El Consejo de la Judicatura condenó enérgicamente los actos de intimidación ocurridos este 11 de mayo 2023, en las provincias de Pichincha, Manabí e Imbabura donde se registraron amenazas de bomba en el edificio matriz de la institución en Quito, los edificios de las direcciones provinciales ubicados en Ibarra y Portoviejo.

Estos actos de intimidación son inaceptables en una sociedad democrática y representan un ataque directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho.

Como institución comprometida con la promoción y defensa de los valores democráticos demandamos del Gobierno seguridad para los usuarios del sistema de justicia y para los servidores judiciales.

La Función Judicial es un elemento clave para el desarrollo de la sociedad ya que es la encargada de garantizar que se cumplan las leyes, así como de proteger los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que investiguen estos actos y se tomen medidas efectivas para garantizar la independencia judicial.

El COE Nacional del Ecuador se acogió a la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de poner fin a la emergencia en salud pública de importancia internacional, anunciada el 5 de mayo de 2023, a causa de la COVID-19.

El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, junto al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el ministro de Salud Pública, José Ruales y otras autoridades del Estado.

La decisión fue adoptada luego que el COE aprobó el informe técnico presentado por el Ministerio de Salud Pública, en el que resuelve que el país tiene un alto nivel de inmunidad, stock suficiente de vacunas y un proceso exitoso de inmunización.

Además, tiene una gestión apropiada para casos clínicos en los establecimientos de salud, la emergencia concluyó luego de 1.221 días.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, José Ruales, informó que el Ecuador alcanzó el 85% de vacunación contra la COVID-19 con esquema completo, que equivale a 14.2 millones de dosis aplicadas. Y que con el primer refuerzo se llegó al 56%, con 7.7 millones de dosis suministradas.

El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la empresa privada, academia, sociedad civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, demás instituciones y organismos internacionales, ha aplicado cerca de 40 millones de dosis contra esta enfermedad.

“Damos por terminada la emergencia en salud pública de importancia internacional y cerramos el COE Nacional por COVID-19”, dijo el ministro Ruales.

Así mismo, destacó que pese a mantenerse el contagio del virus, el país no está en riesgo de propagación de la enfermedad como otros países del mundo.

Según, los registros epidemiológicos del MSP de marzo del 2020 a mayo 2023, el Ecuador tuvo 1.065.013 casos confirmados de COVID-19 por laboratorio y 67.527 defunciones (confirmadas y probables).

En cambio, el exceso de mortalidad en el primer año de pandemia alcanzó el 55% y en el 2023 es del 4%.

A pesar del levantamiento de la emergencia, el MSP continúa ofertando dosis contra esta enfermedad a la población, con énfasis en adultos mayores de 65 años y que tengan enfermedades crónicas o problemas inmunológicos.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública, hizo varias recomendaciones como: utilizar mascarilla en hospitales, centros de salud y laboratorios clínicos. En caso de diagnóstico por COVID-19 o síntomas respiratorios, ocupar mascarilla en aglomeraciones, transporte público o lugares cerrados.  “El MSP mantendrá una vigilancia epidemiológica clave para COVID-19, influenza y otros virus respiratorios”.

Finalmente, Ruales anunció que la inmunización contra esta enfermedad se incluirá en el esquema regular. “Se definirá si será una vacunación anual o semestral y empezaremos en junio del 2023. Un primer cargamento de 360 mil vacunas bivalentes de Pfizer llegará, a través del mecanismo COVAX”, puntualizó.

Entre el 16 de febrero y el 28 de abril 2023, el Consejo de la Judicatura ha nombrado 18 jueces (dos permanentes y 16 temporales) para las provincias de Tungurahua, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena y Guayas.

El nombramiento de los administradores de justicia se dio en cumplimiento estricto del respectivo banco de elegibles y permitirá fortalecer la cobertura judicial en las seis provincias, indicó el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

Además, los jueces fueron designados para atender procesos que se encuentran relacionados, con lo civil, mercantil, laboral, adolescentes infractores, familia, penal y garantías penales.

Así mismo, la designación fue aprobada por el Pleno del CJ, en base al artículo 264, numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, a través de las resoluciones 048-2023, 052-2023, 057-2023, 060-2023, 070-2023, 069-2023, 071-2023 y 072-2023 que están publicadas en la página web del Consejo de la Judicatura.

El fortalecimiento de la Función Judicial es uno de los ejes estratégicos de gestión del Consejo de la Judicatura y en este marco, la institución ejecuta acciones para garantizar el acceso de los ecuatorianos a un servicio oportuno y eficiente.