Este 1 de octubre 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa entregó el expediente técnico-académico para la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas a la Asamblea Nacional, un paso importante para la realización de esta anhelada obra.

Según, el Jefe de Estado espera que “los responsables en recibir el expediente actúen en pro de la ciudadanía, en favor de las necesidades reales de los ecuatorianos y no de sus agendas propias y mezquinas, como vemos que vienen haciendo últimamente”, dijo.

El proyecto del gobierno en la Asamblea Nacional incluye el expediente técnico-académico y el diseño básico de la estructura orgánica funcional, plan estratégico de desarrollo institucional, proyecto de estatuto e identificación del personal administrativo mínimo. Estos elementos son indispensables para los primeros pasos en la consolidación del sueño de miles de jóvenes de la provincia Tsáchila que anhelan con tener su universidad. El presidente Noboa resaltó que esto “significa que sus jóvenes no tendrán que migrar para estudiar, asumiendo los costos de su estadía en lugares donde muchas veces están solos, lejos de sus familias, de su entorno y de sus raíces”, expresó.

De acuerdo al expediente, el gobierno destinó 344.114 dólares, mediante una gestión eficiente de los recursos estatales, con un ahorro de 115.884 dólares, los cuales serán reasignados a otros proyectos prioritarios de la SENESCYT, explicó el Mandatario.

Para César Vásquez, secretario de la SENESCYT, hace seis años, en el 2018, se identificó esta necesidad en la provincia. “Han pasado seis años, en los que los jóvenes han esperado con anhelo este proyecto”, señaló.

La nueva universidad pública es una obra que no solo beneficiará a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, sino que será un referente para todo el país, ofreciendo carreras que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y fomentando la investigación y la innovación.

La generación de políticas públicas que fomenten la práctica de la actividad física y recreativas de las personas adultas mayores orientadas a mejorar su calidad de vida y prolongar su estado de bienestar es uno de los propósitos de las reformas a la Ley  del Deporte, Educación Física y Recreación, que la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, inició su análisis y unificará para su tratamiento, con otras que versan sobre la misma materia.

Según, la asambleísta Valentina Centeno, esta iniciativa legislativa se adapta al marco normativo ecuatoriano, basado en experiencias exitosas de otros países y en derecho comparado e incorpora reglas que permitan hacer que el deporte de alto rendimiento tenga en lo amateur un afluente importante para tener más y mejores deportistas.

Luego, que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificará el proyecto de Ley la comisión de Salud decidió solicitar que se autorice su unificación con los proyectos sobre este tema, a fin de proceder con su tratamiento y elaboración del informe para segundo debate.

Para la rectora del Instituto Superior Universitario (ITESUT), Máster Cecilia Flores, señaló que es indispensable incorporar las reformas a la Ley del Deporte, por lo que, el ITESUT a través de la carrera Entrenamiento Deportivo permitirá que más jóvenes de alto rendimiento puedan obtener un título profesional y una participación más activa, aseguró.

Finalmente, el proyecto de Ley será difundida por los canales regulares de comunicación institucional para su socialización, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Asamblea Nacional, a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana, desarrolló una intensa actividad institucional en diversas provincias del país, mediante el acceso ciudadano a los diversos mecanismos que entrega el quehacer parlamentario.

Más de 2.200 ecuatorianos interactuaron en 60 eventos cumplidos en 18 provincias del país, lo que permitió abrir espacios ciudadanos para la socialización de Leyes, proyectos de Ley, gestión institucional, consulta prelegislativa sobre recursos hídricos y minería, conversatorios estudiantiles, interacción en la plataforma 2.0 y diálogos sociales sobre las herramientas legislativas para una nueva normativa.

Entre las leyes socializadas están: Salud Mental; Violencia y Acoso Laboral; Gestión de Identidad y Datos Civiles; Participación Ciudadana; Emprendimiento e Innovación; Vigilancia y Seguridad Privada; Planificación Integral Amazónica; Fortalecimiento del Turismo y el Empleo; Acompañamiento a Víctimas Colaterales por Femicidio, entre otras.

También, socializaron los proyectos como: reformas al COIP en Tránsito y Seguridad Vial; a la Ley Orgánica de Salud; Código de la Niñez y Adolescencia; reformas relacionadas con el Ciberacoso; Prevención del Uso y Consumo de Drogas en Niños y Adolescentes y las reformas a la Ley de Discapacidades.

Mientras tanto, el proceso de consulta prelegislativa visitó la región Insular, para socializar contenidos relacionados con la nueva Ley de Recursos Hídricos y el proyecto de reformas a la Ley de Minería.

Finalmente, el área de vinculación cumplió visitas guiadas al Palacio Legislativo. La participación de estudiantes y académicos de la Unidad Educativa “Pichincha”, la Escuela Legislativa preparó procesos de capacitación y el taller sobre “Cómo se evalúa el impacto social de una Ley”.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 26 de septiembre 2024, recibió a los legisladores Inés Alarcón, Ramiro Vela, José Agualsaca, Lucio Gutiérrez, Sandra Rueda y Camilo Salinas para que expliquen los alcances de sus iniciativas para reformar el Código Orgánico Integral Penal.

Para la asambleísta Inés Alarcón, el proyecto de reforma al COIP busca tipificar el delito de pederastia y establecer mecanismos eficaces para evitar la revictimización de los niños y niñas que han sido ultrajados sexualmente.

En cambio, el legislador Ramiro Vela consideró necesario regular el uso de redes sociales en la falsa imputación de delitos en contra de las personas, con la reforma al artículo 182 del COIP sobre la calumnia. Con esto no se afectaría la libertad de expresión, sino evitar que las redes sociales y plataformas sirvan de escudo para que cualquier persona difunda falsas imputaciones de delitos, sin la correspondiente sanción.

Por su parte, el asambleísta José Agualsaca señaló que las reformas al COIP en torno a la inimputabilidad por trastornos mentales, actualmente no existen parámetros efectivos para la evaluación de la existencia de enfermedades mentales como condición eximente de responsabilidad, hay casos que presentan una supuesta condición de trastorno mental para evadir una responsabilidad penal. Por ello, se debe reforzar el diagnóstico psiquiátrico para establecer la inimputabilidad penal.

Sin embargo, el asambleísta Lucio Gutiérrez se refirió a la reforma que propone la aplicación de la pena de cadena perpetua para los delitos más graves, incluidos los relacionados con la corrupción, porque la falta de sanciones efectivas ha hecho que Ecuador se encuentre hoy entre los países más corruptos. Las regulaciones para la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estableciendo límites para delincuencia organizada y actos de corrupción, así como lo referente al acceso a beneficios penitenciarios.

Mientras tanto, la legisladora Sandra Rueda indicó que la propuesta para incrementar las penas en el caso de los delitos ambientales, porque las sanciones que se aplican en la actualidad no guarda proporcionalidad entre el daño causado y la pena impuesta. La defensa del ambiente y la naturaleza es la defensa de la vida, así como preservar los recursos para las futuras generaciones. Se incluyen penas agravadas en el caso de incendios forestales y demás delitos ambientales, con consecuencias más severas cuando se produzcan en áreas protegidas y sobre todo, en la Amazonía o en las Islas Galápagos.

Finalmente, el parlamentario Camilo Salinas justificó el proyecto presentado por la bancada de Construye para incrementar las penas en los delitos de trata de personas, femicidio, sicariato, secuestro extorsivo, organización y financiamiento de delitos del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, actividades ilícitas en el sector minero, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros.