El proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, presentado por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que viabiliza el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas para contribuir al combate a la delincuencia y la inseguridad fue debatido en primera instancia por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Además, la asambleísta Isabel Enrríquez, presidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, proponente indicó que la mesa modificó el texto del Ejecutivo, de modo que la participación de las Fuerzas Armadas pueda darse frente a delitos ligados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, armas y delitos conexos y para ello se deberá cumplir tres pasos: una solicitud del Comandante de Policía dirigida al Consejo de Seguridad Pública del Estado; un informe motivado del Consejo y un decreto emitido por el Presidente de la República.

Recalcó que FFAA brindarán apoyo complementario a la Policía Nacional bajo los estándares: extraordinaria, subordinada y complementaria y regulada, porque deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente y ceñirse a los delitos de narcotráfico, lavados de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados y fiscalizada porque deben existir justificaciones reales, control político y constitucional para que no se vulneren los derechos.

Según, el informe de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, los asambleístas coincidieron que el país necesita urgentes medidas para combatir los altos índices de inseguridad. Advirtiendo la responsabilidad del Ejecutivo en garantizar la seguridad pública y del Estado con la dotación de los insumos y materiales necesarios para el trabajo de la Policía Nacional y puede disponer el apoyo de Fuerzas Armadas, sin necesidad de una reforma o enmienda, solo con decisión política.

Para Nathalie la incorporación del Consejo de Seguridad Pública reduce las posibilidades que se produzcan hechos como el 30S. «La propuesta de reforma no debe desnaturalizar el rol histórico de FFAA”, señaló.

Por su parte, Ramiro Narváez planteó fortalecer a la Policía Nacional, darle insumos y especializarla. “No pretendamos darles funciones policiales a los militares, la solución no está en la reforma, se necesita el liderazgo del Ejecutivo; voluntad política; presupuesto para las instituciones vinculadas con seguridad; la construcción urgente de la política criminal para prevenir y combatir el delito; depurar y fortalecer a las instituciones de un modelo de justicia adecuado”, enfatizó.

También, las observaciones de los legisladores Byron Maldonado; Joel Abad; Nathalie Viteri; Blanca Sacancela; Patricia Sánchez y Yessica Castillo quienes expusieron que no hay que negarle a la ciudadanía seguridad y protección; que la norma constitucional referente a los estados de excepción permite disponer el apoyo de Fuerzas Armadas; que esta reforma sea temporal; que se necesita un análisis sociológico antropológico en cada una de las regiones del país, entre otros aspectos.

Para la construcción del informe, la comisión contó con los criterios de constitucionalistas, juristas, expertos en seguridad, organizaciones sociales, académicas de las universidades públicas y privadas en materia penal y derechos humanos, entre otros.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispuso que el proyecto regrese a la comisión para que recoja las observaciones y propuestas y sean analizadas dentro de la construcción del informe para segundo debate.

Con 90 votos a favor la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, declare el estado de excepción en los cantones Machala, Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Arenillas y Huaquillas, en la provincia de El Oro y asigne los recursos suficientes para  la  lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, debido al alto nivel de violencia y delincuencia que viven los orenses en los actuales momentos.

Además, la resolución propuesta por la asambleísta Noemí Cabrera exhorta a todas las funciones del Estado y a la ciudadanía, en general, para que faciliten y respeten el trabajo operativo, táctico, estratégico de todos los entes de control ciudadano en el cumplimiento de su deber, conforme lo disponen la Constitución y leyes vigentes.

Igualmente, exhorta el Ejecutivo a que disponga o solicite la activación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana de El Oro e implemente un plan operativo continuo de lucha contra la delincuencia, plan que estará sujeto a seguimientos y evaluaciones donde se pueda medir el trabajo de todas las instituciones públicas del Estado, en contra de la inseguridad y esta evaluación sea publicada a toda la ciudadanía orense como un acto de rendición de cuentas.

La asambleísta Noemí Cabrera, subrayó que a la fecha se han registrado 125 muertes violentas en la provincia de El Oro en lo que respecta al 2023, el auge de la delincuencia común y organizada ha dejado a esta jurisdicción sumida en una situación de constante zozobra y temor de llevar una vida con protección y seguridad ciudadana para todos sus habitantes.

