangala, el Primer Mandatario aseguró que “los problemas que estuvieron mucho tiempo sin resolver y que les afectaba directamente, como es la falta de agua, hoy tiene solución, era cuestión de voluntad, claramente antes no había”.

Además, el Mandatario manifestó que gracias al trabajo de la Empresa Pública del Agua (EPA), la Estación de Bombeo Daule volverá a funcionar después de 12 años. Con el arreglo se prevé efectuar un bombeo simultáneo y así aumentar el caudal para garantizar el abastecimiento de agua a más de 403.000 beneficiarios en la provincia de Santa Elena a partir de diciembre del 2024. “Esto ayudará para que 18 mil hectáreas de cultivo tengan pronto un riego permanente y sabemos lo mucho que esto significa en un contexto de sequía”.

Así mismo, el Jefe de Estado anunció que solucionará el problema del trasvase Chongón Sube y Baja, una infraestructura esencial para el transporte de agua hacia la provincia de Santa Elena y que entregará maquinaria tanto nueva como reparada para optimizar los trabajos en la provincia.

Por lo que, la maquinaria nueva consta de 3 excavadoras de oruga, 2 tractores, 2 cama baja, 2 camionetas y 4 volquetas, mientras que la maquinaria repotenciada es: retroexcavadoras, tractor, grúa, volqueta, tractocamión, camión grúa, transportadora y cosechadora. “Hoy empieza un cambio para la provincia, habrá agua, cosecha, es justo y se merecen”, sostuvo la delegada del Presidente de la República, Nicolina Orellana.

Finalmente, respecto a la condonación de facturación de agua emitida por la EPA a las seis juntas de la provincia de Santa Elena el Presidente de la República, se refirió “no era justo que ustedes tengan que pagar los errores e inconvenientes en facturación de las planillas y es por eso que se tomó la decisión para los ciudadanos de Santa Elena”, puntualizó.

El Consejo de Administración Legislativa, de acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, calificó a trámite el proyecto de Ley Económica Urgente para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa; la Comisión de Desarrollo Económico será la responsable de su análisis y unificará a una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para superar la emergencia eléctrica.

Además, la comisión de Justicia tramitará cinco reformas al COIP para tipificar el ciberacoso, fortalecer la lucha anticorrupción, imprescriptibilidad de los delitos contra la vida y la integridad sexual y garantizar la ética pública.

En cambio, un proyecto de Ley Orgánica para la Integración del Deporte y la Salud Mental, y una reforma a varias leyes para garantizar un adecuado servicio de medicina prepagada y asistencia médica, serán debatidos por la Comisión de Derecho a la Salud.

Dos reformas a la Ley Orgánica de Tránsito estudiará la Comisión de Desarrollo Económico; una reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo analizará la Comisión de Seguridad y una reforma a la Ley Amazónica tramitará la Comisión de Biodiversidad.

Mientras tanto, las comisiones designadas fueron autorizadas a unificar las iniciativas calificadas a trámite con otras que ya se encuentren en las respectivas mesas legislativas.

Finalmente, el CAL resolvió autorizar la unificación de varios proyectos reformatorios a la Ley Orgánica de Educación Superior, así como a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para ser tramitados en la comisión de Educación y en la comisión de Desarrollo Económico.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz diálogo con los presidentes de las comisiones, el objetivo marcar la ruta y prioridades que formarán parte de la Agenda Parlamentaria, bajo su liderazgo.

“Esta presidencia será de puertas abiertas al diálogo y a la predisposición de mejorar la producción legislativa con el esfuerzo mancomunado y aportes de todos”, dijo la Presidenta del Parlamento.

En cambio, a la agenda parlamentaria comprometió su gestión en el avance de temas prioritarios, relacionados con las principales demandas del pueblo ecuatoriano, como seguridad, producción, empleo, derechos humanos, entre otras.

Además, Veloz señaló que la agenda planteada cuenta con objetivos en materia de seguridad, priorizando la aprobación de un segundo paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, para el combate a delitos como el feminicidio, pedofilia y violencia sexual institucional.

Respecto a la Seguridad Interna de Estado, la legislación enfocará sus esfuerzos en el ágil tratamiento de la Ley de Inteligencia, con la que la Asamblea Nacional apunta a facilitar la prevención de delitos y el combate al crimen organizado, expresó.

“Continuaremos con el tratamiento de las leyes orientadas a la reactivación económica, desde el agro y las organizaciones de la economía popular y solidaria, como el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, Código de Fomento Agroproductivo, Ley Orgánica de Inteligencia Artificial, entre otras”, explicó.

Mientras tanto, la presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que las leyes que protegen los derechos de los grupos de atención prioritaria “dará prioridad al tratamiento y aprobación de la Ley de la Primera Infancia; Ley para Prevenir la Desnutrición Infantil; Ley de las Personas Adultas Mayores; y un nuevo Código de Protección a la Niñez y Adolescencia”.

Finalmente, los derechos de la naturaleza y derechos colectivos serán prioridad las consultas prelegislativas al proyecto de Ley de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, así como de la Ley de Aguas y el Código del Ambiente.