La ministra de Agricultura, Tanlly Vera, en 15 días será convocada al pleno de la Asamblea Nacional, para que informe sobre la regulación y fijación de los precios de los productos agrícolas y pecuarios del país; las políticas agropecuarias y el plan de contingencia frente a la crisis productiva y sanitaria que viven los agricultores, con la finalidad de verificar el trato justo a todos los actores del sector económico del país.

La moción la presento el asambleísta de Pachakutik por la provincia del Oro, Darwin Pereira obtuvo el apoyo de 108 votos a favor.

Además, Pereira señaló que el agro ecuatoriano vive una de sus peores crisis y es oportuno que la Asamblea Nacional de soluciones a la problemática que afronta. Para todos es conocido que no se paga el precio oficial al maíz, tampoco de la caja de banano, ni del litro de leche y hasta hoy no hay un solo exportador sancionado, dijo.

Catorce legisladores participaron y todos recordaron que el sector agrícola y ganadero por años han sido abandonados y se encuentran próximos a la quiebra, por el alto costo de producción, es hora de trabajar en minga para encontrar soluciones y alternativas para velar por estos sectores, por un lado, establecer normativas orientadas a su desarrollo y que las autoridades establezcan políticas públicas para su reactivación.

Dejando en claro que es necesario derogar el Acuerdo Ministerial 019, firmado el 23 de julio de 2021; que se suspenda el proceso de liquidación de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y se reactive a este ente regulador o se encuentren alternativas frente a su cierre; se cumplan los controles y se apliquen las sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.

Así mismo, dijeron que el Ecuador tiene una deuda pendiente con los agricultores y para fortalecer a este sector hay que abrir mercados internacionales, que puedan incursionar e incentivar el uso de tecnología acompañado de líneas de financiamiento.

Finalmente, proponen la eliminación de ciertas tasas arancelarias de insumos, semillas y bienes de capital para garantizar a los agricultores costos competitivos, concretar una racionalización tributaria, expresaron.