Los robos, secuestros y actos delincuenciales en la provincia de El Oro han afectado radicalmente los derechos de la niñez y adolescencia y el principio del interés superior del niño en este sector del país ha sido vulnerado sobremanera, situación que ha vuelto insostenible el tener una vida en paz, puntualizó la legisladora.

 

En Ecuador 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. El Ministerio de Salud Pública (MSP) emprende acciones que garanticen la atención en salud a las víctimas y oriente sus esfuerzos en la implementación de políticas para la protección de los derechos humanos en salud, fomentando la igualdad y no la discriminación.

Este viernes 17 de  marzo de 2023 en Quito, el Ministerio de Salud participó en un evento que conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, una fecha que reivindica la lucha diaria por alcanzar la igualdad y equidad en todos los espacios de vida que experimentan las mujeres en el Ecuador.

El evento representa el trabajo conjunto  entre MSP, Fondo de Población Naciones Unidas -UNFPA, Cooperación Técnica Alemana-GIZ y Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es se enfocó en las acciones del 2022 en la atención integral en salud a víctimas de violencia basada en género y la finalización del programa de formación de formadoras/es en el manejo clínico de la violencia sexual 2019-2023.

Para José Ruales, ministro de Salud Pública, el trabajo y compromiso a todas las entidades que han hecho posible el proceso de capacitación de formadores que a su vez han sido multiplicadores de conocimiento. Cuenten con el compromiso del MSP y su equipo para trabajar en contra de la violencia, la atención integral a las víctimas y prioritariamente en la prevención”.

Además, “la activación del código púrpura implica la intervención de un equipo multidisciplinario conformado por médico, enfermera y/o psicólogo, que actúa frente a un caso de violencia de género y se brinde la primera atención”.

El MSP y el Fondo de Población de Naciones Unidas, desde 2019 y con el propósito de  fortalecer las capacidades de los profesionales de salud, protección y justicia para brindar atención digna y oportuna a las personas sobrevivientes de violencia de género, con énfasis en violencia sexual, han desarrollado un proceso de formación en Manejo Clínico de la Violencia Sexual para profesionales de las fronteras Norte y Sur.

Actualmente, el MSP cuenta con 237 salas de emergencia con el Servicio de Primera Atención que brindan respuesta inmediata a víctimas de violencia basada en género guardando la privacidad, confidencialidad y respeto a los derechos.

Así mismo, 15 salas de primera acogida en el país que habilitan competencias periciales médicas a fin de facilitar el acceso al Sistema Nacional de Justicia a las víctimas y la oportuna gestión en casos de delitos sexuales.

Por su parte, Gabriela Aguinaga, viceministra de Gobernanza de la Salud, resaltó el liderazgo del Ministerio de Salud. “Un liderazgo que nos ha permitido como mujeres tener las mismas oportunidades, ser valoradas. Aún tenemos mucho porque luchar, aprender a reconocer cuando somos agredidas, a decirlo sin temor y buscar ayuda. Tenemos derecho a que todos nuestros minutos sean de libertad, amor y vida”.

En 2022 se registraron 17.494 atenciones de salud en el ámbito de violencia física, psicológica o sexual; se capacitó a 41.731 profesionales de la salud en los procedimientos de atención integral en violencia de género y se realizaron 19.266 acciones de sensibilización orientadas a 195.665 usuarias/os de los establecimientos de salud.

Además, la habilitación de la línea 171, opción 2 para asesoría gratuita en violencia de género y la opción 6 para atención en crisis.

Mientras tanto, Julia Unger, coordinadora Nacional  del Programa Si Frontera GIZ, aseguró que “no puede haber derechos y desarrollo sin salud, no podemos solo hacer prevención sin fortalecer la atención. A largo plazo queremos garantizar la sostenibilidad y todos juntos podremos alcanzar grandes pasos, siempre trabajando a favor de las víctimas de violencia”.

Finalmente, el 100% de establecimientos del Ministerio de Salud entre centros de salud y hospitales, conocen la Norma técnica para brindar atención integral en salud a las víctimas de violencia de género y rarifican su compromiso por precautelar el bienestar de las mujeres de la población.