El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió el distributivo de recintos electorales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el 2023. Un total de 4.380 establecimientos acogerán a las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en los comicios del domingo 5 de febrero.

Con base en este distributivo, y de acuerdo a sus competencias, las Juntas Provinciales Electorales oficializarán la declaratoria de los recintos de sus respectivas jurisdicciones. Posteriormente, funcionarios electorales notificarán a las autoridades de cada establecimiento que se utilizará en la jornada democrática.

Para el levantamiento del catastro de recintos, se identificaron las instalaciones que cumplen con las condiciones de infraestructura civil y tecnológica, para garantizar el derecho al sufragio, el principio de confidencialidad del voto y así brindar todas las garantías para el proceso.

Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del personal de salud del país, este miércoles 31 de agosto de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó la sanción y orden de publicación a la Ley Orgánica a la Carrera Sanitaria. La norma prevé que los profesionales de la salud cuenten con un régimen especial dentro del servicio público, que garantice sus derechos y sea regulada bajo las particularidades que la delinean.

“En el Ecuador no ha existido un cuerpo normativo que regule y proteja a los trabajadores de la salud. La Ley Orgánica de Carrera Sanitaria cambia esta injusta realidad y crea un régimen especial para estos profesionales”, dijo el Mandatario.

Además, el Presidente Lasso reiteró que esta ley contribuirá a  elevar la calidad de atención en el sistema de salud pública y reconoció que esta normativa es una lucha de los médicos por más de 20 años, que hoy se cristaliza con la firma de lo que en pocos días será ley con su publicación en el Registro Oficial: “Es una reivindicación histórica con ustedes, que tanto han dado por el Ecuador y garantice sus derechos”.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, aseguró que desde la creación del Gabinete Sectorial de Salud se han delineado acciones y estrategias que permiten coordinar políticas públicas en materia sanitaria. Por eso, la aspiración legítima que viene con la Ley de Carrera Sanitaria “vendrá con reivindicaciones, retos y compromisos” que pretenden transformar la Salud Nacional hacia un modelo de atención preventivo.

La Ley Orgánica de Carrera Sanitaria tiene cuatro objetivos: mantener la estabilidad laboral de los profesionales con nombramientos definitivos; un modelo progresivo de avance, basado en incentivos y evaluación de desempeño que permita a los trabajadores de este sector progresar en la carrera. Un sistema de capacitación y educación continua, protegerlos de los riesgos físicos, biológicos y radioactivos que involucran a la profesión.

En cambio, el ministro de Salud Pública, José Ruales, sostuvo que este proyecto de Ley permitirá un cambio en el modelo de atención y servicio público de la salud. “Durante 20 años, los profesionales de esta área han trabajado por construir esta ley que a partir de hoy beneficiará a médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, tecnólogos, especialistas en atención prehospitalaria y otros”.

Para el Jefe de Estado la salud es una de las prioridades del Gobierno Nacional y por ello, durante el 2022 3.252 millones de dólares serán invertidos en este sector, uno de los primeros resultados positivos es la externalización de medicinas, que es un programa diseñado para dar un mejor servicio a los pacientes de los hospitales públicos.

Finalmente, la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria brindará beneficios a los profesionales de la salud, parte fundamental del éxito de la reactivación económica y social de Ecuador.

 En el complejo de alto rendimiento del Club Independiente del Valle, en Sangolquí se vivió momentos de alegría cuando Jonathan (nombre protegido) arribó junto a sus 13 compañeros de la Casa de acogida Enríquez Gallo para compartir momentos que quedarán impregnados en sus corazones; la despedida,  él viajará esta semana hasta Murcia, España, para reunirse con su abuela materna, quien decidió acogerlo en su hogar. Este proceso de reinserción familiar fue liderado y ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Además, llegaron al complejo deportivo como un verdadero equipo de fútbol: bajaron en fila del autobús y con sus mochilas en hombros, todos vestidos con prendas deportivas y con el corazón lleno de sentimientos hacia su amigo. Sabían que quizá es uno de los últimos instantes que disfrutarán juntos; pero, a sabiendas que es una despedida para mejorar. “Claro que estamos tristes; pero sabemos que se va para tener un mejor futuro. Si fuera futbolista, diríamos que sería como el fichaje de un club de España”, dijo Felipito, entre risas tras apoyarse en el hombro de Jonathan para caminar.

Así mismo, el adolescente permaneció  cuatro años en la casa de acogida. Actualmente, tiene 17 años y el MIES inició el proceso de reinserción familiar mediante la sensibilización del nieto y la abuela, que vive 22 años en España.

Por lo que, el 30 de junio del 2020, se conformó un Plan Global Familiar, enfocado en un proceso de mejorar la convivencia y relaciones familiares para cuando vivan juntos. Durante este tiempo, nieto y abuela mantuvieron contacto a través de dos llamadas semanales, para que exista comunicación y se realice una guía de crianza positiva. La abuelita siempre estuvo pendiente de las necesidades extras de su nieto.

Mientras tanto, el 2 de febrero del 2021, se realizó una audiencia de conciliación vía telemática, con la Unidad Judicial Multicompetente en el cantón Mejía, el Equipo Técnico de la Casa Hogar, la abogada de esclarecimiento legal, abuela materna y el adolescente.

Finalmente, el 12 de febrero del 2021, emitieron las disposiciones a los organismos de Murcia – España y a la institución acogiente para que se proceda con una reinserción familiar del adolescente. Y el 22 de febrero del 2021, se dio la disposición de la autoridad judicial para coordinar con el MIES los trámites pertinentes para dicha reinserción.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del departamento de Seguridad Pública, inició la nueva fase del proyecto “Aliados contra la Trata” en Quito, Ibarra busca fortalecer la actuación y las labores de los distintos sectores actores del Estado, sociedad civil y prestadores de servicio, para enfrentar a los casos de trata de personas.

Además, el proyecto implementado por la OEA desde 2020 en conjunto con el Ministerio del Interior, la Secretaria de Gobernabilidad y Seguridad de Quito y la Alcaldía de Ibarra con financiación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es para mejorar la legislación ecuatoriana sobre la trata de personas; capacitación de 450 profesionales de las áreas de seguridad, justicia, migración, salud, educación y trabajo social para la actuación coordinada en la investigación del delito y asistencia a víctimas y la política pública, para llegar a las áreas más necesitadas en los municipios de Quito e Ibarra.

Así mismo, en el Ecuador la Trata de Personas es un delito castigado con una pena de hasta 26 años de prisión en caso de muerte de la víctima. De acuerdo a la normativa del país, los fines de explotación de la trata de personas pueden ser:

La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.

La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.

La explotación laboral, incluida el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y trabajo infantil.

Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.

La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.

La mendicidad.

Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.

Finalmente, las personas en situación de vulnerabilidad, como pobreza, desempleo, inseguridad y/o con acceso limitado a los servicios de salud y educación son más susceptibles de convertirse en víctimas de trata de personas. Según, datos de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en el Ecuador el 60% de las víctimas entre 2017 y 2018 en el país fueron ecuatorianas y las movilizaron dentro del territorio nacional.