La Comisión de Fiscalización en la sesión de este sábado 6 de mayo 2023, después  de seis horas no contó con los votos para aprobar el informe del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, entre las conclusiones señalaba no recomendar el juicio político al Mandatario.

Luego, de la lectura del informe, los asambleístas integrantes de la comisión expusieron sus criterios sobre la valoración de las pruebas de cargo y de descargo tanto por los solicitantes del juicio político, como por la defensa técnica del presidente Lasso. Intervinieron siete de los nueve comisionados.

Por su parte, los asambleístas Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya coincidieron en que el documento preparado por el equipo técnico recoge con precisión las pruebas actuadas en el proceso y detalla la debilidad de los argumentos de los solicitantes del juicio, que no han podido establecer el vínculo causal de los presuntos hechos que configuraban el peculado, con la responsabilidad política del Presidente Lasso, considerando que no se demostró la existencia de un perjuicio económico para el Estado del cual los funcionarios hubiesen abusado, apropiado, distraído o dispuesto en beneficio propio o de terceros, explicaron.

Mientras tanto, los parlamentarios como Roberto Cuero, Gabriela Molina, Comps Córdova y Bruno Segovia, coincidieron que el informe no responde a las pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político, a su criterio demostraron la responsabilidad política del presidente de la República, porque sabía de los actos de corrupción que se estaban cometiendo en las empresas públicas, concretamente en la contratación de servicios de fletamento petrolero entre la Empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas TANKERS; calificando de sesgado el texto del informe propuesto por el equipo técnico de la comisión de Fiscalización.

Finalmente, la propuesta de la asambleísta Ana Belén Cordero de CREO,  que recomendaba aprobar el informe debatido por la Comisión de Fiscalización y Control Político alcanzó cuatro votos a favor y cinco votos en contra, lo cual impidió su aprobación.

Para que el marco institucional, las normas y procesos sean aplicables a la participación del sector privado y la promoción de la inversión privada en la gestión de los proyectos públicos, relacionados con los sectores estratégicos y servicios públicos, es el objetivo del proyecto de Ley para la Atracción de la Inversión a través de las Asociaciones Público-Privadas, el informe para el primer debate fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

El proyecto de Ley de iniciativa de la asambleísta Wilma Andrade de la Izquierda Democrática busca clarificar distintas modalidades de contratación mediante el cual las instituciones privadas estén facultadas para gestionar servicios públicos en los sectores estratégicos, de manera excepcional, cuando, de manera justificada, no se tenga la capacidad técnica o económica, o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas.

Además, en el informe plantean la conformación del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada que será la encargada de establecer los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional pública, para facilitar las inversiones y propender el eficiente desarrollo de los proyectos de gestión delegada.

Así mismo, la norma determina los tipos de proyectos que se podrán ejecutar bajo esa modalidad, los niveles de servicio e indicadores de cumplimiento, los proyectos de leyes especiales, los riesgos y la distribución entre las entidades que la conformen.

Finalmente, la comisión de Desarrollo Económico y Productivo enviará el informe a la presidencia de la Asamblea Nacional para que este sea tramitado en el Pleno.